Con duras críticas al máximo tribunal, la vicepresidenta lanzó un video titulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”.
Bajo el título “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, este lunes Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes un video con que encierra las últimas dos décadas de la Corte Suprema de Justicia.
El informe comienza con la cadena nacional que a poco de asumir realizó el ex presidente Néstor Kirchner, y anunció que “enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella corte que formaban la popularmente conocida “mayoría automática””, en propias palabras de CFK.
En ese sentido, Cristina recordó que a partir de ese mensaje de Néstor, el máximo tribunal llegó a ser catalogado “por propios y ajenos como una Corte ejemplar”, selló la ex presidenta.
Más adelante, denunció los vínculos de un sector del Poder Judicial con el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que “los argentinos y argentinas deberán saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida con esta Corte y este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución”.
“Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad“, alertó, y enfatizó que “todos los partidos políticos de la Argentina, de izquierda a derecha, pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano: el de construir como hizo Néstor Kirchner en 2003, con apenas el 22% de los votos, y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo“.
Por último, Cristina Kirchner justificó su demanda en que hay “un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen que coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.
Así lo señaló Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, ex tripulante del ARA San Juan, y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas.
Luego del polémico fallo que sobreseyó a Mauricio Macri por el presunto espionaje ilegal entre 2017 y 2018, familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan volvieron a repudiar el fallo de la Justicia federal. El expresidente fue beneficiado por la Cámara Federal porteña, que no rechazó el espionaje, sino que lo justificóbajo el polémico argumento de que estaba en riesgo la seguridad del entonces jefe de Estado.
“Parece que ni siquiera leyeron la causa”, “copiaron y pegaron la defensa de Macri”, “es repugnante a nuestra Constitución Nacional y leyes”, “el argumento se cae por su propio peso”, “desde que supimos que los jueces que nos tocaron pensamos en que iban a buscar la manera de ayudar al expresidente”, lanzó Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, extripulante del ARA San Juan, y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas, en declaraciones radiales.
Para los magistrados, las tareas de espionaje que desplegó la AFI desde su base en Mar del Plata se justificaron porque lo que estaba en riesgo era la seguridad del entonces presidente o razones de seguridad interior.
En ese sentido, el abogado querellante reveló que el fallo fue “sorpresivo”, pero no por el resultado final, sino “por los términos que se emplearon”. “La prueba del espionaje que sufrimos fue tan contundente que tuvieron que inventar que estuvo justificada en razón de la seguridad presidencial. Algo que lo que hace es sumar gravedad a la cuestión. Porque nuestra Constitución Nacional es clarísima, la ley de Inteligencia es clarísima, la ley de seguridad interior”, advirtió.
Luego, Tagliapietra añadió: “Desde este punto, legalizar el espionaje a ciudadanos comunes con esta justificación no solo es grotesco, es repugnante a nuestra Constitución y leyes, a los tratados internacionales de Derechos Humanos. Como si fuera poco, estos jueces parece que ni siquiera leyeron la causa, porque desconocen pruebas importantísimas donde está demostrado que las actividades de espionaje que sufrimos nada tuvieron que ver con la seguridad de Macri”.
El especialista explicó que la AFI puede actuar ante un peligro inminente, pero tiene que notificarlo ante un juez. Es decir, puede instrumentar sus acciones, pero en cuanto pueda, tiene que notificar las tareas para que se controlen. “Esto no pasó nunca en todo un año. Se cae por su propio peso ese argumento”, dijo. Y sobre otro punto, cuestionó: “¿Un menor de ocho años que fue seguido y fotografiado qué riesgo puede representar para la seguridad del Presidente?”
Esto abre un nuevo argumento que invalida el fallo de los jueces: “La seguridad de Macri dio cuenta cómo funciona la seguridad del Presidente. Nos dijeron contundentemente que ellos no pidieron en ningún momento a la AFI ninguna tarea de espionaje o vigilancia sobre nosotros. También dicen que nunca recibieron ninguna información de la AFI. Estos jueces dicen esto porque copiaron y pegaron el planteo de la defensa de Macri que está sustentado en el propio relato del expresidente que no está obligado a decir la verdad”.
El entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.
La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos a los comicios y que debía tener como destino real a desocupados.
