El trabajador tenía 40 años de servicio y estaba próximo a jubilarse. Ya son varios los trabajadores del Correo despedidos en el último mes.

En los últimos días, un hombre que trabajaba en el Correo Argentino recibió el telegrama de despido y murió de un paro cardíaco. La víctima fue identificada como Ricardo Albornoz, era residente de Rosario de la Frontera, Salta y perdió la vida tras recibir la triste noticia.

Se especula que el estrés y la angustia causados por la noticia podrían haber desencadenado una reacción interna en el hombre, posiblemente conduciendo a su fallecimiento. El cuerpo de Albornoz fue encontrado por su esposa en el baño de su domicilio luego de recibir el telegrama de despido y dirigirse a ese lugar de su casa aduciendo un malestar. El hombre fue despedido tras cuarenta años de trabajo en la empresa y cuando ya estaba próximo a jubilarse.

El despido de Albornoz se enmarca en una decisión nacional de achicar la planta del Correo Argentino, y se calcula que son alrededor de 1000 en diferentes provincias, detalló el Nuevo Diario de Salta.

Días atrás, en Salta habían confirmado 17 despidos desde fines de abril, que incluso llevó al cierre de la oficina de La Poma por la desvinculación del único trabajador, Roberto Casimiro, que tenía 40 años de servicios.

Fuente: El Ancasti

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,4% en marzo, nivel inferior al del mismo mes de 2023, que fue de 67,3%.

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,4% en marzo, nivel inferior al del mismo mes de 2023, que fue de 67,3%.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (80,0%), sustancias y productos químicos (64,9%), papel y cartón (63,5%) y productos alimenticios y bebidas (54,5%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son industria automotriz (50,8%), productos del tabaco (50,5%), industrias metálicas básicas (50,0%), edición e impresión (48,3%), productos minerales no metálicos (47,2%), productos de caucho y plástico (44,1%), productos textiles (38,5%) y metalmecánica excepto automotores (38,0%).

En marzo de 2024, respecto al mismo mes de 2023, las principales incidencias negativas se observan en las industrias metálicas básicas y en la metalmecánica excepto automotores.

Las industrias metálicas básicas presentan en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 50,0%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (77,2%). Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo registra una caída interanual de 41,5% en el mes de referencia. Asimismo, los laminados terminados en caliente registran en marzo una disminución interanual de 47,0%.

La industria metalmecánica excepto automotores muestra en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,0%, inferior al registrado en marzo de 2023 (57,3%), como consecuencia, principalmente, de la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. En efecto, según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria registra una caída interanual de 48,7% en marzo y la fabricación de aparatos de uso doméstico disminuye 42,4% para la misma comparación.

Los productos alimenticios y bebidas registran en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 54,5%, inferior al registrado en marzo del año anterior (61,3%), vinculado principalmente a la menor elaboración de bebidas, carne vacuna y lácteos.

Según datos del IPI manufacturero, la producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas registra en marzo una baja interanual de 24,0%. En tanto, la producción de carne vacuna tiene en marzo una caída interanual de 17,3%. Por otro lado, en lo que respecta a la elaboración de lácteos, según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Bioeconomía, la producción primaria de leche –materia prima de la industria láctea– presenta una disminución interanual de 14,4% en el mes bajo análisis.

La industria automotriz muestra en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 50,8%, inferior al de marzo de 2023 (72,5%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos minerales no metálicos registran en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 47,2%, inferior al del mismo mes de 2023 (76,3%), como consecuencia, principalmente, de los menores niveles de producción de cemento y otros materiales de construcción. Cabe mencionar que, según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), la actividad de la construcción presenta una disminución interanual de 42,2% en el mes bajo análisis.

Fuente: Ámbito

El Gobierno oficializó el incremento en el monto del impuesto en las autopistas para la hora pico y los horarios normales. Las tarifas también varían según la categoría del vehículo.

