La multitudinaria despedida del músico más convocante del rock argentino fue posible gracias a las gestiones del peronismo bonaerense. Tras la negativa del Congreso Nacional, la Provincia y el municipio de Avellaneda facilitaron el operativo que permitió el último adiós de cientos de miles de personas.

La despedida de Carlos “Indio” Solari dejó una de las imágenes más impactantes de la historia reciente de la cultura argentina. Cientos de miles de personas llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico.

Detrás de la organización del masivo homenaje hubo también una trama política que expuso dos formas muy diferentes de entender el rol del Estado frente a un acontecimiento popular de semejante magnitud.

Según trascendió en las últimas horas, las gestiones para encontrar un espacio capaz de albergar la despedida comenzaron luego de que la familia del artista tomara conocimiento de que el Congreso Nacional no sería habilitado para realizar el velatorio. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados argumentaron que no estaban dadas las condiciones operativas y de seguridad para un evento de esas características.

Ante ese escenario, el diputado nacional Máximo Kirchner intervino personalmente para colaborar con la familia del músico y comenzó una serie de gestiones destinadas a garantizar un espacio acorde a la magnitud de la convocatoria.

Tras una primera consulta a Racing Club, que finalmente no prosperó, el líder de La Cámpora se comunicó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien puso a disposición de manera inmediata el Polideportivo José María Gatica para la realización del homenaje popular.

La articulación incluyó además al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que acompañó las gestiones para garantizar la logística y el desarrollo de un operativo que terminó desarrollándose sin incidentes de gravedad pese a la enorme cantidad de personas que participaron.

El episodio tuvo además una lectura política adicional. El contacto entre Máximo Kirchner y Ferraresi permitió tender puentes entre dos dirigentes que venían atravesando diferencias dentro del peronismo bonaerense. Frente a una situación excepcional, ambos sectores dejaron de lado las disputas internas para dar respuesta a una demanda social y cultural que excedía cualquier diferencia partidaria.

La despedida concluyó durante la madrugada del lunes, cuando las redes oficiales vinculadas al artista difundieron un mensaje que emocionó a miles de seguidores: “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”.

Mientras el Gobierno nacional optó por mantenerse al margen de la organización del último adiós al artista más convocante de las últimas décadas, fueron la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Avellaneda y dirigentes del peronismo quienes terminaron garantizando que cientos de miles de argentinos pudieran despedir al Indio como su historia y su dimensión popular lo merecían.

El músico tenía 77 años y falleció en su casa de Parque Leloir. Estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017, aunque se mantuvo activo hasta sus últimos días. Conmoción en el rock argentino

La noticia del fallecimiento de Indio Solari este 5 de junio sacudió a la escena musical y cultural argentina. Figura central del rock nacional, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un legado que trasciende generaciones y estilos. Su partida marca el cierre de una etapa para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural.

El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El artista había construido alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público. La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado y Luzbelito forman parte del repertorio esencial del rock argentino.

La separación de Los Redondos supuso un hiato en la carrera de Solari. No fue hasta 2004 que presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, vio la luz en 2018. Durante esta etapa, Solari mantuvo una relación intensa con su público, que lo acompañó fielmente en cada presentación.

El último recital en vivo de Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en 2017. Fue un evento masivo, en el que nuevamente se puso de manifiesto la dimensión popular de su convocatoria. Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su salud comenzó a ocupar un lugar central en su vida pública. En 2020, recurrió a las técnicas holográficas para ofrecer un concierto virtual, anticipando el final de su ciclo sobre los escenarios.

En marzo de 2016, Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

El avance del Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales gracias a la tecnología.

Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste sobre jubilaciones, universidades, hospitales y programas sociales, el Senado aprobó el acuerdo para cancelar una deuda con fondos buitre por 171 millones de dólares.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un nuevo avance parlamentario para concretar el pago de U$S171 millones a fondos buitre que mantienen litigios con la Argentina desde hace más de dos décadas. El Senado aprobó el proyecto de ley que autoriza la cancelación de bonos soberanos en default adquiridos por los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, en una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio para evitar que pierda vigencia el acuerdo homologado por la jueza estadounidense Loretta Preska en marzo pasado.

