El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto redobló este jueves sus críticas contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó que el Congreso de la Nación intervenga para declarar “nulo y viciado” el fallo ratificado por la Corte Suprema.

El jefe del bloque Encuentro Federal sostuvo que la sentencia contra la expresidenta representa un caso de “gravedad institucional” que amenaza el equilibrio de poderes y advirtió que coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad”. Según planteó, el Poder Legislativo cuenta con facultades para analizar y pronunciarse sobre una resolución judicial cuando existen irregularidades que comprometen su legitimidad.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Pichetto enumeró una serie de cuestionamientos al proceso judicial. Entre ellos, mencionó la incorporación de un juez proveniente de otro tribunal, el traslado de un fiscal que tenía como destino Rosario y las limitaciones que, según afirmó, tuvo la defensa para apelar. También cuestionó la participación de los jueces de la Corte Suprema al considerar que debieron excusarse debido a antecedentes de enfrentamiento político con el espacio de la exmandataria.

Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común.

Se alteraron las reglas…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) June 11, 2026

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, sostuvo el legislador.

Durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pichetto profundizó su postura y defendió la idea de que la actuación de un presidente debe ser evaluada mediante mecanismos institucionales específicos y no por la vía ordinaria. En ese marco, argumentó que el Congreso posee atribuciones inherentes para revisar situaciones excepcionales que afecten el funcionamiento de las instituciones republicanas.

El dirigente reconoció que su planteo generará controversias por involucrar el principio de división de poderes, aunque insistió en que el Parlamento tiene herramientas para intervenir cuando considera que existe una alteración del orden institucional.

Las declaraciones de Pichetto también reflejan un nuevo acercamiento político al peronismo y, particularmente, a Cristina Kirchner. Tras años de distanciamiento e incluso de haber integrado la fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019, el diputado volvió a tender puentes con la exjefa de Estado y máxima referente del peronismo. Ese reencuentro tuvo un capítulo significativo en febrero pasado, cuando ambos mantuvieron una reunión privada en el departamento de la expresidenta en el barrio porteño de Constitución.

Con este planteo, Pichetto se convirtió en una de las voces más firmes dentro del ámbito político en defensa de la nulidad de la condena contra Cristina Kirchner, impulsando un debate institucional que promete generar fuertes repercusiones en el Congreso y en el escenario político nacional.

El periodista macrista Baby Etchecopar se refirió al escándalo de corrupción que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ahora aseguró que descubrió 500 mil dólares de supuestas inversiones en bitcoin. Nunca antes había hecho referencia a esa fortuna. ¿Si tenía tantos ahorros por qué compró tantas propiedades como lo hizo?

“Es todo verso, es mentira, dejá de mentir Adorni, eras un laucha cuando trabajabas conmigo, no tenías un peso y tenías que levantar una hipoteca. Y ahora tenés 500 mil dólares en bitcoin”, aseguró.

“Dejá de mentir, tu mujer tenía todos los dientes chuecos. Dejen de mentir por favor, no nos tomen de boludos”, insistió el macrista.

La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La profundización de la crisis industrial argentina volvió a quedar expuesta con la decisión de Acindar de paralizar durante una semana su planta de Villa Constitución debido al derrumbe de las ventas y la acumulación de stock. La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La siderúrgica, controlada por el grupo ArcelorMittal, interrumpirá sus actividades entre el 15 y el 19 de junio, en el marco de un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Parte del personal adelantará vacaciones y otros operarios tomarán francos compensatorios mientras la empresa intenta adecuar su producción a una demanda cada vez más reducida.

Desde el sindicato advirtieron que la situación no es coyuntural, sino la continuidad de un proceso de retracción que se arrastra desde 2023 y que se agravó durante los últimos meses. “El mercado local está cada vez más deprimido”, alertó el secretario general de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, al describir el escenario que enfrenta la actividad metalúrgica.

La caída de la producción refleja la magnitud de la crisis. Actualmente Acindar produce entre 75.000 y 80.000 toneladas mensuales, muy lejos de su capacidad instalada de 140.000 toneladas. Esto implica que la planta opera por debajo del 60% de su potencial, un indicador que revela el nivel de ociosidad que atraviesa uno de los principales complejos siderúrgicos del país.

