Wado De Pedro y Elisabeth Gómez Alcorta viajaron a la provincia del norte argentino para denunciar la detención ilegal de la dirigente de la organización Tupac Amaru.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitó junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida hace seis años en Jujuy, y destacó la necesidad de “reconstruir una justicia que no persiga opositores”.

Desde su cuenta de Twitter, el titular de la cartera de Interior dio cuenta este martes del encuentro junto a una foto en la que aparece junto a Gómez Alcorta y Sala.

En ese marco, a través de una serie de posteos, “Wado” de Pedro afirmó que “es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno”.

“En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno”, recordó el ministro del Interior, tras el encuentro.

Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática. pic.twitter.com/D7vUNHQ6wK

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) January 18, 2022

Para el funcionario, se trata de “un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”.

Además, el titular de Interior señaló que “hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la justicia para armar causas en PBA”.

“En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno”, añadió el ministro, tras lo cual citó una publicación del diario Perfil.

En ese artículo, titulado “Filtran audios del Superior Tribunal de Justicia: `Milagro Sala no está detenida por sus delitos`”, se sostiene que los audios pertenecen a Pablo Baca, “quien dijo que los audios eran privados y fueron editados”.

Además, en el encuentro dialogaron sobre la “continuidad del hostigamiento que vive la referente social y los otros presos y presas políticas de Jujuy”, y sobre la situación en la que se encuentra la provincia, según informó la organización social Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala, en un comunicado difundido este martes.

Por su parte, Milagro Sala expresó: “Me siento satisfecha de que vengan dos integrantes del gabinete nacional a escuchar a los jujeños. Jujuy es una provincia que tiene muchísimos recursos y hoy está endeudada; pudimos comentarles lo que está pasando en relación a la criminalización de la protesta (en el distrito) contra cualquiera que critique al actual gobierno o reclame por sus derechos”, concluyó la dirigente social.

En tanto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y exabogada de la dirigente social agregó que el contexto actual “dejó al descubierto en otras provincias y a nivel nacional la intervención de los sistemas de inteligencia ilegales, del poder político, mediático y empresarial para la persecución y hostigamiento de otros dirigentes sindicales y sociales, algo que denunciamos desde el primer día, aquel 16 de enero del 2016”.

“Ya entonces decíamos que lo que estaba sucediendo en Jujuy era ese laboratorio, ese tubo de ensayo de la persecución y el hostigamiento a dirigentes políticos, en este caso a Milagro Sala”, recordó Gómez Alcorta.

La dirigente de la Tupac Amaru afirmó que el gobernador jujeño “busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo”.

Tras cumplirse seis años de su arbitraria e ilegal detención, la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala denunció que en Jujuy “sigue vigente la Gestapo” y señaló que “mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño”, el gobernador Gerardo Morales “continúa con sus grandes negocios”.

En declaraciones formuladas a AM 750, la dirigente social aseguró que “la Gestapo sigue vigente en Jujuy porque siguen avanzando contra los compañeros, pero no se puede permitir y que nadie haga nada”.

“Morales va por todo. Mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño, continúa con sus grandes negocios de litio, de marihuana, de la cámara de construcción, y sigue endeudando a la provincia”, subrayó Sala, quien añadió que el gobernador “maneja la Justicia”.

“Ahora quiere ser presidente cuando todos estamos viendo lo que se vive en Jujuy”, afirmó la detenida líder de la Tupac Amaru y agregó que si Gerardo Morales llegase a la Casa Rosada, “Argentina sería un país nazi”.

En ese marco, sostuvo que “pareciera que estamos viviendo en un gobierno de derecha donde nadie puede decirle nada a él y donde tiene el manto de la embajada de Estados Unidos para seguir avanzando contra todos nosotros”.

Por otra parte, Sala agradeció la solicitada en la que organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron su libertad.

