El sindicato estatal acusó al gobernador Martín Llaryora de ordenar un operativo represivo que terminó con 15 dirigentes detenidos durante una protesta por alimentos y asistencia social en la capital provincial.

Quince referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, entre ellos su secretario general Federico Giuliani, fueron arrestados este miércoles en medio de una manifestación frente a dependencias oficiales. Según denunció el gremio, la Policía provincial actuó “sin causa alguna y con una violencia desmedida”, provocando lesiones a varios militantes, incluido Giuliani, quien habría sufrido una fractura.

El secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó directamente al gobernador Llaryora y denunció que la provincia busca instalar un esquema de criminalización de la protesta social similar al aplicado por el gobierno de Javier Milei. “Se hacen los progresistas en campaña y luego reprimen como cualquier derecha conservadora”, cuestionó.

Entre los detenidos hay ocho mujeres y siete hombres, todos trasladados a distintas comisarías. El sindicato exigió su inmediata liberación y advirtió que continuará movilizado contra lo que considera una política deliberada de persecución a las organizaciones sociales.

Una condena en Estados Unidos volvió a poner en foco los nexos entre el diputado nacional José Luis Espert y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de participar en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

La sentencia de 16 años contra la socia comercial de Machado en Texas destapó una trama que, según la justicia norteamericana, movió hasta 550 millones de dólares mediante operaciones con aeronaves y esquemas financieros fraudulentos. En ese circuito aparece el nombre de Machado, detenido en Argentina y a la espera de extradición, señalado como aportante clave a la campaña presidencial de Espert en 2019.

De acuerdo con testimonios y registros de vuelos, el empresario habría puesto a disposición un avión privado y una camioneta blindada para uso del candidato. Estos servicios, que debieron ser declarados como aportes de campaña, nunca aparecieron en los informes oficiales de financiamiento. Mensajes de operadores políticos posteriores a su detención lo identifican incluso como “el principal aportante” de esa candidatura.

Mientras la justicia estadounidense avanza con condenas firmes, en Argentina el proceso de extradición de Machado se demora y las investigaciones sobre el origen de los fondos y su destino en la política local permanecen sin resolución. Espert, hoy aliado de Javier Milei, evita dar explicaciones públicas sobre su vínculo con el empresario, pese a la magnitud de las acusaciones.

El caso exhibe las falencias de los controles sobre el financiamiento electoral y la fragilidad del sistema político frente a redes criminales internacionales que encuentran canales para incidir en campañas y candidaturas.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, protagonizó una entrevista televisiva en la que lanzó durísimas acusaciones contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina.

La exdiputada aseguró que el mandatario “ha visto mucha pornografía infantil”, una declaración de enorme gravedad que, según ella, refleja una “cuestión perversa” en la manera en que ejerce el poder. “Esta sociedad está siendo muy herida por los insultos, las palabras y la perversidad casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil. Ese daño es irreparable”, sentenció.

Carrió también apuntó directamente contra Karina Milei, a quien calificó como “el personaje más oscuro del Gobierno”, vinculándola con presuntos manejos irregulares de fondos y negocios vinculados a criptomonedas y al sistema de salud. “Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Javier. Karina Milei es Javier”, sostuvo.

La dirigente denunció además la existencia de una “trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país”, y comparó al actual oficialismo con el menemismo de los años 90.

En otro pasaje de la entrevista, cuestionó al diputado José Luis Espert, al que acusó de promover “la balacera y la guerra civil”, y también criticó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que definió como un “cínico del poder” capaz de “defender lo indefendible”.

Con estas declaraciones, Carrió no solo reavivó las tensiones con el Gobierno, sino que colocó en el centro de la escena una acusación inédita contra el propio presidente y su círculo íntimo.

Los resultados preliminares del informe se basan en la comparación de los precios de siete medicamentos adquiridos tanto por la ANDIS como por la cartera sanitaria. En el caso de un fármaco, el organismo de discapacidad habría pagado un 27% más que el Ministerio.

Los primeros resultados de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirman lo que el Gobierno intentó relativizar: la existencia de sobreprecios significativos en la compra de fármacos. El informe preliminar, a cargo del interventor Alejandro Vilches, señala que el organismo pagó hasta un 27% más por medicamentos en comparación con adquisiciones realizadas por el propio Ministerio de Salud.

El caso más evidente es el del PEG Asparaginasa, clave en tratamientos de leucemia linfoblástica aguda. La ANDIS lo adquirió en agosto de 2025 por $13.500.176, mientras que la cartera sanitaria lo había comprado un año antes a $8.274.027. Descontada la inflación, la diferencia alcanza el 27%, lo que pone en evidencia un manejo irregular de fondos públicos en un área particularmente sensible.