La aprobación se produce en medio de un escenario marcado por los recortes impulsados por la administración libertaria sobre áreas sensibles del Estado. Mientras el Gobierno argumenta que no hay recursos para recomponer jubilaciones, financiar universidades, garantizar medicamentos o sostener programas sanitarios, sí avanza con un desembolso millonario destinado a cancelar compromisos con acreedores financieros internacionales.

Los fondos beneficiados forman parte del grupo de acreedores que rechazaron los canjes de deuda impulsados por Argentina tras la crisis de 2001 y continuaron litigando en tribunales extranjeros. Bainbridge Fund mantiene reclamos contra el país desde 2016, mientras que Attestor Master Value inició sus demandas en 2014.

La noticia reavivó las críticas de sectores opositores que consideran contradictorio que el Ejecutivo aplique una política de fuerte ajuste sobre trabajadores, jubilados y estudiantes mientras destina cientos de millones de dólares al pago de acreedores especulativos.

La decisión también vuelve a poner en discusión el rumbo económico del Gobierno. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el discurso oficial se apoyó en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal mediante recortes del gasto público. Sin embargo, la autorización de este pago multimillonario alimenta las críticas de quienes sostienen que el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables mientras se priorizan los compromisos con el sistema financiero internacional.

El acuerdo aprobado por el Senado contempla el pago de U$S171 millones y lleva las firmas de funcionarios de la Secretaría de Finanzas junto a representantes de los fondos involucrados. Si Diputados lo convierte en ley antes de fin de mes, el Estado argentino quedará habilitado para concretar la transferencia de los fondos.

La discusión promete instalar nuevamente una pregunta que atraviesa gran parte del debate político actual: si hay recursos para pagarles a los fondos buitre, ¿por qué no aparecen cuando se trata de jubilaciones, educación pública, salud o asistencia social?

La senadora se presentó en una conferencia sobre ciberseguridad en medio de la tensión que se disparó en el oficialismo por el retiro del pliego de Michelli; sin embargo, dijo que trabajará “por la reelección” del Presidente

Patricia Bullrich siempre encuentra el modo de hacerse notar, si no es con operaciones mediáticas entonces con manejos políticos como el más reciente, en el que se le plantó al Gobierno diciendo que no quería aprobar en el Senado los pliegos de jueces federales porque Javier Milei decidió retirar una de las listas.

De esta manera, la interna dentro de La Libertad Avanza sumó un capítulo de máxima tensión. Este martes se conoció que la senadora puso su renuncia a disposición como líder de la bancada oficialista en el Senado —la cual no fue aceptada por el Presidente—, dejando en evidencia el profundo desgaste político y las diferencias de criterio que mantiene con los hermanos Milei respecto al armado del poder.

El quiebre de la relación se profundizó luego de que la legisladora se plantara ante la Casa Rosada por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a una postulante de la lista de pliegos para los juzgados federales que debía tratarse en la Cámara Alta.

A través de un comunicado emitido a principios de esta semana, Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto oficialista, pero marcó una distancia insalvable con la conducción de los hermanos Milei.

Según trascendió, la líder del bloque oficialista interpretó que la exclusión de una de las listas respondió estrictamente a una decisión personal y no técnica por parte del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, lo que terminó por detonar el conflicto y motivó el ofrecimiento de su dimisión al cargo en el Congreso, informó el canal C5N.

Exclusión de Patricia Bullrich de las decisiones clave

Esa decisión impulsó a Bullrich a presentar su renuncia como líder de la bancada oficialista en el Senado -cosa que el mandatario no aceptó- y puso un nuevo punto de tensión en la relación entre ella y la Casa Rosada.

Lo que es más, la senadora ya no formaría parte de las renuniones de la mesa chica en Casa Rosada, a la que sí seguirá asistiendo Martín Menem, por citar un caso de un miembro del Congreso que tiene un rol político más allá de lo institucional.

