La crisis económica y los escándalos de corrupción provocó una nueva caída en el apoyo al Gobierno.

La aprobación del gobierno de Javier Milei registra una caída sostenida. Los resultados de la última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), marcaron que casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente.

El número más fuerte es que la insatisfacción popular con la marcha general de las cosas ya alcanza a casi 7 de cada 10 de los encuestados. Además, los que están en línea con el programa libertario y aún lo bancan son cada vez menos: sólo en marzo, satisfacción con el rumbo cayó 5 puntos y pasó del 33 al 28 por ciento la cantidad de personas que acuerdan con el rumbo oficial.

El informe muestra una caída en los niveles de satisfacción general: solo el 28% de los encuestados se manifestó conforme con la situación actual, cinco puntos menos que en marzo, mientras que la insatisfacción trepó al 68%.

En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei continúa en descenso. La aprobación de su gestión se ubicó en el 36%, tres puntos por debajo del mes anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%, consolidando una tendencia negativa. Aun así, el estudio marca que el mandatario se mantiene en una posición intermedia en términos históricos: por debajo de Mauricio Macri en el mismo período de gobierno, pero por encima de Alberto Fernández.

El relevamiento también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con apenas un 16% de aprobación para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados.

En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un “regreso” de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.

El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.

Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%).

En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).

Cae Milei, suben Kicillof y Bregman

Naturalmente, ante la desaprobación del gobierno, las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, con un 31 por ciento de imagen positiva total, y Myriam Bregman (29 por ciento), Ambos lideran, junto a CFK, ampliamente entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial.

En resumen, abril muestra un escenario de ajuste de expectativas, donde el desempleo y los salarios desplazan a otros temas y la aprobación del oficialismo empieza a mostrar signos de desgaste sostenido.

La Justicia confirmó su viaje a Aruba en primera clase y sumó datos clave sobre gastos y pagos. El levantamiento del secreto bancario y nuevos movimientos bajo la lupa profundizan la crisis del funcionario.

La situación judicial de Manuel Adorni se agrava con el correr de los días. La confirmación de su viaje a Aruba junto a su familia, los detalles sobre los gastos en dólares y el avance de medidas clave en la causa por enriquecimiento ilícito lo dejan cada vez más expuesto.

El fiscal Gerardo Pollicita logró reconstruir el viaje que el jefe de Gabinete realizó entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según la información aportada por la aerolínea, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus hijos volaron en primera clase, con pasajes que alcanzaron un total de 5.800 dólares.

Uno de los puntos que más inquieta a la Justicia es la modalidad de pago: los tickets habrían sido abonados en dólares y en efectivo, un dato sensible en el análisis patrimonial del funcionario, ya que abre interrogantes sobre el origen de esos fondos.

La investigación no se detiene ahí. Ahora el foco está puesto en determinar dónde se alojó la familia en Aruba y cuánto dinero se destinó a la estadía, en un intento por reconstruir el costo total del viaje.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa. La medida permitirá acceder a consumos, movimientos financieros y gastos realizados, ampliando el alcance de la causa.

El expediente también incluye otros viajes que generan dudas. Entre ellos, un traslado a Nueva York en el marco de un evento oficial, donde el pasaje del funcionario fue cubierto por el Estado, pero aún no se pudo determinar quién financió el de su pareja. A eso se suma un vuelo privado a Punta del Este y más de 15 viajes al exterior desde diciembre de 2023.

Con este escenario, la causa avanza sobre posibles inconsistencias entre el nivel de gastos y los ingresos declarados. Cada nuevo dato no hace más que profundizar las sospechas y colocar a Adorni en una posición cada vez más delicada, en medio de un contexto político que ya empieza a sentir el impacto del escándalo.

Graciela Molina y Victoria Cancio declararon en Comodoro Py. Lo hicieron como testigos en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares más intereses. 

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. 

En su testimonio, ambas mujeres ratificaron el otorgamiento del préstamo hipotecario privado, es decir ‘no bancario’, de 100.000 dólares en noviembre del año 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”.  Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11% anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes. 

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni. 

Según la escribana que validó las firmas de éste inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Curz, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.__IP__

Para el miércoles 15, está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito. 

La semana pasada, también declaró vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni. 

Víctima de bullying, el adolescente que cursa segundo año de la secundaria quedó en el ojo de la tormenta. Volvieron a las clases, pero con custodia policial.

Tristemente, la portación de arma en menores que asisten a la escuela es cada vez más usual: ahora, fue el hijo menor (14) de la diputada libertaria Lorena Villaverde quien amenazó a sus compañeros de colegio con que llevaría un revolver y los mataría a todos, mientras se llevaba a cabo la clase de Plástica.