La Dirección Nacional de Vialidad oficializó los nuevos valores de los peajes de la Panamericana y Acceso Oeste tanto para la hora pico como para los horarios en los que circulan menos vehículos. Según detallaron, el aumento comenzará a regir a partir de este sábado 18 de mayo. A través de la Resolución 197/2024 publicada en el Boletín Oficial se aprobaron los cuadros tarifarios para la Autopista Panamericana, que se encuentra bajo la concesión de Autopista del Sol S.A., y para Acceso Oeste, cuya administración depende del Grupo Concesionario del Oeste S.A.

Se trata de un aumento del 100% para los peajes de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, que se suma al incremento del 200% dispuesto a finales de abril para la Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y los corredores nacionales. En el documento oficial, Vialidad argumentó la suba explicando que, “debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las Concesiones”.

Peajes: tarifas en Panamericana desde el 18 de mayo

• Motos: $300 en hora pico y $250 en hora no pico

• Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $600 en hora pico y $500 en hora no pico.
• Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.
• Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.
• Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1800 en hora pico y $1500 en hora no pico.
• Vehículos de 5 o 6 ejes: $2400 en hora pico y $2000 en hora no pico.

• Vehículos de más de 6 ejes: $3000 en hora pico y $2500 en hora no pico.

Cuánto cuesta el peaje en Acceso Oeste desde el 18 de mayo

• Motos: $300 en hora pico y $250 en hora no pico
• Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $600 en hora pico y $500 en hora no pico.
• Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.
• Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.
• Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1800 en hora pico y $1500 en hora no pico.
• Vehículos de 5 o 6 ejes: $2400 en hora pico y $2000 en hora no pico.
• Vehículos de más de 6 ejes: $3000 en hora pico y $2500 en hora no pico.

Es válido aclarar que la hora pico se considera de lunes a viernes en ambos sentidos la franja horaria de 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00. En tanto, para los sábados, domingos y feriados la hora pico es de 11:00 a 15:00 en sentido a provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Los peajes de Panamericana (Acceso Norte)

Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar.

Los peajes de Acceso Oeste

República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, General Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján.

El cinismo de los libertarios.

Ante empresarios millonarios, el economista y lobby del sector financiero Federico Sturzenegger aseguró que es “mentira que el ajuste es doloroso”. “¿Es doloroso rara quién?. Para el que se beneficiaba del gasto fiscal, sí. Pero para el resto de la gente, no”, bromeó.

De lo que no habló el ex funcionario macrista es sobre quién paga el ajuste, que en el 80% lo hacen los jubilados y los empleados públicos. De hecho, el gobierno de Javier Milei no redujo nada los beneficios impositivos (¡subsidios!) que reciben muchas grandes empresas, entre ellas, Mercado Libre, del empresario libertario Marcos Galperin.

Mientras tanto, 6 millones de jubilados cobrarán en junio 200 mil pesos, cuando una persona necesita 120 mil pesos para no ser indigente. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores pasivos recibe un ingreso a penas superior a lo que se necesita para sobrevivir. ¿En serio no es doloroso el ajuste?

Escándalo.

Un diputado radical denunció el lobby del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, y aseguró que se pagaron sobornos a legisladores para que saliera un artículo de la ley Bases que beneficia al sector.

El radical Jorge Rizzotti apuntó contra sus pares del PRO y La Libertad Avanza (LLA), a los que acusó de votar en contra de subir el impuesto al tabaco por estar “untados” por Otero.

“El tema de la discusión del famoso impuesto al tabaco, del famoso ‘señor del tabaco’, la verdad es que la discusión del impuesto que es del 70% al 73%, nadie discutió eso”, dijo. Y remató: “El tema era: ‘Che, ¿qué hace Sarandí? ¿paga o no paga?’. ¿Y el lobby por qué? Porque Sarandí los unta. Hay diputados que están untados, así de claro”.

El gobierno les sacó el bono.

Conocido el dato de inflación de abril y tomando la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, aparecen malas noticias para los jubilados ya que, sin bono, cobrarán en junio menos que en mayo. Nada menos que un 20% menos.

