El ex presidente es el referente nacional con el peor diferencial de imagen de menos cincuenta.

Mauricio Macri tiene la peor imagen entre todos los dirigentes nacionales en la provincia de Buenos Aires, con 73 de negativa y un diferencial de menos 50. El Frente de Todos, medido por marca, y Axel Kicillof, medido por candidato, lideran las encuestas por 4 puntos, que aumentan a 5 con la proyección de indecisos.

Macri es seguido en ese ranking por el ibertario Javier Milei, con menos 26 de diferencial. Esto permite inferir que el electorado bonaerense es hoy refractario a las políticas neoliberales, probablemente porque la experiencia de los años comprendidos entre 2016 y 2019 está aún fresca en la memoria. El dato remite a la reciente afirmación del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, según quien “no se trata de elegir entre oficialismo y oposición sino entre dos oficialismos, el actual y el que gobernó el período anterior”.

Estos números explican también fenómenos como el éxodo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que tras su experiencia bonaerense, volvió a hacer política del otro lado del a General Paz, a salvo del rechazo de quienes gobernó. Es probable que el apoyo, cada vez más explícito, de Mauricio Macri al tándem Patricia Bullrich – Cristian Ritondo opere en suelo bonaerense como lo que popularmente se conoce como “un collar de melones”. De hecho, en todas las encuestas que analizan la interna opositora, la dupla Larreta- Santilli se impone cómodamente a los halcones. En este caso, 51 a 38.

Santilli tiene un desconocimiento importante, 21 puntos, que lo obliga a trajinar fuerte la provincia en los próximos meses. Llama la atención que Cristian Ritondo, tras haber sido ministro de Seguridad durante los 4 años de gobierno de Vidal tenga un desconocimiento aún mayor que el de su principal competidor, de 29 puntos.

En la categoría “voto a presidente”, siempre en territorio bonaerense, la ventaja del Frente de Todos se estira a 6,5 puntos: 37,6 a 31,1. La simulación contempla la existencia de otras candidaturas peronistas, vinculadas a gobernadores o ex gobernadores como Schiaretti o Urtubey, cuya presencia en el cuarto oscuro no es todavía un hecho.

Estos datos fueron obtenidos de una encuesta presencial, sobre 2.070 casos, entre mayores de 16 años, realizada entre el 4 y el 14 de febrero pasados. Sin embargo, la muestra tiene una particularidad. Se compone de tres tercios: uno representa a la tercera sección, otro a la primera y el último a las restantes secciones, pero la tercera sección representa hoy alrededor del 38% del padrón provincial.

Se trata de una línea de financiamiento de 4 mil 500 millones de pesos.

El Ministerio de Economía anunció una línea de créditos por $ 4.500 millones para asistir a pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial, ejecutados por el Banco Argentino de Desarrollo (BICE) y con bonificación de tasa del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro).

El financiamiento fue anunciado tras la firma de un convenio entre los secretarios de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y de Agricultura, Juan José Bahillo, junto al presidente del BICE, Mariano de Miguel.

En un comunicado, Industria precisó que la línea de créditos “alcanzará a proyectos de inversión productiva y compra de bienes de capital de mipymes de todo el país”.

“Esta decisión responde al paquete de medidas que puso en marcha el ministro (de Economía) Sergio Massa para asistir a un sector clave de la economía nacional que se encuentra afectado por la sequía”, señaló De Mendiguren.

El secretario expresó que el Gobierno busca “acompañar a las empresas del sector para que puedan enfrentar este contexto tan adverso” y que en ese marco “es fundamental que profundicemos el trabajo conjunto, como lo estamos haciendo hoy, para facilitar herramientas en un momento en el que el mundo está demandando nuestros productos y dándonos una oportunidad para dar un paso al desarrollo”.

Por su parte, Bahillo aseguró que la prioridad “sigue siendo que ningún productor deje de producir, sembrar e invertir”, y agregó que la decisión de Massa “es generar las medidas necesarias para que nuestros productores puedan afrontar esta delicada situación sin comprometer sus capitales de trabajo”.

De Miguel remarcó que el BICE es “un instrumento financiero del Estado para apoyar a los sectores productivos nacionales y más en circunstancias adversas como la que está atravesando el complejo agroindustrial”.

