Un reciente informe reveló un contundente rechazo a la postura oficial sobre la prohibición de banderas en la semifinal del Mundial 2026.

El impacto del reciente Mundial 2026 trascendió lo estrictamente deportivo para reactivar una fibra íntima de la identidad nacional, en especial luego de la semifinal contra Inglaterra y el enorme gesto de los jugadores de la Selección Argentina pidiendo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Un estudio de opinión pública elaborado por la consultora CEOP Latam para C5N y minutouno.com, titulado “El Mundial y Malvinas”, expuso con números contundentes la centralidad del reclamo soberano y la brecha existente entre la percepción ciudadana y el accionar del Poder Ejecutivo.

En torno al inolvidable cruce de semifinales ante Inglaterra, el 72% de los encuestados afirmó que el enfrentamiento “fue algo más que un partido”, ratificando la carga simbólica e histórica que rodea cada duelo ante el conjunto británico.

Rechazo a la restricción del Gobierno y respaldo absoluto al plantel

Uno de los puntos centrales del relevamiento abordó la polémica previa al encuentro, cuando se restringió la portación de insignias relativas al archipiélago con el aval de las autoridades nacionales. Ante la consulta sobre la postura del Ejecutivo al acompañar dicha prohibición, el 65% sostuvo que “el Gobierno debería haber defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas”.

En contrapartida, la reacción del equipo dentro del campo tuvo un aval masivo: el 83% se mostró de acuerdo con la actitud de los futbolistas de exhibir la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el silbatazo final (un 66% se declaró “muy de acuerdo” y un 17% “bastante de acuerdo”), mientras que apenas un 6% manifestó estar “nada de acuerdo”.

Causa Malvinas y la mirada sobre el Presidente Javier Milei

Más allá de la pelota, el estudio ratificó el consenso irrestricto que genera el reclamo territorial: un 93% catalogó a la Causa Malvinas como “importante” fuera del ámbito deportivo, alcanzando un 76% que la definió categóricamente como “muy importante”.

Sin embargo, al ser evaluado el rol institucional, la figura del presidente Javier Milei quedó comprometida en la consideración social: el 66% de los entrevistados opinó que al mandatario no le importa la recuperación de las islas, elevándose la cifra al 54% bajo la premisa de que “no le importa nada”.

El análisis del especialista

Al sintetizar las conclusiones del trabajo, el titular de la consultora, Tito Backman, analizó el impacto simbólico de los datos. “El episodio Malvinas condensa un problema que excede el fútbol. La sociedad reveló un sentimiento potente y transversal (93,3% valora la causa), el Gobierno se ubicó a contramano de ese sentimiento (65,4% desaprobó su postura sobre la bandera) y, como saldo, quedó expuesta una percepción corrosiva: para dos tercios, a Milei las Islas Malvinas no le importan”, explicó el sociólogo.

Finalmente, Backman enfatizó la dimensión de este desgaste en la coyuntura actual. “En un contexto donde el Gobierno ya venía golpeado en el terreno económico, este informe agrega una vulnerabilidad de otra naturaleza. No se trata de bolsillo ni de expectativas, sino de identidad y símbolos: el territorio donde las naciones se reconocen a sí mismas”.

“Milei podía discutirle a la sociedad el rumbo económico y defender su modelo; en Malvinas, en cambio, no hay modelo que defender, solo un consenso al que se lo ve ajeno. Y cuando un gobierno debilitado también pierde pie en lo simbólico, el desgaste deja de ser solo material para volverse, además, emocional”, concluyó el analista político.

La central obrera confirma el arranque de un plan de lucha escalonado contra el Gobierno, con movilizaciones conjuntas y la posible concreción de un paro general hacia fines de año.

Tal como se había anticipado, la Confederación General del Trabajo (CGT) pone en marcha un plan de confrontación contra el Gobierno de largo plazo, que se extenderá al menos hasta noviembre y que podría desembocar en un paro general, posibilidad que hasta ahora los dirigentes de Azopardo habían descartado.

Mediante sus canales oficiales, la central obrera ratificó su regreso a las calles este miércoles, cuando lidera una manifestación junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en respaldo a los jubilados.

A qué hora marchan la CGT, las dos CTA y la UTEP hoy con los jubilados

La convocatoria, difundida bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», fijó la concentración a las 15 horas en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, frente a la Plaza del Congreso. Desde allí, las organizaciones exigirán la defensa de los haberes previsionales, el sostenimiento de los ingresos y condiciones dignas para los adultos mayores.