Estos hallazgos tensionan la estrategia oficial, que hasta ahora había buscado minimizar el impacto de las denuncias y responsabilizar al kirchnerismo. El escándalo tomó fuerza tras la salida del exdirector Diego Spagnuolo, involucrado en audios que mencionan presuntas coimas y una red de corrupción que rozaría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Desde la Casa Rosada niegan las acusaciones.

El presidente Javier Milei, al ser consultado, prometió llevar a Spagnuolo a la Justicia y lo calificó de “mentiroso”. Sin embargo, el nuevo dato de los sobreprecios complica el discurso oficial: ya no se trata solo de acusaciones cruzadas, sino de un informe técnico que empieza a mostrar números concretos.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, evitó dar explicaciones y faltó a una reunión clave en Diputados, lo que reforzó las críticas opositoras. El propio Vilches, designado interventor en reemplazo de Spagnuolo, tampoco acudió al plenario de comisiones.

En paralelo, el Gobierno avanza en un rediseño institucional: busca que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado para transformarse en una secretaría bajo la órbita de Salud. Con esto, Lugones ganaría control directo sobre las compras de medicamentos, aunque hasta ahora ha guardado silencio público frente a las irregularidades señaladas.

En plena crisis política por la filtración de audios que revelan supuestos pedidos de coimas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que Javier Milei cometió un error al confiar en Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”, señaló Francos, quien además reconoció que el exfuncionario era un visitante frecuente de la Quinta de Olivos, donde participaba de las reuniones privadas que el mandatario organiza.

El ministro, sin embargo, buscó marcar diferencias dentro del círculo presidencial y defendió a Eduardo “Lule” Menem, otro de los mencionados en la causa. Consultado en Radio Mitre si pondría “las manos en el fuego” por él, respondió:

“Yo no tengo nada que reprocharle. Lo conozco del trabajo en la gestión y me parece una persona irreprochable. Como funcionario, me resulta alguien de confianza”.

Francos remarcó que, a diferencia de Spagnuolo, Menem sí integra el núcleo de colaboradores de Milei. “Claramente Spagnuolo no lo era. No sé si era cercano, pero el Presidente lo conocía y lo invitó en varias ocasiones a Olivos. Si confiaba en él, bueno, no debió haber confiado”, insistió.

El Tesoro no solo interrumpió en agosto sus compras en bloque de divisas, tal como había anticipado el propio ministro de Economía, Luis Caputo, sino que además debió enfrentar fuertes compromisos de deuda con organismos internacionales. Como consecuencia, la administración ya utilizó u$s262 millones de sus depósitos en moneda extranjera dentro del Banco Central (BCRA).

El dato encendió las alarmas en la city, donde operadores comenzaron a seguir con más atención el goteo diario de dólares y a preguntarse si, detrás de esos movimientos, existe algún tipo de intervención encubierta en los mercados.

El propio Caputo había adelantado hace unas dos semanas, durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, que el Tesoro dejaría de comprar dólares en el mercado único y libre de cambios (MULC) al menos hasta octubre. Lo cierto es que, más allá de esa advertencia, en lo que va de agosto no se registraron adquisiciones por parte del Tesoro, confirmando en los hechos el freno en la acumulación de divisas.

En este contexto, la presión sobre las reservas y la incertidumbre en torno a los movimientos del BCRA vuelven a instalar interrogantes en un mercado que ya opera bajo una marcada volatilidad y con expectativas frágiles frente al dólar.

El Gobierno volvió a convalidar ayer tasas de interés en niveles exorbitantes, una señal clara de la fragilidad con la que busca contener la presión cambiaria y financiera. En la licitación de cauciones bursátiles, se registraron picos que rozaron el 150% anual antes de estabilizarse, mientras que en el mercado mayorista el Banco Central tuvo que convalidar rendimientos cada vez más altos para evitar una corrida mayor.

El escenario, además de tensionado, se torna casi delirante: un país en recesión profunda, con la inflación todavía en dos dígitos mensuales y el consumo desplomado, sostiene tasas propias de una emergencia extrema. El mecanismo, lejos de funcionar como un ancla, multiplica la incertidumbre, ya que expone la debilidad de las reservas y la incapacidad del Ejecutivo para estabilizar expectativas sin recurrir a medidas de shock financiero.

La paradoja es evidente: mientras el discurso oficial insiste en que la economía está encaminada, la política monetaria muestra una dinámica de “parches” cada vez más costosos, con un nivel de volatilidad que genera un clima insostenible para el crédito, la inversión y la actividad cotidiana. La convalidación de estas tasas no solo refleja el cortoplacismo, sino también la magnitud de una crisis que se profundiza pese a las señales de calma que intenta dar la administración.