Profesionales aseguran que el documento puede considerarse “inconstitucional”. Y que además “no hay urgencia” para avanzar sobre estos temas.

Daniel Sabsay, profesor universitario y especialista de esta rama del derecho, aseguró directamente que el decreto es “inconstitucional” y advirtió sobre los riesgos de que esto se termine judicializando. “No existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU”, dijo el letrado en declaraciones radiales.

Sabay confesó que votó y apoya al libertario, pero eso no es motivo para reconocer los errores o “malos manejos” que puede llegar a tener el jefe de Estado.

 “Si uno observa lo que se da como marco para el dictado de este DNU, no cierra por ningún lado. Además, han irrumpido, en materia fiscal, el Código Aduanero, que son los impuestos exteriores a la exportación. Si bien dicen que es una parte, que es procedimental, un código es un todo, no se lo puede despiezar para de esa manera hacer lo que yo quiero, se lo destroza”, sostuvo.

En este mismo sentido se expresó el abogado y convencional constituyente en 1994, Antonio María Hernández. Además de considerar “inconstitucional” al documento, teniendo en cuenta que estas medidas deberían haber pasado por el Congreso, el profesional sostuvo que “el Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. “Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”, expuso. Y remarcó que por el artículo 99 de la Constitución, lo enunciado por Milei debe pasar sí o sí por el órgano legislativo, dado que el DNU “solo puede ser dictado en situaciones extraordinarias”.

Días atrás y como anticipándose a los hechos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, había advertido días atrás que las futuras medidas adoptadas por la nueva administración nacional debían quedar delimitadas y declaró que en caso de que eso no sucediera “el juez tiene que tener mucha prudencia y mucha sabiduría para saber qué es lo que puede controlar y qué es lo que no puede controlar”. En una entrevista por LN+, el juez de la CSJN aclaró que los magistrados no pueden intervenir sobre “el plano de la decisión política”. “¿Qué controlamos nosotros? Nosotros controlamos procedimientos y efectos o contenidos de la decisión”, indicó.

Por lado del letrado Andrés Gil Domínguez, se manifestó por su cuenta de X por qué el DNU no es constitucional.

“La división de poderes se basa en una fórmula muy sencilla: el Poder Legislativo sanciona leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial resuelve casos. Todos bajo el imperio de la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable porque viola la división de poderes, tal como lo expresa el art. 99 de la Constitución. En otras palabras, si lo hace, la norma legislativa se considera inexistente”, afirmó el abogado.

No conforme con lo dicho, Gil Domínguez advirtió que “cuando a través de los DNUs se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa, entonces mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público se injudiciaenta obtener la suma del poder prohibida por la CA en el art. 29 y considerada traición a la patria”.

Con una mirada más cercana a la oposición, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, aseguró que no es legal el DNU dictado por el Gobierno y significa un “golpe de Estado Constitucional”.

Barcesat, es cercano al kirchnerismo y en una entrevista en Radio 10 enfatizó que “Lo que es más grave es que la dimensión que tiene este megadecreto constituye un golpe de Estado Constitucional porque vacía de facultades y usurpa las atribuciones que el texto constitucional discierne en favor del Poder Legislativo, que es el primero de los tres poderes del Gobierno federal que regula la Constitución. El Congreso es el que representa mejor el mapa político del país”.

Por último, Félix Lonigro tildó al decreto de “institucionalmente inmoral” pero que está dentro del marco constitucional. A su vez, señaló que la discusión se encuentra sobre cuáles de todos los artículos son de necesidad y urgencia y cuáles no.

“El presidente tiene motivos para pensar que existe necesidad y urgencia. Hay otra cuestión, ¿se puede plantear la inconstitucionalidad porque son muchos temas en un solo DNU? Bueno, en todo caso no es la inconstitucionalidad, es la ilegalidad, aunque tampoco habría ilegalidad porque, ¿qué ley está violando? No diría que es inconstitucional ni que es ilegal, esto de que en una sola norma haya tantos temas. Yo diría que sería institucionalmente inmoral”, finalizó.

