El fiscal Gabriel De Vedia solicitó que se haga extensiva “a todo el país” la medida cautelar por la que una jueza de la seguridad social ordenó que se le vuelva a pagar una pensión a la madre de una persona con discapacidad.

De Vedia, de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (Ufises), presentó un recurso ante la jueza federal Viviana Patricia Piñeiro, porque la jueza declaró su “incompetencia territorial”, para extender su resolución a todos los casos en la Argentina.

Piñeiro ordenó que, en el plazo de ocho días, se restablezcan las pensiones no contributivas dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, como el caso, correspondan a la jurisdicción de la localidad bonaerense de San Martín, donde dispuso enviar el expediente luego de declarar su incompetencia.

En este expediente, la mujer que efectuó el reclamo lo hizo también en nombre de un colectivo con situaciones similares, pero la jueza advirtió que el domicilio de la demandante era en el partido bonaerense de San Martín.

En ese marco, el fiscal De Vedia pidió que se revoque la “limitación” de la medida cautelar, para que se haga “extensiva a todos los afectados por el marco normativo aquí denunciado, cualesquiera resulte el lugar del territorio argentino en el que se encuentren”.

En este sentido, indicó que el litigio “se da entre el afectado y sus colaboradores, y el Estado demandado”, y sostuvo que, “de la sentencia que los mismos obtengan en este pleito, de ser el resultado favorable, se beneficiarán todos los afectados del país”.

Para fundamentar su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que este tipo de procesos trata sobre “derechos constitucionales, convencionales y leyes de orden público”.

El nuevo trámite, anunciado la semana pasada, costará 800 pesos, contra los 405 que demanda hoy comprar el formulario Tipo 12 y el pago en ventanilla. La nueva planta está cerrada y la web del trámite online, caída. Dale con los aumentos.

Los cambios promovidos por la gobernadora María Eugenia Vidal en la modalidad de verificación policial de los automotores son, por ahora -y como hace un año, cuando los anunció por primera vez-, una cáscara vacía. El nuevo sistema y la flamante planta -ideadas para “combatir a las mafias”- abrirán sus puertas recién el lunes 17, con una novedad: el trámite pasará a costar 800 pesos en lugar de los cerca de 405 que cuesta hoy.

El motivo que esgrimió Vidal para avanzar con los cambios fue quitarle una de las "cajas" de recaudación a la policía bonaerense. El desencadenante de la medida fue la detención del comisario mayor Alberto Miranda, jefe de Plantas Verificadoras de Automotores, acusado de recaudar ilegalmente a partir del cobro de coimas.

El golpe al bolsillo que implica la medida es letal: el nuevo arancel consta en la página habilitada para realizar el trámite en linea -https://vpa.mseg.gba.gov.ar/- e incluye la adquisición del formulario Tipo 12 aunque no el grabado de cristales, que deberá hacerse por separado y cuyo valor se ubica en torno a los 300 pesos, con lo cual verificar un vehículo puede llegar a “doler” más de mil pesos.

Se trata de un aumento encubierto de orden del 100 por ciento, habida cuenta de que el trámite costaba antes de la modificación 405 pesos: 300 del formulario Tipo 12 -que en dependencias “no oficiales” se puede llegar a pagar hasta 400 pesos- y 105 que se abonan “en ventanilla” de la verificación.

En 2016, los aranceles autorizados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la propiedad del Automotor fijaba en 210 pesos el valor del Formulario Tipo 12 para automotores y en 60 para motovehículos. No obstante, el precio al consumidor, que debía conseguirlos en determinados kioscos de la ciudad, llegaba a los 280 pesos.

Hay tiempo hasta el viernes para pagar el valor “viejo” de la verificación policial, en la planta de Ensenada y en las más de 100 habilitadas en toda la Provincia. Luego de esa fecha, el trámite pasará a costar 800 pesos, según consta en la nueva web del Ministerio de Seguridad, con lo que cualquier usuario que haga el trámite pagará más del doble que antes para ayudar a “combatir las mafias”.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la denuncia contra el presidente de la Nación y contra el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, por el acuerdo que el poder Ejecutivo firmó por el Correo con una empresa propiedad de la familia Macri. El caso desató un escándalo político.