La desproporción y el volumen de la maniobra clientelar quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población.
La causa judicial arrancó por una investigación del medio Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González, que a su vez instruye la causa por delegación de la jueza con competencia electoral María Servini.
El expediente investiga la utilización por parte del gobierno anterior de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, que implementó el despliegue en todo el país de 130 mil bonos de $ 5000 cada uno supuestamente orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.
La administración macrista jamás anunció públicamente la puesta en marcha de ese programa pese a su magnitud y alcance nacional, no lo publicó en el Boletín Oficial ni abrió registro alguno para que pudiesen inscribirse posibles beneficiarios. Sica sólo aludió al bono clandestino una vez que este diario publicó varias notas al respecto y cuando la magistrada ordenó suspender los pagos a mediados de octubre de 2019, a falta de diez días para la elección presidencial general, por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista que pudiese violar el código electoral.
Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que en esa provincia más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio habría cobrado el bono. La acusación iba un paso más allá de las sospechas originales según las cuales el beneficio orquestado por el entonces gobierno nacional había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales, para señalar que al menos en la provincia norteña se había utilizado para comprar la voluntad de autoridades de mesa con vistas al proceso electoral.
Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.
El primer dato inquietante del estudio realizado por el órgano judicial señala que más de la mitad de los 2992 fiscales de Juntos por el Cambio inscriptos para los comicios de 2019 presentaron documentos de identidad inválidos. Ese factor obligó a reducir el análisis sobre 1209 autoridades partidarias con su DNI en regla (que participaron en las PASO, las generales o en ambas instancias), lo que a juicio de los investigadores sugiere que “el número de fiscales encontrados entre los beneficiarios del bono podría ser mayor” al expuesto en la pericia.
Al momento de las PASO el bono, de acuerdo a la investigación, todavía estaba en etapa preparatoria y restaban dos meses para su instrumentación formal mediante la resolución 1177. No obstante en los registros de la Justicia electoral relevados por los peritos fueron hallados 140 fiscales como perceptores del bono sobre un total de 590 que actuaron para Juntos por el Cambio.
Mientras que para las generales (27 de octubre), cuando la norma de Empleo ya tenía casi un mes de publicada y a pesar de que el 18 de octubre la jueza Servini había prohibido que continuara su otorgamiento, el informe dejó plasmado el dato más impactante: casi la mitad de los fiscales de la oposición, 243 sobre un total de 503, estaban registrados como perceptores del bono clandestino.
El número es incluso más contundente si se toman en cuenta los fiscales que actuaron en ambas elecciones: de un total de 116, se constató que 74 (63%) cobraron el beneficio que en la provincia tramitaban punteros de la oposición. Para tener una dimensión más clara de la desproporción en el reparto de beneficios entre los fiscales, el entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.
El informe también relevó los datos aportados por el denunciante Caraballo. En su presentación original, el letrado formoseño había suministrado un listado de 756 fiscales que supuestamente habían cobrado el bono, lo que le permitía inferir que más de la mitad de los partícipes de la elección a cargo del monitoreo para JXC estaban entre los beneficiarios. Los peritos judiciales constataron de manera plena ese aporte: el 95,77% de los nombres que figuraban en su denuncia había sido beneficiario del bono clandestino.
Más allá del resultado de la pericia, sus responsables le sugirieron al fiscal Ramiro González que “procure identificar los números de DNI del 59% de los fiscales (cuyos documentos aparecieron como inválidos), debido a que con ese dato será posible efectuar el entrecruzamiento en su totalidad”. Para los expertos, esa constatación podrá incluso elevar el porcentual de beneficiarios entre las autoridades de mesa de JXC. El funcionario judicial deberá para entonces nacionalizar la pericia para constatar si la maniobra de clientelismo se llevó a cabo en otros distritos, como sospechan los apoderados del Frente de Todos que radicaron la denuncia en base a la investigación de este diario.
La causa tiene como imputados a los exministros de Cambiemos Dante Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito); al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al programa de asistencia); al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados, junto a Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.
