El gobierno de Javier Milei busca desactivar la sesión prevista para este jueves en el Senado y evitar que avance una eventual ofensiva contra Manuel Adorni, en medio de crecientes sospechas dentro del oficialismo sobre los movimientos políticos de Patricia Bullrich con sectores del peronismo y el entorno de Victoria Villarruel.
Fuentes del Gobierno confirmaron que tanto el macrista Diego Santilli como Eduardo “Lule” Menem iniciaron contactos con distintos senadores para intentar impedir que la oposición reúna el quórum necesario para abrir el debate. La estrategia, sin embargo, podría tener costos para el propio oficialismo.
Como anticiparon distintos sectores aliados al Gobierno, el Congreso permanece prácticamente paralizado mientras se mantenga la situación de Adorni, una situación que complica los planes legislativos de Javier Milei para impulsar iniciativas consideradas clave para la recuperación económica.
Aunque la eventual interpelación del jefe de Gabinete no figura en el temario oficial de la sesión, en Balcarce 50 admiten que, una vez habilitado el debate, el peronismo podría intentar introducir una moción para avanzar contra el funcionario. El orden del día incluye, entre otros puntos, el tratamiento de la ley de propiedad privada y los pliegos judiciales pendientes.
Las gestiones encabezadas por Menem y Santilli encuentran receptividad entre sectores de la UCR y senadores alineados con gobernadores provinciales, que buscan evitar quedar atrapados entre respaldar una iniciativa impulsada por el peronismo o salir en defensa de Adorni.
Según trascendió, Bullrich había sugerido que la Casa Rosada evitara intervenir en las negociaciones del Senado. Sin embargo, la desconfianza de Karina Milei respecto del desenlace de la sesión terminó inclinando la balanza a favor de una participación más activa del oficialismo en las conversaciones parlamentarias.
En paralelo, persisten diferencias sobre el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger. Fuentes legislativas señalaron que el Gobierno rechaza las modificaciones introducidas en el capítulo referido a la extranjerización de tierras, donde los bloques dialoguistas y representantes de las provincias acordaron otorgar a los gobernadores la última palabra en la autorización de ventas de terrenos a ciudadanos extranjeros.