La Justicia investiga al Jefe de Estado y a Aguad por un acuerdo muy favorable al Grupo Macri, que administró el Correo hasta 2003, cuando fue estatizado. La fiscal Gabriela Boquin objetó ese acuerdo y denunció maniobras de la empresa para licuar sus deudas, con anuencia del Estado.

Ahora el fiscal Juan Pedro Zoni imputó también a los directivos de las firmas SOCMA y SIMECO y a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero Comercial que sustanciaba el concurso de la compañía.

La investigación judicial comenzó luego de cuatro denuncias, basadas en el dictamen de Boquín. La primera fue presentada por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y el abogado Daniel Igolnik. Las otras tres fueron impulsadas por legisladores del Frente para la Victoria, un abogado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Después de conocerse que el Estado iba a beneficiar con una quita notable al Grupo Macri, la noticia generó un escándalo político. A pesar de que funcionarios de primera línea, como el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendieron lo actuado por el Gobierno, fue el propio presidente el que anunció en una conferencia que "volvía todo a foja cero hasta que se aclare la situación". Ahora la Justicia investigará su propia responsabilidad en el caso.

La Universidad Católica Argentina publicó su informe titulado "Hacia una erradicación de la pobreza, dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifactorial. Argentina urbana 2010-2016".

Uno de cada diez hogares argentinos no tiene los recursos necesarios para alimentar a todos sus integrantes, que en conjunto son seis millones de personas.

El dato surge de un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) titulado "Hacia una erradicación de la pobreza, dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifactorial. Argentina urbana 2010-2016".

Ese trabajo fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de esa casa de estudios, para conocer cuál es la pobreza estructural profunda en la Argentina.

El director del ODSA, Agustín Salvia, puntualizó que en 2010, un 15,8% de la población padeció hambre; en 2014, el porcentaje fue prácticamente igual, un 15,9%, y en 2016 bajó a 15,2%.

"Se trata de hogares donde al menos una persona pasó por esta situación, Pero el hecho de que la gente sienta hambre no quiere decir que no cubra esa necesidad de alguna manera, a través de comedores, por ejemplo, o de la Iglesia", aclaró el directivo, en un reportaje publicado este martes por un matutino porteño.

El informe plantea ademásotras dos maneras de medir la "pobreza multidimensional".

Una de ellas surge del Instituto de Oxford, que alerta que cerca del 50% de la población sufre al menos una carencia social y aporta una cifra similar a la UCA respecto a la pobreza extrema.

El otro método se corresponde con la medición del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social de México y estima que el nivel de pobreza multidimensional afecta a 12 millones de personas, que se traduce en el 29,8% de la población.

El presidente del Partido Justicialista habló sobre el armado electoral en la provincia de Buenos Aires y se sumó al pedido de unidad, aunque no descartó las PASO. Además, calificó de “insolente y antidemocrática la afirmación" de Vidal, que vinculó al peronismo con el narcotráfico. "Nos van a querer meter bajo un auto a los que nos enfrentamos a este modelo", advirtió.

Sigue la polémica sobre cuál es la mejor estrategia electoral del PJ de cara a los comicios de este año. En ese sentido el presidente del Partido Justicialista habló sobre el armado electoral en la provincia de Buenos Aires y se sumó al pedido de unidad.

Sin embargo Gioja no descartó la posibilidad de ir a unas PASO en caso de que persistan las diferencias. “La unidad se puede dar, de la mejor manera: que haya lista única”, resaltó.

En ese sentido, el diputado nacional opinó que "si esa unidad no se da", la posibilidad de las PASO "no hay que desecharla" y "quizá eso nos potencie".

En declaraciones a radio 10, Gioja fue consultado por los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien vinculó a la dirigencia del peronismo y el kirchnerismo con el narcotráfico, y opinó: "Me parece insolente y antidemocrática la afirmación".

"Ellos usan mucho el marketing y nos van a querer meter bajo un auto a los que nos enfrentamos a este modelo. Hay que enseñarle educación democrática a la gobernadora", concluyó.

En una carta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Moyano exige un 32% de aumento, muy lejos de la pauta del 18% de aumento que el Ministerio de Trabajo busca imponer.

