Por Christian Duarte*

El pasado 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras para designar presidente de la República, 128 diputados al congreso nacional y 298 alcaldes.

En un hecho sin precedentes en la región, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump emitió 3 mensajes públicos amenazando al pueblo hondureño para que votaran por “su candidato”. En sus mensajes, Trump también anunció que otorgaría indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, el ex presidente del mismo partido político y más grande capo de la historia de Honduras.

Junto a los mensajes de Donald Trump, el Partido Nacional y Liberal operaron con el crimen organizado acciones de intimidación contra la población y ejecutaron un fraude durante la votación y al seno del órgano electoral, que fue puesto al descubierto gracias a 26 audios en poder del Ministerio Público.

Estos hechos develan una compleja pero organizada operación para alterar de forma sustancial la voluntad popular y el resultado de las elecciones, fundamentalmente a nivel presidencial, constituyéndose en un golpe de estado electoral. Una nueva forma de injerencia imperial operado por los Estados Unidos para intervenir los procesos electorales e imponer sus intereses en la región, lo que se suma a sus intervenciones en Ecuador, Argentina y Venezuela.

Cronología de hechos

1. Los mensajes de Trump y el Gobierno de los Estados Unidos

Según encuestas propias y de terceros, la disputa por el primer lugar se daba entre Rixi Moncada, candidata del partido de gobierno LIBRE, y Salvador Nasralla, contendiente por el Partido Liberal, partido históricamente aliado del Partido Nacional y promotor del golpe de estado del 2009 al presidente Zelaya; Nasry Asfura, del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, figuraba en un lejano tercer lugar, como el mismo Donald Trump ha afirmado en diversas entrevistas.

En medio del llamado silencio electoral y a pocos días de las elecciones, Donald Trump emitió su primer mensaje el 26 de noviembre, presentando las elecciones generales de Honduras como una disputa geopolítica entre “comunistas narco- terroristas” y los demócratas; señalando a Rixi Moncada como “su principal opositora”, llamando a votar abiertamente por Nasry Asfura del Partido Nacional.

El 28 de noviembre, Donald Trump emitió un segundo mensaje, esta vez más contundente y amenazante, pues condiciona la relación entre Estados Unidos y Honduras al triunfo de Nasry Asfura, llamando nuevamente a votar por este, y anuncia el indulto a Juan Orlando Hernández.

Finalmente, el 1 de diciembre, un día después del proceso electoral, Trump manifestó en sus redes sociales que “desataría un infierno en Honduras” si alguien “intenta alterar los resultados de la elección” y declara ganador a Nasry Asfura con el solo el 47% de los votos escrutados.

Los mensajes del Presidente Trump se suman a una campaña de mensajes y amenazas de diversos personeros del Gobierno de los Estados Unidos, como el Secretario de Estado Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi, asesores, senadores republicanos y mensajes oficiales desde diversas agencias de gobierno.

2. Los mensajes y las amenazas al pueblo

Junto a los mensajes de Donald Trump, en Honduras y en Estados Unidos fueron enviados millones de mensajes amenazando a los migrantes y a las familias receptoras de remesas. Amenazas realizadas bajo una narrativa en la que se colocó al Partido LIBRE y a su candidata, Rixi Moncada, como enemigos de los Estados Unidos.

3.6 millones de mensajes de texto fueron enviados durante el período de silencio electoral, amenazando a la población con perder sus remesas. El mensaje literalmente decía: “Las remesas no se pueden perder, votar para que tus remesas lleguen es importante. No votes por Rixi Moncada #TuEliges”. A estos, deben sumarse los miles de mensajes enviados por los bancos a las familias beneficiarias y una multimillonaria campaña en redes sociales.

La relevancia del mensaje de Trump, junto a los millones de mensajes, cobra sentido cuando se tiene en cuenta que Honduras tiene más de 1.2 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, que envían en remesas el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto, beneficiando a 625,000 familias del país, muchas de las cuales dependen enteramente de este ingreso para su supervivencia.

3. El indulto a Juan Orlando, el lobby financiero y el crimen organizado

Juan Orlando Hernández fue condenado en el año 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión federal más 60 meses de libertad supervisada. Sus delitos fueron haber importado cerca de 500 kilos de cocaína a los Estados Unidos, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspirar usándolos para traficar droga.