El episodio tuvo lugar en las últimas horas en el colegio Estación Limay, en Cipolletti (Río Negro) y sembró el pánico en padres y alumnos, especialmente, luego de que trascendiera el asesinato de Ian Cabrera en manos de un adolescente de 16 años que asistía al mismo establecimiento: la Escuela Normal Nº40 de San Cristóbal (Santa Fe).

Ante la gravedad del hecho, la directora presentó la denuncia en la Comisaría Cuarta. La Fiscalía N°1, bajo la dirección de la fiscal Eugenia Vallejos, ordenó implementar medidas de seguridad inmediatas en el establecimiento de la calle Ingeniero Krause.

“Voy a venir con un arma y los voy a matar a todos”, fue la frase del menor, de acuerdo a lo revelado por Diego Gabriele en “Argenzuela” (C5N).

Por el momento, el alumno no asistirá a clases mientras dure la investigación y se defina cómo proceder. Lo cierto es que ahora, el colegio se vio obligado a contar con la custodia de la Policía de Río Negro debido a la preocupación de los padres, quienes se autoconvocaron para exigir garantías de seguridad.

Por su parte, la diputada Villaverde se presentó en la institución para dialogar con las autoridades tras el incidente, el cual se suma a una serie de polémicas recientes que han rodeado su carrera política y personal. Según Gabriele, “la amenaza responde a un trasfondo de bullying”.

Al ser menor de edad, el hijo de Villaverde es inimputable. Sin embargo, se dio intervención a la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para que sigan el caso.

Tras la aprobación en Diputados, organizaciones ambientales convocan a la ciudadanía a acudir a la Justicia y advierten que la nueva normativa pone en riesgo el acceso al agua.

La reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto. Tras una sesión de más de 10 horas, el oficialismo logró modificar la normativa con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, pero la respuesta no tardó en llegar: organizaciones ambientales convocaron a una demanda colectiva para intentar frenar su aplicación en la Justicia.

Entre las entidades impulsoras se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que llamaron a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial en defensa de los glaciares y las reservas de agua.

“El Congreso decidió no escuchar, ahora van a tener que escuchar a la sociedad en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, en un mensaje que marca el inicio de una nueva etapa del conflicto.

Qué cambia con la reforma

La modificación impacta directamente sobre la Ley 26.639, que hasta ahora garantizaba una protección amplia de las zonas glaciares y periglaciares. Con el nuevo esquema, esa cobertura se reduce y se focaliza únicamente en áreas con función hídrica comprobada.

Además, se otorga a las provincias un rol central para definir qué zonas integran el inventario glaciar. En la práctica, esto habilita que áreas que antes estaban protegidas puedan quedar fuera del sistema y, por lo tanto, ser utilizadas para actividades productivas como la minería.

Otro de los cambios clave es que el Inventario Nacional de Glaciares deja de tener carácter vinculante y pasa a ser una referencia, lo que reduce su peso en la toma de decisiones.

Alerta por el impacto ambiental

Desde las organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implica un retroceso significativo en materia de protección ambiental y podría tener consecuencias directas sobre el acceso al agua.

“Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y, por lo tanto, la vida de millones de argentinos y los ecosistemas que dependen de los glaciares”, señalaron.

También remarcaron que cientos de miles de personas participaron en audiencias públicas para rechazar los cambios, pero que sus planteos no fueron tenidos en cuenta durante el tratamiento legislativo.

La disputa pasa a la Justicia

Lejos de cerrar el debate, la aprobación de la ley trasladó el conflicto a otro ámbito. Con la convocatoria a una demanda colectiva, las organizaciones buscan frenar la implementación de la norma y reabrir la discusión sobre la protección de los recursos naturales.

En ese escenario, la defensa de los glaciares vuelve a instalarse como un eje central de debate, con un nuevo capítulo que ahora se jugará en los tribunales.

El conductor cuestionó el tono del mandatario en redes sociales y su estilo confrontativo: “No podés manejarte así”.

El conductor y empresario Mario Pergolini volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y dejó una de las frases más resonantes de los últimos días al criticar su comportamiento público: “¡Sos presidente de la Nación!”. El comentario surgió en medio de un análisis sobre la fuerte presencia del mandatario en redes sociales y su tono confrontativo, un rasgo que se volvió habitual desde su llegada a la Casa Rosada. En ese contexto, Pergolini elevó el tono y remarcó que el rol institucional exige otra actitud.