“Es una gran satisfacción hacer más competitivas las condiciones de nuestros créditos gracias al aporte del Fondagro, un fondo administrado hoy por BICE Fideicomisos”, añadió.

Del encuentro realizado en la Secretaría de Industria participaron también el director de BICE, Julián Maggio, y el coordinador del Fondagro, José Portillo.

Industria detalló que los créditos están destinados a proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital nuevos de mipymes del sector agroalimentario que se dediquen a cultivo de hortalizas, producción de leche bovina, cría de aves de corral, apicultura y frigoríficos.

Para bioeconomía se financiará hasta el 20% del capital de trabajo, en el marco de proyectos de inversión aprobados.

Los préstamos ya se encuentran disponibles a un plazo de hasta 60 meses (con hasta 12 meses de gracia) y un monto máximo de hasta $ 75 millones por beneficiario o grupo económico con un plazo de hasta 84 meses y hasta 24 meses de gracia para el pago de capital.

La bonificación de tasa es de 10 puntos porcentuales anuales por parte del Fondagro, permitiendo que las empresas accedan a una tasa del 49% fija durante los primeros dos años y Badlar menos cuatro desde el tercer al quinto año.

En los próximos días, la línea se ampliará con $ 1.500 millones para el descuento de cheques (electrónicos y físicos) que BICE ofrece al sector agropecuario y una bonificación de tasa de 8 puntos porcentuales anuales para productores de hortalizas, leche bovina, cría de aves de corral, apicultura, frigoríficos, biotecnología agropecuaria, biomateriales, bioinsumos y bioenergía.

En este caso, el plazo del instrumento es de hasta 365 días, acorde al periodo anual de la siembra/cosecha, con un monto máximo sujeto a reducción de $ 35 millones.

Agricultura, a través de Fondagro, destina $ 750 millones para bonificación de tasas.

El Fondagro fue creado con la ley de Presupuesto de 2017 como un fideicomiso de administración y financiero, con el objetivo de incentivar, fomentar y desarrollar el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar.

Entre otros de sus objetivos está el del apoyo a la investigación pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país.

La Vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a una delegación del Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos.

Recibí al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos. pic.twitter.com/vvN5YMbhar

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 3, 2023

Cristina Fernández de Kirchner se reunió en su despacho de la Cámara alta con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de ese comité al país para abordar la violencia contra las mujeres, informó la Dirección de Prensa de la Cámara alta.

En la reunión, que continuará este viernes, se trató el atentado sufrido por la vicepresidenta el 1 de septiembre del 2022, señalaron fuentes parlamentarias.

Por otra parte, este viernes se realizará una conferencia de prensa para informar sobre el encuentro.

Luego de la primera jornada de trabajo, Marcela Huaita Alegre, integrante de la comitiva, señaló: “El año pasado nos hemos pronunciado en varias oportunidades en preocupación de la violencia política contra las mujeres que se da en toda Argentina y la región de América Latina”.

“En esos pronunciamientos, como comité que monitorea la convención de Belén do Pará, hemos ofrecido la asistencia técnica a los diferentes Estados y estamos muy agradecidos que el Estado de Argentina haya aceptado este ofrecimiento de asistencia técnica”, añadió.

En un breve contacto con la prensa, remarcó que hubo reuniones con “diferentes instancias del Poder Legislativo y Judicial”, como así también con el Poder Ejecutivo para “escuchar cuáles son los avances, pero también los retos y obstáculos en esta materia”.

“También de manera importante nos hemos reunido con quienes han sufrido situaciones de violencia política en diferentes ámbitos del espacio público”, precisó.

El trabajo en el país, aclaró Alegre, “todavía no ha terminado”, por lo que mañana se brindarán “algunas recomendaciones preliminares”, antes del informe final que será presentando en las próximas semanas.

La delegación está encabezada por su presidenta, Huaita Alegre, de Perú, e integrada por Leila Linhares Barsted, de Brasil; Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica.

También la conforman la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero, y la responsable de la comunicación, Tatiana Bensa.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, formalizando la definición de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, como una violación de sus derechos humanos.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención.

