Tras una reunión con empresas productoras de lácteos y supermercados, la ministra Silvina Batakis firmó un acuerdo para la incorporación de 120 productos a la canasta de Precios Cuidados.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, firmó este jueves un acuerdo con empresas productoras de lácteos y supermercados para la incorporación de 120 productos de ese rubro a la canasta de Precios Cuidados.
En el marco del acuerdo con el sector lácteo, la ministra Batakis destacó el “diálogo con el sector para llevar certidumbre a los consumidores y a los productores”, al tiempo que remarco la importancia de “la ampliación, no sólo en el volumen total, sino en la diversidad de productos y la cantidad de pymes y marcas adheridas” al programa Precios Cuidados.
El acuerdo para incorporar 120 productos lácteos a Precios Cuidados fue rubricado, además de Batakis, por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani; el director nacional de Lechería, Arturo Videla; el presidente de Apymel, Pablo Villano; el presidente de Centro de la Industria Lechera (CIL); Ercole Felippa; y el representante de JPL, Octavio Bermejo Hilger.
En el encuentro también participaron representantes de empresas lácteas y supermercados.
(Foto: Prensa Min de Economía)
En un comunicado, el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, dijo que “éste es un acuerdo con un buen equilibrio entre las partes que nos permite ordenar y planificar”.
También subrayó que el convenio “prevé triplicar de 1,8 millones de litros de leche fresca a 5,5 millones”.
Los empresarios del sector lácteo también ponderaron el entendimiento alcanzado con el Gobierno nacional, al que consideraron “inédito”, y llamaron a “continuar con el trabajo en conjunto con todos los actores del sector”.
A partir de este acuerdo voluntario, que regirá hasta el 7 de octubre próximo, se aumentarán los volúmenes mensuales de la leche refrigerada y larga vida, de la manteca, la crema de leche y todas las variedades de queso.
El total de leche cruda equivalente asciende de esta forma de 27 millones de litros a 32 millones de litros en relación al acuerdo 2021.
Desde el Palacio de Hacienda aseguraron que “se trata de una canasta de mejor calidad y más representativa del consumo familiar que incorpora 40 nuevos productos, entre los cuales se encuentran distintas variedades de leche, queso cremoso, manteca, dulce de leche, yogures, queso untable y muzzarella”.
Este entendimiento refuerza, además, el aporte de las pymes y suma 19 nuevas marcas.
Así, del total de 34 empresas proveedoras, 20 son pequeñas y medianas empresas. Asimismo, los supermercados se comprometieron voluntariamente a adquirir a las empresas lácteas los volúmenes establecidos.
Al sumar los productos lácteos se completa nuevamente la canasta de Precios Cuidados, ya que la renovación del programa anunciada el 7 de julio pasado incluyó productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas; junto con una canasta de frutas y verduras.
De esta forma, la cantidad total que contempla la canasta asciende a alrededor de 1.070 productos.
(Foto: Prensa Min de Economía).
Para esta etapa que se extiende hasta el 7 de octubre, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre en el caso de los productos de almacén.
En tanto en productos lácteos será del 4,9% en julio; 3,3% en agosto y 2,8% en septiembre, con lo que el total promedio será de 9,1% para el trimestre.
La medida contempla una serie de excepciones que incluyen al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.
El Gobierno oficializó este viernes a través del decreto 426/2022 que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación.
Sin embargo, el decreto plantea una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.
Al enumerar qué tipo de contrataciones quedan congeladas, el decreto menciona “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional; “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164” (contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); como también “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.
Este jueves se observó la convivencia entre efectivos de la Policía de la Ciudad y manifestantes que cortaron la calle Rodríguez Peña con consignas violentas contra la vicepresidenta.
Manifestantes que se identificaron como “autoconvocados” arrojaron basura, patearon las puertas y treparon a las ventanas de la sede del Instituto Patria mientras uno de ellos amenazaba con matar en “la horca” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de un megáfono.
