Vidal mintió sobre la presencia protagónica de los agentes de inteligencia. Nadie le repreguntó.

Tras el escándalo por la “Gestapo antisindical” de María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense reapareció en escena después de un largo silencio y mintió ante periodistas que eligieron mirar para otro lado. Solo en La Nación + pudo ocurrir una escena así. La ahora diputada nacional dijo por ejemplo que se trató de una simple reunión de trabajo donde eventualmente se dijo una palabra desafortunada (“gestapo”).

Sin embargo, y de forma evidente, Vidal mintió. Y nadie le repreguntó, por supuesto. En el video se ve con claridad la presencia protagónica de tres agentes de primer nivel de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Son los propios agentes quienes dan inicio a la reunión en la que se habla de armar causas contra dirigentes sindicales.

“Buen día a todos, gracias por venir. Si queremos, una ronda para ir sabiendo con quiénes estamos, por lo menos para saber los nombres de cada uno. Diego (Dalmau Pereyra, director operacional de Contrainteligencia), Sebastián (De Stéfano, director administrativo de Asuntos Jurídicos), y Darío… Queríamos… Bueno… Vamos haciendo la presentación”, dice con claridad Darío Biorci, Jefe de Gabinete de la central de espías. Vale recordar que la AFI estaba en manos de Gustavo Arribas, íntimo amigo de Mauricio Macri.

De esta manera, se presentaron el resto de los presentes: Marcelo Jaworski, director general de COPETRO y vicepresidente segundo de la Unión Industrial del Gran La Plata; Adrián Grassi, subsecretario de justicia de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, ministro de Infraestructura provincial; Fabián Cusini, integrante de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de La Plata; Juan Pablo Allan, senador provincial; Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO; Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO); y Guillermo Moretto, presidente del colegio de Arquitectos de La Plata. Minutos más tarde se sumó el intendente de La Plata, Julio Garro.

Durante la reunión ninguno de los presentes objetó lo que allí se discutía, así como tampoco repudiaron la posibilidad de armar una “causa judicial”. Al contrario de ellos, los empresarios asintieron a la futura denuncia y se mostraron recíprocos a “generar prueba” para encarcelar a los gremialistas.

El analista político Raúl Timerman se refirió a la resistencia de organizaciones ambientalistas contra la explotación petrolera en Argentina.

Raúl Timerman, analista político y hermano del ex canciller fallecido Héctor Timerman, se refirió al debate actual sobre la exploración petrolera en el Mar Argentino. “Si seguimos contra el petróleo, la minería, los agroquímicos y la cría de salmones, ¿cómo carajo vamos a recuperar la economía? ¿fabricando pirulines, media hora, chuenga y gofio? No jodamos más!”, aseguró. “Discutir la exploración off shore en un país con 40% de pobreza es pornográfico”, agregó.

Además, recordó el incidente de Argentina con Uruguay por la supuesta contaminación de las pasteras: “¿Qué pasó con Botnia, por ejemplo?. Nunca un problema. Pero las inversiones, los empleos y las exportaciones son uruguayas. Gracias a Romina Picolotti y sus ambientalistas progres”, ironizó. Picolotti fue secretaría de Ambiente durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Hay un tema general que se ha instalado, una extrema militancia en relación al ecologismo, que se opone intensamente a todo lo que consideran que puede alterar el orden natural. Se defiende al extremo de evitar un desarrollo económico. En un país donde hay millones de personas que viven en la pobreza, no tienen acceso al agua potable o están mal alimentadas. Hay que tomar como referencia a los que viven mal y no a los que viven bien”, aseguró en diálogo con Infobae.

Timerman insistió: “Han creado palabras que son más peligrosas que la actividad misma. Como extractivismo, que es un concepto que asusta y es más peligroso que las propias prácticas extractivas”.

Y argumentó: “Si no existiera la minería, no existiría el acero, los autos, los utensilios. Sin energía nuclear, no existirían los diagnósticos médicos más básicos como los rayos X. Todas las asociaciones en contra de la extracción ponen como pantalla el daño a la naturaleza y al ser humano ante posibles desastres”.