El informe señaló una falta de planificación y organización y ausencia de supervisión de las obras.

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), Mariana Gagliardi, desmintió hoy las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la apertura de sesiones legislativas respecto del proceso de integración y urbanización de barrios populares y aseguró que durante su gestión de gobierno “pasamos de 39 barrios populares en 2015 a 50 en 2022”.

A través de su cuenta de Twitter, Gagliardi hizo foco en “la realidad del caso de la Villa 20”, denominada “Papa Francisco”, donde “la auditoría de CABA encontró grandes deficiencias en el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) a la hora de brindar soluciones a los y las vecinas”.

“Por ejemplo, se detectó la falta de planificación y organización y ausencia de supervisión de las obras”, señaló.Gagliardi puntualizó que en el caso de la Villa 20, en el barrio de Villa Lugano, la auditoría encontró “grandes deficiencias” en el IVC a la hora de brindar soluciones a los y las vecinas” que “generaron un incumplimiento en los plazos retrasando las obras entre 8 y 12 meses”.

“A pesar de esto, el Gobierno porteño siguió contratando a estas mismas empresas que además tenían deudas en la obra del Paseo del Bajo y en el Viaducto San Martín”, destacó.Asimismo la titular de la AGCBA adjuntó el informe ejecutivo realizado por esa oficina y denunció que “en estos 8 años, la falta de control y acción del IVC perjudicó a los sectores más vulnerables”.

La propuesta “es el fruto de un año de trabajo entre todas las entidades que forman el Consejo y representan a las cadenas de valor agroindustriales de todo el país”.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó un plan para el desarrollo sostenible de la agroindustria, que a través de 40 propuestas plantea generar en 10 años US$ 100.000 millones anuales en exportaciones agroindustriales, forestales y pesqueras y 878.000 empleos nuevos.

El CAA aseguró que el plan prevé “generar el mismo valor que dos unicornios por año durante 10 años ”, y destacó que “entre las metas también está la adopción de carbono neutralidad a 2050, las buenas prácticas ambientales, incrementar el número de productores agropecuarios, duplicar la industrialización del agro, mejorar la seguridad y el abastecimiento alimentario nacional y promover una mayor integración productiva y social con carácter federal e inclusivo para contribuir al desarrollo de la economía nacional ”.

El coordinador general del CAA, José Martins, destacó que la propuesta “es el fruto de un año de trabajo entre todas las entidades que forman el Consejo y representan a las cadenas de valor agroindustriales de todo el país ”.

Asimismo, señaló que se realizaron consultas con otras entidades y referentes “para buscar integrar sus visiones”.

Martins explicó que bajo este objetivo identificaron “las necesidades y oportunidades concretas de cada producción y lo que podríamos aportarle a la Argentina ”.

“Con el Plan Federal Agroindustrial 2023/2033 buscamos exponer todo eso: nuestras necesidades y nuestro potencial, nuestro diagnóstico y nuestras propuestas ”, resaltó el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Respecto del plan, precisó que se basa en siete pilares: “el primero, el desarrollo agroindustrial federal, productivo, innovador, inclusivo y sustentable ”, y añadió que “en segundo lugar, el desarrollo exportador e inserción internacional ”.

También remarcó que “en tercer lugar se ubica la seguridad alimentaria e integración productiva y social ”, y completó que “en cuarto pilar, la sostenibilidad ambiental y social, conectividad y el desarrollo con igualdad laboral ”.

“Los siguientes pilares están dedicados a propuestas en logística, infraestructura, innovación tecnológica y el rol del Estado ”, puntualizó Martins.

Por su parte, el coordinador técnico del CAA, Gustavo Idígoras, acotó que “existen una serie de condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de este Plan ”.

“Quienes integramos el CAA necesitamos contar con una macroeconomía estable, infraestructura competitiva, inversión pública orientada a la producción; y una política monetaria, crediticia, fiscal consistente con la producción y comercio exterior expansivo, incluyendo un tipo de cambio único y competitivo ”, sostuvo el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En tanto, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, remarcó la necesidad de medidas de incentivo de inversiones, la necesidad de una ley de riesgo agropecuario y cambio climático, la implementación de un régimen de incentivos para la adopción de buenas prácticas agropecuarias y de servicios ecosistémicos, garantizar el acceso de insumos nacionales e importados sin restricciones, y la unificación de los estándares sanitarios a nivel nacional.