A la retracción de la demanda interna se suma otro factor que preocupa al sector: el aumento de las importaciones. Desde la UOM señalaron que el ingreso de acero chino y de manufacturas elaboradas con ese insumo está desplazando a la producción nacional en un mercado ya reducido. “El acero chino está inundando el mercado entre lo poco que se vende”, sostuvo González.

Frente a este escenario, la empresa busca incrementar sus exportaciones y avanzar en procesos de modernización para reducir costos y mejorar su competitividad. Sin embargo, desde el gremio advierten que estas transformaciones también implican una menor necesidad de mano de obra y generan incertidumbre sobre el futuro del empleo industrial.

Actualmente la planta cuenta con unos 800 trabajadores propios y cerca de 900 contratistas, aunque años atrás ambas categorías superaban ampliamente el millar de empleados. Además, alrededor de 50 talleres y pequeñas empresas de Villa Constitución dependen de manera directa de la actividad de Acindar, por lo que cada reducción en la producción impacta sobre toda la economía regional.

La nueva paralización de la acería santafesina se suma a una serie de señales que muestran el deterioro del entramado productivo nacional. Con el consumo en retroceso, la construcción estancada y una creciente presión de las importaciones, la industria enfrenta un escenario cada vez más complejo, sin perspectivas claras de recuperación en el corto plazo.

El diputado nacional aseguró que la ex presidenta enfrenta condiciones de detención “arbitrarias” y advirtió sobre el deterioro social y económico del país. También reclamó que Cristina Kirchner pueda volver a competir electoralmente.

Al cumplirse un año de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el diputado nacional Máximo Kirchner volvió a denunciar una maniobra de proscripción política contra la ex presidenta y cuestionó con dureza al Gobierno de Javier Milei, a la Corte Suprema y al poder económico.

Durante una entrevista televisiva, el líder de La Cámpora sostuvo que la situación judicial de Cristina no puede analizarse por separado del escenario político y social que atraviesa la Argentina. “Cuando anunció que iba a ser candidata por la Tercera Sección Electoral avanzaron de una manera descarada”, afirmó, en referencia a la condena y posterior prisión domiciliaria de la ex mandataria.

Máximo aseguró que Cristina enfrenta condiciones de detención más severas que las de otros condenados y apuntó especialmente contra las restricciones impuestas a sus visitas y el uso de tobillera electrónica. “Hay una situación de abuso de poder. Cristina hizo de la discusión pública, el debate y la política una forma de vida y hoy está sometida a condiciones que buscan humillarla”, sostuvo.

“La gente vive peor”

El diputado también vinculó la situación judicial de Cristina con el contexto económico actual y cargó contra la gestión de Javier Milei.

Según señaló, durante el último año empeoraron las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. “El transporte cuesta más caro y funciona peor, los servicios aumentaron, hay familias que necesitan dos, tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes y eso destruye la calidad de vida”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre el crecimiento de problemas sociales vinculados a la crisis económica. “La salud pública está en una situación crítica, se recortan medicamentos para jubilados, cayó la vacunación y cada vez más personas que tenían cobertura privada terminan recurriendo a hospitales públicos”, indicó.

También alertó sobre el impacto que la situación económica genera entre los jóvenes y sostuvo que el Estado no puede retirarse de áreas sensibles. “Si el Estado desinvierte en su sociedad, no nos va a ir para nada bien”, remarcó.

Críticas al FMI y al endeudamiento

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la deuda externa. Máximo Kirchner aseguró que la Argentina deberá reestructurar nuevamente sus compromisos financieros si pretende recuperar márgenes de crecimiento.

“Los recursos son finitos. Lo que se destina a pagar deuda es dinero que no va a hospitales, escuelas, universidades, jubilaciones o políticas de desarrollo productivo”, sostuvo.

En ese marco reivindicó decisiones tomadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como la reestructuración de la deuda y el aporte extraordinario a las grandes fortunas que financió parte de la infraestructura energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

Soberanía, industria y elecciones

Kirchner también cuestionó la dependencia económica de la Argentina respecto de los organismos internacionales y del escenario político estadounidense.

“Es increíble que estemos pendientes de quién gana una elección en Estados Unidos para saber qué va a pasar con nuestro país cuando tenemos recursos naturales extraordinarios”, afirmó.

Además criticó aspectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), advirtió sobre la falta de agregado de valor en sectores estratégicos y reclamó políticas para proteger la industria nacional y el empleo argentino.

