Así lo afirmó el politólogo y miembro del Observatorio del Sur Global al analizar la actualidad política y social en esa nación suramericana.

Federico Montero analizó en el programa radial de la AM530-Somos Radio, Cuanto Cuento, las consecuencias y reclamos de las movilizaciones que sacuden a Perú, su repercusión en la región y brindó un adelanto sobre la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) que se realizará el martes próximo en Buenos Aires.

“Las protestas tienen que ver con el descontento que se inició el 7 de diciembre con el golpe institucional a Pedro Castillo, que en un primer momento fue resistido por la base social y rural de Perú, y que fue tomando mayor protagonismo en la respuesta a la represión ordenada por el Gobierno de Dina Boularte”, describió Montero al inicio de su columna.

Vale destacar, que el mandatario peruano fue destituido por un procedimiento impulsado por el Congreso (unicameral) de esa nación suramericana, gracias al “juicio por vacancia” el cual fue aplicado de forma irregular y que en estos momentos el presidente depuesto se encuentra encarcelado sin la realización de un juicio.

En ese sentido, el analista señaló: “El espiral de violencia que estamos viendo ya se cobró cincuenta muertos, todos ellos fallecieron por armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad, lo que implica una creciente inestabilidad política“.

Por otra parte, Montero relató los posibles escenarios que se abren en Perú y cómo se podría resolver la crisis política en la hermana nación. Para ello, planteó que Boularte puede finalizar los años de gobierno que le quedaban a Castillo o llamar a elecciones, lo cual debe ser ratificado por el Congreso.

“La agenda del movimiento social consta de cuatro puntos: Primero, la liberación de Castillo; segundo, el llamado inmediato a elecciones; tercero, una renovación del Congreso y la Presidencia y cuarto, una reforma constituyente“, explicó el politólogo en Cuanto Cuento.

Acerca del impacto de la crisis peruana en América Latina, Montero explicó que “existieron pronunciamientos diferenciados” por distintos mandatarios de la región. “Lula antes de asumir la presidencia de Brasil realizó un saludo a la continuidad institucional luego de la destitución de Castillo, pero no volvió a posicionarse”.

Siguiendo esa lógica argumentativa, el analista señaló que “México tuvo una posición más consecuente porque siempre mantuvo una condena a lo que estaba sucediendo y fue el país que ofreció la salida para la familia de Castillo”.

Más tarde, el politólogo adelantó que “habrá varios representantes de quienes fueron funcionarios del gobierno de Castillo en Argentina de cara a la Cumbre de la Celac” y luego expresó: “Hay que ver cómo evoluciona la posición regional y si es posible tener un acuerdo para aportar en la resolción de está situación”.

Luego, Montero explicó que las movilizaciones y la salida represiva del Gobierno “ayudan” a que un sector mayoritario de la población entienda la necesidad de un cambio más profundo. “En la agenda parlamentaria es un elemento que está en juego, luego de votar en el Congreso el acortamiento del mandato de Boularte y una convocatoria a elecciones para abril de 2024“, contó.

“Ahora el Congreso debería ratificar esa convocatoria“, explicó el politólogo para luego describir: “La izquierda está condicionando el apoyo a la ratificación de ese adelanto de las elecciones, correrlas para este año, y que vaya acompañado de una convocatoria de una Asamblea Constituyente“.

Al cierre de su columna, Montero habló sobre la realización de la VII Cumbre de los presidentes de la Celac que se realizará el martes en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

En ese sentido el analista contó que confirmaron su presencia a la Cumbre varios mandatarios de América Latina como Lula de Brasil; Gustavo Petro de Colombia y el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric.

“Hay que ver qué matriz de discusión atraviesa la Cumbre en un contexto donde América Latina se juega mucho, en un mundo en crisis y por la necesidad de unificar posiciones, donde paradojicamente nunca antes hubo tantos gobiernos autoconsiderados populares y de izquierda, pero con menos capacidad de articulación entre sí frente a un mundo en crisis”, señaló el politólogo para finalizar su columna.

Así lo informó el Indec en su habitual informe. Superó a la balanza de 2021 que quedó en 14.751 millones.

La balanza comercial cerró el año pasado con un superávit de US$. 6.923 millones, frente a los US$ 14.751 millones de todo 2021, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior dejará una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes del 2021.

En diciembre de 2022, las exportaciones alcanzaron US$ 6.119 millones y las importaciones, US$ 5.017 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 13,0% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 11.136 millones.