Durante la tramitación de la causa, que tuvo en sus manos el fiscal federal Jorge Di Lello hasta su muerte, en febrero de 2021, declararon varios intendentes de distritos gobernados en 2019 por el peronismo en los que el bono era ofrecido por sus rivales y candidatos opositores sin conocimiento de las autoridades locales y por fuera de los canales oficiales.
Desde entonces el expediente entró en un proceso de letargo (también murió en julio de 2021 el primer denunciante, el entonces apoderado del PJ Jorge Landau) y el actual responsable de la instrucción, el fiscal González, acotó por el momento la pesquisa al análisis de una posible infracción de índole electoral, es decir de menor gravedad que lo que representaría la utilización de fondos públicos para el montaje de una maniobra de clientelismo a nivel nacional.
La legisladora porteña destrozó al diputado de La Libertad Avanza por sus faltas al Congreso. Mirá el video.
Ofelia Fernández estuvo en “SDTV” y se refirió a las constantes inasistencias del diputado libertario Javier Milei a la Cámara de Diputados, incluso a las sesiones relacionadas a cuestiones fiscales que, se supone, son de su interés.
“Yo jamás he faltado a una sesión. Si yo faltara a la Legislatura como Milei falta al Congreso… Tenés que ir a las sesiones y a las reuniones de comisión, es la única obligación del funcionario. Y a él le pareció que por ahora no. No presenta proyectos, no va a las sesiones… ¿Para qué es diputado?”, se preguntó Fernández.
“Me da gracia lo que dice de Batakis. No sé si vio el currículum de su amiga Pato Bullrich, porque mucho sector privado tampoco tiene, así que es un poco arbitrario el criterio de Milei para definir quién es casta y quién no”, espetó en Sobredosis de TV de C5N.
La legisladora del FDT apuntó también contra el periodista antik, Nelson Castro: “Es un militante que tiene un espacio en la televisión, fin, ellos defienden un interés en particular…”, sentenció.
En el primer semestre del año la producción nacional de automóviles y utilitarios sumó 243.698 unidades, lo que marcó un aumento de 25,9% en comparación con los 193.580 vehículos del mismo período del 2021.
Las automotrices nacionales atraviesan un proceso de incremento de producción que les está permitiendo incorporar nuevos turnos de trabajo para abastecer la demanda creciente del mercado local, y en particular el de exportación, acompañado de la concreción de inversiones y desarrollo de nuevos modelos.
Durante el primer semestre del año, la producción nacional de automóviles y utilitarios sumó 243.698 unidades, lo que marcó un aumento de 25,9% en comparación con los 193.580 vehículos del mismo período del 2021.
En una misma tendencia, entre enero y junio pasado se exportaron 140.049 vehículos, equivalente a una mejora de 29,8 % interanual frente al mismo lapso del año pasado cuando se despacharon 107.877 unidades.
A la espera de la sanción del proyecto de ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, que contempla beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031, las marcas vienen registrando un sendero creciente de fabricación y estiman cerrar el año en torno a las 500.000 unidades, todavía lejos del récord de 840.000 vehículos de 2013.
Este actual desempeño llevó a casi todas las automotrices a revisar al alza sus proyecciones de producción y, en consecuencia, a decidir la implementación de más turnos de trabajo, que en cada caso pueden representar entre 300 y 500 nuevos empleos, de alta capacitación y remuneración.
De esta forma buscará producir más de 180.000 unidades de la pick up Toyota Hilux -también fabrica la SUV SW4-. Actualmente la planta trabaja al máximo de su capacidad para dos turnos, con una producción de 167.000 vehículos.
Mientras la marca analiza desde hace dos años la posibilidad de tener que ampliar su planta industrial para dar lugar a una producción mayor, la nueva pauta de unidades proyectadas para 2023 permitirá destinar el 80% de las unidades a la exportación a 23 países de la región.
Otra automotriz, Renault Argentina, inició el primer lunes de julio su segundo turno de producción la terminal que posee en la provincia de Córdoba, con la incorporación de 300 trabajadores.
Allí el objetivo es incrementar 50% la producción de los modelos Sandero, Stepway, Logan y Kangoo.
Así, la marca alcanzará en 2022 unas 47.000 unidades, un 76% más que en 2021, sin contar la producción de la pick up Alaskan con la cual sumará un total de 77.000 vehículos. Para impulsar la producción de la pick up, Renault incorporó a fines del año pasado 120 nuevos colaboradores.