“No podés manejarte así”, planteó el conductor, visiblemente molesto con el estilo del Presidente a quien cuestionó por sus constantes cruces con periodistas, dirigentes opositores y figuras públicas a través de plataformas digitales.

No es la primera vez que Pergolini critica a Milei. En intervenciones anteriores, ya había señalado que el mandatario debería enfocarse más en la gestión y bajar el nivel de confrontación. Incluso llegó a sugerir que el uso intensivo de redes sociales no es compatible con la responsabilidad de gobernar un país.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el accionar comunicacional de Milei genera debate permanente. Mientras sus seguidores destacan su autenticidad y cercanía, sus críticos advierten sobre los riesgos de un estilo impulsivo desde la máxima investidura del país. La frase de Pergolini, breve pero contundente, terminó sintetizando esa discusión: hasta dónde puede un presidente sostener un tono de campaña una vez que ya está en el poder.

Los últimos datos del INDEC revelan una dura realidad: gran parte de la sociedad percibe ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica.

El último informe publicado por el INDEC expone la cruda situación económica del país. Al analizar los ingresos de la población en el cuarto trimestre de 2025, queda en evidencia el alarmante fenómeno de los trabajadores empobrecidos: la mitad de los ocupados apenas logra alcanzar la barrera de 800 mil pesos mensuales.

De acuerdo a los datos recopilados en el documento enfocado en la distribución, la mediana de las personas con empleo se ubicó exactamente en los $800.000. Esto significa que el 50% de las personas que tienen trabajo perciben ese monto o menos en su ocupación principal, configurando un escenario donde tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza. Al extender el análisis a la población general con algún tipo de entrada de dinero, el estrato bajo (que agrupa del decil 1 al 4) registró un ingreso promedio muy preocupante de apenas $351.028.

Por otro lado, al evaluar el ingreso promedio general de toda la población ocupada, la cifra asciende a $1.068.540. La diferencia es aún más notoria al observar a las personas asalariadas con descuento jubilatorio (empleo formal), cuyo promedio alcanza los $1.321.353, mientras que aquellos que se encuentran en la informalidad caen drásticamente a $651.484.

Además, la desigualdad de género sigue fuertemente arraigada en el mercado de trabajo y en las percepciones generales. Las estadísticas marcan que los varones perceptores promedian unos $1.191.364 mensuales, mientras que el sector femenino percibe considerablemente menos, con un promedio de $838.336.

Finalmente, el organismo detalló que el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar (donde el 0 representa la igualdad absoluta y el 1 equivale a la máxima desigualdad) se ubicó en 0,427 para el cierre del 2025, mostrando solo una leve variación respecto al 0,430 registrado en el mismo período del año anterior.

La Canasta Básica en Argentina define el umbral de pobreza e indigencia. Una familia tipo necesitó $1.397.672 para la Canasta Básica Total (CBT – pobreza) y $644.088 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA – indigencia), reflejando un aumento del 2,7%.

Marcos Palazzo el libertario que se autopercibe británico protagonizó un momento incómodo cuando le preguntaron si tenía cuit y facturaba. Finalmente, tras haber metido la pata hasta la rodilla, salió el bueno de Guillermo Moreno a sacarlo del pozo.

Un momento inesperado se vivió en la pantalla de Crónica TV cuando el youtuber libertario Marco Palazzo quedó en una posición incómoda tras realizar declaraciones que encendieron alarmas en pleno programa.

Durante su participación, el joven intentó explicar su situación laboral, pero terminó generando más dudas que certezas. Al ser consultado sobre si facturaba sus ingresos, se mostró dubitativo y admitió que “a veces” lo hacía, lo que provocó una reacción inmediata en el estudio.

El intercambio rápidamente subió de tono cuando los presentes comenzaron a indagar sobre sus dichos, dejando al influencer en una situación comprometida. La incomodidad fue evidente y el momento no pasó desapercibido.

En ese contexto, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno intervino con rapidez y, en tono serio, lo ayudó a reformular sus palabras para evitar mayores complicaciones, marcando la sensibilidad del tema.

A la par, el conductor del ciclo le recordó que la evasión fiscal constituye un delito, independientemente de si se trata de un funcionario público o de un particular. La aclaración terminó de descolocar al joven, que no logró recomponerse del todo tras el intercambio.

El episodio generó repercusiones en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular rápidamente, sumando críticas y comentarios sobre el papel del influencer y la ligereza con la que abordó un tema delicado en televisión abierta.

El diputado se reunió con dirigentes del SUTNA y denunció despidos injustificados en la empresa. Cuestionó el rumbo económico del Gobierno y defendió el rol de la industria nacional.

