La alícuota mensual se dispara un 110% pero los ingresos anuales se incrementan en menos de un 50%.

En lo que representa un fuerte golpe a la clase media, el plan económico de Luis Caputo avanzó sobre los monotributistas con un incremento del 110,90% en la alícuota mensual a partir de enero. No obstante, los parámetros de facturación se incrementaron en apenas un 49%.

Según se desprende de la actualización hecha por AFIP de la tabla anual para el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, los contribuyentes de la categoría A -la más baja- podrán facturar hasta $2.108.000 anuales, mientras que la cuota pasa de $5.750 a $12.128.

Para la Categoría K, la más alta, la cuota mensual irá de los $50.717 actuales a $106.964, mientras que el tope de facturación pasa a $16.957.968 anuales.

Considerando encuestas de diversas consultoras que analizaron el perfil socioeconómico y laboral de los votantes, la medida impacta contra un segmento considerable del electorado que optó por Javier Milei.

En recientes declaraciones a LN+, el Presidente fue consultado por próximas medidas para regular la actividad de trabajadores monotributistas y autónomos, a quienes instó “a competir”.

Por el cambio de gobierno, había una demora en el anuncio del incremento del monotributo por parte de AFIP. 

La decisión se toma a pesar del pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad para que se otorgue una prórroga para efectuar la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Frente a este incremento, hay sectores profesionales que reclaman una modificación urgente del régimen y de la modalidad de actualización de parámetros y escalas, al considerar que, ya en la primera mitad del año próximo se registrará un significativo número de excluidos y de recategorizados a las categorías más altas del régimen. 

Fuente: LPO

Pablo Moyano adelantó que “será multitudinaria” e involucrará a los “perjudicadas por esta locura que lleva adelante el ‘enviado del cielo’ que se caga en el Congreso y los trabajadores”

El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró este jueves un paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero, que incluirá una movilización al Congreso en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei.

Además, se aprobó la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y solicitar reuniones con todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras para debatir “su acompañamiento” contra esa medida y la Ley Ómnibus elevada al Congreso por la administración Milei.

También decidió mantener reuniones con las otras centrales obreras (CTA y su par, la CTA Autónoma) para articular acciones conjuntas, y facultó al consejo directivo nacional para aprobar “las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación”.

Este último punto de la resolución del Confederal implica que el consejo directivo podrá adoptar las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad.

Además, los informantes dijeron que la CGT se encargaría de “monitorear” el clima social durante enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero, pero esa presión determinó adelantar la fecha para el 24 de enero.

En una conferencia de prensa posterior al Confederal, en el Salón Felipe Vallese, el cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó que “la ‘Ley ómnibus’ es de forma exponencial peor que el DNU”; advirtió que el Gobierno pretende “transformar” el país “sin una mirada de progreso” y remarcó que la central obrera “no tiene contacto” con el Ejecutivo.

Su par en el triunvirato de la central, el camionero Pablo Moyano, señaló que la movilización del 24 de enero “será multitudinaria” e involucrará a organizaciones sindicales y sociales “perjudicadas por esta locura que lleva adelante el ‘enviado del cielo’, que se caga en el Congreso y en los trabajadores”, y aseguró que “no existe contacto con el Gobierno”.

“La CGT no propuso la dinámica. En menos de una semana el Gobierno transformó la Argentina de forma absoluta y no lo hizo con una mirada de progreso. Nos lleva al país pastoril. Por eso afirma que el mejor presidente fue Julio Argentino Roca”, afirmó Daer.

Para el dirigente del gremio de Sanidad, el DNU que desreguló la economía “tiene características ilegales y apunta contra los derechos individuales de los trabajadores, los colectivos, contra el sistema universal y solidario de salud y contra otras cuestiones”.

“Se trata de una transferencia real de los sectores trabajadores, que pierden capacidad de acción ante derechos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales“, dijo Daer.

Agregó sobre el proyecto de ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”, enviado al Congreso, que “atenta contra los jubilados” porque “hace desaparecer la fórmula jubilatoria, y contra las indemnizaciones de ley, además de promover las privatizaciones de las empresas del Estado”.

