Los asesinados por las fuerzas de seguridad ascienden a cincuenta, desde que se iniciaron las protestas contra la presidenta Dina Boularte. En la “toma de Lima” se registraron serios incidentes.

Manifestantes de todo Perú llegaron a Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Boluarte y que este viernes dejaron otros dos fallecidos en el interior de la hermana nación.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas seguridad marcan un pico de violencia solo superado en la década de los noventa del siglo pasado, bajo la sangrienta presidencia de Alberto Fujimori.

Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre; jornada que fue denominada como “La toma de Lima”.

En horas de la noche de este jueves, Boluarte dio un mensaje al país, en el cual intentó mostrarse fortalecida a pesar de la crisis, y dijo que su gobierno “está firme”, y su gabinete “más unido que nunca”.

La embajada de Estados Unidos en Lima, actor central en la destitución del presidente Pedro Castillo, emitió un comunicado, en el cual sigue “con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta, y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica”.

Desde el golpe parlamentario realizado en Perú, se desataron protestas por todo el país exiguiendo la renuncia de Boluarte, elecciones rápidas, cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno de Fujimori, quien está preso por vioaciones a los derechos humanos.

Se cuenta con los votos para iniciar el proceso legislativo.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de jury a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La intención del oficialismo es convocar para el jueves a las 10 a la comisión, que preside la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Carolina Gaillard, para analizar los expedientes vinculados al mal desempeño de los integrantes del máximo tribunal.

El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso, pero no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

La principal bancada opositora adelantó que participará del debate, pero no dará quórum en la comisión, al advertir que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) acompañaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsó el Presidente Alberto Fernández junto con gobernadores.

“La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la Ciudad Autónoma de ­Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las ­provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder”, aseguraron en un comunicado.

Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo “se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas”.

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de “su ausencia de idoneidad y mal ­desempeño”, porque en 2017 “pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio de dos por uno para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular”.

Asimismo, reseñaron que “la Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad”.

Se trata de la segunda convocatoria a proyectos de integración cooperativa, que busca la innovación de productos y el fortalecimiento de circuitos de comercialización.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer en Pinamar una convocatoria para financiar proyectos productivos de cooperativas, orientada a iniciativas que generen valor agregado y promuevan el desarrollo local.

Se trata de la segunda convocatoria a proyectos de integración cooperativa, que además busca alentar la creación e innovación de productos y el fortalecimiento de circuitos de comercialización.

Los proyectos podrán ser presentados por municipios, federaciones o confederaciones de cooperativas. Y deberán involucrar a tres o más cooperativas. El gobernador también anunció un nuevo módulo de reconocimiento a la calidad para asociaciones agropecuarias.

Acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y el ministro bonaerense de la Producción, Augusto Costa, Kicillof destacó la importancia de “conversar sobre las políticas que seguimos impulsando para el desarrollo de la Provincia”.

“Cuando asumimos, nos encontramos con un movimiento cooperativo fuertemente afectado por las políticas nacionales y provinciales que, durante cuatro años, desatendieron completamente la defensa de la producción y el trabajo. Para nosotros era fundamental revertir esa situación y generar programas para fortalecerlo”, recordó el mandatario provincial.

Fuego cruzado en el ala de la derecha de la política nacional.

El economista liberal Carlos Maslatón trató de “burro, stalinista y delirante” a su rival libertario Javier Milei, al que acusó de “no saber de lo que habla” y “proscribir las PASO en La Libertad Avanza”.

Maslatón volvió a salir al cruce del diputado nacional de La Libertad Avanza, luego de que el legislador dijo en un programa periodístico que “la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta y (Sergio) Massa se puso de acuerdo para que no se escape el dólar, porque si no gana Milei”.

“Milei es un burro, estos son argumentos conspirativistas propios de un comunista”, afirmó Maslatón en su cuenta de Twitter.

Añadió que el diputado libertario “jamás operó en el mercado, no sabe de lo que habla. Entiendo que Milei esté enojado por la voladura de la bolsa, pero se ha convertido en un delirante total”.

En cuanto a la cuestión estrictamente política, el exdirigente de la Ucedé sostuvo que “las PASO 2023 de Juntos por el Cambio se llevarán toda la atención política y el interés de la población, la están embocando bien con esta interna los personeros del gobierno 2015-2019”, al referirse a un posible avance de Rodríguez Larreta en el armado de su equipo presidencial para una eventual competencia con Mauricio Macri.

Seguidamente afirmó que “en cambio Javier Milei, en su fase más stalinista y delirante, decide por miedo proscribir las PASO en LLA (La Libertad Avanza)”.

Milei había especulado además que ese supuesto acuerdo que mencionó estaba dirigido a que “las señales de mercado no se expresen”.

Los acusados serán juzgados por un jurado popular. Otros 19 uniformados están acusados de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo se llevará a cabo el juicio por jurados a los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y al excapitán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén García, acusados de haber perseguido y asesinado a cuatro jóvenes en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte el 20 de mayo de 2019.