En tanto, afirmó que “es una injustica muy grande” que el exasesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón este prófugo en Uruguay y que el expresidente Mauricio Macri “siga libre después de embargar el país con la deuda externa y los negociados” y después del “desastre que hicieron en Argentina”.

Finalmente, la dirigente sostuvo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no se tiene que pagar porque ningún argentino ha pedido ese préstamo o ha participado cuando dieron esa plata para la relección de Macri”.

“Considero que los argentinos deberíamos ir a una consulta popular para determinar si deberíamos pagar o no esa deuda”, completó.

Así lo adelantó el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y dijo que el objetivo es avanzar en la conectividad de las escuelas para “llegar al 90% de los pibes con Internet”.  

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este lunes que “vamos iniciar el año en el mes de marzo con más de 500 mil computadoras distribuidas a los chicos de la escuela secundaria pública”, al referirse a la restitución del Programa Conectar Igualdad, mientras que reafirmó la intención de garantizar la presencialidad durante el ciclo lectivo 2022.

Tras el relanzamiento del Programa Conectar Igualdad por parte del Gobierno nacional la semana pasada, el ministro adelantó que para fines de este año “vamos a llegar al 90% de los pibes argentinos con Internet en la escuela y a un millón y medio de computadoras distribuidas a los pibes de la escuela secundaria pública”.

En relación a la conectividad de las escuelas para que tengan acceso a Internet, el ministro señaló: “Vamos a conectar antes de que termine marzo 2.500 escuelas más”.

Anunciamos #ConectAREscuelas, un nuevo programa de conectividad para garantizar internet para todas las escuelas públicas del país. Entre enero y marzo sumaremos 2500 nuevas escuelas; y en el transcurso de 2022 se conectarán en total 13.500 establecimientos escolares. pic.twitter.com/JjZ48NpYpo

— Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) January 13, 2022

También recordó que todas las plataformas educativas con dominios edu.ar tienen libre navegación desde los celulares por un acuerdo entre la cartera educativa y el Enacom.

A su vez, remarcó: “Nosotros vamos a trabajar para que pueda haber navegabilidad, para que los chicos puedan tener acceso porque es un derecho educativo”.

Legisladores de distintos bloques políticos se expresaron sobre los distintos temas que podrían ser considerados en la agenda legislativa durante el verano.

Ante la posibilidad de una convocatoria a Sesiones Extraordinarias en el Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, legisladores de distintos bloques políticos se expresaron sobre los distintos temas que podrían ser considerados en la agenda legislativa durante el verano.

Daniel Arroyo, del Frente de Todos, indicó que “el Plan Plurianual; el acuerdo con el FMI y algunos temas como la modificación del Consejo de la Magistratura” podrían ser parte del temario y anticipó “un trabajo intenso en lo que queda de enero y en febrero en el Congreso”.

A su vez, remarcó la importancia que tendría llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Un acuerdo razonable con el FMI que nos permita crecer y después pagar. Eso va a tener que suceder y creo que va a tener que tener consenso prácticamente de todo el Parlamento”, expresó.

Por su parte, Jimena Latorre, de la UCR, consideró que “los temas económicos y productivos seguramente serán los que nos convoquen a Sesiones Extraordinarias”. En este sentido, enfatizó que estos temas “no pueden esperar y de esta agenda dependen muchas decisiones que se tienen que tomar de forma urgente”.

No obstante, la diputada puntualizó que también “puede haber otros temas que pueden no ser urgentes, pero sí importantes” y en ese sentido se podría empezar a “trabajarlos y a debatirlos en esta ampliación del calendario”.

La Provincia imputó de oficio a Andrómaco y SC Johnson & Son por los productos “Dermaglós Solar” y “Off!” por presuntas infracciones a la ley de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, como falta al deber de información y publicidad engañosa.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, imputó de oficio por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial a los Laboratorios Andrómaco S.A., por su crema “Dermaglós Solar” y a la empresa SC Johnson & Son Argentina, por su repelente “Off!”, dos productos ligados a la prevención de enfermedades y al consumo estacional en una temporada récord para el Turismo bonaerense. 