En su ascenso, el más grande capo de la droga de Honduras, cometió dos fraudes electorales (2013 y 2017), se reeligió inconstitucionalmente, utilizó el poder estatal para erigir su propio cartel de drogas y sumió al país en las más altas tasas de violencia y pobreza. Por lo que su indulto fue un duro golpe para el pueblo hondureño y un claro espaldarazo a las estructuras del crimen organizado que operaron junto al Partido Nacional después del Golpe de Estado de 2009.

Es importante señalar que diversas fuentes señalan como los responsables del lobby por el indulto a Juan Orlando a oligarcas estadounidenses ligados al pensamiento libertario, las criptomonedas y empresas informáticas, destacando el multimillonario dueño de Palantir Peter Thiel. Quien también es inversionista y fundador de la ciudad modelo Próspera, bajo la ley de Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), derogadas por el Gobierno de LIBRE y declaradas inconstitucionales por las Corte Suprema de Justicia (CJS). Próspera interpuso una demanda por $10,000 millones contra el Estado de Honduras ante CIADI por la derogatoria.

Al respecto del rol de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en los fraudes electorales es importante señalar que, en su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales presentaron evidencia de que Juan Orlando:

1. usó dinero del narcotráfico para sobornar juntas receptoras de votos y manipular resultados;
2. sobornó ingenieros informáticos del órgano electoral para hackear los sistemas y alterar los resultados;
3. pagó a pandillas para promover el caos y justificar la represión.

El día de la pasada elección, los servicios de atención a incidentes de seguridad del Estado contabilizaron cientos de llamadas de ciudadanos denunciando amenazas de las pandillas para que no ejercieran el sufragio, no llevaran gente a votar y no pusieran carpas incitando al voto por el Partido LIBRE y su candidata Rixi Moncada.

4. El fraude en el órgano electoral y el rol del cuerpo diplomático y la sociedad civil

El 29 de octubre el Fiscal General dio a conocer 26 audios que develaron el plan para robar la elecciones y alterar la soberanía popular. La conspiración fue liderada por la representante del Partido Nacional en el órgano electoral y un diputado del mismo partido, con el apoyo de la representante del Partido Liberal en el órgano electoral, un militar retirado, personeros de la sociedad civil y la Embajada de los Estados Unidos.

El plan consistió en boicotear la integridad de los resultados electorales para declarar como ganador a un candidato sin la mayoría de los votos. El boicot se operó en los siguientes elementos:

1. Fallas en la conectividad de los centros de votación con el objetivo de alterar el resultado electoral preliminar.
2. Desactivación del lector biométrico como un requisito para el conteo de actas con el objetivo de inflar 480,000 votos sin respaldo.
3. Sistema de transmisión de resultados electorales defectuoso en 87% de los casos.
4. Retención sin justificación de 16,615 actas en todos los niveles en la noche de la votación.
5. Caso omiso de los informes de auditoría que alertaron sobre las fallas críticas en los sistemas informáticos y su vulnerabilidad a ser manipulados.
6. Emitir una declaratoria parcial, sin haber contado cerca de 5,000 actas.
7. Aceptación acrítica de los resultados electorales de parte del cuerpo diplomático y de países con gobierno aliados a los Estados Unidos y de la sociedad civil. Ha trascendido inclusive que la Embajada de Francia y de Argentina acogieron a dos consejeras electorales durante las semanas finales del conteo.

Esto último evidencia el doble rasero de Estados Unidos, Europa y sus aliados, porque frente a las elecciones presidencial de Venezuela en 2024 exigieron vehementemente el recuento de los votos y la publicación de las actas, mientras que en Honduras corrieron a aceptar el resultado electoral sin que hubiera terminado el conteo, sin que el órgano electoral respondiera los reclamos administrativos y sin que existiera una declaratoria total.

Conclusión

El Golpe de Estado Electoral se operó utilizando 7 instrumentos: 1) Injerencia política sin precedentes del Presidente de los Estados Unidos y otros voceros del gobierno; 2) Chantaje económico, “si gana la izquierda, perderán sus remesas y el apoyo de los Estados Unidos”;

3) Crimen organizado: Juan Orlando Hernández y pandillas; 4) Campañas masivas, multimillonarias y multiniveles de comunicación y desinformación; 5) Apoyo de la sociedad civil para validar el fraude y los resultados; 6) Apoyo del cuerpo diplomático y países aliados de los Estados Unidos; 7) Financiamiento multimillonario de oligarcas estadounidenses con proyectos en Honduras.