Este desplazamiento del núcleo de decisiones marca un fuerte contraste con la situación de otros referentes legislativos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mantiene intacto su rol de consulta y su presencia en el círculo de confianza del esquema presidencial.

Un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó al país en la categoría más crítica de su ranking global tras registrar un fuerte deterioro de las garantías sindicales.

Durante el gobierno de Javier Milei, la Argentina cayó a la categoría más crítica en materia de derechos laborales y quedó entre los diez peores países del mundo en el ranking elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El dato surge del Índice Global de Derechos que elabora anualmente la organización sindical internacional, cuya última edición registró un retroceso sostenido del país durante los últimos dos años. Como resultado, la Argentina descendió a la categoría 5, la más baja de la clasificación, luego de haber permanecido previamente en la categoría 3.

Según el informe, se trata de uno de los deterioros más pronunciados detectados por el organismo a nivel mundial. Entre los principales aspectos observados figuran las restricciones al derecho a la protesta, las interferencias en la vida interna de las organizaciones sindicales y la existencia de despidos antisindicales.

El documento también advierte sobre un retroceso general de las garantías laborales, especialmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva, dos pilares fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores.

A nivel global, la CSI encuadra estos resultados en una tendencia más amplia de debilitamiento de los derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos con prácticas autoritarias y por sectores con una elevada concentración de poder económico.

La ofensiva sindical ante la OIT

Frente a este panorama, la CGT y las dos CTA resolvieron llevar el reclamo al plano internacional y presentarán una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan tanto los derechos de los trabajadores como la calidad institucional.

La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI, con el objetivo de visibilizar la situación argentina en el principal ámbito internacional dedicado a la protección y promoción de los derechos laborales.

El exfuncionario Facundo Leal fue detenido en una causa por presunta corrupción vinculada a contratos de ARSAT. Durante los allanamientos encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína y documentación de interés para la investigación. Además, su patrimonio declarado se multiplicó casi por nueve en apenas cuatro años.

Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica terminó destapando una trama mucho más compleja. En un departamento del barrio porteño de Palermo, agentes federales encontraron más de 800 mil dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína, un vapeador con cannabis y elementos vinculados al consumo de estupefacientes.

Horas más tarde, un segundo allanamiento en Mendoza reveló otros 1,7 millones de dólares guardados en efectivo. Entre ambos procedimientos, la Justicia secuestró 2.591.354 dólares cuya procedencia permanece bajo investigación.

Leal, de 51 años, intentó presentarse ante los investigadores como empresario agropecuario. Sin embargo, la causa judicial lo ubica en el centro de una investigación por presuntas maniobras de corrupción relacionadas con contrataciones realizadas en ARSAT, la empresa estatal que administra una parte estratégica de la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Según la pesquisa, el expediente se originó tras detectarse irregularidades en un depósito de San Fernando donde se almacenaban insumos para la Red Federal de Fibra Óptica. A medida que avanzó la investigación, el foco dejó de estar puesto únicamente en el robo y pasó a concentrarse en los contratos adjudicados para operar ese predio y en los vínculos entre empresarios y funcionarios.

La Justicia investiga si existió un esquema de contrataciones direccionadas, prórrogas irregulares y posibles pagos indebidos. Los contratos bajo análisis acumularon montos superiores al millón novecientos mil dólares y, según la causa, varias extensiones fueron autorizadas sin la intervención del directorio exigida por los reglamentos internos.

El caso también abrió interrogantes sobre el crecimiento patrimonial del exfuncionario. De acuerdo con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Leal pasó de declarar un patrimonio de 58 millones de pesos a comienzos de 2021 a más de 528 millones en 2025. El incremento quedó registrado durante su paso por distintos cargos estatales y deberá ser explicado ante la Justicia.

La situación genera además incomodidad política porque Leal logró mantenerse en funciones durante distintas administraciones nacionales y continuó ocupando posiciones relevantes incluso tras el cambio de gobierno. Mientras la investigación avanza, la causa promete convertirse en uno de los expedientes por corrupción más resonantes de los últimos tiempos por la magnitud del dinero secuestrado, los delitos investigados y las conexiones entre funcionarios y contratistas del Estado.