La consultora Taquion, que monitorea el ecosistema digital, analizó las primeras reacciones de usuarios tras la cadena nacional de Milei, resultado: amplio rechazo y poca paciencia.

Pero el territorio digital también se vió copado por la discusión que hoy tiene en vilo al país. La consultora Taquión, que tiene entre sus principales servicios el “social listening” en redes sociales sobre temas que interpelan al grueso de la sociedad, publicó un informe con datos en torno a cómo se dio la conversación digital tras el anuncio del Presidente.

El DNU tuvo entre el 20 y el 21 de diciembre un total de 1.8 millones de menciones en el entorno digital argentino. “Este volumen es mayor al de la asunción presidencial, que registró 1.1 M de menciones”, explica el informe de Taquion para poner en dimensión la relevancia que la sociedad argentina le dio al tema.

A su vez, la propia figura de Milei generó una mayor repercusión en redes en las horas posteriores al anuncio del DNU que en los días de la primera y la segunda vuelta electoral. “El 20 de diciembre la figura de Javier Milei cosechó 1.4 M de menciones, un volumen mayor al de su conversación en las elecciones generales (740 K) y el balotaje (1.2M K)”.

El sentimiento que Taquion relevó de su monitoreo de la conversación digital en torno al DNU fue predominantemente negativo. El 56% de las menciones fueron negativas, un 14% neutrales y un 30% positivas, reflejando un núcleo duro que el Presidente parece tener consolidado en su apoyo. Las críticas rondaron mayoritariamente en torno al “avasallamiento al Congreso”, la “legalidad del DNU” y el posible impacto en el precio de los alquileres.

En línea con esto, el informe de la consultora destaca que en las 24 horas posteriores al anuncio “las búsquedas en Google Argentina al término ´Cacerolazo´ superaron ampliamente a aquellas acerca de la figura del Presidente, el DNU y la Cadena Nacional”. La consultora registró que unos 232 mil usuarios hablaron acerca de este tema en las redes, con un pico a las 21:40 horas del miércoles. Las búsquedas estuvieron mayormente centradas en los motivos de los cacerolazos y las zonas en las que se desarrollaron.

Profundizando en el análisis de las búsquedas en google, Taquion encontró que los temas centrales asociados a las búsquedas en torno a Milei fueron la derogación de la Ley de Alquileres, en contenido completo del DNU y las prepagas y obras sociales. Allí se expresaron, para la consultora, las principales preocupaciones de la sociedad en relación al anuncio del Presidente.

Junto a Milei, otro personaje que emergió en la conversación digital fue Federico Sturzenegger. La consultora registró un 57% de menciones negativas alrededor de la figura del ex funcionario de De la Rúa y Macri. Justamente, las críticas hacia el padre intelectual del DNU giraron en torno a su responsabilidad en el Megacanje del 2001 y la creación de las Lebacs y las Leliqs durante su presidencia del Banco Central entre fines del 2015 y el 2018.

Taquion acompañó el informe sobre la conversación digital en torno al DNU con los resultados de una encuesta elaborada para medir las expectativas de la sociedad en relación al contexto de ajuste económico y las perspectivas de futuro. “Antes de conocerse el DNU registramos altos niveles de tolerancia al ajuste y apoyo al Presidente” dijeron desde la consultora.

Efectivamente, según el estudio, el 72,3% de los argentinos se mostraban conscientes de que el ajuste los pagarían todos los ciudadanos, y un 47,4% afirmaba estar dispuesto a hacer sacrificios por la economía del país. Sin embargo, esos datos fueron acompañados con una mención sobre cuánto tiempo le brindará la sociedad a Milei como tolerancia al ajuste y a la espera de resultados positivos para la economía.

Un 25,4% respondió que su tiempo de tolerancia era de entre 1 y 2 meses. Un 29,6% dijo que aguantaría entre 2 y 6 meses. El 28% se inclinó por esperar entre 6 meses y un año. Así, la consultora agrupó a un 83% de sus encuestados dentro del año de tolerancia al ajuste de Milei, aunque también podría decirse que un 55% encuentra su límite en los 6 meses. Sólo un 10,2% respondió estar dispuesto a esperar entre 1 y 2 años y 6,8% más de 2 años.