El resultado fundamental es el irrespeto al voto popular y el ejercicio del sufragio bajo amenaza. Esto se refleja en el nivel de participación electoral, con apenas un 52.8%⁴, la segunda menor participación en los últimos 45 años, solo superada por las elecciones post golpe de estado en 2010. Asimismo, la ilegitimidad de las elecciones está acompañada por el retorno de un Partido Político que gobernó junto al crimen organizado, destruyó las instituciones públicas y saqueó las arcas del Estado, arrojando a cientos de miles a la pobreza y al desplazamiento forzando y convirtiendo a Honduras en el país más violento del mundo.

La sociedad hondureña es fuerte y resiliente, y junto a ella, haremos resistencia y oposición desde el Partido LIBRE y los movimientos sociales y populares de Honduras, luchando contra el despojo y el saqueo, por la conservación de las victorias del Gobierno de Xiomara Castro y de los bienes públicos.

*Ex Ministro de Finanzas de Honduras

La planta de Granja Tres Arroyos en Pilar sigue sin actividad tras el rechazo a un plan de pagos en cuotas. Denuncian abandono empresarial y cuestionan la inacción del Gobierno frente a la crisis laboral.

El conflicto en la planta Pilar de Granja Tres Arroyos, ubicada en la localidad bonaerense de La Lonja, se agrava con el correr de los días. Los trabajadores mantienen el paro por tiempo indeterminado iniciado la semana pasada ante la falta de pago de salarios, aguinaldo y vacaciones, en un escenario que expone la fragilidad del empleo industrial y la pasividad oficial frente a los incumplimientos patronales.

La medida de fuerza se sostiene luego de que la asamblea rechazara una propuesta empresarial que planteaba saldar las deudas en un esquema extendido de cuotas, sin garantías ni fechas ciertas. Para los operarios, el ofrecimiento resultó inaceptable: se trató de sueldos ya devengados que la empresa pretendía diferir hasta bien entrado el primer semestre del año.

Según explicaron los delegados, el plan incluía el pago del aguinaldo en cuatro tramos y la cancelación de los salarios de enero en cuotas que se extenderían hasta febrero, mientras que el resto de las obligaciones se postergaban hasta mayo. La respuesta fue un rechazo unánime y la ratificación de la huelga.

El conflicto se inscribe en un proceso de ajuste más amplio dentro de la compañía. A lo largo de 2025, cerca de 400 trabajadores dejaron la empresa mediante despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis. En noviembre, además, la firma cerró su planta de Béccar y trasladó a cientos de operarios a Entre Ríos, concentrando la producción en menos establecimientos.

Pese a esa reducción de personal y al achicamiento de costos, la empresa no logró normalizar el pago de salarios, lo que terminó de detonar el actual paro. En la planta de Pilar, la producción permanece completamente detenida y el clima es de fuerte tensión.

Desde el gremio advierten que la situación ya tiene consecuencias directas sobre las familias de los trabajadores y cuestionan la falta de intervención del Gobierno nacional. Señalan que, mientras se promueve un modelo que desregula y flexibiliza, los incumplimientos empresariales avanzan sin control y los salarios quedan librados a la voluntad de las patronales.

Sin señales de una propuesta superadora ni mediación efectiva, el conflicto sigue abierto. Los trabajadores ratificaron que no retomarán tareas hasta que se cancelen todas las deudas de manera íntegra y sin dilaciones, en un nuevo capítulo de la crisis laboral que atraviesa la industria avícola.

El freno del consumo, la caída de exportaciones y la apertura importadora golpean de lleno a la producción nacional. Un frigorífico pampeano paralizó a 450 operarios y una histórica textil bajó sus persianas, dejando cientos de despidos en el norte del país.

La política económica del gobierno nacional volvió a mostrar su impacto directo sobre el entramado productivo. En las últimas horas, el frigorífico ubicado en General Pico, La Pampa, que elabora las hamburguesas Paty, suspendió a la totalidad de sus 450 trabajadores, mientras que una empresa textil con más de un siglo de trayectoria cerró sus plantas en Corrientes y Chaco y despidió a 260 empleados.