La movilización no constituye un acto aislado, sino que se inscribe en un cronograma de acciones acordadas entre las centrales sindicales y los movimientos sociales, tras una serie de reuniones en las que resolvieron actuar de manera unificada frente al rumbo económico del Gobierno nacional. Este acercamiento se consolida luego de que la UTEP anticipara una nueva etapa de protestas por el cierre del programa «Volver al Trabajo».

El objetivo del espacio es sostener un proceso creciente de participación sindical y social. En ese marco, distintos dirigentes ya adelantaron que el plan de lucha podría escalar hacia nuevas medidas de fuerza. Entre ellas, cobra fuerza la posibilidad de convocar a un paro general, alternativa que comenzó a debatirse en los encuentros entre las centrales y que dependerá de la evolución del conflicto y la respuesta oficial a los reclamos.

Las fechas que se barajan para esa medida son noviembre o la primera quincena de diciembre. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, mencionó la posibilidad de «una gran marcha y paro» antes o durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras que en la CGT inclinarían la balanza hacia diciembre.

De este modo, la jornada del miércoles se perfila como el puntapié inicial de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Ejecutivo nacional, con una estrategia basada en la unidad gremial y social para incrementar la presión en la vía pública.

La movilización se realizará este miércoles frente al Congreso y contará con la participación de la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados, en una nueva protesta contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diversos movimientos sociales marcharán este miércoles 22 de julio hacia el Congreso de la Nación junto a organizaciones de jubilados para reclamar mejoras en los haberes previsionales y rechazar las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria busca respaldar la tradicional protesta que los jubilados realizan cada semana frente al Palacio Legislativo y sumar a distintos sectores sindicales y sociales en una jornada de protesta que se prevé multitudinaria.

La CGT confirmó su participación como parte del plan de lucha que viene desarrollando en los últimos meses contra distintas medidas económicas y laborales impulsadas por la administración nacional.

A la movilización también se sumarán las CTA, movimientos territoriales, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y representantes de distintos sectores sindicales que buscan mostrar una acción coordinada frente al Gobierno.

Organizaciones sociales se movilizarán al Congreso: cuáles son los reclamos ante el Gobierno

La protesta se desarrollará en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las centrales obreras, luego de diversos cruces por la reforma laboral, el financiamiento sindical y las políticas de ajuste implementadas desde la Casa Rosada.

Entre los principales reclamos figuran la recomposición de las jubilaciones, la actualización de bonos para los adultos mayores y el rechazo a las políticas de ajuste que, según las organizaciones convocantes, afectan el poder adquisitivo de trabajadores activos y pasivos.

Los organizadores sostienen que la situación de los jubilados se agravó por la inflación acumulada y por el impacto de los recortes presupuestarios, por lo que consideran necesario mantener la presión en las calles para obtener respuestas oficiales.

Desde las organizaciones convocantes adelantaron que la marcha buscará expresar la unidad de distintos sectores del movimiento obrero y social en defensa de los jubilados y en rechazo a las medidas económicas oficiales, en una nueva demostración de fuerza frente al Congreso Nacional.

La llegada parcial de la Selección y la decisión de no realizar un acto multitudinario canceló todo tipo de posibilidades de un feriado nacional.

La posibilidad de que el Gobierno nacional decrete un feriado por la llegada de la Selección argentina llegó a su fin luego de la incertidumbre que se generó en torno a la Selección argentina y su vuelta al país. Con el correr de las horas se conoció que el plantel regresa al país de manera parcial y sin Lionel Messi, quien permaneció en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul.

La delegación aterrizará este lunes alrededor de las 19 en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Nueva York. Sin embargo, varios futbolistas no viajaron a Buenos Aires, ya que partirán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. La lista de jugadores que no viajan se completó con Enzo Fernández, Julián Álvarez, Simeone, Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

En este contexto, la posibilidad de un recibimiento multitudinario perdió valor. Incluso, desde el entorno de la Selección confirmaron que no habrá una visita a la Casa Rosada, uno de los escenarios que se había mencionado en las últimas horas y que tampoco quieren algo masivo.

La expectativa por un eventual feriado surgió luego de un mensaje del presidente Javier Milei, quien había anticipado que la jornada sería declarada no laborable si los jugadores y el cuerpo técnico decidían realizar un festejo con los hinchas. Sin embargo, tras la derrota en la final frente a España y con buena parte del plantel tomando distintos rumbos, ese escenario aparece hoy mucho más lejano.

La propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos integrantes del plantel partirán desde Estados Unidos hacia otros destinos para sumarse a sus clubes o iniciar su período de descanso, por lo que solo una parte de la delegación regresará a la Argentina.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se desplegará un operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La delegación que llega al país será recibida en el hangar 5 por una guardia de Granaderos y luego volará en helicópteros al predio de la AFA.

En una tan valiente como lapidario editorial el periodista dijo en voz alta lo que Londres insiste en negar, tarde o temprano deberán negociar por Malvinas .

La épica remontada de la selección de Lionel Scaloni y Lionel Messi frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y la bandera con la que festejaron los jugadores argentinos tras el partido reavivó en Londres el debate por la soberanía de las Islas Malvinas. En ese camino The Guardian admitió este viernes lo que nadie se anima a decir en voz alta en Londres.

Aunque algunos medios internacionales tildaron el gesto de los jugadores con la bandera de “arrogante”, en un sincero editorial el periodista británico Simon Jenkins, admitió en The Guardian que es hora de reconocer que “las Malvinas no pueden ser británicas para siempre” y advirtió que el debate era de “sentido común geográfico”. Además, deseó que la imagen de la selección argentina con la bandera con un mensaje sobre las islas se transforme en un llamado a la acción.

Jenkins realizó un sucinto repaso histórico sobre los territorios que alguna vez fueron colonias británicas y que, paulatinamente, dejaron de responder a la corona.

De hecho, entre los hitos más recientes mencionó el acuerdo que Reino Unido y España cerraron esta semana en torno a la soberanía de Gibraltar. Así, la disposición para eliminar el histórico enrejado no solo representó la desaparición de la frontera física, sino el fin de otra discusión diplomática que se extendió por varias décadas.

Apenas 24 horas habían transcurrido de la celebración por la firma del tratado en Bruselas, cuando el reclamo por la soberanía de Malvinas resurgió en plena celebración del Mundial 2026. “Pero, ¿será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?“, cuestionó el columnista del medio británico.

“Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año”, criticó.

Según Jenkins, la ferviente defensa de los gobiernos británicos por el control de las islas estaría íntimamente ligada a la inyección de popularidad que la victoria militar en 1982 le brindó a la administración encabezada en aquel entonces por Margaret Thatcher.

De la misma manera, consideraron que las políticas de protección también estarían relacionadas “con el hecho de que los isleños, a diferencia de los residentes de Hong Kong o Diego García (islas que supieron responder al gobierno británico), eran británicos blancos”.

Sin embargo, el columnista británico desempolvó los archivos históricos para mencionar que durante la década de los ‘70 el Reino Unido se encontraba en medio de negociaciones para transferir la soberanía de las islas al gobierno argentino. Un movimiento que, en paralelo, fue impulsado por las Naciones Unidas (ONU) en los ex imperios francés, portugués y español.

Según reconstruye el artículo de The Guardian, para 1971 se había establecido un acuerdo para que los habitantes de las islas pudieran viajar hacia el territorio continental y hacer uso de los hospitales, tiendas y otros servicios. “Gradualmente, los isleños estaban formando lazos cercanos con sus vecinos costeros”, destacaron.

“La problemática no era por una cuestión histórica -un argumento eterno-, sino por un sentido común geográfico”, señaló el periodista británico respecto de la predisposición que mostraba por aquel entonces la administración del Reino Unido. La búsqueda por ahorrar dinero también impulsó esa postura, tras indicar que las islas se encontraban expuestas y sin defensas.

En este sentido, reiteró: “Para el Reino Unido, era ridículo que un estado europeo debiera destinar fondos para financiar una gran marina de guerra para defender tierras distantes y disputadas”. Sin embargo, reprochó que el atropello por parte de las fuerzas militares argentinas en 1982 no solo desató el enfrentamiento armado, sino que generó un quiebre en las negociaciones en curso.

“Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, analizó el artículo, tras hacer mención a los esfuerzos de los Estados Unidos y Perú de que ambas naciones bajaran las armas.

A pesar de esto, el columnista de The Guardian cuestionó que “lo que la guerra de 1982 no necesitaba era que el Reino Unido congelara completamente cualquier tipo de discusión sobre la soberanía de las islas por más de 40 años”.

“La realidad es que estas colonias, inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo y los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”, señaló.

De la misma manera, Jenkins consideró que los resultados del referéndum realizado en 2013 sobre el tema, en donde 99,8% de un total de 1517 participantes votaron por permanecer anexados como parte del gobierno británico, no eran suficiente justificativo.

“Tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”, analizó, tras plantear que “sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por una medida vinculada a la cooperación con el FBI y aseguró que desconoce el mandato constitucional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata lanzó un duro comunicado contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al cuestionar su actuación en el marco de la cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y acusarla de incumplir la Constitución Nacional.

Desde la organización sostuvieron que la funcionaria “ahora se puso la gorra del FBI” y remarcaron que, como integrante del Gobierno argentino, “debe cumplir con la Constitución Nacional”. En ese sentido, recordaron la Disposición Transitoria Primera, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, además de establecer que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

El CECIM aseguró que la ministra “se olvida” de ese mandato constitucional y la calificó como una funcionaria “colonizada”. En el mismo comunicado, la entidad expresó: “Qué vergüenza que nos das… reprimís a jubilados y Malvinas entregás”.

Las críticas se producen en medio de la polémica generada por la profundización de los vínculos entre el Ministerio de Seguridad y organismos estadounidenses, una decisión que distintos sectores cuestionan por considerar que puede afectar la autonomía del país en materia de seguridad y soberanía.

El pronunciamiento del CECIM vuelve a poner en el centro del debate la política del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas, un tema que para los excombatientes constituye una causa permanente y un compromiso establecido por la propia Constitución Nacional.

La actriz destrozó al conductor de Neura había criticado a Tomás Fonzi por lamentar la falta de ficciones y la crisis que atraviesa la industria.

La actriz Dolores Fonzi salió a respaldar públicamente a su hermano, Tomás Fonzi, luego de los polémicos dichos de Alejandro Fantino, quien le había sugerido al actor “manejar un Uber” ante la falta de trabajo en el sector. Con sus declaraciones, Dolores se sumó al apoyo que ya había expresado previamente el actor Pablo Echarri.

De esta manera, el fuerte debate por la falta de ficción y la crisis en la industria audiovisual sumó un nuevo y escandaloso capítulo.

A través de sus redes sociales, la actriz esperó unos días para explayarse y lanzó una catarata de tuits con fuertes epítetos dirigidos al conductor. “Miles de trabajadores ven cómo se desarman industrias y vos le pegás al que habla en lugar de discutir el desastre que Tomás denuncia. No sorprende tu ignorancia ni tu poca ética como ‘periodista’. Rata. Ni para disimular te da, la impunidad es total, dan asco”, disparó arrobando directamente al periodista.

Dolores Fonzi cruzó con todo a Alejandro Fantino tras sus chicanas contra los actores

En otra publicación, Dolores salió a defender la vigencia laboral de su hermano y cuestionó la falta de sensibilidad del conductor: “Por si no lo sabías, Tomás trabaja en ‘Una Navidad de mierda’, una de las obras más vistas y premiadas de la calle Corrientes. Él no habla por él, ¿pero qué vas a saber vos de empatía?”.

El origen del conflicto entre Dolores Fonzi y Alejandro Fantino

La polémica se desató luego de que Tomás Fonzi expresara en una entrevista su profunda preocupación por la alarmante situación que atraviesan los actores en el país. “Hay muy poco trabajo, prácticamente desapareció la ficción en la televisión argentina. Además, el desmantelamiento del INCAA paralizó la realización de cine nacional”, había advertido el actor.

Al hacerse eco de este descargo, Fantino minimizó el reclamo de la comunidad artística y lanzó una polémica sugerencia que encendió la mecha. “Sí, hay cosas más importantes, pero si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber y conducir, Tomás. O podés laburar cortando el pasto, hacer un curso de electricidad o de arreglo de lavarropas”, sostuvo.

Respecto a las críticas de Fonzi por el freno al Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisual (INCAA), el conductor remató de manera irónica: “Y claro, si hay cosas más importantes. Andá a actuar de chofer de Uber, Tomás”.

La Provincia hizo oficial la suba salarial a la Bonaerense que se pagará en dos tramos y va en sintonía con el acuerdo paritario al que llegó con estatales y docentes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad, que había sido anticipado este medio. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.

“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, señaló López.

Este aumento es para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, y se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López. Y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

Cómo quedaría la escala salarial de la Policía

Si bien aún no fue publicada oficialmente cómo quedará la escala salarial, se puede proyectarla tomando como referencia la de abril 2026: 

Oficial de Policía
Julio $908.992,95
Agosto $926.307,10

Sargento    
Julio: $913.310,97    
Agosto: $930.707,37

Teniente
Julio: $927.074,21    
Agosto: $944.732,77

Capitán    
Julio: $1.163.662,92    
Agosto: $1.185.827,93

Comisario    
Julio: $1.418.920,62    
Agosto: $1.445.947,68

Comisario General    
Julio: $1.976.408,29    
Agosto: $2.014.054,16

Vale destacar que estos aumentos están relacionados al sueldo básico, por lo que el salario total puede incluir bonificaciones remunerativa, sumas no remunerativa, riesgo profesional, antigüedad, horas CO.RE.S., Policía Adicional, compensación por uniforme y otros conceptos.

