El plan del Gobierno nacional establece un fuerte incremento para la clase media. Todavía se espera la resolución de la audiencia pública.

La clase media será una de las más perjudicadas con el aumento de tarifas de gas que propone el Gobierno nacional. En la audiencia pública, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que se retirarán los subsidios a las mayoristas en tres tramos: febrero, marzo y abril.

Las dudas se dispararon, pero ya se hacen proyecciones. Si el plan de la gestión de Javier Milei se lleva a cabo tal cual se estipula, un hogar de clase media pasaría de pagar 4 mil pesos a 25 mil pesos en su tarifa de gas.

Para entender cómo se llega a esa proyección hay que tener en cuenta una serie de disposiciones del Ejecutivo y conceptos de las boletas de servicios públicos.

La boleta de luz y gas tiene 8 componentes: dos de ellos son impuestos (nacionales, provinciales y municipales); otro componente que es el precio mayorista, es decir cuánto sale producir el gas natural o los megavatios eléctricos; y dos componentes en luz y dos componentes en gas están regulados, que son transporte y distribución. Esto implica que las prestadoras de servicio no pueden poner el precio que ellas quieran, sino que tienen que esperar que el ente regulador sea Enargas o el ENRE definan esos cuadros tarifarios.

Cuando las autoridades deciden aumentar los servicios públicos o bajar los subsidios, se debe saber cuál de todos estos componentes se tocan.

En este sentido, el Gobierno nacional emitió dos decretos de necesidad y urgencia (DNU). Uno de ellos establece una revisión tarifaria integral para transporte y distribución tanto de electricidad como en gas. El estudio implicará saber cuáles son los ingresos, la inflación, las inversiones y la rentabilidad de las prestadoras de servicio. El trabajo del ENRE y el Enargas se extenderá por un año.

El segundo DNU implicó que Nación le exija a la Secretaría de Energía llevar a cabo una revisión tarifaria donde solamente se va a subsidiar un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente en un hogar tanto para energía eléctrica como para el gas.

La novedad fue que los subsidios serán retirados en tres tramos de un 33%. Esto despertó las alarmas y comenzó a generar incertidumbre entre los usuarios de ingresos medios. “Ya no estamos hablando de transporte y distribución, sino que va más allá. El secretario de Energía tiene facultades para eliminar los subsidios a la energía eléctrica mayorista o al precio del gas mayorista y lo que dice es que voy a sacar todo el subsidio mayorista y lo voy a hacer en tres meses. Esa fue la gran definición de la audiencia”, consideró Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú.

“La clase media puede estar pagando un consumo medio de 4 mil pesos. Obviamente hay que ver qué pasa con transporte y distribución porque no sabemos el resultado de la audiencia. Sin embargo, hablando solamente del componente mayorista, la clase media podría llegar a pagar 25 mil pesos”, explicó Carbajales en diálogo con Radio Con Vos.

El otro anuncio que realizó Rodríguez Chirillo fue la implementación de una canasta básica energética, que implicará un bloque de energía tanto en gas natural como en energía eléctrica que será subsidiado por el Gobierno. “Uno tendrá una cantidad de energía disponible con subsidio y si se pasa se pasará a pagar la tarifa plena. Esto también puede ser para la clase baja (nivel 2), pero no sabemos ese nivel dónde va a quedar. No lo explicaron”, destacó el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.

Para Carbajales, el incremento de las tarifas tiene lógica y se repite lo que se vivió en 2015-2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó sincerar el precio de los servicios. El problema es que este tarifazo se da en un contexto de alta inflación y donde la clase media no para de recibir golpes al bolsillo.

Asimismo, no hay que pasar por alto el fallo CEPIS de la Corte, que establece que el ajuste debe hacerse de manera proporcional y gradual. “El secretario de Energía dijo que cómo lo va a dividir en tres meses, va a cumplir con el fallo. Yo la verdad que tengo dudas si realmente es gradual y si es razonable quitar así en tres meses todos los subsidios al precio mayorista”, advirtió.

Fuente: Mas Energía

La medida propia de una dictadura militar fue criticada ampliamente por distintos sectores

“Denlo por retirado”. Apenas sentada frente al plenario de comisiones que discute la ley ómnibus del Gobierno, Patricia Bullrich anunció que se quitará del texto el polémico y absurdo artículo que exigía una autorización especial del Ministerio de Seguridad para reuniones de más de tres personas en la vía pública.