Todo esto ante la mirada de la Policía de la Ciudad que comanda el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, cuyos efectivos pasaron a saludar a los manifestantes.
El grupo de personas se concentró pasadas las 17hs frente al edificio ubicado en la calle Rodríguez Peña 80, en el barrio porteño de Congreso, y allí empezaron a arrojar basura sobre la puerta de acceso al edificio, que estaba cerrada, mientras que el individuo del megáfono decía “Cristina, ahora te toca la horca, es el único camino para deshacernos de vos”, frente a varios agentes de la policía porteña.
Llama la atención el "fraternal" saludo de un policía porteño al manifestante que lideraba al grupo minúsculo mientras otro arrojaba basura pic.twitter.com/LCqOG4kjAy
— El Argentino Diario (@ElArgentinoOk) July 21, 2022
La protesta se extendió por más de una hora y, si bien reunió solo a una veintena de personas, incluyó el corte de la calle, mientras se sucedían las amenazas del tenor de “Te vamos a ahorcar acá, delante del Instituto Patria y, si no, delante del Senado”, que fueron realizadas por la persona que portaba el megáfono y que parecía liderar la manifestación.
La situación se prolongó hasta cerca de las 18hs, con frases intimidatorias como “los vamos a buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos”, en una sucesión de amenazas de muerte que fueron grabadas en video por un periodista que pasaba por el lugar y que fueron difundidas desde el sitio web y en la edición impresa del diario de distribución gratuita El Argentino.
Las amenazas de muerte contra la vicepresidenta, que desde hace varios años tiene oficinas en el Instituto Patria, se sumaron al ataque a piedrazos contra los ventanales de su despacho en el Senado de la Nación del 10 de marzo, mientras que el símbolo de la horca ya apareció en varias marchas opositoras de fuerte contenido antikirchnerista.
La decisión se tomó durante la reunión de gabinete económico que encabezó la ministra de Economía, Silvina Batakis, que se extendió por espacio de más de dos horas en el Palacio de Hacienda.
Los turistas extranjeros podrán vender en entidades financieras autorizadas (bancos o casas de cambio) hasta US$ 5.000 al tipo de cambio MEP, en el marco de las nuevas medidas implementadas por el Gobierno nacional como incentivo para que liquiden sus divisas en el sistema oficial.
La medida permitirá a los turistas la venta de moneda extranjera en entidades autorizadas a operar en el mercado de cambio con la presentación de la documentación identificatoria utilizada para el ingreso al país.
La cotización que se utilizaría como referencia será la del denominado dólar Bolsa o dólar MEP, que al cierre de la jornada de este jueves marcó un valor de $321,5.
La decisión se tomó durante la reunión de gabinete económico que encabezó la ministra de Economía, Silvina Batakis, que se extendió por espacio de más de dos horas en el Palacio de Hacienda.
Durante el encuentro también se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos.
La medida -instrumentada por el Directorio del Banco Central- contempla el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen, hasta el 27 de junio de 2022, y que arribaron al país bajo el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) vigente hasta dicha fecha.
La medida comenzará a regir el 1 de agosto. El boleto mínimo de colectivo pasará a costar $25.20
El Ministerio de Transporte inició la instancia de consulta ciudadana para que todos los usuarios y usuarias de transporte público puedan expresar sus opiniones y propuestas, respecto al proyecto de modificación de los cuadros tarifarios de los servicios, que propone un aumento de 40% tras tres años de congelamiento.
Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 469/2022 que tiene como objetivo garantizar los principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad de todos los argentinos, tal como lo marca el artículo 42 de la Constitución Nacional.
De este modo, se convoca invita a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas durante tres días hábiles, a partir de este viernes a través de la web www.argentina.gob.ar/transporte. El contenido de las audiencias públicas serán publicadas y no tendrán carácter vinculante.