En un contexto de negociaciones salariales en pie, el sindicato de choferes de camiones que lidera Hugo Moyano envió una carta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), solicitando un aumento salarial del 32%, y elevar el adicional de 15% a 20% para los choferes que transporten combustibles. Desde la Fadeeac, advierten al gremio que el porcentaje que persiguen sería difícil de alcanzar, ya que los índices de costos que dieron a conocer no presenta cifras alentadoras.

Lo cierto es que el miércoles próximo la Fadeeac, que encierra 45 cámaras del sector de todo el país, se reunirá en conjunto para evaluar los reclamos del sindicato, y esperará la correspondiente citación por parte del Ministerio de Trabajo para comenzar la negociación.

Desde el gobierno esperan atentos y evalúan los posibles desenlaces de la negociación que involucra a Hugo Moyano, uno de los aliados estratégicos del gobierno de Mauricio Macri.

Así lo aseguró un informe elaborado por la OIT. El drama de la desocupación volvió a instalarse en la agenda de los problemas nacionales. El país se ubica como el cuarto país con más desocupados de la región, precedido por Jamaica, Bahamas y Brasil.

Según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado “Panorama Laboral de 2016”, en América Latina hay 25 millones de personas sin empleo, una cifra 5 millones más grande que en 2015. Argentina se ubica cuarta en el ranking junto a Colombia, Barbados y Costa Rica. Las mujeres y los jóvenes son los más afectados por el desempleo.

Según el organismo oficial de Naciones Unidas (ONU), el desempleo en el segundo trimestre del año pasado en nuestro país alcanzó el 9,3 por ciento.

El informe asegura que el panorama laboral de América Latina y el Caribe empeoró en 2016 y que “la desaceleración económica observada en la región desde el año 2011 se convirtió en la contracción de la economía a partir de 2015, impactando significativamente a los mercados laborales” de la región.

En lo que se refiere a la informalidad, para la OIT, en 2015 había cerca de 133 millones de trabajadores en la informalidad en América Latina. “En 2016 también se ha observado una caída del empleo registrado y la pérdida de puestos de trabajo asalariados”, sostiene el informe, por lo que “se estima que en 2016 hay 134 millones de trabajadores en la informalidad si continúa la tendencia observada el año anterior”.

Se observa, además, una reducción en los empleos industriales, al tiempo que aumentan los empleos en el sector de servicios. El informe señala una caída de los salarios medios reales en 2015, que se acentuaría en 2016 (de acuerdo con los datos disponibles).

Además, un estudio del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), arrojó que la tasa de desempleo en los jóvenes de 15 a 24 años creció de 19 al 24,6 % en el segundo trimestre de 2016 frente al mismo período del año anterior. El dato está por encima del 23,4% que mostraba la desocupación en ese segmento de la población en 2007 y es 2,6 veces superior al promedio de desempleo en el país.

El ex ministro del Interior y Transporte presentará mañana los avales partidarios para competir en las eelecciones internas deagosto próximo dentro del peronismo bonaerense.

Será a las 11:00 en el Centro Cultural Sanidad, ubicado en Venezuela 2255: allí el jefe de campaña de Randazzo, el exministro Alberto Fernández, acompañado por los responsables de la ingeniería electoral de dicho espacio político, serán los encargados de dar los detalles sobre la presentación que se realizará en el ámbito partidario.

La presentación de avales es un requisito exigido por la Ley 26.571 que creó las PASO, por lo que cumplido ese requerimiento Randazzo quedará habilitado para participar como precandidato a senador nacional en la elección de agosto, a pesar de que el kirchnerismo insiste en la conformación de una lista de unidad.

El espacio político que impulsa la candidatura del ex ministro del Interior y Transporte presentará avales por los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, lo cual permitirá que haya representantes de dicho espacio tanto en el orden local, como provincial y nacional en los próximos comicios en todo el territorio bonaerense.

El ex ministro del Interior y Transporte presentará mañana los avales partidarios para competir en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro del peronismo bonaerense.

Será a las 11:00 en el Centro Cultural Sanidad, ubicado en Venezuela 2255: allí el jefe de campaña de Randazzo, el exministro Alberto Fernández, acompañado por los responsables de la ingeniería electoral de dicho espacio político, serán los encargados de dar los detalles sobre la presentación que se realizará en el ámbito partidario.

La presentación de avales es un requisito exigido por la Ley 26.571 que creó las PASO, por lo que cumplido ese requerimiento Randazzo quedará habilitado para participar como precandidato a senador nacional en la elección de agosto, a pesar de que el kirchnerismo insiste en la conformación de una lista de unidad.

