El pasado jueves, la firma norteamericana ARC Energy terminó de formalizar su oferta por el 85% de acciones que el Estado tenía en venta y devino en un llamado a licitación a principios de octubre.

Luego de un período de especulaciones y trámites, el Gobierno finalmente avanzó en la re-privatización de IMPSA, una empresa estratégica para el sector nuclear y energético de Argentina. El pasado jueves, la firma estadounidense ARC Energy formalizó su oferta por el 85% de las acciones que el Estado había puesto en venta, convirtiéndose en el único postor en un proceso que abrió una licitación pública en octubre.

IMPSA, especializada en el desarrollo de componentes para energía nuclear, de hidrocarburos y renovable (produciendo entre otras cosas turbinas para hidroeléctricas), es clave en el abastecimiento y mantenimiento del programa nuclear y de generación de energía en el país. La venta de esta empresa a un inversor extranjero despierta preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de estos sectores estratégicos, al quedar en manos de una firma con sede en Texas, sin un compromiso explícito de continuidad en las políticas y objetivos nacionales de soberanía energética.

El grupo ARC Energy, que anticipó una inversión de capital de 30 millones de dólares, fue el único interesado que llegó hasta el final del proceso, tras el retiro de otros posibles postores. En julio, la empresa había firmado un acta-acuerdo con el gobierno nacional, que controla el 63,7% de IMPSA, y con el gobernador Alfredo Cornejo, quien representa el 21,2% de participación de la Provincia de Mendoza.

Desde el inicio del proceso, el Gobierno ha impulsado la privatización de empresas con participación estatal, y la venta de IMPSA representa un caso testigo. Esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro de una compañía vital para los proyectos de energía y tecnología nuclear de Argentina, así como sobre su posible impacto en la autonomía del país en el ámbito de la generación energética.

El canal macrista paso un informe en el cual acusaban a profesores de Derecho Laboral de la UBA por “actividades de adoctrinamiento” pero todo resulto ser una fake news.

El canal LN+, identificado con el macrismo, emitió recientemente un informe en el que acusaba a varios profesores de Derecho Laboral de la Universidad de Buenos Aires de ser “adoctrinadores” en el aula. En el informe, se señaló a modo de escrache a reconocidos titulares de cátedra, como Pablo Arnaldo Topet, Héctor Omar García, Juan Pablo Mugnolo, Guillermo Gianibelli y Mariano Recalde, argumentando que sus enseñanzas tendrían un sesgo ideológico favorable al sindicalismo y a ciertos sectores de la política argentina. Sin embargo, estas acusaciones resultaron ser infundadas y fueron rápidamente rechazadas por diversas asociaciones de abogados y académicos.

Organizaciones como la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Grupo de Estudios de Derechos Social, la Asociación de Judiciales Bonaerense y la Asociación de Derecho Sindical se expresaron en contra del informe, defendiendo la libertad de cátedra y la independencia académica. Consideraron que las afirmaciones de LN+ buscan desprestigiar no solo a estos profesionales, sino también a la universidad pública en su conjunto, mediante una campaña de desinformación.

Desde la Asociación de Derecho Sindical calificaron las acusaciones de “falsas, maliciosas y sumamente dañinas” para la imagen y la institucionalidad de la Universidad de Buenos Aires y de todas las universidades públicas del país. Señalaron que esta campaña de fake news responde a una estrategia de comunicación para erosionar la confianza en la educación pública.

El Grupo de Estudios de Derechos Social también expresó un “enérgico repudio” a las acusaciones de adoctrinamiento, defendiendo la libertad de cátedra y el respeto a la trayectoria académica de los profesores involucrados. En el mismo sentido, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas condenó las afirmaciones infundadas, señalándolas como un ataque directo e injustificado hacia los docentes titulares de Derecho Laboral en la UBA.

Estas asociaciones recordaron que el estudio del Derecho Laboral en Argentina incluye necesariamente el análisis de cuestiones políticas y sindicales, fundamentales para comprender el contexto laboral y legislativo del país. La formación universitaria en Derecho Laboral está orientada a desarrollar profesionales críticos y comprometidos con la defensa de los derechos laborales, más allá de las acusaciones sin fundamento que buscan desprestigiar a la educación pública y desacreditar a sus docentes.

El piloto tuvo un caótico aterrizaje en Aeroparque con 179 pasajeros a bordo y salió sin revisión a Mendoza.

Este grave incidente ocurrió durante el fin de semana e involucro a un avión de la low cost Flybondi en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, la aeronave aterrizó de forma muy violenta e irregular con 179 pasajeros a bordo y estuvo cerca de un grave accidente, este nuevo incidente ha incrementado la ola de cuestionamientos sobre los procedimientos de seguridad de la aerolínea. Tras la arriesgada maniobra de aterrizaje, la aeronave continuó su operación hacia Mendoza sin someterse a una revisión técnica, lo que generó preocupación por la seguridad de quienes estaban a bordo.

Fuentes expertas en la industria explicaron al portal LPO que, aunque la revisión no siempre es obligatoria cuando puede atribuirse a un error humano, Flybondi toma decisiones que no siempre garantizan la seguridad de sus aviones. Mientras que otras aerolíneas, como Aerolíneas Argentinas, cuentan con técnicos en cada aeropuerto para realizar inspecciones antes de cada vuelo, Flybondi dispone de un número limitado de técnicos para todo el país. Esto implica que los pocos técnicos disponibles deben desplazarse continuamente ante incidentes en distintos aeropuertos.

Este avión de FlyBondi (LVKJD) que aterrizó de esta manera ayer en Aeroparque, con 179 pasajeros a bordo, ahora se encuentra operativo en Mendoza. Nunca fue retirado de servicio, nunca fue inspeccionado, nunca internivo la Junta de Seguridad en el Transporte @JSTsucesos. pic.twitter.com/FRcXFfWRJ3

— Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) November 2, 2024

La empresa fue una de las principales beneficiarias de la política de “cielos abiertos” impulsada en 2015 por Mauricio Macri, una medida que el actual gobierno libertario también apoya junto con la propuesta de privatización de Aerolíneas Argentinas. Durante ese periodo, Flybondi presentó diversas irregularidades que llevaron a algunos trabajadores del sector aéreo a negarse a aprobar planes de vuelo, debido a la preocupación por las posibles repercusiones legales en caso de un accidente.

Según un trabajador del sector, los empleados suelen firmar en disconformidad los planes de vuelo de Flybondi para evitar asumir la responsabilidad por las múltiples fallas de la empresa. Explicó que cualquier error en el plan de vuelo puede acarrear responsabilidades legales para los trabajadores individuales, quienes deben responder ante la justicia con sus propios bienes.

Otra fuente señaló que, debido a la falta de revisiones técnicas y controles estrictos, Flybondi está operando con un margen de seguridad mucho más bajo que otras aerolíneas. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otros organismos solo pueden intervenir si el piloto declara un incidente, lo cual deja una zona gris en la regulación.

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas también se pronunció, calificando como una “irresponsabilidad absoluta” la continuidad operativa del avión sin inspección alguna tras el incidente en Aeroparque. Destacó la falta de acción tanto por parte de la aerolínea como de los organismos públicos, y llamó al Gobierno a priorizar la seguridad en el sector.

La venta de Aerolíneas Argentinas sigue en discusión, pero el gobierno aún no cuenta con los votos suficientes para aprobarla. Mientras tanto, los cuestionamientos sobre Flybondi reavivan el debate sobre la regulación y los estándares de seguridad en la aviación argentina.