El transporte público de pasajeros tanto automotor como ferroviario a nivel nacional, constituyen servicios públicos, cuyas pautas tarifarias deben ser establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, desde la cartera de Transporte indicaron que “resulta oportuna la implementación de una instancia de participación ciudadana para que la ciudadanía se exprese en la modificación de los cuadros tarifarios aplicables a los servicios en cuestión, y así garantizar los principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad de todos los argentinos y argentinas”.
De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional.
Legisladores nacionales de distintos bloques políticos analizaron el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, presentado por el Poder Ejecutivo. El proyecto de Ley promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías de menor impacto ambiental para la movilidad.
Gabriela Lena, diputada del Bloque UCR-Entre Ríos, consideró: “En términos generales es algo en lo que tenemos que avanzar (en relación a la electromovilidad), son temas como los de nanotecnología y las nuevas tecnologías, que nos vienen llevando nuestro país para adelante”.
En tanto Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos-Córdoba, expresó: “Nosotros, dentro de las potencialidades que tenemos como país, justamente es una enorme cantidad de litio a procesar, la posibilidad de seguir cuidando el medioambiente es fundamental”.
También, el diputado destacó el ámbito de la educación y la formación en dichos temas, mencionando la importancia de “Aprovechar el conocimiento que surge de tener personal especializado por la promoción que se viene haciendo de carreras de ingeniería”.
De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, y la nueva ley obligaría también al Estado Nacional a respetar cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autotransporte de pasajeros.
Del lado de la demanda, el proyecto establece la creación de un Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio de un vehículo y el equipo de recarga, además, los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes personales.
Legisladores de distintos bloques políticos se refirieron al régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador, presentado por el Poder Ejecutivo, luego de que un plenario de comisiones recibiera a representantes y referentes del sector agroindustrial para analizar la iniciativa.
En declaraciones con el canal oficial de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Cervi, de Evolución Radical, aseguró que le medida “es importante” y consideró que “así como se aprobó hace unas semanas el proyecto de las inversiones automotrices, la actividad agrícola también comparte algunas cuestiones, como la dificultad de amortizar las inversiones que se hacen”. En ese sentido, Cervi explicó la problemática de los saldos de IVA en el caso de la actividad del sector: “Al comprar al 21% y vender al 10,5% de IVA tiene saldos que no se recuperan”, expresó.
“Son cuestiones que hacen a la viabilidad del negocio que entendemos que son importantes, pero el proyecto que envió el Ejecutivo también contempla las creaciones de registro y de mayor burocracia que son cuestiones que hay que revisar”, agregó.
Por su parte, Daniel Arroyo, del Frente de Todos, destacó el rol de los bloques federales para la aprobación del proyecto. “El Congreso hoy es: nosotros, que somos 118 diputados, Cambiemos son 116, y hay un conjunto de bloques provinciales, federales, en el medio que terminan definiendo que se hace. Esos bloques creo que actúan con mucha racionalidad, que cuando les parece algo correctamente, como el tema de Boleta única, hacen articulación con la oposición, y cuando creen que hay otras cuestiones que son positivas, como algunas leyes que han votado con nosotros, nos acompañan”, indicó.
“Entiendo que, en este caso, debería acompañar por lo menos una parte importante de los bloques de provincias del interior la Ley de Agroindustria”, finalizó Arroyo.
Actualmente, el proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial, que busca promover el incremento de la inversión y el empleo; impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, ya está siendo trabajado por las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria, con miras a obtener dictamen para poder ser tratado en el recinto.
En el marco del debate, el plenario recibió días atrás a representantes y referentes del sector agroindustrial, entre los que estuvo el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins. En su exposición, Martins consideró que el proyecto “lo que implica, y lo que a nosotros nos parecía oportuno traer a la mesa, es la industrialización”. En ese sentido recalcó la importancia de “ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones con valor agregado”.