Por último, el dirigente peronista se refirió a las posiciones un poco ambivalente del gobierno de Alberto Fernández: “Falta un ímpetu comunicacional por parte del Gobierno. Una campaña de comunicación masiva. En la Argentina no hay debate público de los temas. Un lugar espectacular para el debate público es la televisión, pero no hay debate porque no hay programas de periodismo independiente. Hay canales con periodistas de la oposición o con periodistas oficialistas. No existe la repregunta. Y el público elige el sesgo de la información que le confirma lo que ellos ya piensan”.

Antonio Caló se reunió con autoridades nacionales para analizar el avance de la nueva ola de COVID.

El secretario general de los metalúrgicos, Antonio Caló se mostró de acuerdo con la necesidad de generar un pase sanitario laboral. “Nosotros queremos que saquen el carnet sanitario, con este problema que hay del covid y del contrato las empresas van a parar de trabajar”, aseguró. “Hay que obligar a los compañeros a que se vacunen, por eso el carnet sanitario, yo lo voy a hacer en la UOM”, describió en declaraciones a Política Argentina.

En el mismo sentido sostuvo que “todos los que trabajan tienen que tenerlo y yo me hago responsable con la firma” y analizó, “no podemos estar ‘yo no me vacuno, yo no sé qué’, algunos no se quieren vacunar, bueno, no me vengan a joder a mi”.

“No es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado, si no hubiese la cantidad de vacunados que tenemos en la Argentina, con 100 mil infectados no hubiéramos tenido 40 muertos, hubiéramos estado llorando familiares, primos, como pasó la otra vez”, insistió el líder sindical. Es el primer dirigente sindical de primer nivel que se manifesta a favor de un pase sanitario en el mundo laboral.

“Tenemos que entender que la vacuna es necesaria, los que no estén vacunados no van a entrar a trabajar y bueno yo les pagaré el día, no digo que no les voy a pagar, pero no van a trabajar. No van a acceder al puesto y vos sabés que feo cuando no accedes y no vas mañana”, contó. “Vas a pensar me voy a quedar sin laburo en unos días, ¿’que estoy haciendo? me quedo sin laburo'”, describió.

Por últimio, Caló cerró: “Cuando yo era chico si no te dabas las vacunas no entrabas al colegio, creo que tenemos que tratar todo el mundo de colaborar y hacer entender a la gente que se tiene que vacunar”.

Así lo aseguró la diputada nacional Cecilia Moreau, después de las insólitas explicaciones de Vidal sobre la creación de una gestapo en su gobierno.

La diputada nacional por el Frente de Todos, Cecilia Moreau, consideró “vergonzosa y desesperada” la defensa que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pronunció ayer sobre el supuesto armado de causas para perseguir dirigentes gremiales durante el mandato de la macrista. Además calificó a Juntos por el Cambio como “un grupo mafioso” que gestionó cuatro años “en beneficio de sus intereses”.

“Cambiemos son un grupo mafioso que gobernó la Argentina cuatro años en beneficio de sus intereses personales”, dijo Moreau esta mañana en diálogo con La García.

Sobre la entrevista que brindó la exgobernadora bonaerense ayer, consideró: “Ella acá no es víctima de nada, es victimaria al igual que su jefe. En el canal de Mauricio Macri, la gobernadora Vidal, que fue la mejor alumna de Macri, hizo una defensa vergonzosa y desesperada”.

La exmandataria provincial, María Eugenia Vidal sostuvo ayer en declaraciones al canal La Nación + que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

La vicepresidenta del bloque del FdT indicó que “le dio vergüenza ajena” la entrevista que brindó la exmandataria provincial y enmarcó sus dichos en “parte de cómo actuó el PRO durante estos cuatro años en la provincia de Buenos Aires”.