Con el incremento de producción, la automotriz francesa buscará elevar la exportación del modelo Kangoo a Colombia y a México, y prepararse para nuevos mercados que podrían confirmarse en el corto plazo.
De manera similar, Nissan Argentina -marca que junto a Renault realizó en los últimos años una inversión de US$ 700 millones en la planta de Santa Isabel- también está sumando un segundo turno de trabajo.
La marca está en pleno proceso de incorporación y capacitación de 550 trabajadores para sus líneas de fabricación de la pick Nissan Frontier, con lo cual proyecta producir en 2023 unas 50.000 unidades al año, un volumen similar al acumulado de los últimos 4 años, de los cuales el 65% de los vehículos serán para ser exportados a países de la región.
Otra de las terminales que analiza sumar para fines de 2022 y comienzos de 2023 un segundo turno de producción es Fiat Argentina -integrante del Grupo Stellantis- para su planta de Córdoba, donde produce el sedán Cronos, el auto más vendido de la Argentina en 2021 y en lo que va del presente año.
Con la misma perspectiva de atender la demanda local y de exportación, Fiat prevé alcanzar este año en su parque industrial la producción de 83.000 unidades, de las cuales 47.000 serán para exportación, con un alza de 33% interanual.
Otra firma que forma parte de Stellantis, la francesa Peugeot,proyecta incrementar la producción del nuevo 208 que fabrica en la planta de El Palomar, modelo que -junto al Cronos- registró para el grupo un incremento del exportación del 90% en el primer semestre de 2022.
Esta nueva SUV permitirá duplicar la producción alcanzada por Chevrolet en 2021, para lo cual la marca prevé continuar este año con un único turno de producción, en el que también fabrica el modelo Cruze.
En similar sentido, Ford Argentina incrementó este semestre un 25% la capacidad de producción en la planta de General Pacheco de donde sale su pick up Ranger, en el marco de una inversión de US$ 580 millones que aún se encuentra en proceso.
El proyecto contempla la incorporación de 400 trabajadores en la planta, con el objetivo puesto en comenzar a producir en 2023 la nueva generación de la pick up Ranger, de la cual destinará el 70% de las unidades a exportación.
Por último, Volkswagen Argentina cerró el primer semestre con un crecimiento del 20% de la producción y de un 5% en las exportaciones, con un volumen de fabricación diaria y ventas a la región más alto desde 2018.
Para sostener este incremento de la producción contrató 400 nuevos trabajadores para los dos turnos con los que cuenta en su planta bonaerense, y puso en marcha un plan de inversión de US$ 250 millones hasta el 2026.
Dicha inversión se destinará para la renovación de la pick up Amarok, el comienzo del montaje de motocicletas Ducati en Córdoba y un proyecto de localización de piezas para el modelo Taos
Así lo aseguró este lunes el jefe de Gabinete Juan Manzur, “con la idea de avanzar en cada una de las realidades provinciales, evaluar las economías regionales y escuchar lineamientos de política económica”, agregó.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, anticipó este lunes que algunos gobernadores firmarán este el mediodía con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el inicio de “obras troncales muy importantes para la Argentina”, en el marco de una reunión con la funcionaria que será a “agenda abierta”.
El ministro coordinador se refirió de esta manera al encuentro que Batakis mantendrá desde las 12.30 con un grupo de mandatarios provinciales en el Palacio de Hacienda.
“Algunos gobernadores vienen a firmar el inicio de obra en sus provincias y, en ese contexto, vamos a tener una reunión con Batakis, en la idea de avanzar en cada una de las realidades provinciales, evaluar las economías regionales y escuchar lineamientos de política económica”, dijo Manzur.
En declaraciones formuladas antes de ingresar a la Casa Rosada, el titular de la mesa ministerial planteó que se trata de “obras troncales, muy importantes para la Argentina”, y agregó que esos avances se evaluarán en “reuniones que se van a ir encadenando con otros gobernadores esta semana y la próxima”.
Al respecto, Manzur señaló que esa tarea se iniciará este lunes con “tres o cuatro gobernadores” a “agenda abierta”.