El Ejecutivo celebró la concesión como un proceso “transparente”, pero el expediente acumuló cuestionamientos por presunto direccionamiento, pliegos a medida, restricciones a la competencia y un sistema de evaluación que terminó beneficiando al grupo adjudicatario.

El gobierno de Javier Milei oficializó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la adjudicación como el comienzo de una nueva etapa de gestión privada. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión volvió a poner bajo la lupa un proceso licitatorio que durante meses estuvo rodeado de denuncias, advertencias técnicas y fuertes cuestionamientos sobre su transparencia.

La Hidrovía es una de las infraestructuras más estratégicas del país. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y cualquier decisión sobre su administración tiene impacto directo sobre la economía nacional. Precisamente por esa relevancia, distintos sectores vienen señalando que la licitación debió ofrecer las máximas garantías de competencia e igualdad de condiciones.

No obstante, especialistas y empresas participantes denunciaron que el pliego habría sido diseñado con requisitos que favorecían al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, finalmente adjudicatario de la concesión. A esas observaciones se sumaron críticas por los plazos del proceso, considerados insuficientes para permitir una competencia real entre los oferentes.

Otro de los puntos más controvertidos fue el mecanismo previsto para impugnar decisiones durante la licitación. Según trascendió, las empresas debían afrontar un pago de 10 millones de dólares no reembolsables para presentar objeciones, una condición que fue interpretada por distintos actores como una barrera que desalentó cualquier cuestionamiento formal.

Las dudas también alcanzan al sistema de evaluación utilizado para definir al ganador. Diversas denuncias sostienen que la metodología de puntajes terminó favoreciendo al consorcio adjudicatario, mientras que la Comisión Evaluadora quedó bajo observación por presuntos conflictos de interés y por decisiones que ahora podrían ser materia de futuras investigaciones judiciales.

Pese a ese escenario, el Ministerio de Economía insistió en que el proceso fue transparente y destacó que permitirá reducir el costo del peaje y avanzar con nuevas obras sobre la vía navegable. Sin embargo, una de las empresas competidoras aseguró que el esquema elegido por el Gobierno implica un costo logístico superior al que podía alcanzarse con otras propuestas y advirtió que el Estado desestimó alternativas más económicas.

Con el contrato ya firmado, la discusión parece lejos de terminar. Mientras el Gobierno defiende la adjudicación como un éxito de gestión, las denuncias por posibles irregularidades mantienen abierta una polémica que podría trasladarse a los tribunales y volver a poner en debate cómo se administró una de las concesiones más importantes del país.

El ex jefe de Gabinete mantiene los privilegios por supuestas amenazas. Pagano lo denunció penalmente.

La diputada nacional Marcelo Pagano denunció que Manuel Adorni mantiene la custodia y un vehículo oficial, pese a que ya no es funcionario público.

La presentación -a la que accedió LPO- apunta contra el ex vocero y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Jefatura de Gabinete y de la Policía Federal que hayan autorizado la continuidad de la custodia y de la asignación de un vehículo oficial.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, sostiene con la salida de Adorni del gobierno “cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública”

“Adorni habría continuado usufructuando, con posterioridad a su renuncia, custodia personal a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales del Estado Nacional para su desplazamiento”, sostiene Pagano, que agrega que la prórroga sería “por tiempo indefinido”.

“La continuidad del beneficio se sustentaría en presuntas amenazas que el nombrado habría recibido; sin embargo, se ha informado que tales amenazas no fueron formalmente denunciadas ni judicializadas, y que la eventual prórroga de la protección se encontraría aún pendiente de oficializarse en el ámbito del Ministerio de Seguridad”, continúa la denuncia.

“La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”, completa.

Las denuncias sobre los abusos de Adorni con la custodia y los vehículos oficiales no son nuevas. Al comienzo del escándalo por el enriquecimiento descontrolado, trascendió que el entonces jefe de gabinete utilizaba autos oficiales para que sus empleadas domésticas vayan de compras o que la custodia acompañaba a su esposa a juntadas con amigas.

La presentación de Pagano -que también es la denunciante en la causa por enriquecimiento ilícito- solicita que se investigue a Adorni por peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.