En este sentido, insistió con que los integrantes de Juntos por el Cambio “son un grupo mafioso con distintas aristas” y agregó: “La parte política, donde se toman las decisiones, la parte judicial que bastante bien les funciona, la parte mediática, el acompañamiento de los grandes grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional”.

La diputada consideró que “Vidal se tiene que poner a disposición de la Justicia” y que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, “tiene que poner a disposición su renuncia”.

Por otro lado, denunció que la exgobernadora “mintió” al decir que estuvo con anginas, ya que “el 2 de enero estaba en una playa en Cariló” y sostuvo que utilizó estos días “para couchearse, ver qué decir” y “guardarse y ver si el tema pasaba para zafar”.

“Pero es de tal gravedad institucional que esto no pasó, porque acá no hay cuentapropistas”, indicó, tras remarcar que la exgobernadora “llevó a la provincia de Buenos Aires a una situación desesperante en términos sociales, políticos, económicos, de desarrollo y de deuda”.

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fue condenado a dos años por “daños y perjuicios” contra un fiscal.

Es uno de los únicos intendentes que quedan talibanes de Mauricio Macri. Fue el organizador de convocatorias en apoyo al ex presidente. Ahora, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, fue condenado por daños y perjuicios contra el fiscal Diego Escoda. Seis años tuvieron que pasar para que finalmente fuera encontrado culpable: con varios jueces excusándose durante el proceso y la falta de colaboración del dirigente de Juntos por el Cambio.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 1 de Dolores consideró que un funcionario público no puede “verter cualquier tipo de manifestaciones infundadas contra uno o varios sujetos, y eximirse luego de la pertinente responsabilidad sobre sus actos”. Otro macrista que se cree impune…

La causa judicial comienza con la denuncia del fiscal Escoda, presentada el 15 de junio de 2015 y acusando de haber sido objeto por varios años de “una campaña de desacreditación pública pergeñada” por Etchevarren. Según el demandante, las múltiples declaraciones realizadas por el intendente en su carácter de funcionario público, contenían una “serie de falsas y muy graves acusaciones, descalificaciones, difamaciones, injurias y todo otro tipo de agresiones absolutamente infundadas hacia su persona”.

Dichas difamaciones tuvieron lugar mayormente en medios de difusión masiva, tanto a nivel local como a provincial y nacional. Pero también incluyen una denuncia presentada por Etchevarren contra el fiscal ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses. Y, según acusó Escoda, comenzaron luego de una serie de allanamientos que le tocó realizar como fiscal en la comisaría de Dolores varios años atrás (frente a una denuncia sobre falsificación de órdenes de allanamiento e irregularidades).

“El señor Etchevarren ha sobrepasado holgadamente los límites que podría constituir una crítica funcional al desempeño de su cargo como Fiscal General del Departamento Judicial Dolores”, apunta el fallo emitido por el juez en lo Contencioso Administrativo Antonio Escobar, respecto del material proporcionado como evidencia en la causa. En la sentencia cita también fragmentos de las declaraciones mediáticas del intendente, como sustento a su decisión.

El procurador bonaerense formó parte de la estrategia macrista para perseguir ilegalmente a rivales políticos.

El bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires pidió este martes el juicio político del Procurador Julio Conte Grand por su presunta participación en la mesa judicial integrada por exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con el fin de espiar y armar causas judiciales contra sindicalistas. ¿Tendrá el número que se necesita para avanzar?

Por su parte, el legislador massista Rubén Eslaiman detalló que “probablemente el jueves 20 de enero, en sesión extraordinaria”, sea el día en que comience a tratarse dicha denuncia. Hay dos caminos: con mayoría simple se procederá a investigar o se rechaza la denuncia.

“Suponemos que será lo primero”, resaltó el legislador oriundo de San Martín al relatar que se creará una comisión de cinco miembros – tres oficialistas y dos opositores (los cuales para Eslaiman sería ideal que “haya uno del PRO y otro de la UCR”) – que edificarán la exactitud de los cargos dictaminados a los efectos de dictaminar la procedencia o no de la acusación.