Sobre el temario de esos encuentros, indicó que “hay una dinámica que se está llevando adelante, que es la que queremos profundizar, y esto va a ser parte del diálogo con los tres, cuatro gobernadores, y después seguiremos conversando con cada uno de los restantes”.
Juan Manzur
Acerca de la situación económica, Manzur apuntó que “la situación es compleja y en ese contexto se busca fortalecer la dinámica de las provincias y tiene que ver con un plan de obras públicas muy ambicioso y que no se detenga”.
Además, afirmó que “felizmente la capacidad instalada de la industria está llegando casi al 70%, valores más que aceptables, y es lo que estimula para poder conservar los niveles de empleo y aumentar los hasta ahora niveles récord en exportación”.
También se refirió al “inicio de la temporada invernal con el turismo, superando todas las expectativas que teníamos”.
En ese marco, destacó que hay “lugares que están superando el 90% de ocupación y eso es trabajo y movilidad de la economía”.
El jefe de Gabinete hizo también referencia a las “dificultades que tuvimos con la provisión de gasoil y prácticamente ya está abastecida toda la Argentina, lo vamos monitoreando día a día y vamos a seguir en este sendero de crecimiento”.
Sobre la segmentación en los subsidios a la electricidad y gas, recordó que el viernes se abrió la inscripción con el lanzamiento del formulario para “seguir con la ayuda del Estado” y afirmó que de esa forma “se busca cerrar brecha y generar equilibrio, y tiene que ver con la justicia en la asignación de recursos”.
Manzur indicó asimismo que la situación es “extremadamente compleja y Argentina no es una isla en el marco de una economía globalizada que sufre los impactos de situaciones internacionales” como la guerra en Ucrania.
“Hay países que no tenían inflación desde hace 40 o 50 años y ahora están asombrados por los niveles y esto Argentina también lo sufre”, reiteró.
El mandatario inauguró una nueva temporada de Tecnópolis. “¡Qué suerte que todos los años podamos recordar aquí lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo de la Argentina!”, señaló.
El presidente Alberto Fernández llamó este domingo a las familias a “conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología” y aseguró que “el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento”, al participar en la reapertura de la megamuestra que disfrutaron más de 52 mil personas.
“Vienen unos días de vacaciones de invierno donde yo quiero que esto se llene de familias que vengan a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, en materia de educación, en ciencia y tecnología”, dijo el primer mandatario cuya presencia no formaba parte inicial de la grilla de autoridades confirmadas y que sorprendió a los presentes recorriendo por más de una hora el predio de Villa Martelli y haciendo numerosos altos para sacarse fotos y saludar a la gente.
Fernández destacó que cuando Argentina invierte en estos sectores “lo hace convencido de que estamos invirtiendo en el futuro del país”, siendo Tecnópolis una oportunidad para poder comprobarlo de una manera lúdica y divertida.
“El día que hace 11 años se fundó Tecnópolis, (la vicepresidenta) Cristina (Fernández) siempre cuenta que fue porque no le dejaron hacer esto en” la Ciudad de Buenos Aires (CABA), dijo y añadió: “¡Qué suerte que no la dejaron, qué suerte que haya quedado este predio, qué suerte que todos los años podamos recordar aquí lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo de la Argentina”.
Fernández compartió el acto junto a los ministros de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer; de Mujeres, Géneros y Diuversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Antes de participar de la inauguración de la onceava edición de la muestra que este año lleva el lema “Argentina soberana, creando futuros”, el presidente afirmó ante la prensa que “tenemos problemas que solucionar, como la inflación, pero la Argentina tiene futuro y tenemos que construirlo entre todos”.
“Nosotros vamos a seguir trabajando mucho porque esa es nuestra misión. Nos han dejado un país quebrado. Con mucho esfuerzo, en medio de una pandemia, de una guerra, nos estamos recuperando”, apuntó a su ingreso a la muestra de la que participan más de 60 organismos e instituciones del Estado.
La edición 2022 de Tecnópolis, que estará abierta al público hasta fines de octubre, podrá visitarse de miércoles a domingos de 12 a 19, durante el receso invernal.
A partir de agosto, el parque de Villa Martelli podrá recorrerse de jueves a domingos.
