“Es un indicador sanitario integral que incluye factores de desarrollo social como la vivienda, el acceso a la salud y la alimentación”, indicó el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak

El ministro de Salud bonaerense celebró esta noche que la provincia alcanzó los niveles de mortalidad infantil más bajos de la historia.

Según Nicolás Kreplak, en 2023 bajó a 7,6 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. “Cuando comenzamos la gestión, los índices marcaban 9,1 fallecidos por cada 1.000”, publicó.

De acuerdo con el ministro, desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, “la provincia sostiene una tendencia decreciente”.

LA PBA ALCANZÓ LOS NIVELES DE MORTALIDAD INFANTIL MÁS BAJOS DE LA HISTORIA 📣

Desde que @kicillofok es gobernador, la @BAProvincia sostiene una tendencia decreciente. Cuando comenzamos la gestión los índices marcaban 9,1 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, bajando a 7,6 en…

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 23, 2025

Para Kreplak, este nuevo registro se trata de “un indicador sanitario integral que incluye factores de desarrollo social como la vivienda, el acceso a la salud y la alimentación”.

“La implementación del Plan Quinquenal Bonaerense, que incluyó la mejora de las redes de derivación perinatal y pediátrica, implementación del Programa Qunita Bonaerense, aumento de las terapias intensivas neonatales y pediátricas, estrategias de formación, y la constante incorporación y revalorización de las y los profesionales de la salud, entre otras, fueron algunas las acciones políticas que permitieron mejorar la salud y calidad de vida de las personas gestantes y las niñeces”, consideró Kreplak.

Como parte de la agenda trumpista “anti woke”, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres en Argentina.

Mientras Argentina enfrenta un preocupante aumento de femicidios, con entre 255 y 294 casos registrados en 2024 según organizaciones especializadas, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres. En el marco de las próximas sesiones ordinarias, el mandatario planea presentar un proyecto de ley titulado “De igualdad ante la ley”, cuyo contenido ha generado fuertes críticas por su enfoque regresivo en materia de derechos de género.

La propuesta oficialista incluye la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos, y la eliminación de la figura de femicidio como agravante en el Código Penal. Según el gobierno, estas normativas “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas” y buscan instaurar una supuesta neutralidad ante la ley, omitiendo las desigualdades estructurales que estas políticas buscan abordar.

Desde el entorno presidencial, liderado por Santiago Caputo, aseguran que esta estrategia busca “medir la reacción social” durante el verano, en un intento por normalizar debates que podrían desmantelar derechos adquiridos y desviar la atención de la dura realidad económica que vive el país.

Un contexto de retroceso y desprotección

Estas medidas se enmarcan en una serie de decisiones que evidencian un desinterés por la protección de las mujeres y las diversidades. Durante su primer año de mandato, La Libertad Avanza disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, degradó la jerarquía de la Línea 144, y recortó presupuestos destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia machista.

La derogación de la Ley Micaela es particularmente simbólica, ya que esta norma nació como respuesta al femicidio de Micaela García, marcando un compromiso estatal y social con la formación en perspectiva de género. Eliminarla sería un golpe directo a las políticas de prevención y un mensaje alarmante en un país que se convirtió en referente mundial con movimientos como Ni Una Menos.

El contexto no podría ser más preocupante. Las cifras crecientes de femicidios y las alertas de organizaciones sociales contrastan con la postura oficial, que minimiza la violencia de género como problemática específica. Estas decisiones no solo refuerzan la idea de retroceso en derechos, sino que también abren un peligroso camino hacia el abandono de las políticas que buscan proteger a las poblaciones más vulnerables en un contexto de creciente violencia y desigualdad económica.

La presentación de este proyecto no solo pone en juego derechos fundamentales, sino que también subestima el impacto social de una Argentina que, en años recientes, ha salido a las calles para exigir que la violencia machista no quede impune.

Luis “Toto” Caputo y Sandra Pettovello, coordinan un plan por el cual no se convalidarán acuerdos salariales en los próximos meses.

El Gobierno busca implementar una estrategia denominada “Paritarias cero” para frenar la escalada inflacionaria, lo que implica no convalidar acuerdos salariales en los próximos meses, independientemente del índice de inflación. Este proyecto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y respaldado por Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, representa un nuevo golpe para los trabajadores, mientras otros sectores económicos como el agro son objeto de beneficios por parte del gobierno.

A partir de marzo, se limitarán las negociaciones paritarias, permitiendo aumentos salariales únicamente en contadas ramas sindicales, y siempre alineados a un techo del 1%. Esta medida, defendida por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tiene como objetivo principal mantener la inflación en un dígito, pero su impacto recaerá sobre los sectores laborales, que ya enfrentan la pérdida del poder adquisitivo.

La estrategia genera tensiones entre los sindicatos, especialmente en aquellos que demandan incrementos reales para contrarrestar la inflación. Algunos gremios cercanos al oficialismo, como UPCN, aceptaron acuerdos previos con subas mínimas, pero no todos están dispuestos a seguir esa línea. La CGT, por su parte, todavía no ha fijado una posición clara, mientras que sectores alineados al kirchnerismo ya preparan acciones judiciales para resistir estas medidas.

En paralelo, el Gobierno contempla amenazas de reformas sindicales que podrían debilitar conquistas históricas, como la cuota solidaria, y utiliza el temor a la pérdida de empleos en sectores golpeados por la caída del consumo como herramienta de presión. Sin embargo, la normativa establece que los acuerdos paritarios se homologan automáticamente si no son refrendados en un plazo de 45 días, lo que podría abrir un resquicio para negociaciones entre empresarios y sindicatos dispuestos a alcanzar consensos.