“Somos muy eficientes en exportar productos primarios, creo que hoy tenemos la obligación de ver cómo agregamos valor, porque esto tienen una fuerte implicancia en la generación de divisas y eso es lo que va a ayudar a estabilizar una macroeconomía”, agregó.
A su turno, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, resaltó el “aliento a la producción, el aliento al empleo y la promoción al federalismo”. Y también destacó: “Las economías regionales estamos directamente vinculados a la inclusión porque damos mucho empleo por las características de nuestras producciones. Este proyecto alienta el asociativismo en los servicios, elemento fundamental para tener escala”.
En aquella reunión, además estuvieron presentes Alfredo Paseyro (gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos-ASA), Jorge Chemes (presidente de Confederaciones Rurales Argentinas-CRA), Matías Lestani (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina-SRA), legisladores, representantes del consejo agroindustrial argentino, referentes del sector, entre otros.
En medio de la cruzada entre el Gobierno y la Corte Suprema, tanto en las redes sociales como en todo el país se viralizó la frase “Con Cristina no se jode”.
En una semana marcada por el video que publicó Cristina Fernández de Kirchner, titulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia“, donde la vicepresidenta cargó contra el “Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, tanto las redes sociales como varias paredes del país aparecieron con una nueva consigna: “Con Cristina no se jode”.
Desde este martes en varios puntos del país, se pudieron observar diferentes pintadas en apoyo a la ex presidenta.
Además de las pintadas, en las redes sociales cuentas de organizaciones políticas, y distintos usuarios también se viralizaron flyers y mensajes de apoyo a Cristina.
El gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Una investigación que surgió a partir de una causa judicial provincial, reveló que el gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Según especificó el periodista Franco Mizrahi para el portal El Destape, entre las víctimas figuran concejalas con fueros que fueron vulnerados, dirigentes gremiales y militantes sociales. Las tareas de inteligencia las realizó la policía local a pedido de un fiscal provincial. ¿El objetivo? “Individualizar a los referentes de cada organización” que se manifestó contra el gobernador el 1 de abril pasado durante el acto de apertura del año legislativo de la Cámara de Diputados de Jujuy, cuando Morales dio un discurso.
“Siendo las 8:00 horas se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”, se lee en el acta que da inicio a las actuaciones sumarias. La orden de infiltrarse la dio el día previo el fiscal Diego Funes, quien encomendó la tarea a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, es decir, al propio gobierno de Morales.
El objetivo fue “proceder a la individualización e identificación de los dirigentes y de las personas que tomen asistencia a los miembros pertenecientes a los distintos movimientos y se recepcione denuncia a los individuos que resulten víctimas de los diferentes inconvenientes que susciten”. Es decir, ya había una presuposición de que habría “inconvenientes”. Para realizar este procedimiento se “conformaron diversas comisiones” en la policía local.
En el marco de esta causa, el 6 de julio se realizaron 16 allanamientos en casas de los referentes y sedes de los movimientos sociales espiados. Una de las allanadas es la concejala de Calilegua, Fani Martínez, de la Tupac Amaru, a quien le vulneraron los fueros. “A ella le allanaron la casa. El allanamiento para los legisladores establece que primero se los debe imputar, luego indagar y finalmente se les puede hacer un allanamiento, por única vez. Nada de eso se respetó”, explicó la abogada de Martínez, Alejandra Cejas.
Martínez no fue la única concejala a la que le violentaron los fueros. Lo mismo sucedió con la concejala Lorena Alfaro del bloque FORJA, quien integra el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En su caso, le hicieron inteligencia, le sacaron fotos y hay un expediente con sus datos particulares. Pero no actuó ningún juez de control en el proceso contra ella.
La causa judicial iniciada por el fiscal Funes continúa abierta. Este martes, por ejemplo, la Justicia inició el análisis de los equipos secuestrados por la policía de Morales durante esos 16 operativos. Parece una “excursión de pesca” en pos de ver qué se encuentra ya que la investigación se inició sin una denuncia concreta.