La funcionaria intentó así abrir el paraguas y bloquear rápidamente la cataratas de críticas que se esperaba habrá durante la tarde de este miércoles desde la oposición durante su exposición en el marco del tratamiento de la iniciativa parlamentaria clave para Javier Milei.

Bullrich trató de remendar la bochornosa situación y argumentó que hubo una “mala interpretación del artículo”, en efecto el 331 dentro de ley ómnibus, y que quedaba circunscripta a regular la ley de Tránsito para impedir que haya cortes en el marco de su férrea estrategia antipiquete. “Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos y no necesitamos plantear eso en la ley de Tránsito”, explicó la ministra en sus primeras palabras.

Luego Bullrich desplegó durante su presentación, y antes de las consultas de los diputados, toda su estrategia de mano dura contra la protesta social y una férrea defensa de los agentes de seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que policías son acusados de gatillo fácil. La ministra resumió su exposición en tres ítems: “Uno: orden económico, social, en las calles; fuerzas de seguridad que puedan trabajar sin sentir que pueda ser víctima, y que al policía no se lo puede agredir”.

La ministra adelantó que la ley ómnibus aumenta las penas para quienes realizan piquetes y, sobre todo, agrava a los que apuntó como “organizadores”. “Hay personas que tienen un sentido de organizar estos cortes y lo hace con una capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes: pérdida de un beneficio social. Esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de las personas. Las somete. El organizador es quien extorsiona o genera la quita de estos subsidios”, sostuvo la ministra. La norma estipula “para los organizadores” de 3 a 6 años de prisión y ser “solidariamente responsables” del costo del operativo de Seguridad.

Bullrich incluso ratificó la plena vigencia de su protocolo antipiquete, incluso en aquellos cortes por reclamos, por ejemplo, cuando se cortan las vías del tren por personas que sufren cortes de luz. “Es verdad que es muy malo no tener luz, pero también es pésimo que haya personas que no puedan volver a sus casas y deban quedarse horas y horas en la estación del tren. Esa decisión de sacar a las personas va a ser lo más rápido posible”, dijo la ministra.

Los dólares financieros dieron un fuerte salto durante la jornada de hoy y continuaron con su tendencia alcista de las últimas ruedas, el dólar blue trepó $70 y cerró a $1120.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que las subas en las cotizaciones de “los dólares financieros” de los últimos días son “una muestra gratis” de lo que puede pasar en el mercado de cambios y la economía en general, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

“Hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte; sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba“, sostuvo en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada. Asimismo, consideró que el Gobierno del expresidente Alberto Fernández “defaulteó la deuda con los importadores”, a quienes “les prometió los dólares y nunca se los dio”.

“Para nosotros, tanto el DNU como la ley son piezas fundamentales” para que el Gobierno pueda llevar adelante sus políticas, aseguró y planteó que “el contenido de la ley no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo y que no aceptemos sugerencias”.

El portavoz se refirió en su introducción a “alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio” y remarcó que “no es un tema menor cuando las cosas se hacen bien y tampoco cuando se hacen mal”.

En ese sentido, citó “las famosas medidas de urgencia del ministro (de Economía, Luis) Caputo”, con las que se logró “estabilizar algunas variables de la economía”.

El 12 de diciembre último Caputo anunció varias medidas, entre las que se destacó la fijación de una cotización del dólar oficial en 800 pesos, además de la aplicación de pequeños ajustes periódicos (conocidos en la jerga financiera como “crawling peg”) del 2% mensual.

Luego de que en las primeras semanas de vigencia de esa medida el mercado financiero se desenvolviera con relativa tranquilidad, Adorni mencionó que en los últimos días hubo una serie de “rumores que generaron que los dólares financieros salten, en números redondos, de los 900 a los 1.200 pesos”, en una dinámica que atribuyó a lo que puede ocurrir si “la política no acompaña” los cambios planteados por el Gobierno.

Al requerírsele mayores precisiones sobre qué podría ocurrir en caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, Adorni prefirió no especular sobre un “caso hipotético”, aunque alertó que “las consecuencias son impredecibles” y reiteró que ellas “están a la vista de todos con el salto del tipo de cambio de los últimos días”. Asimismo, cuestionó tanto los “rumores” como “los amparos en materia laboral”, aunque puntualizó que, fuera de ese capítulo, “el decreto (en alusión al DNU 70/2023) está en vigencia”.