La decisión del Gobierno no solo tensiona la relación con los trabajadores, sino que también pone en evidencia la desigualdad en el reparto de los costos del ajuste. Mientras que a los sectores concentrados, como el agro, se les reducen las retenciones, los trabajadores son nuevamente quienes cargan con el peso de un modelo económico que prioriza a los grandes jugadores sobre los derechos laborales y el bienestar de las mayorías.

Las versiones en medios cercanos al gobierno de Javier Milei sobre un inminente acuerdo con el FMI viene en ascenso pero todavía no queda claro lo sustancial. Esto es: el FMI le exige una libre flotación del dólar hasta los 1300 pesos (llegado a ese número podría intervenir). Si es así, se trataría de convalidar una devaluación del 30%.

Por estas horas, se habla de un préstamo total más cercano a los USD 20.000 millones, atados a un cronograma de desembolsos por USD 5.000 millones en cuatro veces condicionados a la evolución de la política cambiaria.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el acuerdo respetará el programa económico del gobierno pero hay dudas sobre si el FMI acepta un tipo de cambio como el presente, que está súper atrasado. El gobierno gasta alrededor de 1500 millones de dólares al mes para sostener ese tipo de cambio que es una forma de subsidiar a quienes compran billetes en los mercados alternativos (¿planeros financieros VIP?).

El esquema económico de Javier Milei enfrenta sus primeras luces amarillas, porque se basa en un dólar híper barato como ancla contra la inflación, que contra el relato oficial sigue alta (bajó en relación a 2023 pero sigue en el 3% mensual). Pero ese dólar barato golpea la competitividad de las empresas argentinas, como quedó demostrado con el reclamo del campo. ¿Y ahora?

Mientras el presidente Javier Milei redobla su batalla cultural, el gobierno se enfrenta a un problema de índole material: la falta de dólares.

Por eso, a las corridas el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a anunciar una baja de las retenciones al campo como modo de alentar mayor liquidación en medio de una crisis de competitividad que empieza a asomar en todos los sectores económicos por el atraso cambiario.

Con la medida de ayer, el gobierno reconoce a su modo ese atraso lo que puede poner en duda todo el programa. Además, la baja en las retenciones de trigo, maíz o soja impactará sobre el aumento de los alimentos derivados de esos insumos.

En diciembre, la inflación núcleo fue del 3% y ya muchas consultoras reconocen que si el INDEC actualizara su canasta, la suba de precios en 2024 hubiera estado casi 20 puntos arriba de lo anunciado oficialmente. Se encienden luces amarillas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se distanció de Milei y advirtió a las empresas que si no instalan plantas de producción en los Estados Unidos deberán pagar aranceles para ingresar a ese mercado.

La intervención de Donald Trump en el Foro Económico de Davos se caracterizó por un discurso contundente y polémico, reflejando sus posturas económicas y geopolíticas. Aquí se destacan varios contrapuntos clave en comparación con las ideas expuestas por Javier Milei:

El discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos contrasta significativamente con los postulados de libre mercado que defiende Javier Milei. Estas son las principales diferencias:

1. Intervención estatal vs. desregulación:
   • Trump: Adopta un enfoque proteccionista al imponer aranceles a las empresas que no produzcan en Estados Unidos, utilizando el poder estatal para disciplinar al capital y favorecer la producción nacional con un fuerte énfasis en el mercado interno. Este modelo implica una intervención directa del gobierno en las decisiones empresariales y comerciales.
   • Milei: Promueve un capitalismo de libre mercado, con mínima intervención estatal, donde las fuerzas del mercado operan libremente y sin restricciones, eliminando regulaciones, aranceles y barreras comerciales.
2. Política fiscal:
   • Trump: Aunque aboga por reducciones fiscales para las empresas dentro de Estados Unidos, las compensa con aranceles a las importaciones, lo que crea distorsiones en el comercio global con el objetivo de procurar beneficios para la mano de obra e industria estadounidense.
   • Milei: Defiende una reducción generalizada de impuestos sin imponer medidas compensatorias que alteren los principios del libre comercio en claro perjuicio del trabajo argentino.
3. Visión sobre el comercio internacional:
   • Trump: Su postura proteccionista prioriza el mercado interno, penalizando las importaciones y renegociando acuerdos comerciales que, según él, no benefician a Estados Unidos y para lo cual esta incluso dispuesto a utilizar la fuerza o la amenaza de usar la misma para favorecer sus objetivos comerciales.
   • Milei: Considera el comercio internacional como una herramienta para optimizar la asignación de recursos, sin restricciones ni barreras que interfieran en el intercambio entre países.
4. Relación con el empresariado:
   • Trump: Combina incentivos fiscales con una política coercitiva hacia las empresas extranjeras, estableciendo reglas que condicionan sus inversiones al mercado estadounidense.
   • Milei: Confía en que las decisiones empresariales deben ser guiadas únicamente por el interés del mercado, sin coerción ni condicionamientos estatales.
5. Energía y regulación ambiental:
   • Trump: Rechaza políticas de descarbonización y apoya la expansión de los combustibles fósiles, con un enfoque en maximizar la producción nacional e incidir en la geopolítica energética presionando a otros países.
   • Milei: Aunque no siempre explícito sobre temas ambientales, su visión del libre mercado implica dejar que las fuerzas económicas determinen la dirección de las políticas energéticas, sin intervención del Estado.

En síntesis, mientras Milei exalta el laissez-faire y la desregulación como pilares del desarrollo económico, Trump utiliza herramientas intervencionistas y los recursos del aparato estatal para proteger los intereses de Estados Unidos, mostrando un enfoque pragmático que pone límites al libre mercado cuando lo considera necesario.