La decisión del frigorífico pampeano expuso el deterioro acelerado del sector cárnico industrial. La empresa justificó la paralización por el derrumbe del mercado interno, el retroceso de las exportaciones y una situación financiera asfixiante, con deudas que superan los 30.000 millones de pesos. La actividad diaria pasó de faenar unas 600 cabezas de ganado a apenas 50, una postal del desplome productivo que atraviesa la cadena.

La contracción de las ventas externas fue determinante. Durante 2025, los envíos de carne al exterior cayeron más del 7%, con un desplome aún mayor hacia China, principal destino de la producción argentina. Para una planta altamente dependiente del comercio exterior, el impacto fue inmediato y profundo.

En Trenel, localidad donde el frigorífico funciona como uno de los principales empleadores, la preocupación ya trasciende a los operarios suspendidos. Comercios, transportistas y productores ganaderos advierten que la parálisis amenaza con arrastrar a toda la economía local, mientras crecen los temores de un cierre definitivo.

El panorama no es distinto en la industria textil. La empresa Emilio Alal cesó sus actividades en el noreste argentino y dejó sin empleo a 260 trabajadores, en un sector que desde el inicio del actual gobierno ya perdió más de 16.000 puestos registrados. La firma producía hilados de algodón, telas e insumos para el calzado y la talabartería, y atribuyó su salida del mercado a un contexto que definió como inviable.

Los niveles de actividad textil retrocedieron a valores comparables con los peores momentos de la pandemia. La utilización de la capacidad instalada cayó por debajo del 33% y la producción se desplomó más de 20% interanual, muy por encima del promedio de la industria manufacturera.

Desde la empresa señalaron como factores centrales la apertura indiscriminada de importaciones, la pérdida del poder adquisitivo, los elevados costos financieros y energéticos y la presión impositiva. En ese marco, advirtieron que la producción nacional quedó fuera de competencia frente a productos importados, incluso usados, sin ningún tipo de protección.

Las suspensiones y cierres se multiplican en distintos rubros y regiones, consolidando un escenario de desindustrialización que el gobierno no logra —o no intenta— revertir. Mientras el ajuste se descarga sobre el empleo y la producción, la economía real sigue pagando el costo de un modelo que prioriza la apertura y la especulación por sobre el trabajo argentino.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, expresaron.

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar un paro nacional para el 11 de febrero, día en que está previsto que el Senado argentino discuta el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE en su cuenta de la red social X.

El dirigente exhortó también a sus compañeros sindicales a “pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad” al paro. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, dijo.

En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. “Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, manifestó.

El plan de acción fue decidido tras una reunión llevada a cabo el martes entre distintos sindicatos y, según anunció Aguiar, podría incluir movilizaciones en distintas provincias.

La denominada ‘Ley de Modernización Laboral’ propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

El arribo se produjo mientras el Senado abrió un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles del primer avión estadounidense que visitó sorpresivamente en Ushuaia durante el fin de semana.

Un segundo avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) aterrizó este martes en la Argentina, en un contexto atravesado por versiones y creciente atención política. El arribo se produjo mientras el Senado abrió un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles del primer avión estadounidense que visitó Ushuaia durante el fin de semana.

La superposición temporal entre ambos movimientos elevó el episodio al plano institucional y amplificó las preguntas sobre el alcance y los objetivos de la presencia aérea militar estadounidense en el país.

La nueva aeronave tocó pista en el Aeroparque Jorge Newbery a las 13:38, según registros de seguimiento de vuelos. Se trata de un Boeing C-40C “Clipper”, identificado con el Modo S AE1167, un modelo utilizado habitualmente para el transporte de autoridades y misiones diplomáticas de alto nivel.

De acuerdo con su historial reciente, el avión había operado días atrás en Ginebra como apoyo logístico de la delegación presidencial estadounidense durante el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente regresó a Joint Base Andrews y emprendió vuelo hacia Sudamérica, con una escala técnica en Lima, antes de arribar a Buenos Aires.

El aterrizaje del AE1167 ocurrió menos de 48 horas después del ingreso del primer C-40 de la USAF —matrícula 05-0730— que pasó por Aeroparque y luego voló hacia Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ese desplazamiento previo, por su localización geográfica y el perfil de la aeronave, concentró rápidamente la atención pública y parlamentaria.