Aplicando el 8,8% de la inflación registrada en el cuarto mes del año, la jubilación mínima en junio será en 206.874 pesos, más de 50 mil pesos por debajo de lo que percibieron en mayo, cuando la mínima rondó los 260 mil pesos a partir del pago de un bono de 70 mil pesos.

Por ahora, el gobierno de Javier Milei no confirmó que el mes próximo haya un ingreso extra para los 6 millones de jubilados. Así las cosas, deberán conformarse con ganar un 20% menos, con inflación récord. El ajuste se hace sobre los más débiles.

Así lo reveló un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella.

Un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella reveló que la pobreza en Argentina alcanzó un preocupante 48,9% en el último semestre, lo que afecta a casi 30 millones de personas en el país. Este incremento representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del período anterior y de 7,2 puntos en comparación con el dato semestral informado en diciembre pasado.

La Canasta Básica Total (CBT) para la región del Gran Buenos Aires se ha estimado en $203.642 por adulto, mostrando un aumento interanual del 265,3%, según el informe de la Di Tella. Además, el estudio proyecta un incremento interanual del 196,1% en el ingreso total familiar (ITF) para el mismo período.

Estos datos reflejan una realidad preocupante, donde se estima que alrededor del 49% de las personas viven en hogares urbanos pobres, con 14,4 millones de personas en esta situación. Mientras tanto, el costo de vida para no caer en la indigencia sigue en aumento, con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) mostrando un incremento del 4,2% en abril.

Según el INDEC, una persona necesitó $268.012 para no ser pobre en abril, mientras que una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso mínimo de $828.158 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). Estos indicadores son fundamentales para comprender la magnitud de la crisis económica y social que atraviesa el país.

Estas cesantías pasan a formar parte de los 100 mil empleos registrados destruidos en el primer trimestre del año.

os 150 despidos denunciados en varias sucursales de Changomas, número que podrían llegar a 500 en las próximas horas, engrosan la lista que se viene gestando en estos últimos meses en las plantillas registradas de industrias como Acindar, PepsiCo, General Motors, Fate. Y en cadenas comerciales como Jumbo y Diarco.

Se suman a los 100 mil empleos registrados destruidos en el primer trimestre del año, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hechos a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, vinculada a las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La cadena Changomas lleva cesanteados 27 trabajadores y trabajadoras en San Justo. Otros 7 en La Tablada, y en el shopping Alto Avellaneda ya se cuentan 17. Y pueden agregarse más telegramas en la sucursal de Bahía Blanca.

La empresa aduce la caída de las ventas por la situación económica que atraviesa el país.

Hace unos días no más, Fate, una de las tres fábricas que producen neumáticos en la Argentina, anunció que despedirá a 97 empleados y que, consecuentemente, ajustará su estructura, para adecuar sus operaciones al contexto del negocio.

Hoy se llevó a cabo una asamblea en la planta de San Fernando convocada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

El grupo Arcelor Mittal, dueño de Acindar, paralizó por segunda vez este año su planta de Villa Constitución como respuesta al derrumbe en las ventas. Afecta a más de 3.000 operarios.

La capacidad instalada de Acindar es de un millón setecientas mil toneladas, el promedio de producción que tuvo es de un millón cuatrocientas mil y tienen apenas seiscientas mil toneladas para este año.

Por su parte, la multinacional Pepsico confirmó la semana pasada el despido de 36 de sus 400 trabajadores que se desempeñan en la planta instalada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata.

La automotriz General Motors también achica su plantilla de personal a través de retiros voluntarios en la fábrica ubicada en la ciudad santafesina de Alvear, donde se produce la Chevrolet Tracker. Hasta fin de año asimismo fabricaba el modelo Cruze.

Frenó la actividad y cerró entre el lunes 22 y el 29 de abril.

Toyota abrió un proceso de retiros voluntarios para 400 trabajadores, mientras que Renault lo hizo para alrededor de 270.