La iniciativa trata de un software capaz de digitalizar el archivo periodístico de Abuelas de Plaza de Mayo en estos 45 años de lucha.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Fundación Sadosky, y Abuelas de Plaza de Mayo presentaron el desafío de Ciencia de Datos “IA por la Identidad”. La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un software capaz de digitalizar el archivo periodístico de las Abuelas, compuesto de noticias de diarios y revistas que documentan 45 años de lucha en la búsqueda de sus nietos y por el derecho a la identidad.

En la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, su titular, Estela de Carlotto, recibió a las autoridades del Ministerio de Ciencia y de la Fundación Sadosky para conversar sobre cómo se mejorará la disponibilidad de la documentación reunida por las Abuelas, a través de la aplicación de herramientas de Aprendizaje Automático.

Durante el encuentro, el Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, sostuvo: “El desafío está en poder ayudar al investigador, periodista o cualquier persona del mundo que quiera conocer algo de la historia de Abuelas, a encontrar esa información en las notas que están publicadas. La digitalización permite también la protección de los materiales porque mientras esté en papel corre el riesgo de perderse”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Sadosky, Fernando Schapachnik, afirmó: “Presentar esta iniciativa como un desafío para las y los estudiantes universitarios es una forma de acercar la temática que trabajan en Abuelas a un sector etario que tal vez está un poco alejado o tiene en la cabeza otro tipo de discursos. Esta es una linda oportunidad para aportar en ese sentido”.

A lo largo del tiempo, las Abuelas recolectaron una gran cantidad de documentación que hoy forman una colección de más de 5.000 recortes de noticias del período 1977-2013, que ya fueron identificados y digitalizados. Pero existe otro conjunto de más de 20 biblioratos con recortes que todavía no fue abordado.

El desafío consistirá en desarrollar una herramienta computacional que permita extraer de una nota escaneada los distintos bloques de texto, determinar la tipificación de cada bloque y generar una transcripción del mismo.

Pueden participar personas mayores de edad residentes en Argentina, de forma individual o grupal (hasta 3 personas). El desafío dura un mes y no tiene costos. Al finalizar, se entregarán computadoras laptop con procesadores de alto nivel de rendimiento, y memoria RAM de gran capacidad para los primeros puestos.

La inscripción está abierta hasta el 26 de marzo en el sitio web de la competencia. Durante el período de trabajo se mantendrán reuniones semanales virtuales para despejar dudas, compartir recursos y realizar un seguimiento. Para más información: [email protected].

Poder acceder al archivo periodístico de Abuelas es fundamental para democratizar y promover su consulta, con el objetivo de seguir trabajando en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia.

Acerca de la Fundación SadoskyLa Fundación Dr. Manuel Sadosky es una institución pública privada en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, cuyo objetivo es favorecer la articulación entre el sistema científico – tecnológico y la estructura productiva en todo lo referido a la temática de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Para el Gobierno existió “intencionalidad” en el fuego ocasionado en Atucha I que generó el posterior apagón en todo el país.

El Ministerio de Economía de la Nación y la Policía Federal realizaron sendas denuncias ante la Justicia Federal para solicitar que se investigue el apagón masivo de luz en gran parte del país, originado por una falla en la central nuclear Atucha I.

Las denuncias fueron radicadas en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que tiene jurisdicción en la zona de Atucha I ubicada en la localidad bonaerense de Lima.

A raíz de las denuncias, el magistrado le dio intervención al fiscal federal de Campana Sebastián Bringas para que establezca las primeras medidas de prueba. La denuncia, que lleva la firma del titular de la cartera, Sergio Massa, pide “detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos en el día” y que podrían “encuadrar en el delito de incendios y estragos”.

Para Massa, hubo “intencionalidad” en lo provocado en Atucha I y el posterior apagón masivo en todo el país. “Cómo es de publico conocimiento en las últimas horas se registraron dos grandes incendios sobre islas del Delta del Río Paraná. Los mismos tienen lugar en la zona sur del Delta, más precisamente en la zona de Campana provincia de Buenos Aires”, agregó la presentación de Economía.