De esta forma, la balanza comercial registró un superávit interanual de US$ 1.102 millones.

Las exportaciones cayeron 7,1% respecto a igual mes de 2021 (-US$468 millones) debido a una baja de 13,1% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 6,8%. En términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 8,6% y la tendencia-ciclo, 1,8% con relación a noviembre de 2022.

Los productos primarios (PP) disminuyeron 26,4% y las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,4%; mientras que los combustibles y energía (CyE) aumentaron 7,5% y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,4%.

Las importaciones disminuyeron 19,3% respecto a diciembre de 2021 (-US$1.199 millones) debido a un descenso de 21,8% en las cantidades, puesto que los precios crecieron 3,3%.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 2,0% y la tendencia-ciclo, 3,0% con relación a noviembre de 2022. Todos los usos económicos registraron variaciones negativas.

Combustibles y lubricantes (CyL) cayó 38,6%; resto, 35,4%; mayormente debido a la disminución de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de capital (BK), 23,9%; bienes intermedios (BI), 19,3%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 10,5%; bienes de consumo (BC), 8,4%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 5,2%.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 1.102 millones, US$731 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 371 millones.

A través de su cuenta personal de twitter, la Vicepresidenta apuntó contra la mafia mediática-judicial y cuestionó la reapertura de la causa Memorándum con Irán.

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, elaboró nuevas críticas a la Justicia, en esta oportunidad por las escuchas ilegales para permitir o no la investigación del delito. “La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, escribió.

En otro mensaje del hilo de twitter, Cristina recordó: “En el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación Hornos y Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ´una escucha ilegal´, metieron preso a Zannini y le prohibieron a Timerman tratarse de un cáncer en EEUU. Después de la legalización de la escucha, Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”.

“Ahora en 2023, el Juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alessandro, Mtro. de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ´una escucha ilegal´”, señaló la Vicepresidenta.

En otro de los mensajes, la ex presidenta puntualizó: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf´, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”.

“Stornelli, para salvar al ladero de Rosatti -Robles- cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”, apuntó, fiel a su estilo.

Par finalizar, Cristina se preguntó: “Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?“.

La medida se formalizó este viernes a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta $ 71 millones, a los incumplimientos en que pudieran incurrir los supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos participantes del programa Precios Justos.

En concreto, la normativa modifica la Resolución 118/2022 donde se establecían los rangos de multas previstos en los convenios de colaboración entre la Secretaría de Comercio y los municipios de las diversas provincias que contribuyan en las actividades de fiscalización y control de Precios Justos.

La normativa de 1994 en su artículo 47 establecía como sanciones, según el caso, un apercibimiento, el decomiso de las mercaderías objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o, en el caso de las multas económicas, sanciones de entre $ 100 y $ 5 millones, teniendo como parámetro el alcanzar el triple del beneficio ilegal obtenido por la infracción.

A través de la Ley de Presupuesto de este año se dispuso un aumento de hasta 4.200% en dichas multas, tomando ahora como parámetro -ajustable a la inflación- la Canasta Básica Total (CBT) para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Por tanto, tomando la última canasta publicada de diciembre pasado (de $121.420) , las multas pueden comprender entre los $ 60.710 y los $ 254.982.000.

Tomando este marco, el área conducida por Matías Tombolini, actualizó hoy las multas que pueden resultar pasibles los supermercados ante eventuales incumplimientos.

En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos, las multas se ubicarán entre los $4.613.960 y los $ 35.697.480, con los montos mínimo y máximo de las multas variando en función del punto de venta, otra novedad de la normativa que anteriormente no los diferenciaba.

En el caso de la primera reincidencia, las multas se podrán incrementar en un 40%, mientras que si se incumple por segunda vez podrán aumentarse hasta un 100%, llegando así hasta los $71.394.840 en el caso de los mayoristas.

En el caso de que ocurra una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encoraran ofertados sus respectivos sustitutos, las multas serán de entre $1.821.300 y $ 14.327.560.

Si existiera una falta en la identificación de la señalética del programa de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes, se aplicarán sanciones de entre $1.427.040 y $ 13.477.620.

Antes las sanciones en este caso rondaban entre los $ 200.000 hasta $ 400.000, por lo que la multa máxima, en el caso de los mayoristas, tendrá un incremento de 3269,41 %.

Asimismo, cuando en el caso de utilizarse la señalética, se dispongan productos que no correspondan, las multas pasarán de un rango de entre $150.000 a $300.000 a ser de entre $1.335.620 y $ 10.684.960, dependiendo el punto de venta.