Alertan por el despido de más de 700 personas. “Estamos viviendo momentos de zozobra”, apuntaron.

Yamila Mathon es docente de la UBA y desde hace 21 años trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En diálogo con Radio 750, se refirió a la Marcha de Antorchas prevista para este viernes por la tarde, en contra de los recortes presupuestarios y los más de 700 despidos en el organismo.

“Esta semana fue realmente muy convulsionada”, explicó Mathon en La Mañana de Víctor Hugo Morales. El martes, los trabajadores tomaron conocimiento de un expediente en el que en la nueva estructura del INTI ya no figuran 106 departamentos, lo que resulta en “781 compañeras y compañeros menos”. “Por supuesto, la alerta fue enorme”, señaló.

No obstante, el miércoles la cautelar presentada a la Justicia por ATE Nacional dio sus frutos: a través de un fallo judicial se suspendió la Resolución 42/26 del Ejecutivo, que disponía el despido de los más de 700 empleados y el cese de más de 900 servicios, lo que significaba el virtual desmantelamiento del organismo. La medida fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín. Esto tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación.

“Este Gobierno no se caracteriza por cumplir la ley. El Presupuesto Universitario es un claro ejemplo de una cautelar que lo obliga a cumplir con la parte más importante de la ley, que ya fue votada más de cuatro veces en las cámaras, pero no la cumple. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a confiar en que van a cumplir con esta cautelar? Una cautelar, por supuesto, que vamos a defender con uñas y dientes”, aseguró.

Por esta razón, Mathon y otros compañeros se reunirán este viernes con el titular del INTI, Miguel Ángel Romero, y otras autoridades “para saber qué van a hacer con esta cautelar”. “Nosotros nos vamos a asegurar de que efectivamente sea así, porque no podemos confiar en cuestiones de palabra”, enfatizó.

Pero, más allá de estas acciones concretas, este viernes los trabajadores convocaron a una marcha y una vigilia de antorchas en la sede central del INTI, ubicada sobre avenida General Paz, en Buenos Aires. La concentración comenzará a las 16 horas y la marcha está prevista para las 18:30.

“Vamos a cerrar esta semana con una vigilia y una marcha de antorchas, justamente para mostrarle a la sociedad nuestra defensa irrestricta de esta medida del instituto. Necesitamos una respuesta contundente”, sostuvo.

“El expediente sigue avanzando a pesar de la cautelar. Hay compañeros que saben y pueden ver con sus propios ojos que sus sectores no están más vigentes, que las líneas de trabajo no van a seguir y que sus nombres penden de un hilo de que hoy digan que sí, mañana digan que no. Estamos viviendo momentos de zozobra”, agregó.

“Convocamos a la marcha a los vecinos, por supuesto a la comunidad educativa, los organismos de ciencia y técnica, los sindicatos, representantes políticos y los medios de comunicación. Porque si algo tenemos muy en claro los organismos de ciencia y técnica es que este gobierno es el oscurantismo, y nosotros justamente lo que queremos hacer es echar luz. Lo vamos a hacer de manera simbólica, visible hoy con nuestras velas y nuestras antorchas, dándole un mensaje contundente al gobierno. Creemos que el INTI es un lugar donde se pueden sumar todas las luchas, todo el malestar que está teniendo la sociedad, en un lugar y en un punto contundente como elINTI”, concluyó.

Una nueva encuesta nacional reveló un fuerte deterioro de la imagen del presidente Javier Milei, en medio de la crisis económica, el ajuste y la creciente preocupación social por el empleo, la corrupción y el futuro del país.

El desgaste del gobierno de Javier Milei sigue profundizándose y ya impacta de lleno en el humor social. Así lo reveló el último informe de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, que mostró que la desaprobación presidencial alcanzó el 58,3% en mayo de 2026, mientras comienzan a consolidarse figuras opositoras como Axel Kicillof y Myriam Bregman.

El estudio reflejó un marcado deterioro en la percepción sobre la gestión libertaria en un contexto atravesado por el ajuste económico, la caída del consumo, el desempleo y la incertidumbre social.