Moyano dijo que habrá cese de actividades para “proteger a los trabajadores y que puedan marchar” hacia el Parlamento, y detalló que “seguramente” participarán ambas CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales perjudicados por el DNU.

“Estaremos en la calle como siempre defendiendo un sólo interés, el de los trabajadores. La protesta se realizará también para defender a las empresas del Estado“, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Radio Nacional y Télam, aseguró.

Moyano sostuvo que de no ser de esa forma “se las regalarán a sus socios, cuyos más grandes beneficiarios son Paolo Rocca y Mercado libre, que le bancaron la campaña, por lo que se repiten los ’90 y vuelve el menemismo que se creía erradicado”, resaltó.

El diputado nacional Sergio Palazzo, de los bancarios, reclamó a la justicia que observe “con mucho detenimiento” la medida del presidente Javier Milei, porque atenta contra “la situación de los trabajadores”, a la vez que denunció que “arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso Nacional”.

El titular de la Asociación Bancaria dijo que “el DNU tiene consecuencias nocivas”; afirmó que “arrogarse las facultades de legislar dos años, con posibilidad de otros dos más, es la eliminación del Congreso”, y subrayó que Milei “cambió el orden jurídico de la Argentina”.

Según todas las fuentes gremiales, el Gobierno debería reflexionar sobre “su accionar” y tender puentes de diálogo para “no incursionar o profundizar un conflicto con la sociedad en general y el pueblo trabajador, que es el principal perjudicado por estas medidas”.

De esta manera el estado no conservaría ninguna intervención en el sector y se desharía hasta del manejo de la infraestructura, en una visión radicalizada que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo.

En este sentido, el proyecto va notoriamente más allá del modelo ensayado en la década de 1990, que implicaba la entrega en concesión de la explotación de los servicios a un operador privado durante un cierto plazo (típicamente, de 30 años), tras el cual los bienes concesionados revertirían al Estado, su propietario.

En cambio, la iniciativa presentada este miércoles no sólo implica un retiro de cualquier tipo de intervención directa del Estado sobre la operación ferroviaria, sino la venta de la infraestructura ferroviaria, que es patrimonio público, al sector privado. 

Se trata de una visión radicalizada, que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo. Excepción hecha del muy particular caso de Japón –una privatización parcial y muy regulada de partes del sistema–, sólo Gran Bretaña intentó una medida semejante en tiempos del gobierno conservador de John Major: Margaret Thatcher siempre se opuso por considerarla una idea excesiva. Apenas tres años después de la privatización la infraestructura ferroviaria británica debió ser reestatizada y en la operación, si bien subsisten concesionarias privadas –muy cuestionadas–, cada vez tiene mayor participación el Estado. Hasta The Economist y Bloomberg han publicado columnas en que la privatización ferroviaria británica es considerada un fracaso tanto en términos económicos como de servicio.

En el resto de Europa, el modelo de separación vertical entre operación e infraestructura (que es ley en la Argentina, a pesar de que su implementación no se haya desplegado plenamente) fue creado explícitamente con el objetivo de permitir la participación privada y la competencia en la operación de los servicios de cargas y pasajeros, pero manteniendo siempre la gestión y la propiedad de la infraestructura en manos del Estado, un reclamo que en cuanto a la red ferroviaria argentina de hecho comparten hasta las concesionarias cargueras todavía vigentes (NCA, Ferrosur y FEPSA).

La privatización estructural del sistema abre una etapa de enorme incertidumbre para los ferrocarriles en la Argentina: no sólo por la falta de certezas sobre la existencia de potenciales interesados en invertir en el negocio –tal como advirtió la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich–, sino sobre la misma continuidad de los servicios, especialmente los de pasajeros, que son por definición deficitarios, en el caso de que fracase su futura privatización.