“Dicha comisión tendrá hasta seis meses para realizar un informe que deberá establecer si están o no probados los delitos y las altas materias de la denuncia. En estos meses que vienen, nosotros vamos a solicitar informes y debidos de oficio a la AFI, no solo por las filmaciones de la mesa judicial sino también por los teléfonos encriptados”, sostuvo el legislador peronista al detallar que también van a “citar a cada una de las personas que nosotros entendamos que serán pertinentes para dichos informes”.

Además de su presencia en la “gestapo de Vidal”, Conte Grand es un funcionario judicial muy vinculado a Mauricio Macri. De hecho fue funcionario macrista antes de ser el jefe de los fiscales bonaerense. ¿Cuál sería su independencia de criterio para investigar a ex compañeros suyos?

Y enfatizó: “Estamos dando inicio a la máxima instancia institucional que nos brinda la Constitución que es pedir la destitución del procurador general de la Suprema Corte”.

EL ROL DE LA OPOSICIÓN

Consultado sobre el papel de los diputados de Juntos, señaló: “Nosotros sabemos que vamos a tener mayoría para crear la Comisión”. “Estamos conversando con integrantes del bloque opositor y ellos también están indignados. Ellos también han sido espiados, y hay escuchas y filmaciones que los atañen”, aseguró.

Y cuestionó: “Mauricio Macri no solo espiaba a sus familiares, sino que también lo hizo con dirigentes políticos, oficialistas en ese momento”.

Un acuerdo por 45 mil millones de dólares al margen de cualquier consenso.

El gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, sorprendió con otro arranque de honestidad intelectual. Contó que Mauricio Macri les informó a sus aliados “minutos antes” del acuerdo con el FMI, por el cual el país tomó una deuda de 45 mil millones de dólares. Por supuesto, ese acuerdo tampoco pasó el Congreso.

Los “halcones” del PRO habían salido a atacar a Morales por decir otra obviedad: que los gobernadores macristas tenían que participar de la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque fue la administración de de Juntos por el Cambio la que contrajo la deuda.

“No sé por qué se agravian algunos colegas de Juntos por el Cambio sobre lo que es una realidad que además conoce todo el país. Que yo recuerde, el ex presidente Macri nos notificó minutos antes que hacía la conferencia para anunciar que iniciaban o tenían casi un acuerdo con el FMI, al radicalismo y a las otras fuerzas políticas”, disparó Morales.

En diálogo con radio Continental, el mandatario provincial planteó que “no le parece” que Juntos por el Cambio “tenga que encarar un proceso de cara a 2023 intentando ser alternativa de gobierno metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades”.

El gobernador de San Luis respaldó al gobierno nacional en las negociaciones aunque pidió un plebiscito para conocer la opinión del pueblo sobre el acuerdo con el organismo internacional.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, compartieron con los gobernadores cómo se desarrollan las negociaciones con el FMI por el préstamo que tomó Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares. Según informaron, hay diferencias importantes aún, ya que el FMI pide un ajuste en las cuentas públicas que el gobierno no está dispuesto a cumplir, porque atentaría contra el crecimiento de la actividad.

Luego de la presentación, todos los gobernadores peronistas mostraron su apoyo al gobierno nacional en las negociaciones. Sin embargo, la diferencia la marcó Alberto Rodríguez Saá, mandatario de San Luis, quien planteó la posibilidad de realizar una consulta popular para saber si la gente está a favor o no de un acuerdo.

“La deuda no se uso para construir una calle, un camino. Se usó la apariencia legal del acuerdo con el FMI para una fuga de capitales. Fue una estafa”, insistió el gobernador puntano. Además, planteó como opción la de llevar una queja ante el Tribunal Internacional de La Haya, ya que el organismo internacional violó sus propios estatutos porque buena parte del préstamo se usó para la salida de capitales, algo que el propio FMI reconoció. 

Hsata el momento, la posibilidad de un plebiscito era algo propuesto por organizaciones políticas sin responsabilidad ejecutiva. Es la primera vez que un gobernador habla de una opción así, que por el momento no está dentro del menú de posibilidades del gobierno nacional.