Fuente: Diagonales.

La derogación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego que prometió Javier Milei eliminará la protección de los ecosistemas quemados intencional o accidentalmente y restringirá el presupuesto para enfrentar incendios forestales.

Sólo en 2022 los incendios arrasaron más de 700 mil hectáreas en todo el país, de acuerdo con datos oficiales. Aunque por Cadena Nacional el Presidente prometió que daría de baja la regulación, en el DNU no aparece ninguna mención al tema.

Qué es la ley de Manejo del Fuego

La normativa fue aprobada por el Congreso a finales de 2012 y tuvo un rol clave a la hora de establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente respecto de los incendios forestales y rurales. 

Además, creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, con el objetivo de proteger y preservar el ambiente del daño generado por incendios, garantizar la seguridad de la población ante incendios y establecer herramientas para que el Estado intervenga en el combate de los focos activos.

En 2020, la normativa fue modificada por el Congreso a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner que amplió la protección de los ecosistemas al prohibir que se realizan modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales; y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Aquella reforma fue clave como herramienta para ponerle un límite a la avanzada del lobby inmobiliario y de ampliación desmedida de la frontera agropecuaria, con un modelo que se repitió y agravó en la última década: incendios en humelades, bosques y grandes pulmones con el objetivo de “limpiar” las tierras y volverlas aptas para el pastoreo de animales o para la construcción de emprendimientos como countries exclusivos, barrios u hoteles que, casualmente, ofrecen la cercanía y el acceso a la naturaleza como “plus”.

Como ocurrió en los últimos años en la Patagonia, la provincia de Córdoba, las islas del Delta del Paraná o Corrientes, la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera ganadera aparecen como las principales motivaciones de los incendios en los humedales del Paraná. El 95 por ciento de los focos de incendio son intencionales: se prende fuego para desmontar y se afectan humedales y bosques para incorporar esas tierras a una actividad productiva.

En el caso del Delta del Paraná, en tren de ampliar la frontera ganadera los productores buscan “pampeanizar” el territorio para el pastoreo de animales, según datos de la Multisectorial por los Humedales, que estableció que en los últimos años se quintuplicó la carga ganadera de los humedales. 

¿A dónde llevaría la derogación de la ley de Manejo del Fuego?

Expertos consultados por Página|12 coinciden en que derogar parcial o totalmente la ley de Manejo del Fuego traerá dos grandes perjuicios: por un lado, podría eliminar la alícuota del 3 por ciento a las pólizas de seguros para financiar el sistema de forma permanente y con fondos exclusivos garantizados por ley. Por el otro, eliminará la modificación a la ley sancionada en 2020 que prohíbe la incorporación de tierras quemadas a la actividad productiva.

“Es de presumir que la intención de este gobierno sea suprimir esta decisión para permitir que se utilicen las tierras quemadas”, dijo a este medio un exfuncionario del Ministerio de Ambiente, que advirtió por las “consecuencias nefastas” ya que nadie sancionaría la “bestialidad ambinetal”, ya que la utilización productiva dejaría sin efecto la posibilidad de restaurar los ecosistemas originales.

La clave es qué hará el Poder Ejecutivo con su rol de denunciante ante incendios forestales. A pesar de los cuestionamientos que ha recibido, en los últimos años, el Ministerio de Ambiente hizo algunas presentaciones ante la Justicia federal por incendios intencionales y hasta apuntó con nombre y apellido a algunos de los propietarios de los terrenos que se prenden fuego como antesala de desarrollos productivos. El propio exministro Juan Cabandié llegó a mencionar que la familia del exministro menemista Roque Fernández (uno de los que integró el equipo económico de Milei) estaba detrás de uno de los focos.

La política ambiental aún es un enigma del Gobierno de Javier Milei, quien en decenas de ocasiones insitió en que el cambio climático es un invento del socialismo. En el caso de los incendios forestales, es de prever que si se limita el presupuesto para apagar las llamas y se elimina la protección, los focos, naturalmente, volverán a ir en aumento. 

