En medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y buena parte del empresariado industrial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Toto Caputo oficializó la eliminación de las restricciones antidumping al aluminio chino

En medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y parte del empresariado industrial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo oficializó la eliminación de las restricciones antidumping al aluminio chino, una decisión que impacta de lleno en el mercado local y golpea directamente a Aluar, uno de los principales jugadores del sector.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 172/2026, dispuso el cierre del examen por expiración de plazo de la sanción antidumping que regía desde 2020. Aquella resolución —la 88/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo— había impuesto un arancel del 28% sobre el valor FOB para determinadas exportaciones de hojas de aluminio provenientes de China, ante sospechas de maniobras de dumping y el ingreso de stock excedente a precios artificialmente bajos.

Con el vencimiento del plazo de cinco años en febrero, el Gobierno optó por no prorrogar la medida. En la práctica, se levantó el “tapón” que protegía al mercado interno frente a la competencia de uno de los mayores productores globales, habilitando el ingreso de aluminio chino sin el recargo adicional que encarecía su comercialización en el país.

La sombra del conflicto por Fate

La decisión no pasó desapercibida en los pasillos de la Casa Rosada. Llega apenas días después del cierre de Fate, la histórica fábrica de neumáticos propiedad de Javier Madanes Quintanilla, quien también controla Aluar. El cierre, que se produjo en plena discusión por la reforma laboral, generó ruido político y económico.

Incluso el presidente Javier Milei dejó entrever en redes sociales la existencia de tensiones con sectores del empresariado nacional, en un contexto en el que el oficialismo defiende la apertura importadora y cuestiona a las industrias que, según su visión, no resisten la competencia externa.

En ese marco, la eliminación del esquema antidumping sobre el aluminio chino fue interpretada por distintos actores como un mensaje directo hacia el grupo empresario. Más aún cuando el traspaso de los terrenos de Fate a Aluar —una operación interna entre compañías de Madanes— alimentó sospechas en el entorno oficial sobre un movimiento coordinado detrás del cierre de la planta.

Exportaciones en jaque y tensión con EE.UU.

Más allá de la pulseada política, en el sector industrial crece el malestar por la pérdida de competitividad. En el caso de Aluar, buena parte de su producción estaba orientada a mercados externos como Estados Unidos. Sin embargo, el tipo de cambio considerado “bajo” y el encarecimiento de los costos internos complican la ecuación exportadora.

A eso se suma que el Gobierno no logró destrabar con la Casa Blanca un cupo para exportar aluminio y acero argentino sin aranceles a Estados Unidos. Esa negociación quedó en “stand by”, agregando presión a un escenario donde el mercado interno tampoco absorbe excedentes por la caída del consumo.

Así, mientras promueve una apertura comercial amplia, la administración nacional avanza con decisiones que impactan de lleno en uno de los complejos industriales más relevantes del país, en un contexto de tensión política y económica que excede lo estrictamente comercial.

*Por Christian Duarte

En las últimas semanas ha trascendido un borrador de decreto legislativo promovido por el oficialista Partido Nacional, cuyo propósito es decretar una supuesta emergencia fiscal y crear las condiciones para la reactivación económica. Si bien el ministro de finanzas ha tenido que recular y aclarar que no hay una emergencia fiscal, no parecen haber indicios de que el Partido Nacional vaya a retroceder en sus objetivos políticos. Acá explico el por qué dicho decreto no tiene cabida y es realmente una pantalla para un propósito distinto.

La debacle económica y social heredada por 12 años de gobiernos del Partido Nacional entre 2010 y 2021

En 2021, Honduras alcanzó sus niveles más altos de pobreza de las últimas décadas, con 73.6% y millones de personas huyendo del país, desplazadas por la falta de oportunidades y la violencia. El mismo año, el déficit fiscal fue de 3.7% y la deuda pública alcanzó su valor relativo más alto en el presente siglo con 55.8% del PIB. El fracaso del modelo económico de país y de la gestión fiscal del gobierno fueron más que evidentes.

¿Cómo se explica que la pobreza creciera de forma casi exponencial si al mismo tiempo el Gobierno contó sistemáticamente con más recursos? Ya que, por un lado, se aplicaron paquetazo tras paquetazo para incrementar la recaudación fiscal, mientras que, por el otro lado crecía año con año la deuda pública.

Entre 2010 y 2021 se aprobaron 40 decretos de reforma fiscal, conteniendo 14 nuevos impuestos, cargando mayoritariamente a los más pobres. Al mismo tiempo, la deuda pública creció de 25.2% del PIB al citado 55.8%, se duplicó respecto del PIB; pero en términos absolutos creció de $3,677 millones a cerca de $17,000 millones, un 363%. Ya que evidentemente no fue a parar a programar para reducir la pobreza y la violencia, cabe la pregunta ¿a dónde habrá ido a parar todo ese dinero? Sara Chayes podría tener la respuesta que todos conocemos.