En el caso de hallarse el “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”, las sanciones pasarán de un rango de entre $250.000 a $500.000 a ser de entre $ 2.306.980 y $ 17.727.320.

La resolución de hoy también fija multas para el caso de los productos no alimenticios, diferenciando entre “tiendas” y “supertiendas” de dichos productos, al igual que sus plataformas web, y aplicando el mismo porcentaje de incremento en el caso de reincidencias.

Para las plataformas web y tiendas se aplicarán las mismas sanciones que los puntos “web” y “express” de los alimentos, mientras que para las “supertiendas” serán equivalentes a las de los supermercados.

Los asesinados por las fuerzas de seguridad ascienden a cincuenta, desde que se iniciaron las protestas contra la presidenta Dina Boularte. En la “toma de Lima” se registraron serios incidentes.

Manifestantes de todo Perú llegaron a Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Boluarte y que este viernes dejaron otros dos fallecidos en el interior de la hermana nación.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas seguridad marcan un pico de violencia solo superado en la década de los noventa del siglo pasado, bajo la sangrienta presidencia de Alberto Fujimori.

Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre; jornada que fue denominada como “La toma de Lima”.

En horas de la noche de este jueves, Boluarte dio un mensaje al país, en el cual intentó mostrarse fortalecida a pesar de la crisis, y dijo que su gobierno “está firme”, y su gabinete “más unido que nunca”.

La embajada de Estados Unidos en Lima, actor central en la destitución del presidente Pedro Castillo, emitió un comunicado, en el cual sigue “con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta, y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica”.

Desde el golpe parlamentario realizado en Perú, se desataron protestas por todo el país exiguiendo la renuncia de Boluarte, elecciones rápidas, cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno de Fujimori, quien está preso por vioaciones a los derechos humanos.

Se cuenta con los votos para iniciar el proceso legislativo.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de jury a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La intención del oficialismo es convocar para el jueves a las 10 a la comisión, que preside la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Carolina Gaillard, para analizar los expedientes vinculados al mal desempeño de los integrantes del máximo tribunal.

El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso, pero no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

La principal bancada opositora adelantó que participará del debate, pero no dará quórum en la comisión, al advertir que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) acompañaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que impulsó el Presidente Alberto Fernández junto con gobernadores.

“La arbitraria e ilegal sentencia a favor de la Ciudad Autónoma de ­Buenos Aires (CABA), firmada por los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las ­provincias, es una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder”, aseguraron en un comunicado.

Esos espacios gremiales, que lideran respectivamente el bancario Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, el docente Hugo Yasky y el estatal Hugo Godoy, afirmaron en el texto que a ese fallo “se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema y la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas”.

También enfatizaron que la Corte Suprema ya había dado muestras de “su ausencia de idoneidad y mal ­desempeño”, porque en 2017 “pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio de dos por uno para acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que fue evitado por la masiva movilización popular”.

Asimismo, reseñaron que “la Corte actuó regresivamente sobre los derechos laborales, contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo. Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad”.

Se trata de la segunda convocatoria a proyectos de integración cooperativa, que busca la innovación de productos y el fortalecimiento de circuitos de comercialización.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer en Pinamar una convocatoria para financiar proyectos productivos de cooperativas, orientada a iniciativas que generen valor agregado y promuevan el desarrollo local.

Se trata de la segunda convocatoria a proyectos de integración cooperativa, que además busca alentar la creación e innovación de productos y el fortalecimiento de circuitos de comercialización.

Los proyectos podrán ser presentados por municipios, federaciones o confederaciones de cooperativas. Y deberán involucrar a tres o más cooperativas. El gobernador también anunció un nuevo módulo de reconocimiento a la calidad para asociaciones agropecuarias.

Acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y el ministro bonaerense de la Producción, Augusto Costa, Kicillof destacó la importancia de “conversar sobre las políticas que seguimos impulsando para el desarrollo de la Provincia”.

“Cuando asumimos, nos encontramos con un movimiento cooperativo fuertemente afectado por las políticas nacionales y provinciales que, durante cuatro años, desatendieron completamente la defensa de la producción y el trabajo. Para nosotros era fundamental revertir esa situación y generar programas para fortalecerlo”, recordó el mandatario provincial.

Fuego cruzado en el ala de la derecha de la política nacional.

El economista liberal Carlos Maslatón trató de “burro, stalinista y delirante” a su rival libertario Javier Milei, al que acusó de “no saber de lo que habla” y “proscribir las PASO en La Libertad Avanza”.

