El jefe de Gabinete Guillermo Francos, reafirmo la filosofía libertaria y le quitó responsabilidad al Gobierno Nacional en la reconstrucción de la ciudad bonaerense devastada tras el fuerte temporal.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a dejar en claro la postura del Gobierno de Javier Milei respecto al rol del Estado, afirmando que este no debe involucrarse en la reconstrucción de Bahía Blanca tras el fuerte temporal que dejó graves destrozos en la ciudad bonaerense. En línea con la filosofía libertaria del oficialismo, insistió en que la obra pública debe quedar en manos del sector privado y que la administración nacional solo “acompañará en lo que pueda”.
“El Presidente fue muy claro: el Estado no debe hacerse cargo de las obras, sino los privados”, sentenció Francos en diálogo con Radio La Red, desligando a la Nación de cualquier obligación directa en la recuperación de la ciudad. Según su visión, la reconstrucción corresponde exclusivamente a la provincia de Buenos Aires y al municipio de Bahía Blanca, quienes deben presentar un plan concreto para afrontar la emergencia.
Si bien el Gobierno Nacional realizó una transferencia inicial de $10 mil millones en respuesta a un pedido del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la cifra representa una fracción de los daños estimados en $400 mil millones, según el intendente Federico Susbielles. Sobre la posibilidad de más ayuda, Francos se limitó a señalar que “no hay un monto establecido”, dejando en el aire el nivel de compromiso de la Nación en la reconstrucción.
Doble discurso en el manejo de recursos
Mientras el Gobierno sostiene que el Estado debe retirarse de la obra pública y que la reconstrucción de Bahía Blanca debe depender de fondos provinciales, municipales y del sector privado, destina multimillonarios recursos para subsidiar un dólar barato a expensas de las arcas publicas. Esta medida, contrasta con la falta de apoyo a la infraestructura crítica de una ciudad golpeada por la catástrofe.
La negativa a asumir la responsabilidad en la reconstrucción es una consecuencia directa de la política de ajuste del Gobierno, que busca reducir la participación estatal en todos los ámbitos, incluso en momentos de crisis. Pese a la magnitud de los daños y la urgencia de las obras, la administración de Milei se mantiene firme en su postura de que la inversión en infraestructura debe recaer en el sector privado, reforzando la idea de que el Estado debe ser desmantelado en todas sus funciones, sin excepciones.