Luego de las palabras oficiales, el público pudo disfrutar de un imponente espectáculo de apertura en la explanada de General Paz con dirección artística de UOW, que contó con la participación de la Banda Tambores de Tacuarí del Regimiento de Patricios, la compañía Malevo, un gran elenco de bailarines y música en vivo a cargo de DJ Villa Diamante.
La tradicional cuenta regresiva en las pantallas del Arco, dio la bienvenida a las y los visitantes para disfrutar de la primera jornada de la megamuestra que una hora y media después de su apertura había registrado más de 52 mil ingresos.
La propuesta de Tecnópolis este año, en consonancia con el cuadragésimo aniversario de la Guerra de Malvinas y los 100 años de YPF, es pensar la soberanía como motor para la construcción de futuros.
En la megamuestra, se abordará la soberanía ambiental, cultural, tecnológica, energética, productiva y alimentaria, así como la educación, la inclusión, la solidaridad, la igualdad y la ampliación de derechos.
Una de las principales atracciones es el Asombroso Parque de Zamba y Nina que invita a las infancias y sus familias a conocer y divertirse con Zamba, Nina, San Martín, Belgrano y Juana Azurduy, entre otros.
Las niñas y niños también podrán disfrutar de Flotante, un espacio de arte y exploración destinado a niños y niñas desde los 6 meses.
Otra de las novedades, es la ampliación del Laboratorio de Artes Electrónicas, un espacio que exhibe instalaciones de artes digitales, y ofrece talleres de robótica, videojuegos, música y performances.
En línea con el lema de esta edición, el Parque invita a descubrir la muestra “El mar como territorio”, un gran espacio de exploración interactivo por las aguas argentinas que busca reflexionar sobre la soberanía marítima.
El Ministerio de Ciencia también presenta dos nuevos espacios lúdicos para aprender a través del juego y la experimentación: uno de ellos es “Identidades sin límites – Un viaje de humanidad”, una muestra que busca construir y deconstruir la historia evolutiva y de migraciones de la humanidad, mientras que “Imaginación”, por su parte, invita a explorar la nanotecnología, la robótica, la programación y la inteligencia artificial.
“Lo vivimos con decepción” señalaron en un comunicado firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.
La querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del submarino ARA San Juan expresó este viernes su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje, y calificó la decisión como un “golpe judicial”.
“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.
Y agregan: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.
Asimismo, recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional”.
“Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos”.
Estudiantes de distintas escuelas de arte de la Ciudad protestaron contra el Ministerio de Educación porteño por la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas
Este jueves, estudiantes de distintas escuelas de arte de la Ciudad protestaron contra el Ministerio de Educación porteño y las autoridades del Gobierno de la Ciudad respecto a la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, la oposición a las pasantías obligatorias (ACAP), el recorte presupuestario educativo, la calidad de las viandas en las escuelas y condiciones edilicias de las escuelas.
Valentina Mencia, estudiante e integrante del centro de estudiantes del Rogelio Yrurtia (Cebary), explicó a Télam que parte de sus reclamos tienen que ver con mejoras en las condiciones edilicias. “Tenemos una fuga de gas y nadie vino a repararlo”, alertó.
“El colegio se está cayendo a pedazos, la conexión eléctrica es mala, los enchufes no andan, hay cables pelados que caen en el techo, las escaleras no tienen luz solar y las luces quemadas no se cambian”, explicó, y agregó que “por un lado son las condiciones edilicias y, por otro, las condiciones de las viandas”, aseveró.
“Cada día recibimos un sándwich y una fruta. Las frutas vienen o muy maduras o podridas, y los sándwiches tienen mucho sabor a plástico, cosa que antes no pasaba. Cada vez vienen menos cantidad y más chicos”, explicó en diálogo con Télam, y agregó, “más allá de las viandas queremos comedores gratuitos en todos los colegios porque los pibes no tendrían que elegir si ir al colegio o comer”.
Por otro lado, parte del reclamo que se hizo presente tiene que ver con las Actividades de Aproximación (ACAP) propuestas por el gobierno porteño, en donde participan alumnos de escuelas secundarias de quinto año, de gestión estatal y privada, que tienen como objetivo introducir a los y las estudiantes al mundo laboral mediante un sistema de pasantías que comenzó a implementarse este año en algunas escuelas y comenzarán de manera obligatoria a partir del año entrante.