Un aspecto particularmente alarmante de la propuesta es que una vez transformados los terrenos ferroviarios en propiedad privada, no existiría ninguna garantía de que los mismos continúen estando afectados a ese uso específico. En este contexto, podrían ser vendidos por sus eventuales dueños para cualquier otro uso: su venta como terrenos sería más rentable para el sector privado que su explotación ferroviaria.

Por lo demás, no termina de quedar claro cuál sería el beneficio para el interés público de esta enajenación de patrimonio y cesión de negocios a privados, toda vez que cualquier operador privado de pasajeros requiere de subsidios estatales para funcionar, que los estándares de los servicios aún concesionados son menores a los estatales, y que hasta informes de organismos internacionales certifican que la operación estatal es más barata que la privada.

Vale recordar, a fin de cuentas, que la renovación masiva de material rodante en los trenes metropolitanos del AMBA realizada durante los últimos diez años, así como la incorporación de nuevo material para cargas y renovaciones de vías realizados con préstamos de China, sólo fue posible por la inversión estatal en el sistema. Cabe preguntarse, en fin, si la obsesión de Javier Milei con privatizar todo sin matices ni distingos se apoya sobre alguna premisa racional o directamente no admite discusión: entonces estaríamos hablando de algo muy distinto.

Fuente: Enelsubte

El proyecto de ley enviando al poder legislativo contempla que el poder ejecutivo pueda disponer a discreción propia del ingreso o egreso de tropas, facultad que por mandato constitucional le corresponde al Congreso Nacional, de aprobarse, se estaría ante una situación de extrema gravedad.

Por Ignacio Corradi

El Proyecto de Ley “Ómnibus”, denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, viene dando que hablar por su manifiesta inconstitucionalidad en las diversas áreas sobre las que pretende legislar, la defensa nacional no quedó ajena a estas controversias. En este sentido el Capitulo II de la citada proyecto de ley dedicado a la Defensa Nacional, establece en sus Artículos 345 y 346 que sea facultad del Poder Ejecutivo Nacional la autorización para el ingreso o egreso de fuerzas militares.

Los artículos citados en el proyecto de Ley enviando al congreso por el gobierno del presidente Javier Milei en ningún momento hacen mención a la potestad del Congreso Nacional en esta materia, se trata de disposiciones totalmente unilaterales que le otorgarían al PEN la discrecionalidad de disponer del ingreso de fuerzas armadas extranjeras al territorio nacional con todo lo que ello implica tanto en lo que hace a la seguridad de los intereses nacionales como en materia de Derechos Humanos para la propia población ya que el propio poder ejecutivo podría de esta manera otorgar a discreción un marco de inmunidad jurídica a las fuerzas que ingresasen al país. En conclusión, se trata de una iniciativa claramente inconstitucional ya que dicha facultad le corresponde por mandato de nuestra ley suprema al Congreso de la Nación, el articulo 75 inciso 28 es muy claro cuando establece: “El Congreso (por ser el representante de las provincias y del pueblo de la nación) debe tomar estas decisiones que traen consecuencias tan importantes para el país: Permitir que entren tropas extranjeras a la Argentina, y permitir que salgan tropas nacionales fuera de la Argentina”.

Ignorar o hacer caso omiso del mandato constitucional en este aspecto tan delicado podría traer graves consecuencias.

El abogado Pablo Llonto hizo una primera lectura de los puntos más importantes del proyecto de ley y cuestionó duramente su contenido.

El mega proyecto de ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei impactará de lleno en materia de derechos humanos. Especialistas aclararon que “no se mete con la Obediencia Debida”, aunque advierten por una regresión en un aspecto central, al considerar que de aprobarse se reglamentará el gatillo fácil. Qué podría pasar con los represores presos por delitos de lesa humanidad.

El abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Llonto explicó en declaraciones radiales los puntos principales de la ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso y puntualizó las modificaciones que habrá en términos de los juicios por delitos de Lesa Humanidad y crímenes de gatillo fácil.

“Primero quería llevar un poco de tranquilidad a las víctimas y familiares de víctimas en delitos de Lesa Humanidad. Porque anda circulando una mala interpretación de este proyecto en el sentido de señalar que se mete la Obediencia Debida”, remarcó.