Está previsto que la primera audiencia comience el 8 de mayo en los tribunales de 8 y 56, y finalice el 17 del mismo mes con los alegatos de la fiscalía, de las defensas y luego la deliberación de 12 personas sin conocimiento técnico-jurídico. La dirección del debate estará a cargo de la jueza Carolina Crispiani.

Los policías están imputados por “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”. Para que sean declarados culpables y ser condenados a prisión perpetua, deberá haber una votación unánime por parte del jurado popular.

De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad en el Fiat Spazio, que era conducido por Aníbal Suárez (22).

Dos policías en un patrullero comenzaron a perseguirlos y dispararon contra el rodado. Desde otro patrullero, que pretendió bloquear el paso del coche, también efectuaron varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo Domínguez.

Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la Ruta Nacional 3, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar sin llegar a ser asistidos. Solo Quagliarello sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad.

Por su parte, otros 19 policías irán a otro juicio. Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Ángel están acusados por “encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, aunque aún no se conoció la fecha de inicio del debate oral, que será mediante jueces técnicos.

Respecto a los uniformados, Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Righero, Juan Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro están acusados por “falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En tanto, los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui serán juzgados por “violación de los deberes de funcionario público”.

En Mendoza el Presidente visitó el Complejo Penitenciario Luján de Cuyo. Estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación.

El mandatario Alberto Fernández continúa con su “gira federal” realizando inauguraciones de obras junto al ministro del área, Gabriel Katopodis, y en ese marco ayer fue el turno de los trabajos de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de la localidad de El Paramillo, en la provincia de Mendoza.

Durante su alocución, el mandatario nacional aseguró que recorre el país “tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie” y “recupere el federalismo”, y sostuvo que hasta el final de su mandato seguirá poniendo obras en marcha.

El Presidente manifestó además que la obra que inauguró en Mendoza “es una de las cinco obras de tratamiento de aguas servidas más grandes de la Argentina”, y resaltó que “de esto se benefician 350.000 argentinos”.

“Y de acá hasta el 10 de diciembre me van a ver seguir hablando de política, pero trabajando por ustedes, porque es lo único que me preocupa, porque soy un mandatario de ustedes”, expresó, y dijo que “así ­respondo, poniendo en marcha obras ­concluidas”.

En esa línea, afirmó que las obras que impulsa el Gobierno nacional en todo el país “no tienen un sentido electoralista” y lamentó que un fallo de la Corte Suprema le haya dado “más recursos a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias”.

En otra parte de su exposición, agradeció al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, la movilidad que les permitió llegar hasta El Paramillo, donde se hizo el acto, y se refirió a la ausencia en el evento del mandatario, quien ayer adelantó que no participaría: “Lamento que Rodi no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca, le mando igual un abrazo”, completó el Presidente.

El ente estatal detectó evasión impositiva y empleo informal durante el Operativo Verano 2023 llevado a cabo en bares, paradores, balnearios y boliches.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró 242 actas por infracción a las normas de facturación y detectó un 27 % de informalidad laboral en un relevamiento realizado en 12 provincias en el marco del Operativo Verano 2023, según informó este miércoles el organismo tributario.

Los operativos fueron llevados a cabo de manera conjunta por la Dirección General Impositiva, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, la Dirección General de Aduana y en algunos procedimientos intervino también la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El organismo conducido por Carlos Castagneto desplegó 388 agentes y visitó 188 comercios entre hoteles, bares, cervecerías, paradores, balnearios y locales bailables.

Además, la AFIP realizó acciones de control en eventos especiales de música electrónica y en eventos provinciales como los “after beach”, que se desarrollan en los balnearios de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata.

En total, labraron 242 actas por falta de emisión de comprobantes de venta y ausencia de controladores fiscales de nueva tecnología. Asimismo, relevaron 4.391 empleados y detectó que el 27 % no estaba registrado o presentaba irregularidades en su alta ante la AFIP.

Por otro lado, también realizaron controles en la ruta para verificar la documentación de la mercadería en tránsito, y relevar dominios de vehículos de alta gama con el fin de constatar su correcta declaración ante el organismo.

En los espacios móviles de atención realizaron 514 consultas entre altas de clave fiscal, estados de deuda, monotributo, dudas sobre devoluciones y denuncias.

Las gestiones se pueden realizar en una de las oficinas de ese organismo.

Los beneficiarios de ANSES pueden obtener un 55 % de descuento en viajes en el transporte público a través de la tarjeta SUBE, según informó la Administración Nacional de Seguridad Social.

Las personas interesadas en tener este beneficio deberán ingresar a www.anses.gob.ar, sección mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego, en el menú, debe elegir Programas y beneficios, opción Generar PIN SUBE. En ese momento, el sistema genera un código que se debe registrar con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar.

Seguidamente para activar el beneficio en una terminal automática o con la app Carga SUBE si el teléfono está habilitado para hacerlo.

