Mas del 80% de los empresarios de la construcción creen que el sector no mejorará en los próximos meses.

La industria de la construcción atraviesa una crisis de magnitudes históricas, sin señales de recuperación en el corto plazo. La paralización casi total de la obra pública por parte del Gobierno Nacional ha dejado un saldo devastador: más de 120 mil puestos de trabajo perdidos y 7.000 empresas cerradas entre agosto de 2023 y 2024.

Durante la reciente 70ª convención de la Cámara Argentina de la Construcción, empresarios y analistas coincidieron en señalar un panorama alarmante, producto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno y de la transferencia de responsabilidades a las provincias. “Desde agosto del año pasado todo sigue igual: no hubo más pérdidas, pero tampoco hubo recuperación”, advirtió el periodista Ariel Maciel, al detallar la magnitud del derrumbe.

Obra pública paralizada, economía regional afectada

La obra pública nacional, tradicional motor de desarrollo y empleo, quedó prácticamente desactivada. Salvo algunas iniciativas aisladas en provincias como Tucumán, Chaco, Catamarca y Pinamar —de escasa escala—, el Estado Nacional se retiró como actor clave del sector. Las pocas obras en pie se sostienen con esfuerzo provincial o municipal.

Este parate arrastra efectos en cadena: sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro —que dependen de infraestructura básica— se ven limitados por la falta de inversión estatal. “El Gobierno nacional está celebrando su retiro, pero miles de empresas quedaron a la deriva”, señaló Maciel.

Los datos económicos confirman la gravedad del escenario. El Índice Construya, que mide la demanda de materiales básicos, se desplomó un 32,8% interanual, señalando que el freno afecta incluso a la autoconstrucción. Marzo marcó un punto de inflexión: lo que se percibía como una desaceleración momentánea se consolidó como una recesión profunda.

Empresarios del rubro coinciden en que el poder adquisitivo desplomado y la incertidumbre macroeconómica congelaron cualquier expectativa de inversión. “La gente no puede gastar ni para arreglar su casa”, resumió el dueño de una pyme del conurbano bonaerense.

Sin expectativas: el 80% de las constructoras no ve mejoras

Según un informe del INDEC, el 85,2% de las empresas de obra privada y el 80,4% de las dedicadas a obra pública no espera mejoras en los próximos meses. Solo una minoría (menos del 20%) es levemente optimista.

Las causas de esta percepción negativa son claras: altos costos, atraso en pagos, caída de la actividad económica y ausencia de crédito. La esperanza de una reactivación se asocia únicamente al hipotético reinicio de la obra pública y a cierta estabilidad de precios, aunque esas condiciones hoy parecen lejanas.

Aunque el INDEC informó un crecimiento del 25,9% interanual de la actividad en abril y un repunte del 5,1% mensual, desde el sector advierten que estos datos parten de una base extremadamente baja. “Estamos tan hundidos que cualquier movimiento se ve como recuperación, pero las empresas siguen quebrando”, explicó José Pizone, de la Federación Argentina de la Piedra.

Una crisis sin final a la vista

La construcción, históricamente generadora de empleo y dinamizadora de la economía, enfrenta una crisis estructural agravada por la política de ajuste. Con miles de empleos perdidos, empresas cerradas y sin señales de reactivación estatal, el sector se encamina hacia una parálisis prolongada. El efecto dominó impacta también en otras ramas productivas que dependen de infraestructura básica, consolidando un escenario donde la crisis no solo persiste: se profundiza.

El gobernador bonaerense defendió a la exmandataria durante un acto en La Matanza y advirtió que detrás de los procesos judiciales contra figuras políticas hay una campaña para debilitar al peronismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , respaldó públicamente a Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en La Matanza y lanzó duras críticas contra los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei , a quienes acusó de despreciar la democracia con “la misma intensidad” . Su mensaje llegó en un momento clave, con CFK próxima a reaparecer en un acto político y con rumores sobre una posible definición judicial en su contra.