Ante la consulta sobre el desempeño del Gobierno nacional, el 58,3% de los encuestados respondió que desaprueba la gestión de Milei, mientras que apenas el 39,9% manifestó su apoyo. El 1,8% restante dijo no tener una posición definida.

La encuesta también mostró que el rechazo a la administración de La Libertad Avanza ya supera ampliamente a la aprobación cuando se analiza el funcionamiento general del Gobierno: el 55,4% calificó la gestión como “mala o muy mala”, frente a un 34,6% que la consideró “buena o excelente”.

Uno de los datos más preocupantes para el oficialismo aparece en la evaluación económica. El 62% de los consultados consideró que la situación económica actual del país es “mala”, mientras que apenas un 12% opinó que es “buena”.

La percepción sobre el empleo es todavía más negativa: el 69% definió como malo el panorama laboral en Argentina y más de la mitad cree que tanto la economía como el trabajo empeorarán en los próximos seis meses.

El estudio también expuso fuertes diferencias sociales y territoriales. Entre las personas con ingresos menores a $630.000 mensuales, el rechazo a Milei trepa al 71,7%, mientras que en los sectores de mayores ingresos el apoyo sigue siendo predominante.

En cuanto al perfil educativo, la desaprobación alcanza el 64,5% entre quienes tienen estudios superiores, mientras que las mujeres aparecen como el segmento más crítico hacia el Presidente, con casi un 66% de rechazo.

La investigación además mostró que el respaldo al oficialismo comienza a erosionarse en regiones donde anteriormente mantenía niveles más altos de adhesión, especialmente en el interior bonaerense y la región de Cuyo.

En paralelo, la encuesta reflejó el crecimiento de dirigentes opositores que empiezan a capitalizar el malestar social frente al ajuste. Tanto Kicillof como Bregman aparecen entre las figuras con mejor proyección dentro del escenario político nacional, en un contexto donde amplios sectores cuestionan el rumbo económico y social del Gobierno.

Mientras el oficialismo insiste con el ajuste y la defensa del “déficit cero”, los datos muestran una creciente preocupación social por la pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de empleo, el deterioro de la salud pública y el impacto de las políticas económicas sobre la vida cotidiana.

Mientras tanto, Karina y Javier Milei intentan blindarlo.

El gobierno de Javier Milei enfrenta sus peores momentos en cuanto a la pérdida de confianza mientras intenta proteger a uno de sus funcionarios más cercanos, el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Acusado de presunto enriquecimiento ilícito, Adorni también atraviesa sus peores horas, con una investigación judicial que amenaza con escalar a una indagatoria formal. En medio de este escenario hostil, el oficialismo busca blindarlo a toda costa, aunque las grietas internas y la presión social complican el panorama.

Desde Casa Rosada, la postura oficial es una mezcla de tranquilidad y desafío: “Estamos tranquilos, no creemos que pase. No hay elementos para que ocurra”, afirmaron desde el círculo cercano de Karina Milei, quien lidera la defensa del funcionario. 

La estrategia del gobierno se centra en desestimar las acusaciones argumentando la falta de pruebas en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita: “No hay pruebas”, insisten, mientras Adorni sigue sin presentar su declaración jurada, un requisito clave para esclarecer el origen de su patrimonio.

Sin embargo, incluso dentro del oficialismo comienzan a surgir voces críticas que cuestionan la postura oficial: “No va a pasar ahora. La justicia es tiempista. Deben estar esperando, y como Adorni dice que la está por presentar, tienen que esperar”, comentó un funcionario libertario a Infobae. Otros, más cercanos al núcleo duro del gobierno, advierten que cualquier avance judicial podría estar motivado por las internas en Comodoro Py: “Si lo hacen, si eso llegara a ocurrir, sería por la interna judicial de Comodoro Py. El Gobierno se metió ahí y se trajo el quilombo”.

Mientras tanto, la opinión pública parece haber dictado su propio veredicto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas hacia Adorni y, por extensión, hacia el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei. Los comentarios de los y las tuiteras reflejan un descontento que no cesa de crecer y que pone en jaque la credibilidad del jefe de Gabinete.