Finalmente, reiteró que el objetivo político del kirchnerismo sigue siendo lograr que Cristina Kirchner recupere plenamente sus derechos políticos y pueda competir en futuras elecciones.

“Queremos una democracia plena y con Cristina en libertad. Si la sociedad quiere votarla, que la vote; y si no quiere hacerlo, que elija otra opción. Lo que no puede pasar es que millones de argentinos no puedan elegirla”, afirmó.

Y concluyó con una definición que sintetizó el posicionamiento de su espacio frente a la situación judicial de la ex presidenta: “Vamos a hacer todo lo posible para que Cristina pueda ser candidata. Nos vamos a dejar la piel y la vida para lograrlo. Vamos a pelear todo lo que tengamos que pelear”.

Finalmente, el Jefe de Gabinete y mano derecha de Karina Milei, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada en la que intentó justificar la adquisición de muchas propiedades y gastos descomunales en viajes de lujo. La explicación fue insólita: recordó que tiene inversiones millonarias en bitcoin.

En la última declaración como funcionario reflejaba bienes por solo u$s24.000. Recuerden que Adorni se jactaba de “no ser casta”.

Con la incorporación de los fondos ahora reconocidos, el patrimonio informado para ese mismo período se eleva a más de u$s530.000. Es decir, su patrimonio saltó 22 veces de la noche a la mañana. ¿Adorni no sabía que debía informar esos bitcoins? ¿No recordaba que tenía 500 mil dólares?

La titular del Senado apuntó directamente contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, al calificar como una “vergüenza” las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio.

A través de las redes sociales, Villarruel volvió a diferenciarse del círculo más cercano al Presidente y dejó una de sus críticas más contundentes contra un funcionario clave del Gobierno. Consultada por un usuario sobre una reciente entrevista de Adorni, la vicepresidenta fue tajante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El cruce se produjo luego de que Adorni intentara justificar distintos aspectos de su declaración jurada, un tema que ya había despertado cuestionamientos públicos por parte de Villarruel semanas atrás. En aquella oportunidad, la vicepresidenta había señalado que esperaba que el funcionario presentara la documentación correspondiente para aclarar la situación.

Pero el enfrentamiento no terminó allí. En otra interacción con usuarios, Villarruel apeló a la ironía para redoblar sus críticas. Al responder el mensaje de un seguidor que le pidió una “cascada de éxitos” por su cumpleaños, la vicepresidenta aprovechó para lanzar una indirecta contra el funcionario libertario: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, escribió, en alusión a las versiones que circularon sobre el origen de parte del patrimonio declarado por Adorni.

Las declaraciones vuelven a poner en evidencia el creciente distanciamiento entre Villarruel y el Gobierno nacional. Lo que comenzó como diferencias puntuales se transformó en una disputa cada vez más visible, con cuestionamientos públicos y señales de ruptura política entre los principales socios de la fórmula presidencial.

Durante una reciente visita a Rosario, la vicepresidenta también se había referido a su relación con la Casa Rosada y marcó diferencias de estilo con el oficialismo. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no respondería con faltas de respeto”, afirmó.

Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni, Villarruel volvió a despegarse de las decisiones del Ejecutivo. “Las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, sostuvo.

Con cada nuevo cruce, la relación entre Milei y Villarruel parece alejarse aún más de la convivencia institucional que exhibieron al inicio de la gestión, alimentando una interna que ya se desarrolla a cielo abierto dentro del oficialismo.

Tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada rectificativa y ensayó una defensa basada en una combinación de herencias, ahorros no declarados durante décadas y ganancias extraordinarias obtenidas con bitcoin.

La principal novedad fue su relato sobre una supuesta inversión temprana en criptomonedas. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200 mil dólares en bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a los 300 mil dólares, una operación que le habría permitido justificar más de medio millón de dólares incorporados ahora a su patrimonio declarado. “Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, relató durante la entrevista televisiva. Para el jefe de Gabinete, el valor de haber apostado por el Bitcoin entre 2014 y 2018 transformó a ese dispositivo de almacenamiento en una pieza de colección invaluable en su hogar.

La explicación llamó la atención incluso dentro del propio Gobierno, donde algunos funcionarios admitieron en privado su preocupación por el impacto político de un argumento que inevitablemente remite al universo de las criptomonedas en momentos en que el presidente Javier Milei continúa bajo presión por el escándalo vinculado a la megaestafa internacional de Libra.