La seguidilla empalmó con el panorama descripto por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) para el primer trimestre del año.

Con los 20.666 puestos de trabajo registrados perdidos en febrero, en el primer trimestre la caída totalizó 62.920 y para marzo proyectaban otros 34.166, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo.

O sea, que fueron en total se contabilizan alrededor de 100 mil los empleos registrados resignados, lo cual se explica por la utilización del 53,4% de la capacidad instalada de las industrias durante marzo de 2024.

Los sectores de actividad que mayor pérdida de empleo sufrieron fueron construcción (-12.949), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-4.488) e industria (-2.013).

Pero en los primeros tres meses, el sector más afectado fue la construcción (-46.249).

El proyecto alentado por el Ejecutivo sigue acumulando objeciones a medida que avanza el debate en el plenario de comisiones de la Cámara alta.

Con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, corrida de las negociaciones, el oficialismo no hace pie para aprobar su Ley Bases en el Senado. Lo blanqueó el mismo Javier Milei cuando deslizó que el Pacto de Mayo podría patearse para “junio o julio”, atento a que todavía falta un buen trecho para poder llegar al recinto.

Las negociaciones están, aún, en estado embrionario. Los senadores opositores acumulan demandas y pedidos de modificaciones que Casa Rosada recién acaba de comenzar a receptar. No hay hoja de ruta: en La Libertad Avanza reconocen que aceptarán modificaciones en el RIGI y el impuesto a las Ganancias, pero no hay un interlocutor oficialista que centralice todos los reclamos. El escenario está verde y, por más que Casa Rosada pretende instalar lo contrario, lo más probable es que el jueves tampoco haya dictamen.

El problema que tiene el gobierno nacional es que lo que esperaba que fuera un trámite exprés se convirtió, por el contrario, en un parto. La metáfora no es casual: en Diputados usaban la misma expresión para referirse al proceso de reescritura de la Ley Bases y el paquete fiscal. Y, ahora, los senadores —que sacan pecho y repiten que ellos no van a votar nada “a libro cerrado”— viven la misma experiencia de desencuentros y tiras y aflojes con interlocutores diversos con el objetivo de lograr introducir alguna modificación a dos proyectos faraónicos. Con una diferencia: en Diputados, Martín Menem trabajaba en equipo con Casa Rosada en la búsqueda de acuerdos, mientras que en el Senado, Victoria Villarruel ha sido desplazada.

La Vicepresidenta fue corrida (a la fuerza) de las negociaciones y, en su lugar, se mueven el presidente provisional, Bartolomé Abdala, y el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche. Dos senadores que intercalen diferentes interlocutores —Guillermo Francos, por un lado, y José Rolandi, por el otro— y se encrespan ante los cronogramas caprichosos de Casa Rosada. Ambos saben que no hay espacio para dictaminar el jueves y, por lo tanto, la posibilidad de sesionar antes del 25 de mayo se hace cada vez más remota. Ni hablar de que después falta la sesión en Diputados que definirá si acepta (o no) las modificaciones: para eso falta una vida.

En principio, los alfiles de LLA, junto a Rolandi, vienen receptando los primeros pedidos de modificación de los senadores opositores no peronistas. Necesitan de la firma de Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de Todos) y José Carambia (Santa Cruz) para dictaminar y todavía no las tienen. Los senadores exigen, primero, que les concedan algunas modificaciones.

El radicalismo mantuvo una reunión el martes a la mañana para poner en común un pliego de demandas. No todos acompañarán todas las modificaciones y hay algunos más concesivos que otros —el jefe de bloque, Eduardo Vischi, quiere acompañar todo, mientras que Lousteau o Blanco muestran los dientes—, pero el objetivo es mostrar un frente un poco más unido que en Diputados. A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: Lousteau reclama eliminar el artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el RIGI, así como medidas para proteger a la industria local frente a la apertura de importaciones (que el régimen incluye). También se reclama modificar el capítulo de blanqueo de capitales, de modo de incluir a los hermanos de funcionarios en listado de figuras que no pueden acogerse a los beneficios.