Así lo harán representantes de CGT y CTA de los Trabajadores.

El caso de una declamada “Gestapo” para perseguir al sindicalismo durante el gobierno de Mauricio Macri ya trepó a escala internacional mediante sendas presentaciones de la CGT y la CTA de los Trabajadores. Nunca antes en la historia democrática del país, se había visto un esquema de persecución a opositores como el que se conoce del macrismo.

Según contó Ámbito Financiero, las centrales obreras se dirigieron al área de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las maniobras evidenciadas en un video que mostró a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, en una reunión en 2017 donde organizaba junto a empresarios de la construcción, funcionarios de AFI y otros dirigentes de Cambiemos, el armado de causas para perjudicar a gremialistas. El sindicalismo argentino solo vivió una situación peor con la última dictadura militar, donde se detuvieron dirigentes y se asesinaron a otros.

Los textos se dirigieron a la responsable del servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales de la OIT, Karen Curtis. Ambos llevaron las firmas de los responsables de la secretaría internacional de las respectivas centrales, a su vez protagonistas de los casos denunciados aunque en roles diferentes: por la CTA de los Trabajadores lo hizo el docente bonaerense Roberto Baradel (Suteba), quien se declaró víctima de las maniobras persecutorias del gobierno de Vidal, mientras que por la CGT la presentación la hizo Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). En este último caso, el armado de causas que organizaba Villegas tenía como víctima al platense Juan Pablo “Pata” Medina, rival histórico y opositor interno de Martínez.

Las presentaciones tienen un propósito eminentemente testimonial. Buscan dejar asentado ante un foro internacional en el que la Argentina es partícipe histórico (y que tiene en Martínez y en el actual presidente de la Unión Industrial, UIA, Daniel Funes de Rioja, dos animadores con peso propio) los presuntos ataques contra la libertad sindical llevados a cabo de manera al parecer sistemática por la administración de Macri.

Señalan, también, una supuesta complicidad con un sector de la Justicia (en particular, el fuero federal) y de los medios de comunicación afines a Cambiemos.

Las centrales coinciden en advertir en aquellas maniobras eventuales violaciones a dos de los convenios fundamentales de la OIT: el 87, que versa sobre “libertad sindical y protección al derecho de sindicalización”, y el 98, que avanza sobre el “derecho a sindicación y la negociación colectiva”.

El ministro de Economía se refirió a las diferencias con el FMI.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Presidente, Alberto Fernández, explicaron por qué no cerraron aún las negociaciones con el FMI por los US$ 45.000 millones que le dieron a Mauricio Macri y que Argentina no se encuentra en condiciones de pagar. Ante gobernadores, reconocieron que “en términos absolutos no existe un buen acuerdo” pero remarcaron que las negociaciones están estancadas porque el FMI pide un fuerte ajuste fiscal.

Así las cosas, Guzmán aseguró cuáles son las diferencias con el FMI: “Es esencialmente un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”, planteó el ministro. “La diferencia consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo”, afirmó en su presentación. El gobierno está decidido a sostener una política económica que este año le permitió crecer 10%.

Para Guzmán, la baja del déficit en 2020 y 2021 fue “virtuosa”. El ministro defiende un ordenamiento gradual de las cuentas fiscales. En criollo: reducir déficit de a poco, para llegar al equilibro en 5/10 años. Por lo visto, el FMI no acepta esa propuesta y quiere un ajuste mucho más rápido.

“Hacia adelante se plantea ir ordenando esto, pero de una forma gradual; que el Estado pueda llevar a cabo un programa de políticas públicas que le dé a la Argentina más riqueza y más dinamismo productivo”, prometió Guzmán. La receta del Gobierno es la siguiente: lograr un crecimiento rápido que impacte favorablemente sobre la recaudación y de ese modo ir equilibrando las cuentas fiscales (sin necesidad de ajustar fuerte el gasto).