Todavía no se conocen los datos de 2023, pero sólo en 2022 hubo más de 723 mil hectáreas afectadas, el doble del registro de 2021 de acuerdo con información oficial, que desde la asunción del nuevo gobierno escasea. Postales de la “nueva argentina”: desde el 9 de diciembre no se publica el reporte diario de incendios.  

Fuente: Pagina 12

La canciller de Javier Milei aseguró que, tal como establece del DNU de desregulación, se podrán acordar transacciones en Bitcoin, en cualquier moneda o en especies.

Las medidas de desregulación económica anuncias por el presidente Javier Milei permitirán que los contratos puedan pactarse en cualquier moneda designada, desde las criptomonedas a los kilos de novillo o litros de leche, aseguró este jueves la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

“Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin”, aseguró la canciller Mondino, economista de profesión, en un mensaje publicado en su perfil oficial en la red social X (antes Twitter), refiriéndose a una de las criptomonedas más conocidas y negociadas.

Y también cualquier otra cripto y/o especie como kilos de novillo o litros de leche.

Art 766. – Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.

— Diana Mondino (@DianaMondino) December 21, 2023

Posteriormente, la jefa de la diplomacia argentina añadió en otro mensaje que se podrá utilizar “cualquier otra cripto (criptomoneda) y/o especie como kilos de novillo o litros de leche”.

Además, la economista reprodujo un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, reformado por el decreto de Milei, en el que se especifica que “la obligación del deudor es entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene”.

De esta forma podrán utilizarse métodos de pago tradicionales como el dólar estadounidense, el euro o el yuan chino, pero también criptomonedas o pagos en especie.

El encuentro se llevará a cabo en la Casa de Gobierno de la Provincia a partir de las 14.30. También participarán Intendentes funcionarios, legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria.

Este viernes por la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará una cumbre con intendentes bonaerenses para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, que contará con la participación del diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) provincial, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía, Sergio Massa.

De esta manera, la cumbre de Kicillof, que comenzará a las 14:30 horas y contará con la participación de intendentes bonaerenses, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales de Unión por la Patria, se llevará adelante en la Casa de Gobierno de la Provincia, ubicada en la calle 6 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata.

En ese sentido, se espera que, el encuentro del Gobernador con los dirigentes bonaerenses, Máximo Kirchner y Sergio Massa, tenga entre sus puntos a tratar el impacto de las medidas económicas, anunciadas en el DNU de Milei, en la Provincia hacia el próximo año.

Según trascendió, uno de los principales objetivos de Unión por la Patria, es evitar que el DNU de Milei tenga la aprobación en las Cámaras del Congreso de la Nación, debido a que, si tiene el rechazo en ambas, perdería completa vigencia.

Por otra parte, los intendentes bonaerenses, que se encontrarán cara a cara con Kicillof esta tarde, también tienen previsto evaluar el tema de las cuentas provinciales y municipales, debido a que el Gobierno provincial definió prorrogar la presentación del Presupuesto 2024 tras el anuncio del mega DNU de Milei.

Sobre esto, desde la Casa de Gobierno informaron que, “en vistas del contexto de incertidumbre y debido a que el Gobierno nacional no presentó pautas macroeconómicas, la Provincia no cuenta con elementos suficientes para elaborar un Presupuesto” para el año que viene.

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof este viernes enviará a la Legislatura bonaerense un pedido de endeudamiento por un monto equivalente a USD 1.800 millones para cumplir con los vencimientos que deberá afrontar la Provincia de Buenos Aires en 2024, así como también la nueva Ley Impositiva y la extensión de las emergencias.

De esa forma, según pudo reconstruir este medio, el pedido de endeudamiento de Kicillof, junto con la renovación del paquete de leyes de emergencia económica, social, productiva y energética, ingresará por Diputados, mientras que la Ley Impositiva será girada al Senado bonaerense, para mantener un equilibrio entre ambas Cámaras.

Las organizaciones exigen al Gobierno que se haga cargo de la crisis social y que garantice la asistencia alimentaria a las familias más vulnerables. La infantería de la Policía rodeó a los manifestantes.