Las supuestas infracciones, por falta al deber de información y publicidad engañosa, fueron detectadas por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.

En los relevamientos realizados por la Provincia, se constató que la empresa Laboratorios Andrómaco S.A. publicita en sus productos para la protección solar (Dermaglós Solar FPS 30, FPS 40 y FPS 50 Envase familiar de 380 ml) un supuesto “30% regalo” indicando en la parte superior del envase, resaltado, de color amarillo y letras mayúsculas.

Sin embargo, de la investigación efectuada no resulta posible determinar en forma clara, detallada y suficiente en qué consiste el “beneficio” publicitado, ya que, por ejemplo, no se informa si se trata de una cantidad extra en el contenido del producto; si se trata de un porcentaje de descuento sobre el precio de dicho producto o; si el envase es un 30% más grande que otro de iguales características y que posee idéntico valor. De esta manera, las y los consumidores no cuentan con la información necesaria y suficiente al momento de realizar la compra.

Además, la empresa no puede garantizar el precio en góndola que permita a las y los consumidores acceder al supuesto beneficio, generando, por lo tanto, un engaño: el “regalo” no existiría, pero induciría a las y los consumidores a comprar un producto en condiciones equivocadas.

En el caso de la imputación a la empresa SC Johnson & Son de Argentina, por su repelente de insectos “Off! extra duración”, la Provincia constató la infracción por publicidad engañosa en el marco de la normativa relacionada a Lealtad Comercial, que garantiza la transparencia en las relaciones comerciales y el acceso a información esencial sobre productos y servicios comercializados.

En el rótulo del envase, la empresa destaca en su parte superior, en color amarillo y letras mayúsculas, la inscripción “tamaño económico 50cm3 gratis”, mientras que en el reverso destaca “290 cm3 al precio de 240 cm3”. Sin embargo, la empresa no puede garantizar que en todo punto de venta el envase de 290 cm3 sea vendido al valor de 240 cm3.. Además, en los relevamientos provinciales no fue posible identificar en góndola el envase de 240 cm3 o su valor unitario, para poder verificar el supuesto beneficio para quien lo consuma.

Se persigue, de esta manera, evitar que las y los consumidores, por medio de inexactitudes o de publicidades poco claras y engañosas, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos o servicios. Y proteger el derecho de las y los consumidores a tener una información adecuada, completa y veraz en sus relaciones de consumo.

Desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios destacan que, en ambos casos, se trata de productos destinados al uso familiar y la protección de la salud, especialmente en época de verano y de altas exposiciones a los riesgos de las radiaciones solares y las picaduras de insectos.

Las empresas han sido notificadas y poseen 5 días hábiles e improrrogables, para presentar su descargo.

Con temperaturas extremas, diferentes barrios porteños y del conurbano se encuentran afectados por falta agua y electricidad.

En otro día con calor extremo, la jornada comenzó con nuevos cortes de luz que dejaron sin suministro eléctrico a más de 150 mil usuarios en la Ciudad y el Conurbano bonaerense, incluida la propia Residencia Presidencial de Olivos. De acuerdo a los registros oficiales, la cifra de afectados descendió, pero todavía hay más de 61.000 personas sin servicio.

A lo largo de la mañana, miles de usuarios volvieron a tener luz, pero pasado el mediodía, eran más de 61 mil los afectados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que estaban sin electricidad, según datos difundidos por el Ente Regulador de Energía (ENRE). En el área del servicio que presta Edenor, los cortes impactaban, pasadas las 15, en unos 11.477 vecinos y vecinas de varios partidos bonaerenses, mientras que los principales puntos fueron Olivos, Vicente López, y Carapachay.