El espacio político que impulsa la candidatura del ex ministro del Interior y Transporte presentará avales por los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, lo cual permitirá que haya representantes de dicho espacio tanto en el orden local, como provincial y nacional en los próximos comicios en todo el territorio bonaerense.

El cambio de gestión derivó en el vaciamiento la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo, que ahora maneja la candidata del PRO Gladys Gonzalez, realizó en 2016 con los mismos recursos del año anterior, sólo un 30% operativos sanitarios. Además, se redujeron un 61,9% las prestaciones brindadas y un 60,2% la cantidad de personas atendidas.

La atención sanitaria para la población que vive en las inmediaciones del Riachuelo dispuesta por el ACUMAR sintió fuerte el cambio de Gestión. Es que en 2016 bajó más de un 60%, teniendo los mismos recursos que el año anterior. En 2015 fueron asistidas 32 mil personas y el año pasado sólo se atendieron 13 mil.

Además cayó la dosis de vacunación dispuesta por el organismo que ahora está bajo el mando de Gladys Gonzales, una de las candidatas elegidas por Vidal para estas elecciones, de 14 mil a 7 mil. Las personas vacunas pasaron de 2.638 a 726, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.

"El abandono de esta responsabilidad implica un enorme riesgo para esos niños y para toda la población, por el reconocido carácter comunitario de las inmunizaciones", señaló la Fundación.

En este sentido el recorte se dio debido a que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de Acumar, mantuvo los mismos recursos nominales en ambos años. Hubo, además, reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales porque fueron desplazados o se los dejó sin funciones.

En el 2008, después de la intimidación de la Corte Suprema, que pidió que se mejore la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo; que se logre la recomposición del ambiente de la cuenta y que se prevengan los posibles daños, el PISA desarrolló el Plan Sanitario de Emergencia (PSE). De esta manera se pusieron en funcionamiento 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, dos de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis.

Sin embargo, con el cambio de gestión, mientras que en 2015 se realizaron 145 operativos con las Unidades Sanitarias Móviles, en 2016 sólo se hicieron 44; el número de personas atendidas bajo más de la mitad, pasó de 31.967 a 12.721, y la cantidad de vacunados que en su mayoría son chicos pasó de 2.638 a 726.

En el marco de un plan de lucha que ya lleva tres meses, los docentes universitarios arrancan hoy una semana de huelga en reclamo de una mejora salarial que llegue al 35% de aumento, entre otras demandas.

La sexta reunión paritaria está prevista que se realice el jueves con los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, aunque los dirigentes gremiales dicen que son "nulas" las expectativas ante el encuentro.

La huelga fue convocada por Conadu, Conadu Histórica y Fedun (la única federación de docentes universitarios que no se sumó a la medida es la que agrupa a los profesores de UTN, Fagdut, que no obstante adhirió a los reclamos).

Según recordaron algunos de los dirigentes, la última vez que todos los gremios universitarios pararon una semana completa fue en 2005.

Durante la semana de paro habrá jornadas de clases públicas y los reclamos continuarán la semana entrante, más precisamente el martes 16, con una nueva marcha federal universitaria que partirá desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo y de la que participarán centros de estudiantes, no docentes y científicos.

Mientras, esta semana, las federaciones Conadu y Conadu Histórica realizarán actos en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en rechazo al intento de las autoridades locales de descontarles los días de paro a los docentes.

"Como de era de esperar no hubo ningún avance porque hay una decisión política del gobierno nacional, y en particular del Ministerio de Educación de no invertir en la universidad, no invertir en los salarios, con lo cual, si no hay nuevos fondos para la propuesta paritaria que ya lleva tres meses no hay posibilidad de resolución de la negociación", dijo Octavio Miloni, secretario general de ADULP y delegado paritario de la CONADU.

"Tuvimos una reunión muy dura (el 4 de mayo) donde se demostró claramente, y lo expresaron los funcionarios, que hay una definición política de no reconocer la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos el año pasado, ni de la necesidad de cumplir con los acuerdos del año pasado en relación a la necesidad de regularizar la situación de los docentes contratados y ad honorem", sostuvo Federico Montero, Secretario General de FEDUBA y Secretario de Organización de CONADU.