Los movimientos sociales nucleados en la Unidad Piquetera (UP) y del Frente de Lucha Piquetero, protestaban esta mañana en uno de los ingresos principales al ministerio de Capital Humano, portando ollas vacías de alimentos y en reclamo de “una audiencia urgente” con la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.

“Las organizaciones del Frente de Lucha y Unidad Piquetera estamos frente al (ex) ministerio de Desarrollo Social, concurriremos con las ollas vacías y hacemos el pedido reiterado de reunión urgente, con la ministra Pettovello, que hicimos el martes pasado”, informaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa conjunto.

En ese marco, explicaron que “la situación en los comedores populares no podría ser peor, no hay comida en los comedores hace un mes y medio y los tradicionales productos navideños que suele entregar el Ministerio de Desarrollo Social tampoco han llegado”.

La protesta contaba además con la presencia de referentes de organizaciones sociales de zona norte de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento de Organizaciones de Tierra y Vivienda, entre otros.

El peronismo de la Provincia convocó a empresarios, políticos y dirigentes para plantarse al decreto antidemocrático impulsado por el Presidente.

En medio del revuelo social y político por la presentación de un súper DNU por parte del presidente Javier Milei para “desregular la economía”, desde el PJ bonaerense salieron a plantar la bandera del rechazo a las medidas y convocaron a presentar resistencia no solo en el Congreso, sino también en las calles.

Desde la organización que comanda Máximo Kirchner, señalaron que el gobierno de Milei “tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”.

“No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”, sentenciaron.

En ese plano, señalaron que el DNU “inconstitucional” del presidente Milei “agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

“El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, aseveraron.

“La sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”, subrayaron.

Por eso, desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazaron tanto el decreto como el contenido de estas medidas, las que, aseguraron, vienen a “desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

Finalmente, convocaron a “todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

Empresas de medicina prepaga comenzaron a informar hoy a sus asociados aumentos del orden del 40% en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo, a la luz de las decisiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional.

“Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores”, indica una comunicación de Swiss Medical distribuida esta mañana a sus afiliados.

Allí, se señala que “se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”.

“En tal supuesto, dicho incremento incluirá el que le fuese informado en el mes de noviembre próximo pasado”, agrega.

Del mismo modo, la prepaga Omint comunicó a sus afiliados un aumento de 40,80% que se aplicará para las cuotas con vencimiento en enero.

El incremento -justificaron- se fundamenta en la “importante devaluación del peso respecto al dólar transcurrida durante el último mes que se reflejó en insumos, medicamentos y prótesis, entre otros; el aumento paritario suscripto entre las Cámaras que representan a los efectores y el sindicato que nuclea a los empleados de sanidad”, y “el gran desfasaje que se ha producido entre los aumentos de cuota autorizados por el Índice de Costos de Salud y la inflación real reflejada entre otros indicadores por el Índice de Precios al Consumidor”.

Omint aclaró que “los valores de los reintegros y copagos” también serán “adecuados en la misma proporción”.

Al igual que Swiss Medical, la firma respaldó el aumento en del DNU 70/23.

Ayer, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial -cuyo contenido fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Javier Milei por cadena nacional- el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

“Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. En la Unión Argentina de Salud (UAS) vamos a hacer una reunión en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”, señaló ayer el empresario.

Además, sostuvo que “el aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos va a estar entre 40% y 50% en enero”, y consignó que “esa fórmula fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad.

Fuente: Télam

Quiso usar la campaña que tiene como objetivo recaudar fondos que comenzó “Manu” Ginóbili para engañar a personas que aportan a la colecta. Pidió perdón y dijo que se trató de una broma.

Iván Safar, hijo de la concejal de Avanza Libertad Valeria Rodríguez, creó en las últimas horas una cuenta similar a la impulsada por Manu Ginóbili y otras figuras destacadas para ayudar a las víctimas del temporal, pero en su caso para estafar a los bahienses.

La fiscal Marina Lara habló esta mañana en La Brújula 24 respecto de la investigación en torno al accionar del acusado.