¿Qué se investiga? Según un comunicado que emitió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño el 6 de julio, el día de los 16 allanamientos, se investigan “hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias”. Es decir, se investiga una supuesta extorsión y una asociación ilícita por la presunta denuncia de damnificados. Pero la forma en que se inicia la pesquisa fue falseada por el MPA en su comunicado.
El propio Funes mintió al día siguiente, el 7 de julio, cuando ante la prensa sostuvo que el caso se inició “a raíz de diversas denuncias que pusieron en conocimiento de la autoridad policial y de la Fiscalía que en algunos casos personas vulnerables social y económicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso que no asistieran a marchas o no pagaran una suma de dinero para las organizaciones”.
El expediente da cuenta de que las actuaciones se iniciaron de oficio por voluntad del fiscal Diego Funes el 31 de marzo pasado cuando ordenó la infiltración de las organizaciones y no por denuncias de supuestos damnificados. Los presuntos “damnificados” se fueron a buscar a la manifestación con la infiltración de las organizaciones. “Las denuncias las armaron posteriormente”, explica Cejas.
Es tal la desprolijidad de la justicia jujeña que los abogados defensores de las personas que fueron espiadas recién pudieron acceder el expediente el pasado 15 de julio. Es decir, tres meses y medio después de iniciado el caso. Allí se toparon con las órdenes de infiltración y las fichas de los dirigentes políticos, sociales y sindicales.
“Desde fines de marzo hasta los allanamientos no sabíamos que existía este expediente”, afirmó a este medio el abogado Luis Paz, quien defiende a tres integrantes de la Tupac Amaru, a un integrante del Movimiento Evita y a otro militante del Frente de Organizaciones por la Liberación, que son solo algunos de las decenas de espiados. “Lo que revela esta causa es que en Jujuy, las libertades de reunión, expresión y de protesta están seriamente comprometidas por el avance grotesco de Morales y su Poder Judicial”, añadió el letrado.
Dado la gravedad de este expediente, en el que se vulneraron los derechos más elementales, se analiza el pedido de nulidad de todo lo actuado, realizar una denuncia contra el fiscal Funes y otra contra Morales en la justicia federal por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
La infiltración
En la causa quedó registro de una cronología casi minuto a minuto de la manifestación de las organizaciones. Por ejemplo, se informa qué agrupaciones llegan primero a la evento del 1 de abril, cuántos militantes son y demás detalles. A la vez, tal como consta en el expediente, se anexaron “informes con fotografías” de los asistentes a la manifestación.
Por eso, a lo largo del expediente pueden verse fotografías e identificación de los referentes de las diversas organizaciones que participaron de la marcha del 1 de abril. Entre los espiados aparecen concejales con fueros, dirigentes de ATE y del SEOM (el gremio que nuclea a los Empleados y Obreros Municipales), la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), exdiputados provinciales del FIT, militantes del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de UTEP, del Polo Obrero, de la CCC y la lista continúa.
En diversos casos, a la imagen se acompaña DNI, dirección y hasta el Facebook de los “objetivos”. También hay un anexo fotográfico con imágenes de los locales partidarios y hasta de las viviendas de los “investigados”.
Personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, que estaba a cargo del comisario general Marcelo Rodríguez, llevó adelante la “identificación” de los manifestantes.
“Es todo ilegal. No hay delito. No hay un denunciante”, explica la abogada la abogada Alejandra Cejas. “El fiscal ordena que la policía se infiltre en las organizaciones y vea qué saca. Así aparecen en el expediente estas fotos de casi toda la dirigencia opositora a Morales. Y la policía dice que, en el marco de la infiltración, habló con personas que no se animan a denunciar pero que dicen que sufrieron delitos. Esa sería la base de la supuesta extorsión”, añade la letrada en diálogo con este medio.