Maslatón volvió a salir al cruce del diputado nacional de La Libertad Avanza, luego de que el legislador dijo en un programa periodístico que “la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta y (Sergio) Massa se puso de acuerdo para que no se escape el dólar, porque si no gana Milei”.

“Milei es un burro, estos son argumentos conspirativistas propios de un comunista”, afirmó Maslatón en su cuenta de Twitter.

Añadió que el diputado libertario “jamás operó en el mercado, no sabe de lo que habla. Entiendo que Milei esté enojado por la voladura de la bolsa, pero se ha convertido en un delirante total”.

En cuanto a la cuestión estrictamente política, el exdirigente de la Ucedé sostuvo que “las PASO 2023 de Juntos por el Cambio se llevarán toda la atención política y el interés de la población, la están embocando bien con esta interna los personeros del gobierno 2015-2019”, al referirse a un posible avance de Rodríguez Larreta en el armado de su equipo presidencial para una eventual competencia con Mauricio Macri.

Seguidamente afirmó que “en cambio Javier Milei, en su fase más stalinista y delirante, decide por miedo proscribir las PASO en LLA (La Libertad Avanza)”.

Milei había especulado además que ese supuesto acuerdo que mencionó estaba dirigido a que “las señales de mercado no se expresen”.

Los acusados serán juzgados por un jurado popular. Otros 19 uniformados están acusados de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo se llevará a cabo el juicio por jurados a los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y al excapitán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén García, acusados de haber perseguido y asesinado a cuatro jóvenes en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte el 20 de mayo de 2019.

Está previsto que la primera audiencia comience el 8 de mayo en los tribunales de 8 y 56, y finalice el 17 del mismo mes con los alegatos de la fiscalía, de las defensas y luego la deliberación de 12 personas sin conocimiento técnico-jurídico. La dirección del debate estará a cargo de la jueza Carolina Crispiani.

Los policías están imputados por “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”. Para que sean declarados culpables y ser condenados a prisión perpetua, deberá haber una votación unánime por parte del jurado popular.

De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad en el Fiat Spazio, que era conducido por Aníbal Suárez (22).

Dos policías en un patrullero comenzaron a perseguirlos y dispararon contra el rodado. Desde otro patrullero, que pretendió bloquear el paso del coche, también efectuaron varios disparos. Una de esas balas hirió a Gonzalo Domínguez.

Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la Ruta Nacional 3, el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado. Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar sin llegar a ser asistidos. Solo Quagliarello sobrevivió después de estar casi un mes internada con múltiples lesiones de gravedad.

Por su parte, otros 19 policías irán a otro juicio. Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Ángel están acusados por “encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, aunque aún no se conoció la fecha de inicio del debate oral, que será mediante jueces técnicos.

Respecto a los uniformados, Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Righero, Juan Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro están acusados por “falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En tanto, los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui serán juzgados por “violación de los deberes de funcionario público”.

En Mendoza el Presidente visitó el Complejo Penitenciario Luján de Cuyo. Estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación.

El mandatario Alberto Fernández continúa con su “gira federal” realizando inauguraciones de obras junto al ministro del área, Gabriel Katopodis, y en ese marco ayer fue el turno de los trabajos de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de la localidad de El Paramillo, en la provincia de Mendoza.

Durante su alocución, el mandatario nacional aseguró que recorre el país “tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie” y “recupere el federalismo”, y sostuvo que hasta el final de su mandato seguirá poniendo obras en marcha.

El Presidente manifestó además que la obra que inauguró en Mendoza “es una de las cinco obras de tratamiento de aguas servidas más grandes de la Argentina”, y resaltó que “de esto se benefician 350.000 argentinos”.

“Y de acá hasta el 10 de diciembre me van a ver seguir hablando de política, pero trabajando por ustedes, porque es lo único que me preocupa, porque soy un mandatario de ustedes”, expresó, y dijo que “así ­respondo, poniendo en marcha obras ­concluidas”.

En esa línea, afirmó que las obras que impulsa el Gobierno nacional en todo el país “no tienen un sentido electoralista” y lamentó que un fallo de la Corte Suprema le haya dado “más recursos a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias”.

En otra parte de su exposición, agradeció al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, la movilidad que les permitió llegar hasta El Paramillo, donde se hizo el acto, y se refirió a la ausencia en el evento del mandatario, quien ayer adelantó que no participaría: “Lamento que Rodi no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca, le mando igual un abrazo”, completó el Presidente.