Sobre este punto, que circuló mucho en los medios y redes sociales, dijo que si bien “el proyecto tiene barbaridades de punta a punta, no hay una modificación” en el tema de los delitos de Lesa Humanidad y la Obediencia Debida, que prevé una presunción iuris et de iure para de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas con un grado por debajo de coronel.

“Eso ha estado siempre en el Código Penal, después tuvo una ley especial para los delitos de Lesa Humanidad. Los tribunales, los jueces, la Corte, todos los tribunales del país han dicho que no se aplica para estos casos. En ese sentido, no es así lo que se está diciendo. No hay “restauración”. Siempre estuvo”, aclaró.

Llonto, en este punto, añadió sobre el segundo gran avasallamiento en términos de derechos humanos: “En el inciso 4 le han agregado unas líneas al texto, porque dicen que se debe interpretar a favor de las fuerzas de seguridad. Esto está hecho para la Policía y el gatillo fácil. Seguramente que de este artículo, si pasara, esto lo van a utilizar los defensores de quienes cometan delitos de gatillo fácil”.

Y este punto sí se toca con los delitos de los genocidas: “Seguramente algún defensor de Lesa Humanidad también se agarre de esto para intentar meterlo. Pero los tribunales han rechazado”. A lo que añadió: “Sí los agregados que hay al tema de impedirles a los familiares de las víctimas querellar contra el funcionario público que haya cometido este delito. Es claramente sobre el caso Chocobar”.

En este contexto, Llonto opinó: “Hace unos días que estamos diciendo que el Congreso se puede reunir y sesionar para el rechazo del DNU, para no entrar en esta trampa de creer que como en las sesiones extraordinarias hay un límite para tratar nos metieron el DNU”.

Así lo declaró el dirigente social Juan Grabois.

El dirigente social Juan Grabois habló sobre el complejo momento del país, caracterizado por un brutal ajuste del gobierno de Javier Milei: “¿Cómo estoy? Bastante como el orto, preocupado por el país. Veníamos de una situación mala, ahora nos clavaron una devaluación del 115%”, aseguró.

“No hay ninguna persona de los laburantes, sobre todo informalizados, que va a poder soportar con un mínimo nivel de vida”, advirtió.

“De la clase media para abajo, ya sin entrar en el DNU y esta reforma constitucional de facto ya la situación era bastante dramática. Era como querer curar la inflación metiéndole 220V de electricidad a la sociedad Argentina”, agregó Grabois en una entrevista radial.

“No solo aumenta la pobreza, sino que es un proyecto de demolición de la democracia argentina”, describió.

Por último, se refirió al rol del peronismo: “Si Alberto Fernández está en España tiene que dar un paso al costado del PJ”.

El libertario quiere en el Fondo de Garantía de la ANSES pase al tesoro nacional.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses es un fondo que busca reservar valor para respaldar las jubilaciones a través de inversiones para obtener ganancias o resguardar valor. Hasta ayer, los medios de comunicación de derecha ponían en el grito en el desierto cada vez que un gobierno peronista hacía algo con “la plata de los jubilados”. ¿Dirán algo ahora?

En el capítulo VII artículo 221 de la Ley Ómnibus que envió el Gobierno al Congreso se incluye el traspaso de los activos del FGS al Tesoro, al igual que todos los títulos que estén en manos de organismos públicos. Además, deja en manos del Poder Ejecutivo a adoptar “las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto” y podrán ser usados para cancelar deuda intra estado. Como contrapartida, los organismos que hayan cedido sus activos podrán presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto “para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse”.

El FGS de la Anses fue creado en 2007 como una alternativa al sistema previsional privado de capitalización de las AFJP que regía hasta ese momento para que los trabajadores pagaran sus aportes jubilatorios. Durante los gobiernos kirchneristas, ese fondo creció, mientras que cayó durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora puede desaparecer gracias a la insólita política de Milei.