A esto se suma que el 13 de abril pasado el abogado Luis Paz presentó un habeas corpus colectivo porque las organizaciones estaban denunciando la presencia policial en las puertas de sus sedes y en las casas de sus referentes. “Ante esa presentación, la Justicia respondió que no había una investigación en proceso. Entonces ¿qué están haciendo? Inteligencia”, grafica Cejas.
“La revelación de este expediente y el uso de prácticas de infiltración de las fuerzas de seguridad provinciales develan la alta complicidad y las relaciones espurias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación”, señala Luis Paz. Y aclara: “Digo esto porque el expediente se inicia de oficio a través de una agencia policial, que depended exclusivamente del ministerio de Seguridad, o sea de Gerardo Morales, y que fue creada en 2016 y puesta en funcionamiento en 2018 con la finalidad de perseguir delitos de narcomenudeo. Tenía como una de sus herramientas la infiltración pero a organizaciones mafiosas de narcotráfico”.
Esto implica que hubo una manipulación de una agencia creada para otra cosa para infiltrar a organizaciones políticas, sociales y sindicales.
“Han violado preceptos constitucionales muy claros”, afirma Cejas. Y advierte: “Jujuy es un laboratorio donde la derecha ve qué puede hacer para luego llevarlo a todo el país”.
Por tal motivo, la abogada adelantó que están “trabajando en una defensa técnica y política”. “Acá no solo discutimos el Código de Procedimiento de Jujuy. Se violaron normas nacionales e internacionales de primer nivel, que son la esencia de nuestra democracia”, sentenció.
Se trata de Teresa María Luján Scorza, agente de la Comuna 4 de la Policía porteña, que fue reconocida por una de las víctimas durante un procedimiento de reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo a principios de julio
La Justicia ordenó la detención inmediata de una integrante de la Policía de la Ciudad acusada de encubrir a otros policías por el crimen de Lucas González, el adolescente baleado en Barracas en noviembre de 2021, y de torturar a a tres amigos del joven.
La policía, Teresa María Luján Scorza, revista en la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4 de la Policía porteña, y fue reconocida por una de las víctimas durante un procedimiento de reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo a principios de julio.
El arresto de Scorza fue ordenado por la jueza de Instrucción Paula González, quien avaló el requerimiento elevado por el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella. Fuentes judiciales estimaron que la policía sería indagada este miércoles.
El medio Página12, repasó que en diciembre del año pasado, Gómez Barbella ya había solicitado la detención de Scorza y otros dos policías, Santos Ochoa y Damián Ezequiel Lobos. En esa ocasión, el juez de instrucción Martín del Viso no hizo lugar al pedido al considerar que, “más allá de sus posibles permanencias físicas en el sitio donde se detuvo a las víctimas”, no había elementos que hagan suponer “la eventual participación” de esos policías en el crimen.
Sin embargo, a principios de este mes, uno de los amigos de Lucas, Joaquín Zuñiga Gómez, identificó a Scorza en un reconocimiento fotográfico. El joven explicó que fue ella quien,“cuando tenía los brazos esposados por detrás me agarró el dedo para desbloquear el teléfono” y le revisó el celular. “Me decía dónde tenía la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal. Todo el relato era con ironía”, detalló.
Por ello, en su dictamen el fiscal consideró acreditado que Scorza “fue una de las mujeres policías que le produjo sufrimientos psíquicos a Joaquín Zuñiga Gómez mientras se encontraba ilegítimamente detenido”. Para Gómez Barbella, la policía incurrió en “encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el ilícito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada al tratarse de un funcionario público que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido torturas impediría una eventual condena en suspenso”.
Para el fiscal, existe riesgo de que las víctimas, sus familiares y los testigos del crimen sean presionados por Scorza, quien como integrante de la Policía podría rastrear a las víctimas y dar con ellas. En la causa, recordó el fiscal, ya se denunciaron en más de una ocasión intimidaciones a víctimas y sus familiares.