A su vez, los usuarios afectados por Edesur, eran 49.959 de los barrios porteños de Boedo, Flores, Liniers, Mataderos, Parque Chacabuco y Parque Patricios, y localidades del sur del Conurbano como Avellaneda, Almirante Brown, Lanús y Lomas de Zamora.

Fuentes oficiales informaron que el fuerte apagón que inauguró la jornada de viernes afectó principalmente a la zona norte de AMBA: San Isidro, Vicente López y Olivos, y los barrios porteños de Palermo y Belgrano, que se encuentran dentro del área concesionada por Edenor.

Hizo lugar a dos reclamos judiciales y solicitó que se realice una evaluación ambiental estratégica antes de que comiencen las tareas de exploración.

La titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, pidió la suspensión “de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrredón, que fueran oportunamente dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resolución N°436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.

En ese marco, solicitó que antes de que comiencen las acciones de exploración se realice una evaluación ambiental estratégica, para asegurar que su aprobación no infrinja la normativa en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Las acciones de amparo, que darían lugar a la medida cautelar y en caso de aprobarse frenarían la exploración inminente frente a las playas de la Costa Atlántica, fueron presentadas por un ciudadano particular y por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.

Ambas peticiones coincidían en la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.

Por un lado, la acción iniciada por un ciudadano, oriundo de Mar del Plata, solicitaba la suspensión de las actividades de exploración sísmica, “hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública” y se garantizara la “efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental” y en la toma de decisiones.

El ciudadano pedía que intervengan la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.

Serán, en su mayor medida, industrias ubicadas en el AMBA. El objetivo es evitar que se repitan los cortes masivos de los últimos días.

El gobierno nacional acordó con las grandes industrias una reducción del consumo de energía eléctrico en los horarios pico, a fin de evitar el colapso del sistema de distribución y una afección con grandes cortes de luz en la actividad residencial.

El acuerdo fue producto de una reunión que en las últimas horas mantuvieron funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de la Producción con representantes del sector empresario y de las industrias ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El secretario de Energía, Darío Martínez, explicó que la medida fue adoptada para evitar traspasar el pico de demandas y sufrir cortes masivos como los que hace días afectaron a buena parte de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que solo en el ámbito porteño dejaron a 700 mil usuarios sin luz.

Y se refirió a la combinación de dos aspectos que agravan el contexto actual. “Una fuerte ola de calor extremo y un consumo algo debido al aumento de la actividad económica” de los últimos meses, indicó el funcionario.

“Hemos pedido el acompañamiento y la solidaridad del sector industrial que mayor energía demanda, alrededor del 30 por ciento, para que morigeren el consumo en horarios pico”, puntualizó Martínez durante una rueda de prensa.

La medida será aplicada por las empresas que no tienen un ciclo continuo de producción (24 horas sin descanso) y que puedan disminuir su ritmo de demanda energética entre las 13 y las 16 horas, aproximadamente.

El consumo residencial, la prioridad

“Es una decisión que tiende a poner en prioridad el consumo residencial”, puntualizó Martínez y aclaró: “Lo que queremos en esta primera instancia es que se reduzca la demanda de energía y en ese sentido el sector dio una señal de acompañamiento a la decisión tomada por el presidente” Alberto Fernández.

La razón por la cual se convocó a la industria es porque se trata del sector que más recuperó la producción en los últimos meses, tras las aperturas de actividades que habían sido “cerradas” por la pandemia de coronavirus.

“En noviembre de 2021 hubo un crecimiento de la actividad industrial del 9,7 por ciento, con lo cual alrededor del 68 por ciento de la capacidad instalada está en plena producción”, argumentó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien acompañó a Martínez en sus declaraciones.

En este ciclo de “crecimiento y reactivación económica muy importante”, añadió Martínez, “se generó una demanda muy importante que, combinada con una ola de calor extremo, se llegó a valores récords de consumo. Ya llegamos a un pico histórico de 28.550 megas, todo un récord”.