Finalmente, a este escenario financiero debe sumarse el hecho de que el bipartidismo nacional-liberal había construido una infraestructura para legalizar el secuestro de los impuestos públicos mediante la banca privada, a través de 83 fideicomisos que administraron L145,702 millones por fuera de las leyes de compras y contrataciones.

Cuando en enero de 2022 asumió la Presidenta Xiomara Castro y su Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, encontraron, no solo una debacle socio económica en el país, sino un presupuesto público que no reflejaba la verdadera situación fiscal de las instituciones públicas y una Caja Única del Tesoro agujereada por fideicomisos y amarrada por los pagos de vencimientos de deuda pública a corto plazo, lo que ocasionaba problemas de liquidez para saldar inclusivo los sueldos y salarios del sector público.

Así se declaró mediante un Decreto Ejecutivo una emergencia fiscal para solventar los problemas de liquidez del corto plazo mediante un préstamo a condiciones preferenciales con el Banco Central de Honduras (BCH) y para presentar un presupuesto verdadero con un agresivo programa de inversión pública.

La herencia de Xiomara Castro y el Gobierno de LIBRE

Cuatro años después, la Presidenta Xiomara Castro se retira dejando un país en plena recuperación económica y unas finanzas públicas mucho más sólidas que antes.

Honduras cerró 2025 con una reducción de 13.5% de pobreza y 15.4% de pobreza extrema respecto de 2021, es decir, cifras del 60.1% y 38.3% respectivamente. Junto a esto, se crearon cerca de 350,000 empleos y la tasa de desocupación (desempleo) bajó de 8.6% a 4.9%. El crecimiento económico fue sostenido, cercano al 4% los 4 años, en momentos en que el promedio de crecimiento de América Latina osciló el 2%, y se espera que, en 2026, Honduras, sea junto a Costa Rica, la segunda economía de mayor crecimiento en Centro América. La inflación tuvo su nivel más bajo en los últimos 8 años y los niveles de reservas internacionales en dólares superaron por primera vez en la historia los $10,000 millones.

Y al contrario de lo ocurrido con los gobiernos del Partido Nacional, para obtener estos resultados no fue necesario colocar un solo impuesto más ni aumentar la deuda pública. La única reforma fiscal propuesta en los 4 años fue la Ley de Justicia Tributaria para disminuir los excesivos privilegios fiscales de los más ricos, que no logró los votos suficientes ante el boicot de los grupos económicos. Y por el lado de la deuda pública, esta disminuyó cerca de 10 % del PIB, de 55.8% en 2021 a cerca del 46% en 2026, una disminución inédita.

La verdadera clave fue formular un presupuesto transparente, fortalecer los mecanismos de transparencia y veeduría social e invertir los impuestos del pueblo de forma honesta. El programa de inversión pública se duplicó, al pasar de un promedio del 4% del PIB al 9%, sumando en 4 años L267,743 millones.

Conclusión: una cortina de humo para el achicamiento del Estado

Frente a este escenario inobjetable, el nuevo ministro de finanzas tuvo que salir a aclarar que Honduras no se encuentra en una emergencia fiscal. Pero no parece que el Partido Nacional vaya a recurar en sus intenciones de fondo.

Ya que, lo que realmente se propone el Gobierno de Nasry Asfuera Zablah es: (i) reinstalar el marco legal e institucional que les permita de nuevo el saqueo de los recursos públicos, (ii) realizar recortes masivos de programas e instituciones públicas, (iii) despedir a miles de trabajadores vulnerando sus derechos laborales e (iv) instalar su agenda de privatizaciones a ultranza.

Solo la acción conjunta y coordinada del pueblo, gremios, sindicados, sociedad civil, pobladores, colectivos y fuerzas vivas nos garantizará la defensa efectiva de nuestros derechos conquistados.

* Ex Ministro de Finanzas de Honduras

La diputada nacional cuestionó con dureza el proyecto oficial, alertó sobre un posible desfinanciamiento de la ANSES y vinculó la iniciativa con exigencias del FMI. También se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y al financiamiento universitario.

La diputada nacional Lucía Cámpora lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a la que definió como “una ley que atrasa” y que, según advirtió, implica una pérdida concreta de derechos para los trabajadores.

“Es la ley de los paladines de la libertad que extrañan la esclavitud, porque ahora no vas a poder saber cuándo termina tu jornada laboral, si vas a tener horas extras porque las vas a dejar de cobrar, cuándo son tus vacaciones. Son todas cosas que causan mucho daño en el corto plazo”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó especialmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que describió como un mecanismo que traslada el costo de los despidos del empleador al Estado. “Las indemnizaciones se empiezan a pagar con plata que si no sería para los jubilados, así que va a redundar en el desfinanciamiento de la ANSES”, afirmó.

Para Cámpora, la reforma laboral sería apenas el primer paso de un esquema más amplio de cambios estructurales. “Después de esto seguro viene la discusión sobre que ya no se van a poder pagar las jubilaciones; entonces van a querer meter la suba de la edad jubilatoria”, alertó.