Esta gestión también se puede realizar en una oficina de ANSES, sin turno, o en un Centro de Atención SUBE.

El organismo explicó que las personas a las que les corresponde la tarifa social SUBE son Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Jubilaciones y pensiones, y Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También titulares de Personal de casas particulares, Monotributo Social, Prestación por Desempleo, Pensión Universal para el Adulto Mayor y Pensiones no contributivas por invalidez.

Además a los que perciben Pensiones no contributivas madre de 7 hijos, Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades y Potenciar Trabajo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires indicó que desde el inicio de la temporada unos 7.400.000 turistas recorrieron los diferentes destinos turísticos bonaerenses.

El mandatario provincial, Axel Kicillof, celebró este miércoles que desde el inicio de la temporada de verano unos 7.400.000 turistas recorrieron los diferentes destinos turísticos de la Provincia y afirmó que esos números indican que “es ya una temporada imponente como pretendíamos”.

“El operativo de seguridad de Sol a Sol, con más de 22 mil efectivos; el operativo de salud, el de Control de Incendios, la infraestructura vial y la propuesta cultural y turística le dieron basamento a una temporada que tenia como objetivo exigente alcanzar los números de la temporada anterior que fue récord”, expresó el mandatario bonaerense en una conferencia con el lema “Derecho al futuro”, desde el municipio de Pinamar.

Detalló que “a esta altura los números de turistas de esta temporada, 7.400.000, superan los registros históricos y tienen un elemento adicional que es que no se restringe a los destinos tradicionales de la Provincia, a la Costa atlántica, sino que logramos que destinos de sierra, ríos, lagunas, lagos, estén también con plena ocupación”.

“Estamos contentos de llegar a la segunda quincena de enero superando las expectativas, es ya una temporada imponente que es lo que pretendíamos”, celebró con entusiasmo Kicillof.

Además, el gobernador bonaerense destacó que mantuvo una reunión con sectores productivos del turismo, la cultura, la construcción, gastronómicos, el sector eléctrico y el transporte de la región.

“Fue una reunión que duró varias horas, estuvimos prestando oídos, no con marketing, pero tampoco no solo como escucha sino con resultados”, apuntó.

Y explicó que durante ese encuentro se anunció a los sectores cooperativistas la segunda convocatoria a proyectos para el mejoramiento de los estándares tecnológicos de estas.

“Sabemos que hay quienes desprecian, marginan y hasta persiguen al movimiento cooperativista; nosotros pensamos que el movimiento cooperativista es central para la Provincia, permite llegar donde muchas veces el sector privado ni el Estado llegan”, destacó.

Contó que en el interior de la provincia de Buenos Aires “los servicios públicos son prestados por cooperativas de energía, de Internet, de agua y hasta para cuestiones básicas como los servicios funerarios”.

“Las cooperativas son centrales para el funcionamiento de la Provincia y se las había despreciado. Nosotros volvimos a poner en marcha los fondos cooperativos que no se cumplían. Y hoy anunciamos fondos de 400 millones de pesos para proyectos que les permitan tener estándares tecnológicos y productivos y de eficiencia que más puedan alcanzar”, precisó, y convocó “a seguir trabajando por la mejor temporada”.

Integraba la SIDE durante la última dictadura cívico-militar. Se lo acusa de torturar a 108 personas, secuestrar a menores y el asesinato de 19 prisioneros en tres centros clandestinos de detención.

El juez Daniel Rafecas solicitó a la Interpol la captura internacional de Daniel Oscar Cherutti, hermano del humorista Miguel Ángel Cherutti, por delitos de lesa humanidad.

Cherutti formó parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura y se lo acusa de participar de las actividades en tres centros clandestinos de detención.

A Cherutti se le imputa “en calidad de autor” de “privación ilegal de la libertad” de 108 personas, privación ilegal de la libertad agravada de siete personas durante más de un mes, “aplicación de tormentos” sobre 104 y, además, la “sustracción” de dos niños.

También se le atribuye, “en calidad de cómplice primario”, el homicidio agravado de 19 personas.

Cherutti, de 75 años, es de la ciudad de Cañuelas y en 2011 se instaló en la provincia de Novara, región de Piemonte, con la intención de abrir un restaurante.

La causa que lleva adelante el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 es la misma por la que ya fue arrestado Patricio Finnen, otro exagente de la SIDE, acusado de delitos de lesa humanidad y de participar del desvío de la investigación por el atentado de la AMIA.

También alcanza a Luis Nelson González, alias “Pinocho”, enlace de la SIDE con el Poder Judicial; Rubén Héctor Escobar; César Estanislao Albarracín y Hugo Ángel Carlet, todos ya detenidos.

El expediente se abrió luego de la desclasificación de un documento de la CIA, un expediente de la justicia militar de hace 40 años, y correos electrónicos de un espía de la SIDE.

En las investigaciones se logró descubrir en 2020 un centro clandestino de la SIDE en una casa de Bacacay 3570 en el barrio porteño de Floresta.