“El Ministerio Público Fiscal tiene la potestad y la obligación de actuar de oficio cuando toma conocimiento de hechos que pueden ser tipificados como delito. Por eso, teniendo en cuenta esa normativa legal y que las dependencias policiales hoy están funcionando a medias, de hecho muchas no tienen luz, es que estamos armando causas de oficio”, dijo la profesional. Y agregó que “efectivamente, lo hice, por la noticia que salió en todos los medios masivos de comunicación”.

“Formé la causa y le pedí allanamiento a la jueza de garantías, con el único objetivo de recolectar elementos probatorios que puedan dar sustento a una eventual imputación. Se concedió la orden y se allanaron dos domicilios, incautándose CPU y una PlayStation, porque son dispositivos que tienen acceso a internet”, relató Lara.

Y a modo de análisis, dijo que “imputación todavía no hay ninguna, podría existir una tentativa de estafa, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones muy técnicas”. Y explicó: “Hay que ver si la tentativa fue acabada o no, es decir, si a esta cuestión de querer inducir a error a través de la creación de una cuenta similar, de una cuenta que tuvo trascendencia pública, si le dio publicidad o no”.

«ME FUMÉ UN PORRO Y LO HICE»

Cabe recordar que después de la impresionante difusión mediática que tuvo el caso, Safar dijo que se trató de un “error”, tras haber fumado marihuana con sus amigos. Pero amén de la excusa, en las últimas horas allanaron su domicilio.

Las ventas en los comercios se desplomaron a la mitad y el traslado de precios a las góndolas se daría después de las Fiestas.

Las primeras estimaciones de los abastecedores de carne -que en los hechos ofician como intermediarios entre el mercado de hacienda de Cañuelas y el mercado minorista- dan cuenta de una profunda caída en las ventas en los pequeños comercios. Ese verdadero derrumbe alcanza al 50% en las últimas jornadas, posteriores a las fuertes subas de los precios.

El kilo de asado llegó a los $8.000 promedio de los negocios de la ciudad de Buenos Aires, con picos de $10.000 en algunos barrios para los cortes de novillito y ternera.

“La gente no está convalidando esos precios”, dice a iProfesional el ingeniero Andrés Costamagna, consultor del mercado de la carne y productor.

Los precios ya empezaron a caer en el mercado de Cañuelas. La hacienda en pie, que trepó a $2.200 por kilo la semana pasada, cedió un 22% en las últimas dos jornadas. Ya vale un promedio de $1.700. Y puede retroceder más, según advierten los productores.

“Los precios van a empezar a caer en los comercios de barrio a partir de la próxima semana”, adelantó Costamagna en su diálogo con iProfesional.

A cuánto estará el asado

El precio de $2.200 por kilo de hacienda en pie es un valor récord para los últimos años, en relación al dólar. Equivale a u$s2,75, bien por encima del promedio de u$s1 de la última década.

El consumo de carne, que venía en recuperación en los últimos dos años, ahora se redujo de golpe ante la escalada de los precios.

“Los frigoríficos se quedaron con stock porque venden menos de lo previsto para las Fiestas. Hubo consumidores que adelantaron sus compras y llenaron las heladeras. Por otro lado, por los cortes de luz hubo grandes frigoríficos que tuvieron pérdidas después de la tormenta del fin de semana”, relató Costamagna.

“Nadie quiere convalidar el kilo de asado a $8.000 u $8.500. El precio podría caer a un rango de $6.000 a $7.000 en los próximos días“, estimó el experto.

Más allá de lo que está sucediendo con el nicho de la carne -que en la Argentina es emblemático del consumo pero que también sirve como referencia para el resto del mercado- es si esta reversión que empezó a notarse en ese rubro se trasladará a otros.

Es decir: si las grandes empresas formadoras de precios que se envalentonaron en las últimas semanas con fuertes subas en los precios -en medio de la incertidumbre y la devaluación-, ahora se verán obligadas a retrotraer algunos valores ante la caída en las ventas.

“Van a aparecer las promos en los supermercados y en los comercios”, analiza el vocero de una gran cadena de supermercados ante la consulta de iProfesional.

Fuente: Iprofesional