El listado es amplio y, al cierre de esta edición, todavía se está escribiendo. Hay algunos, como Blanco, que reclaman también modificar el capítulo de delegación de facultades o el artículo 111 que propone reducir hasta un 2 por ciento el gasto tributario (Blanco es fueguino y el régimen especial de Tierra del Fuego está en la mira). Propone, a su vez, introducir modificaciones en el capítulo de privatizaciones: quiere sacar Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino del listado y viene trabajando para conseguir dos tercios que le permitan blindar la modificación en Diputados.

Son varios los senadores patagónicos —como los rionegrinos o santacruceños— que no quieren saber nada con la privatización de la línea de bandera o el correo y, al igual que con la modificación de Ganancias, especulan con poder hacerse de una mayoría lo suficientemente amplia que, si LLA quiere ratificar la versión original del proyecto en Diputados, no pueda alcanzarlos con el número. Ya que si un artículo se modifica con dos tercios en el Senado, la Cámara de Diputados necesitará dos tercios si quiere ratificar su propuesta original (un número imposible de conseguir).

Tanto esta estrategia, como la reforma de Ganancias, necesita del acompañamiento de Unión por la Patria. Es decir que la oposición “dialoguista” necesita de los 33 votos del peronismo si quiere imponer modificaciones resistidas por el gobierno nacional (como el caso de privatizaciones). UxP, mientras tanto, aún no definió qué postura adoptará.

El plan es votar en contra de la ley en general y, después, evitar la mayor cantidad de agentes libres en la votación en particular (en RIGI, por ejemplo, ya reconocen que el catamarqueño Alejandro Andrada y la tucumana Sandra Mendoza votarán a favor). La lucha por las modificaciones resistidas por Milei, en cambio, aún no está resuelta. Pero más de uno se entusiasma con contribuir a armar una mayoría opositora de dos tercios que le genere fuertes dolores de cabeza al gobierno.

Los directivos de las instituciones piden que se les transfiera el mismo monto de dinero que a la Universidad de Buenos Aires.

A un mes del punto más álgido en el conflicto por el presupuesto educativo entre el Gobierno y las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comunicó que llegó a acuerdo por los fondos y, en consecuencia, levantó el estado de emergencia que regía en el establecimiento. No obstante, la disputa todavía continúa: en las instituciones del resto del país reclaman que ellos aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les transfiera la misma plata que la arreglada para la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó a Infobae Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Horas más tarde, desde el CIN emitieron un comunicado enfatizando su malestar y calificando de “inadmisible y provocadora” la medida adoptada para la UBA.

Las negociaciones por las que protestan están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello, quienes se mostraron abiertos a dialogar con rectores y vicerrectores luego de la masiva marcha federal universitaria llevada a cabo el pasado 23 de abril.

Sin embargo, habiendo pasado más de tres semanas desde aquella fecha, solo la Universidad de Buenos Aires logró acordar una suma acorde a sus necesidades. Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.

La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada este miércoles por la UBA a través de un comunicado. En el mismo, contaron que en los últimos días se concretó una serie de reuniones con las autoridades en el que llegaron a un acuerdo y anunciaron el fin de la emergencia presupuestaria activada a principios de abril.

La novedad provocó la reacción del resto de las universidades nacionales que, ante esta resolución, remarcan que con ellos todavía no avanzaron las tratativas y que no recibieron ninguna trasferencia de fondos. En este sentido, subrayan que existe una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno y piden que se aceleren las negociaciones.

A través de un comunicado emitido en la tarde del miércoles, desde el Comité Ejecutivo del CIN señalaron: “La actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.

Asimismo, calificaron como “inadmisible y provocador” que se reconozca este aumento solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 establecimientos.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, continuó el documento.

Este concluyó con la resolución adoptada por las autoridades universitarias ante esta situación: “Reunido en la sede del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.