La Justicia porteña decidió la liberación del médico Eduardo Ángel Yahbes, de 79 años. Tenía un consultorio en el barrio de Palermo. Son más de 250 certificados falsos.

La Justicia porteña liberó este miércoles al médico que emitía certificados falsos para evitar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y a su secretaria, con la que trabajaba en un consultorio ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de imputarlos e indagarlos en la causa, informó hoy el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires (MPF).

Eduardo Ángel Yahbes, de 79 años, fue detenido ayer tras un allanamiento policial en su consultorio ubicado en Coronel Díaz al 1700, acusado de la emisión de estos certificados para que las personas que no querían darse la vacuna contra el Covid-19 pudieran asegurar que no lo hacían por una causa médica.

Mientras se realizaban las aprehensiones, un grupo de pacientes mantuvo algunos incidentes con los efectivos que concurrieron al operativo, ya que se oponían a la captura del médico.

Tanto al médico como a su secretaria se le realizaron este miércoles las audiencias indagatorias y tras negarse a declarar ante el auxiliar fiscal Santiago Almeida quedaron imputados “por emisión de certificados falsos y violación de medidas contra la pandemia, según los Arts. 295 y 205 respectivamente del Código Penal”, precisó a través de un comunicado MPF. Posteriormente, fueron dejados en libertad.

La causa sigue en investigación y la Unidad de Flagrancia Este encomendó al Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal el peritaje de computadoras y teléfonos secuestrados en el día de ayer.

Hasta el momento se sabe que el médico emitió certificados a por lo menos 250 personas, con el siguiente contenido: “Dejo constancia que contraindico para (…), DNI (..) la aplicación de las denominadas vacunas contra Covid, debido al hallazgo de elementos nocivos para su salud en su composición y a los graves efectos adversos incluida la muerte, según los registros oficiales”.

En todos los casos se utilizó la misma indicación médica sin especificar las patologías y/o condiciones clínicas de las personas que podrían justificarla, indicó el MPF. También explicó que “Yahbes se halla registrado como médico con especialidad en pediatría, egresado de la UBA, y si bien su matrícula está vencida con fecha 1/01/2021, la misma se encuentra vigente por prórroga dispuesta en el marco de la pandemia por Covid19”.

Asimismo, una inspectora del Ministerio de Salud refirió que bajo ningún punto puede estar brindado los certificados, y que el domicilio de la calle Coronel Diaz que funcionaba como consultorio, carece de habilitación para tal fin.

Entre otras condiciones, la libertad con restrictivas incluye la prohibición de salir del país sin autorización y prohibición de concurrencia al consultorio mientras dure el proceso judicial.

El gobierno bonaerense informó que buscarán alejarlos de la atención al público y, en caso de no contar con el aval, deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas.

Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que realicen atención al público en espacios cerrados y no cuenten con el pase sanitario que acredite las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, deberán ser reubicados o testearse cada semana para poder cumplir con sus tareas.

El Pase Libre COVID-19 no solo es obligatorio en restaurantes, bares y eventos masivos, entre otras actividades; sino también en la administración pública y por ello quienes no dispongan de él deberán dejar de atender directamente al público.

Las autoridades sanitarias provinciales indicaron que se les reasignarán nuevas tareas alejadas a la gente y en los casos en que no sea posible el traslado deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas.

Así lo detalló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en una conferencia de prensa desde Miramar, donde confirmó además que la Provincia adhiere al nuevo esquema de aislamiento para contactos estrechos de positivos sin síntomas. “Hay una actualización del Pase Libre COVID-19: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”, explicó el ministro.

El funcionario informó además que desde la entrada en vigencia del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre último, se realizaron más de 20 operativos donde se inspeccionaron unos 260 locales gastronómicos, recreativos, bancos e instituciones públicas. Los distritos donde se realizaron estos operativos de control de pase fueron La Plata, San Vicente, Quilmes, Avellaneda, General Pueyrredón, San Isidro, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Berazategui, Moreno, Morón.