Pero el relato de Adorni no se limitó al bitcoin. Durante una entrevista televisiva reconoció que durante años mantuvo ahorros sin declarar junto a su esposa. “Ahorramos toda la vida en negro”, afirmó, admitiendo públicamente una conducta que implicó la evasión de obligaciones fiscales.

Lejos de intentar minimizar esa confesión, el funcionario sostuvo que durante años consideró que mantener ahorros fuera de los registros oficiales era una forma de protegerse de las políticas económicas de gobiernos anteriores. Según explicó, recién ahora decidió regularizar esa situación mediante declaraciones rectificativas y el pago de impuestos, multas e intereses correspondientes.

Adorni también apeló a otros argumentos para reconstruir el origen de sus bienes. Mencionó dinero recibido tras la muerte de su padre en 2002, una herencia inmobiliaria y bienes registrados a nombre de su esposa que, según aseguró, “no aparecían correctamente reflejados en sus declaraciones” patrimoniales.

Las explicaciones llegaron además acompañadas por un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación. “Pensé en renunciar”, admitió durante la entrevista, aunque sostuvo que decidió permanecer en el cargo porque se considera víctima de acusaciones infundadas. “Me dolió un montón que me traten de chorro”, afirmó.

La presentación de la nueva declaración jurada se incorpora ahora a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que analiza la evolución patrimonial del funcionario. Mientras tanto, las sucesivas justificaciones —primero las herencias, luego los ahorros no declarados y finalmente las ganancias extraordinarias con bitcoin— continúan alimentando interrogantes sobre el verdadero origen de una fortuna que el propio Adorni reconoció haber mantenido fuera de los registros oficiales durante años.

Un informe forense elaborado por una división especializada en ciberdelito de la Policía Federal Argentina (PFA) incorporó nuevos elementos a la causa judicial por el caso $LIBRA y puso en cuestión uno de los principales argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei para desvincularse del proyecto.

El documento concluye que el 14 de febrero de 2025, a las 18:38, fueron creados mil millones de tokens $LIBRA y que, en ese momento, una única billetera concentraba el “control primario absoluto” del activo. Según el análisis, esa cuenta correspondía a la billetera fundacional del proyecto y estaba bajo control del equipo del empresario estadounidense Hayden Davis.

La conclusión adquiere relevancia porque contradice la versión sostenida por Milei, quien aseguró que al momento de promocionar la criptomoneda en redes sociales el activo ya era “público”. De acuerdo con el informe policial, cuando el Presidente publicó su mensaje, a las 19:01, $LIBRA todavía no estaba listada en ningún exchange centralizado y el contrato necesario para adquirir el token no se encontraba disponible públicamente en internet.

Los investigadores determinaron que durante las primeras horas la única manera de acceder al activo era contar con información provista directamente por el proyecto o recibir transferencias desde la billetera fundacional. La primera plataforma local en listar la criptomoneda fue Ripio, recién a las 21:40, más de dos horas después de la publicación presidencial.

La secuencia temporal reconstruida por la PFA resulta uno de los puntos más sensibles de la investigación: a las 18:38 se creó el token, a las 19:01 Milei difundió el contrato en sus redes sociales y recién a las 21:40 la moneda quedó disponible en una plataforma de intercambio reconocida. Horas después, el valor del activo se desplomó tras una extracción masiva de fondos desde la billetera inicial.

El expediente también incorporó información obtenida del teléfono de Mauricio Novelli, señalado como uno de los nexos entre el proyecto y el Presidente. Los peritajes revelaron comunicaciones entre ambos antes y después de la publicación del tuit. Ese mismo día, Novelli se encontraba en Texas junto a Hayden Davis, quien posteriormente reconoció haber estado reunido con personas vinculadas al entorno presidencial durante el lanzamiento.

Además, el análisis del dispositivo recuperó una imagen que haría referencia a un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares destinado a condicionar la actividad de Milei en redes sociales en los días previos al lanzamiento del token.

Si bien el informe es preliminar, sus conclusiones se suman a otras evidencias ya incorporadas a la causa y fortalecen las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía el Presidente acerca del origen, la administración y la distribución inicial de $LIBRA cuando decidió promocionar el proyecto. La investigación judicial busca determinar precisamente qué sabía Milei sobre el activo digital y quiénes controlaban efectivamente la operación en sus primeras horas de existencia.