“¿Presentaste la declaración jurada ‘Ladrorni’?”, escribió un usuario en X, usando el apodo despectivo con el que muchos se refieren al funcionario. Otro fue más directo: “¡Qué caradura! ¿Cuándo vas a renunciar?”. Las críticas no solo apuntan a Adorni, sino también al gobierno en su conjunto: “Qué gobierno trucho, además de inhumano, arrastrado y bananero, es muy trucho”.

El descontento social se alimenta de las recientes apariciones públicas de Adorni, quien intentó mostrarse activo en su rol político. Durante los actos por el Día de la Patria, fue visto al lado de Karina en varias ocasiones clave: caminando juntos desde la Casa Rosada al Cabildo, participando en el Tedeum en la Catedral Metropolitana y saludando desde el balcón presidencial. 

Sin embargo, estas escenas no han hecho más que avivar las críticas. “Seguís intentando fingir normalidad. No te sale. Estás quemadísimo”, sentenció otro usuario en las redes. El anuncio de Adorni sobre un supuesto crecimiento del 45% en las exportaciones argentinas desde el inicio de su gestión tampoco logró apaciguar los ánimos. “No hay nada que haya crecido más que tu patrimonio…”, ironizó alguien en X. Otro comentario cargado de indignación cuestionó directamente las prioridades del gobierno: “¿Cuánta guita va a ir hospitales?; ¿Cuánta guita van a escuelas y universidades?; ¿Cuánta guita va a ir a jubilados y discapacitados?; ¿Nada?; ¿Fiestonga para celebrarlo?”, dijo exasperado.

Mientras tanto, la estrategia del gobierno para sostener a Manuel Adorni parece ser doble: minimizar las acusaciones mientras se refuerza su imagen pública mediante apariciones junto a los líderes del oficialismo. A esto se suma un irónico Santiago Caputo que publicó una foto junto a Adorni durante los actos del 25 de mayo que parece ser más una mojada de oreja a Karina Milei que una defensa seria al Jefe de Gabinete.  

Los memes que aparecieron tras el anuncio de Manuel Adorni: 

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias volverán a movilizarse frente a Tribunales para exigir que Javier Milei deje de bloquear la Ley de Financiamiento Universitario y frene el ajuste que golpea salarios, becas, investigación y el funcionamiento de las facultades.

Las universidades públicas volverán a salir a las calles esta semana para enfrentar el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. En medio del desfinanciamiento educativo, la pérdida salarial docente y el deterioro del sistema científico, docentes, estudiantes y autoridades universitarias encabezarán una nueva jornada de protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se realizará este martes frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en un reclamo directo a la Corte Suprema para que garantice la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial.

La protesta se desarrollará entre las 11 y las 17 con clases públicas, charlas y actividades abiertas encabezadas por docentes e investigadores de distintas universidades nacionales. Desde las organizaciones convocantes advirtieron que el ajuste del Gobierno ya impacta de lleno en salarios, becas, investigación científica y el funcionamiento cotidiano de las facultades.

“Defender la universidad pública es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, investigar y construir un futuro mejor”, señalaron desde los espacios universitarios que impulsan la jornada.

Entre los participantes estarán la abogada y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del secretario general de FEDUBA Pablo Perazzi.

El conflicto universitario escaló luego de las multitudinarias marchas federales realizadas durante las últimas semanas en todo el país. Mientras el Gobierno insiste en priorizar el “equilibrio fiscal”, desde el sistema universitario denuncian que Milei busca vaciar las universidades públicas y avanzar sobre uno de los pilares históricos de la educación argentina.

El Consejo Interuniversitario Nacional también mantiene una presentación judicial ante la Corte Suprema para exigir la implementación efectiva de la ley y alertó que el deterioro presupuestario ya pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio.

Desde las universidades advierten que el ajuste no solo golpea a docentes y estudiantes, sino que compromete el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. “Sin financiamiento no hay universidad pública posible”, remarcaron desde el sector educativo.