El diputado nacional Máximo Kirchner expresó su respaldo a los trabajadores de Fate tras los despidos registrados en la empresa y se sumó al reclamo sindical por la reincorporación de los afectados.

El dirigente mantuvo un encuentro con representantes del SUTNA, encabezados por su secretario general, Alejandro Crespo, junto a delegados de la seccional San Fernando. De la reunión también participaron los diputados Facundo Manrique, Matías Molle y Paula Penacca.

Tras el encuentro, Kirchner calificó como “injustos” los despidos y remarcó la necesidad de sostener el empleo en un contexto económico adverso. “Todo mi apoyo a las y los trabajadores de FATE”, expresó, al tiempo que reafirmó el acompañamiento político al conflicto.

En ese marco, el diputado puso el eje en el rol de la producción nacional y defendió a los trabajadores como actores centrales del desarrollo económico. “La producción nacional es una condición necesaria para el desarrollo de la Argentina”, sostuvo, y agregó que los trabajadores “no son un obstáculo, sino garantes del crecimiento de la industria”.

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Las declaraciones se inscriben en un escenario de creciente conflictividad laboral, atravesado por despidos, caída de la actividad y deterioro del poder adquisitivo. En ese contexto, Kirchner apuntó contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que el modelo actual “solo asegura desocupación y salarios de miseria”.

El conflicto en FATE se suma a una serie de tensiones en el sector industrial, donde sindicatos y trabajadores denuncian el impacto de las políticas económicas sobre el empleo y la producción. Desde el SUTNA, en tanto, ratificaron la continuidad del plan de lucha y reclamaron la intervención de las autoridades para revertir los despidos.

Aunque el índice perforó el 30%, especialistas advierten que la mejora responde a factores coyunturales y alertan por el impacto del ajuste, la suba de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo.

La pobreza en la Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según datos del INDEC, lo que implica que 13,1 millones de personas no logran cubrir sus necesidades básicas. Si bien el número marca una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior, el dato abre un escenario de fuertes cuestionamientos sobre la sostenibilidad de esa mejora en el contexto del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El descenso del índice está directamente vinculado a una mejora relativa de los ingresos frente al costo de las canastas básicas: mientras los ingresos familiares crecieron un 18,3%, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 11,9% y la Canasta Básica Total (CBT) un 11,3%. Sin embargo, esta dinámica comenzó a revertirse en los últimos meses, donde los alimentos y servicios volvieron a presionar por encima de la inflación, encendiendo señales de alerta hacia adelante.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 6,3%, prácticamente sin cambios respecto al período anterior, lo que refleja que el núcleo más vulnerable de la población no logró mejoras significativas pese a la desaceleración inflacionaria. En términos absolutos, casi 3 millones de personas siguen sin poder acceder siquiera a una alimentación básica.

El Gobierno celebró la baja del indicador y la vinculó a su programa económico, pero distintos especialistas ponen en duda esa lectura. Señalan que la caída responde en parte a una distorsión estadística derivada del pico inflacionario de 2023, que había elevado artificialmente los niveles de pobreza. En ese sentido, advierten que la mejora actual no necesariamente refleja una recuperación estructural de las condiciones de vida.

Además, el contexto económico refuerza esas dudas. Desde la asunción de Milei, el ajuste sobre el gasto público, la quita de subsidios y la fuerte suba de tarifas impactaron de lleno en los ingresos reales de la población. De hecho, el costo de los servicios públicos ya representa más del 12% del salario promedio, mientras que los salarios continúan corriendo por detrás de la inflación en varios sectores.

A esto se suma la caída de la actividad económica y del empleo en distintos rubros, especialmente en la industria, el comercio y la construcción, que en los últimos dos años registraron retrocesos significativos. En ese marco, la baja de la pobreza convive con un deterioro general de las condiciones económicas y sociales.

Otro punto de discusión gira en torno a las declaraciones del propio Presidente, quien aseguró haber sacado a millones de argentinos de la pobreza. Si bien los datos muestran una reducción respecto al cierre de 2023 —cuando el índice alcanzaba al 41,7% de la población—, la magnitud de la mejora es menor a la que el mandatario suele mencionar en sus intervenciones públicas.

Con este escenario, el dato del 28,2% aparece más como una foto momentánea que como una tendencia consolidada. La evolución de los precios, el impacto de las tarifas y la capacidad de recuperación de los ingresos serán factores clave para determinar si la pobreza continúa bajando o vuelve a crecer en los próximos meses, en un contexto donde el ajuste económico sigue siendo el eje central de la política oficial.