El Senado exige precisiones al Poder Ejecutivo

En este contexto, el Senado de la Nación presentó un proyecto de comunicación para requerir al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre el arribo y las actividades del primer avión que visitó Ushuaia.

La iniciativa fue impulsada por la senadora fueguina Cristina López y busca despejar dudas que, según el texto, persisten debido a la ausencia de comunicaciones oficiales.

El pedido solicita conocer qué organismos autorizaron el ingreso, permanencia y desplazamiento interno de la aeronave, qué actos administrativos respaldaron esos permisos y la identidad, cargos y funciones de la tripulación y los pasajeros.

Además, se requiere que el Ejecutivo informe si tenía conocimiento previo del vuelo —fecha, horario, itinerario y escalas— y cuál fue el motivo oficial de la visita y los objetivos de la delegación.

Dos C-40 en pocos días y una señal política

Desde el punto de vista operativo, la presencia de dos aeronaves C-40 de la USAF en territorio argentino en un lapso tan corto no es un dato menor.

El C-40, versión militar del Boeing 737, es utilizado para trasladar altos mandos militares, funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, delegaciones políticas y equipos de seguridad. Por su diseño, está asociado a misiones de jerarquía y no a rotaciones logísticas rutinarias.

En medio de la polémica, el canciller argentino Pablo Quirno difundió un mensaje poco convincente en redes sociales en el que afirmó que la aeronave trasladó a una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se encuentra de visita oficial en la Argentina.

Sí, abrazo.

Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina.

Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre… https://t.co/ZYuNxkO2RU

— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 27, 2026

Quirno señaló que, “dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos”, el Ejecutivo celebra la llegada de distintas comitivas interesadas en el país.

La aclaración aportó un primer encuadre político, aunque no precisó itinerarios internos ni el uso específico de medios militares estadounidenses.

Un escenario abierto y más preguntas que certezas

La llegada del segundo C-40, vinculado al entorno logístico de Davos, refuerza la percepción de que la Argentina quedó insertada en una agenda internacional de alto nivel en un momento particularmente sensible, con debates abiertos sobre recursos estratégicos, proyección antártica y alineamientos geopolíticos.

Al mismo tiempo, la falta de información oficial detallada alimenta un escenario donde las preguntas crecen más rápido que las certezas, mientras el Congreso exige explicaciones formales al Poder Ejecutivo.

Mientras la Patagonia atraviesa una catástrofe ambiental sin precedentes, con más de 35.000 hectáreas de bosques arrasadas por incendios intencionales, el presidente Javier Milei parece moverse en una dimensión completamente desconectada de la urgencia nacional.

En lugar de hacerse presente en el sur, coordinar acciones de emergencia o atender el reclamo de los gobernadores que exigen recursos y apoyo del Estado, el mandatario decidió subirse a un avión con destino a Mar del Plata. No para supervisar operativos ni reunirse con autoridades locales, sino para participar de una noche de teatro, música y actos partidarios.

Este martes, Milei asistió al Teatro Roxy para presenciar la obra de su expareja, la humorista Fátima Florez. Pero lejos de limitarse al rol de espectador, el Presidente se subió al escenario y ambos cantaron a dúo “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, como si se tratara de una estrella invitada en un show más.

Afuera del teatro, la escena reflejó la polarización: militantes lo ovacionaban al grito de “Presidente, Presidente”, mientras que los vecinos respondían con cánticos de repudio: “Qué se vaya, qué se vaya”.

La noche no terminó allí. Tras el espectáculo, Milei se dirigió directamente a La Derecha Fest, donde fue el orador principal ante militantes y seguidores del espacio liberal-conservador. En un clima de celebración ideológica, el mandatario volvió a insistir con su discurso de “batalla cultural”, asegurando que “se le está viniendo la noche a los zurdos” y que esta lucha es “la batalla por las almas”.

También defendió con vehemencia el capitalismo, atacó a sectores empresariales ligados al Estado y apuntó contra medios y periodistas, en un mensaje cargado de confrontación.

Pero el contraste resulta brutal: mientras el fuego avanza en el sur y miles de hectáreas se pierden, el Presidente elige los escenarios, los festivales y los discursos militantes. La falta de empatía y presencia frente a una tragedia nacional generó indignación y reacciones inmediatas en redes sociales.

Argentina arde. Milei canta.