El diputado nacional y presidente del PJPBA dialogó con Roberto Caballero. “La pregunta que hay que hacerse es por qué el presidente confía en alguien a quien acusó de despilfarrar 15 mil millones de dólares”, afirmó en relación al ministro de economía Luis Caputo.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner consideró este jueves que el Gobierno nacional busca “atorar la discusión” en el Congreso nacional con el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el envió del proyecto de Ley ómnibus para que “terminen pasando muchas de las cosas” que figuran en esas iniciativas.

“El Presidente (Javier Milei) utiliza una herramienta que tiene a su disposición como es la firma de un DNU. Acá el problema es como se utiliza esa facultad. Creo que con esa norma y el envío al Congreso de la ley ómnibus, se está buscando atorar una discusión en el Congreso para que muchas cosa terminen por pasar”, señaló Máximo Kirchner en declaraciones a El Destape Radio.

Para el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el contenido de esas dos iniciativas “es agresivo para con la gente y lo mismo ocurre” con el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

“Lo que se debe resolver es el problema de ingresos que tienen los argentinos. La mirada institucional de Argentina no es una vestimenta de ocasión que uno puede decir cuando se la pone o no. Acá hay una fabula que sostiene que las ideas que se quieren aplicar desde el Gobierno no funcionan porque los trabajadores no están de acuerdo. Pero el verdadero problema es que son iniciativas que han fracasado en Argentina”, enfatizó.

El legislador nacional observó que los argentinos padecen a diario “un montón de situaciones” que no se verifican en el discurso que pretende hacer circular el Gobierno ante la sociedad.

“En octubre del año pasado hicimos un acto con gran parte del movimiento obrero organizado y planteamos que había en marcha tres proyectos sobre flexibilizaciones. Uno laboral, uno ambiental y otro impositivo. Estos elementos se pueden encontrar tanto en el DNU como dentro de la Ley ómnibus”, concluyó.

Los manifestantes protestan en La Matanza en contra del DNU y de la Ley Ómnibus impulsada por el Presidente. La medida de fuerza culminará a las 14 horas

Los manifestantes protestan en La Matanza en contra del DNU y de la Ley Ómnibus presentada por el presidente de la Nación.

Un grupo de Organizaciones Sociales realizaban este jueves una protesta con un corte parcial de la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, en La Matanza, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía anunciado por el presidente Javier Milei.

La protesta se extenderá hasta las 14 en la Ruta 3 entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala.

“Este es el inicio de un plan de lucha que irá creciendo en forma escalonada. Hoy será por cinco horas, en unos días volveremos a la ruta y así llegaremos al corte por tiempo indeterminado como fue hace más de 20 años atrás cuando derrotamos a (Patricia) Bullrich y a (Fernando) De la Rúa”, dijo el titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D’Elía, uno de los dirigentes convocantes de la protesta.

Además de la FTV, participan de la convocatoria la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza, entre otros.

“Estamos en este corte en la Ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de (el presidente Javier) Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”, sostuvo D’ Elía.

En este sentido, el dirigente social afirmó que “el modelo económico y social de (Javier) Milei consiste en un altísimo grado a la consagración de la entrega del país a los sectores concentrados de la economía y del privilegio, tanto de los poderosos locales como extranjeros”.

Esta protesta se da luego de la presentación en el Congreso Nacional de la Ley Ómnibus presentada por el Ejecutivo para la reformulación del Estado.

Declaraciones de Germán Martínez.

El diputado nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a los movimientos del líder libertario Javier Milei. “Pretende que la historia empiece con él, se cree Alberdi”, ironizó el legislador nacional.

En ese sentido, se refirió a las reformas que piensa hacer el gobierno nacional, desregulando toda vida argentina. “Hay que construir una mayoría parlamentaria con todos porque los que fuimos electos lo que queremos es legislar”, afirmó. “No veo una voluntad mayoritaria en Diputados de otorgarle poderes extraordinarios a Milei”, contó.

Después, se refirió a la estrategia del peronismo de cara a los avances poco democráticos de Milei: “Tenemos que conseguir que las declaraciones públicas o en redes sociales en estrategias parlamentarias consensuadas”.