Kicillof aseguró que “lo que está pasando no es casualidad”, y señaló que los procesos judiciales contra dirigentes populares responden a una estrategia política más amplia . “No se trata solo de Cristina, ni siquiera de una persona. Es un ataque sistemático a todo un proyecto político que representa al pueblo argentino”, afirmó ante un auditorio lleno de intendentes, legisladores y militantes kirchneristas.

Durante su discurso, el mandatario provincial también criticó la hiperpresidencialización de la política , que, según dijo, busca centrar toda la atención en un solo líder para después debilitar o eliminar al resto . “Quieren que todo se juegue en una sola figura, y cuando logran sacarla del juego, creen que ganaron. Pero no entienden que el peronismo es pueblo, y el pueblo no se rinde”, aseguró entre aplausos.

Finalmente, Kicillof rechazó las políticas económicas de los últimos gobiernos y denunció el ataque constante a los derechos laborales, sociales y al Estado presente . “La democracia no es solo votar cada dos años. Es garantizar derechos, es defender la memoria, la verdad y la justicia. Y eso es lo que quieren borrar”, concluyó, marcando una línea clara frente al oficialismo y sus discursos antiperonistas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) consumó este martes un capítulo sombrío y bochornoso de la historia Argentina, al dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, sellando no solo un fallo judicial, sino una decisión de carácter eminentemente política: la proscripción de una de las principales figuras políticas del país en pleno contexto electoral.

Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cuyos nombres quedarán en la infamia de la historia política y judicial del país, el máximo tribunal rechazó de forma unánime los recursos de queja presentados por la defensa de la expresidenta en la causa conocida como “Vialidad”, ratificando así una sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión, que llega tras años de denuncias por persecución judicial, excluye a Cristina Kirchner de la competencia electoral en un año clave.

La exmandataria no irá a prisión por razones de edad, pero el verdadero efecto del fallo está en su imposibilidad de competir electoralmente. La Corte no solo cerró las puertas de la justicia nacional a la expresidenta, sino también las de la voluntad popular: el fallo cristaliza una proscripción que impide a millones de argentinos y argentinas votar por quien gobernó el país durante dos mandatos.

La sentencia, originada en acusaciones sobre la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, se basa en interpretaciones discutidas y largamente denunciadas como parte de un esquema de utilización del Poder Judicial para fines políticos. Cristina y su defensa sostienen desde el inicio que se trata de un caso emblemático de lawfare, el uso del aparato judicial para eliminar adversarios del mapa político.

Cristina denuncia el “cepo al voto popular”

Desde la sede del Partido Justicialista, Cristina Kirchner calificó el fallo como un “cepo al voto popular”. En su mensaje, denunció la sinergia entre el poder económico, el Gobierno nacional y el aparato judicial: “A la persecución económica que viven los argentinos, ahora se le suma la persecución política, con nombre y apellido”.

La líder peronista relacionó la sentencia con el actual contexto de crisis institucional, económica y social, bajo la gestión del presidente Javier Milei, y advirtió sobre la gravedad democrática de inhabilitar judicialmente a una dirigente con amplio respaldo popular.

Camino a tribunales internacionales: la esperanza en la CIDH

Agotadas las vías en la justicia argentina, la defensa de Cristina Kirchner acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde buscará exponer las múltiples violaciones a las garantías del debido proceso. Según sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, el fallo violó principios básicos de imparcialidad y defensa en juicio.

El proceso ante el sistema interamericano, aunque prolongado, podría ofrecer una reparación internacional si se determina que el Estado argentino incurrió en una vulneración de los derechos políticos de la expresidenta.

Consecuencias inmediatas: una proscripción activa

Cristina Kirchner no podrá ser candidata en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Aunque puede pedir prisión domiciliaria, su inhabilitación política continúa siendo un obstáculo insalvable mientras no se revierta por una instancia superior. El fallo deja además un precedente peligroso para la democracia: la judicialización como método para excluir opositores.

En medio de una crisis social sin precedentes, el fallo de la Corte Suprema no solo agrava la polarización política, sino que consolida la percepción de que el Poder Judicial argentino actúa más como un actor político que como un garante imparcial de la Constitución.