La legisladora también vinculó el proyecto con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. “Es una receta que viene a exigirle el FMI al gobierno de Milei. Están los comunicados con el pedido explícito de la flexibilización laboral, como también de subir la edad jubilatoria y recortar la AUH”, señaló. Y agregó que el Ejecutivo “no les puede decir que no porque cada tres meses necesita un rescate” y porque “están con la soga al cuello”.

En otro tramo de sus declaraciones, Cámpora se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista. “La meten presa a Cristina para poder hacer mierda a la gente. La necesitan presa para comprar más fácilmente a algunos que entraron al Congreso con el escudo justicialista y se quieren vender”, aseguró.

Asimismo, cuestionó a legisladores y gobernadores que, según planteó, facilitaron el quórum para tratar la reforma. “Hay gobernadores peronistas que mandaron a sus diputados a dar quórum, rasgándose las vestiduras en nombre de Perón y Evita, machitos del peronismo de las efemérides, y la presidenta del PJ que más se le planta a los poderosos, presa política”, afirmó.

Finalmente, la diputada también alertó sobre el proyecto del Ejecutivo para modificar la Ley de Financiamiento Universitario conquistada el año pasado. “Lo están queriendo vender como que es una ley de aumento de presupuesto universitario, pero en realidad es una ley de retroceso respecto a la ley que se había conquistado”, sostuvo, y llamó a “defender la ley que se conquistó en la calle con la comunidad universitaria y con la sociedad apoyando la universidad pública”.

Con el objetivo de fortalecer la producción local y ampliar sus canales de comercialización, el Gobierno bonaerense encabezó una ronda de negocios destinada a consolidar la presencia de productos PyME en los supermercados chinos, uno de los formatos comerciales de mayor alcance territorial en los barrios.

La iniciativa, promovida desde la Provincia como herramienta estratégica para dinamizar el mercado interno, reunió a 273 empresas que elaboran bienes finales destinados a góndola. El encuentro apuntó a generar vínculos comerciales directos entre productores bonaerenses y autoservicios chinos, facilitando su incorporación a nuevos puntos de venta de cercanía.

La actividad se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata y fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente Julio Alak; y el presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, Chen Xing.

Participaron empresas de los rubros alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, textil, calzado, artículos del hogar y ferretería. Cerca de dos tercios correspondieron al sector alimentario, lo que refleja el peso estratégico de esta actividad en la economía provincial. Además, el 40% de las firmas estuvo liderado por mujeres y más del 65% fueron pequeñas unidades productivas con menos de 20 personas empleadas, consolidando el protagonismo PyME.

Durante la apertura, Rodríguez destacó que la Provincia promueve estos ámbitos para garantizar “la interacción directa entre el sector productivo y el sector comercial”, y remarcó que se trata de “una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno y cuidar la producción y el trabajo bonaerense”. También subrayó que para los comercios representa la oportunidad de conocer nuevos proveedores, ampliar su oferta y sumar productos con identidad bonaerense a sus góndolas.

Desde la perspectiva empresarial, la ronda significó la posibilidad de abrir un canal adicional de comercialización en un contexto complejo, ampliando mercados y fortaleciendo emprendimientos locales. La iniciativa se enmarca en una política provincial más amplia impulsada por el gobernador Axel Kicillof, orientada a acompañar a la producción y sostener el entramado PyME bonaerense.

El cierre de la empresa Fate generó un fuerte cimbronazo en el ámbito político, económico y mediático. En ese contexto, la conductora Mirtha Legrand decidió pronunciarse al aire y lanzó duras reflexiones sobre el presente de la industria nacional y el impacto social de la medida.

Durante su programa en El Trece, Legrand se hizo eco de la información publicada en distintos medios sobre la decisión empresarial y la situación de los trabajadores afectados. Con visible preocupación, advirtió: “Según los diarios, van a pagar a sus empleados, pero no vuelven a producir… Es una empresa muy antigua”.

“Si fuera autoridad, estaría muy preocupada”

Lejos de limitarse a un comentario aislado, la conductora fue más allá y apuntó directamente al contexto general. “Yo, si fuera autoridad, estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran, es preocupante”, expresó con contundencia, dejando en claro su alarma ante el panorama industrial.

Además, calificó como “muy triste” la situación que atraviesan los 920 empleados afectados por el cierre, remarcando el costado humano de una decisión que, según informó la compañía, responde a “cambios en las condiciones de mercado”.

En la mesa también se analizó el escenario económico actual. El periodista Diego Sehinkman, del canal Todo Noticias, mencionó la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales internacionales y destacó el vínculo con China como socio estratégico.

Sin embargo, las palabras de Legrand marcaron el tono del debate: su preocupación no solo apuntó al caso puntual de Fate, sino a lo que considera una señal de alarma sobre el presente y el futuro de la producción nacional. El cierre reaviva así una discusión más amplia sobre la actividad manufacturera, el empleo y el rumbo económico del país.