El ministro de Justicia se refirió a la presencia de los miembros del máximo tribunal en la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso.

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, habló acerca de la actitud asumida por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se hicieron presentes en el Congreso para escuhar la apertura de sesiones del año legislativo. “Se sienten cómodos teniendo a la oposición de abogados”, señaló.

En ese sentido, Soria expresó: “Oí el discurso con la contundencia de siempre, remarcando la primera parte con las diferentes medidas económicas que se fueron tomando, como el crecimiento productivo, récords de turismo y crecimiento del PBI”.

También con esa sinceridad que lo caracteriza, remarcando lo que nos falta y que hayamos logrado ponernos de pie, tras recibir el Gobierno después de cuatro años de macrismo. Creo que fue un muy buen discurso.

“No me sorprende la presencia de los dos miembros de la Corte Suprema, yo antes decía que teniendo cien abogados defensores en las bancas, ¿por qué deberían temer?”. Además, sentenció: “Se sienten cómodos teniendo a la oposición de abogados en la Comisión de Juicio Político”.

“Creo que todos los argentinos se acaban de dar cuenta hoy del papelón que ha hecho la oposición y de la necesidad que tenemos como sociedad de un Poder Judicial independiente, imparcial y con jueces probos. Hoy estos dos jueces, pertenecientes a la Corte, fueron puestos a dedo por Pepín Rodríguez Simón que hoy está prófugo en Uruguay.

“Fue un papelón el rol de la oposición hoy, se negaron a rendirle homenaje a un héroe de Malvinas. Estos señores hoy se burlaban al momento que Alberto Fernández le rendía honores”, sentenció.

Acerca de la expresión del Presidente acerca de la Justicia y el énfasis del reclamo por una clara investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, mencionó: “Alberto remarcó la idea de la doble vara en la Justicia, van más de seis meses del intento de asesinato contra la Vicepresidenta y la Justicia no hace nada. Por otro lado, en el caso de la coparticipación fallaron rápidamente a favor de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta”.

A pesar de los gritos e insultos realizados por los legisladores opositores, el Presidente inauguró el nuevo año parlamentario.

El presidente de la Nación, Alberto Fernandez, abrió este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso, el jefe de Estado abordó los principales logros de gestión, mostró preocupación por la falta de unidad en la política y pidió un reconocimiento para las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como para los veteranos de la guerra de Malvinas.

En el inicio de su discurso, el Presidente afirmó que “la Argentina ha sostenido su institucionalidad y es un logro del que debemos estar orgullosos”, y pidió un reconocimiento para las “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los veteranos de la Guerra de Malvinas”, al pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso reunida para la apertura del período 141° de sesiones ordinarias.

“Pido a este Congreso un reconocimiento para ese logro que es orgullo de todo el pueblo argentino”, señaló el jefe de Estado.

Fernández destacó que llevó su pedido por la “paz” en el mundo a todos los ámbitos internacionales en los que participó, en un “marco” en que el país transita el año en que se cumplen los 40 años de la democracia recuperada.

“Los 40 años de vigencia de la democracia constituyen el período más extenso de nuestra historia”, resaltó el mandatario.

Por otro lado, el presidente Alberto Fernández remarcó que “los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo con las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio”.

En medio de fuertes cruces con dirigente opositores, que comenzaron a gritar en el recinto y manifestar gestos de desaprobación al discurso presidencial, el mandatario les dijo: “No son mentira, no son mentira”.

En ese marco, ratificó que el distrito porteño “no tiene derechos sobre esos recursos” sino que “debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”, y sostuvo que “esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República”.

“Es un honor que usted me insulte”, le dijo el mandatario al diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias.

En ese momento, varios legisladores de la oposición se fueron del recinto.

El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que la Corte Suprema de Justicia “le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, en relación al fallo que dictó el máximo tribunal en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y afirmó que “la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”. “El Poder judicial no cuenta con la confianza pública”, agregó.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, cuestionó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El presidente consideró que la situación actual del Consejo de la Magistratura, presidido por el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, “es de una gravedad institucional mayúscula” porque “el Congreso debió soportar la intromisión del Poder Judicial en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes”.