“Para las pasantías quieren agregarnos horas de clase para mandarnos a trabajar, y el problema principal es que el trabajo es gratuito y no hay una posibilidad de remuneración ante eso. Es mano de obra gratuita”, expresó Mencia.
“En algunos colegios, para una de las ACAP les tocó ir a hacer las viandas para otras escuelas. Te terminan cortando horas de clase y no te reconocen los viáticos”, concluyó.
Por su parte, Lucia Rinaldi, estudiante e integrante del Cebary, explicó a Télam que el reclamo nace por “los golpes bajos que nos están dando por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires”, y consideró que “no se puede estudiar si directamente nos están sacando de las aulas para ir a trabajar para empresas públicas o privadas. Es trabajo infantil, es un delito”.
“Las ACAP están planeadas para no tener que pagarle a los empleados y sacar a los pibes del aula para ir a laburar”, expresó.
Respecto a las condiciones de las viandas que reciben en los colegios, Rinaldi detalló que las viandas son sándwiches que “no sabes qué tienen. No llenan, son diminutivos, pueden tener hongos, pelos, y no son nutritivos”.
En tanto, respecto a la resolución de CABA de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, Rinaldi dijo que es una medida “absurda” y que “es negarle la identidad a un montón de nuestres compañeres y vulnerar su derecho a quién quieren ser”.
Además, también explicó que es persecución para los docentes, quienes “no pueden opinar, porque sino pueden tener problemas”.
“Queremos que se cumplan consignas de carácter básico que se necesitan para poder estudiar en un lugar digno y en una escuela con las condiciones adecuadas”, expresó a Télam Jeremías Bianchi, vicepresidente del colegio Fernando Arranz.
“Si bien es una movilización que empezó el colegio de danzas Jorge Donn, con el Fernando Arranz, tenemos pensado seguir luchando entre colegios artísticos y técnicos y todo colegio que quiera sumarse para este tipo de movilizaciones. Conseguimos que colegios como el Yrurtia, el Arranz, o la Técnica 27 se sumen a la movilización”.
Bianchi, por su parte, aseguró que necesitan de espacios en “condiciones adecuadas”.
Y remarcó la necesidad de un “estudio sin el ruido interminable de obreros y de su polvo y, sobre todo, la necesidad de la difusión de lo que hoy está siendo la educación en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.
Luego de que el proyecto de modificación de la Ley 27.551 obtuviera dictámenes en las Comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron al tema.
En declaraciones con el canal oficial de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, del bloque Pro, indicó que “hay que partir de la base de que la regulación del tema de los alquileres es posiblemente una de las regulaciones más difíciles, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero”. Y explicó que esto ocurre porque “en la medida que uno quiere proteger a los locatarios, termina logrando un efecto contrario y es que los propietarios retiren las viviendas del alquiler. Y en la medida que quiere proteger a los propietarios, lo que consigue es que los locatarios tengan cada vez más dificultades para acceder al alquiler”.
En ese sentido consideró: “Es muy difícil encontrar un punto de equilibrio. Claramente la Ley 27.551 no fue ese punto de equilibrio y por eso es necesario modificarla”.
“En lo que a mí respecta, soy partidario de darle a las partes la mayor libertad posible para que entre ellas negocien y acuerden lo que les resulte conveniente”, agregó.
Por su parte, Carlos Selva, del Frente de Todos” consideró que “hay una situación de crisis en el sistema inmobiliario, que fue bien plateada” e indicó: “Nosotros vamos a priorizar, desde la visión que tenemos desde el bloque, la situación de los inquilinos”.
“En un proceso inflacionario como el que estamos, en una crisis como la que tenemos y con la pérdida del poder adquisitivo, decir que el alquiler vuelva a insumir un porcentaje cada vez mayor del nivel salarial, de los ingresos familiares, es algo que no vamos a compartir”, finalizó.
La discusión en torno a la iniciativa se dio en el marco de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se firmaron dos dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y uno de minoría, que unificó las posturas de Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas. Previamente, se realizaron reuniones informativas donde expusieron un centenar de representantes de inquilinos y propietarios.