Fernández advirtió que “si la reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado -en el Congreso- y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

Asimismo, defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema y dijo que “no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia”.

También lamentó que el Poder Judicial “no cuente” en la actualidad “con la confianza pública”, al considerar que “no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”. “Los ejemplos abundan. Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”, remarcó Fernández.

El Jefe de Estado aseguró que la sociedad vio “como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”. “Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares. Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, subrayó.

El aumento se irá actualizando todos los meses según el índice inflacionario de la zona metropolitana.

A partir de este miércoles comienza a regir el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en el área metropolitana Buenos Aires que se irá actualizado mensualmente en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Bajo este esquema, a partir del primer minuto de hoy el incremento es del 6%, debido a que esa fue la suba que el IPC reflejó en enero.

De esta forma, el boleto mínimo en los colectivos pasa a $37,10; $41,34 para una distancia de entre 3 y 6 kilómetros; $44,52 entre 6 y 12 kilómetros; $47,70 entre 12 y 27 kilómetros; y $50,88 si el recorrido supera los 27 kilómetros.

En lo que respecta al servicio de trenes, el pasaje mínimo, para la sección 1, será de 18,02 pesos en las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza; y 23,32 pesos en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín y la resolución también aplica a los servicios ferroviarios de larga distancia y regionales.

Para la sección 2, los valores son de 29,68 para las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza y 23,32 pesos para las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín, mientras que para la sección 3, la tarifa se ubica en 37,10 y 28,62 respectivamente.

La tarifa social en los trenes son, para la primera sección en las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, de 10,49 pesos y de 8,11 pesos para las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín.

Para la segunda sección, el valor social del boleto de tren es de 13,36 pesos para las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza y de 10,49 para las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín, a su vez los valores sociales de la tercera sección están de 16,70 pesos y 12,88 pesos.

Todos los primeros de mes se irán actualizando los valores del boleto de colectivos y trenes en el AMBA según el índice IPC del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Esto significa que la inflación de febrero, que la dependencia estadística informará el martes 14 de marzo, será el incremento que regirá en los transportes del área metropolitana Buenos Aires a partir del 1 de abril próximo.

Los nuevos cuadros tarifarios se podrán consultar accediendo a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/conoce-las-tarifas-vigentes-en-colectivos-y-trenes-del-amba.

La decisión de emplear este mecanismo de actualización se produce luego de que el valor del boleto se mantuviera por espacio de caso 2 años y medio, lo que obligó a redoblar los esfuerzos por parte del Estado nacional en el marco de la pandemia COVID-19 donde el transporte público representó una herramienta fundamental para el traslado del personal considerado esencial.

La cartera que encabeza Diego Giuliano ratificó que, a través de la tarjeta SUBE, mantendrá la tarifa social alcanzando a casi 5 millones de personas con un descuento del 55% en el boleto y el programa RED SUBE, que es el sistema que integra todos los modos de transporte público (colectivos, metrobus, trenes y subtes) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ofrece descuentos si se realizan una o más combinaciones.

El programa aplica un descuento del 50 por ciento de la tarifa al momento del segundo viaje, y un 75 por ciento menos del valor de la tarifa a partir del tercer viaje realizado.

Además, seguirá aplicándose la tarifa social, es decir, el descuento del 55 por ciento del boleto para los grupos designados con atribuciones sociales a través de la tarjeta SUBE y con el objetivo de generar un ámbito de igualdad de oportunidades y de recursos en la accesibilidad al transporte público.

Y seguirá vigente el beneficio del boleto estudiantil, que seguirá siendo gratuito realizando su trámite correspondiente. En total ya registraron su tarjeta SUBE formando parte de los sectores correspondientes a los atributos sociales un total de 4.800.000 personas que, al momento de utilizar el transporte público, tendrán acceso a los descuentos en la tarifa.

El beneficio de la tarifa social aplica para jubilados y pensionados, excombatientes de la Guerra de Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, Monotributo Social y Pensiones No Contributivas.

También beneficiarios del Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (Redles).

A su vez, esos usuarios también tendrán los descuentos de la Red SUBE.