Para el vocero presidencial, el mercado “pasó factura de determinadas desprolijidades“, aunque aclaró que éstas no eran responsabilidad del gobierno sino de “diferentes actores”.

Fuente: Télam

El santo Pontífice sostuvo que “la medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables”.

El Papa Francisco afirmó este miércoles que la política “no puede dejarse dictar leyes por las finanzas” o el mercado y aseguró que las civilizaciones se miden por “cómo se trata a los más vulnerables”.

“La medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables: no olvidemos que las grandes dictaduras, pensemos en el nazismo, descartaron a los vulnerables, los mataron, los descartaron”, sentenció el pontífice este miércoles al recibir a una delegación del grupo de diálogo político “Dialop”.

En ese marco, el pontífice enumeró a “los pobres, los desempleados, los sin techo, los inmigrantes, los explotados y todos aquellos a quienes la cultura del descarte transforma en desperdicio”.

“Y esta es una de las peores cosas. Una política verdaderamente al servicio del hombre no puede dejarse dictar leyes por las finanzas y los mecanismos mercado. La solidaridad, además de una virtud moral, es una exigencia de la justicia, que requiere corrección. distorsiones y purificar las intenciones de los sistemas desiguales, incluso mediante cambios radicales perspectiva para compartir desafíos y recursos entre hombres y pueblos”, fundamentó.

En otra avanzada extorsiva, la ministra de Seguridad sostuvo una campaña “del miedo” si no se aprueba lo que quiere el Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este miércoles el proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, porque si “esta ley no se vota” el país “va a ir a una explosión” y enfatizó que es necesario que Argentina sea “amable para los negocios”.

La ministra, en declaraciones televisivas defendió la ley ómnibus de Milei y sostuvo: “Si esta ley no es votada en un país normal y si no toma el toro por las astas, va a ir una explosión”.

Luego, la funcionaria defendió la política económica del Gobierno: “Estamos en una inflación retrasada en donde el presidente dijo que el 30% es bajo”.

“Si nosotros no votamos lo que tenemos que votar, va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo el gobierno anterior”, dijo Bullrich.

Además, señaló que “los precios están retrasados, las tarifas, las escuelas. Nadie gana plata en el país. Necesitamos recursos estratégicos para lograr que la Argentina se simplifique y sea un país amable para los negocios y para que se gane plata en el país es necesario que se voten esas cosas“.

La ministra de Seguridad señaló que el Gobierno “está decidido en hacer un cambio” y se diferenció del sector que representa el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en la interna.

“El problema es que el Gobierno está decidido a hacer un cambio y sectores se resisten. Cuando jugué en la interna de mi partido, yo sabía que había actores dentro de mi partido que iban a una posición distinta”, indicó.

Milei versus los trabajadores.

Mientras el Congreso debate en comisiones la ley ómnibus, y el Gobierno intenta destrabar en la Justicia las partes del DNU que fueron suspendidas, desde la CGT ratificaron su rechazo a esas iniciativas que buscan desregular la economía para perjudicar a las industrias argentinas y terminar con el derechos de trabajadores. Por ahora, la CGT ratificó paro y movilización para el próximo 24 de enero.

En ese sentido, Pablo Moyano, líder de Camioneros, aseguró que las medidas de los gremios tienen como finalidad “exigirle y acompañar a los diputados y diputadas que tienen que poner la cara frente al pueblo y rechazar este DNU que viene a liquidar derechos de los trabajadores”.

“Hoy la CGT está más unida que nunca, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la ley ómnibus y movilizar el 24. Y estar presente en cada conflicto que se va a ir generando”, aseguró.

El secretario general del gremio Camioneros y adjunto de la central obrera hizo el llamamiento en el marco del paro general convocado para esa fecha. “El objetivo es movilizarse con el DNU y la Ley Ómnibus”, sostuvo.

El secretario general del gremio Camioneros y secretario adjunto de la CGT, Pablo Moyano, llamó este miércoles a movilizarse en cada provincia el próximo 24 de enero para exigirles a los diputados y senadores que rechacen el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía y el proyecto de ley Basas y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Lo importante es que, por primera vez en muchos años, la CGT está más unida que nunca. El objetivo es movilizarse con el DNU y ‘la ley ómnibus’. Cada regional y cada provincia deberán movilizar en sus lugares le exigirán a sus diputados y senadores que voten en contra de estas iniciativas”, afirmó Moyano en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, el dirigente sindical valoró de forma positiva que cada trabajador le reclame a los legisladores que fijen una postura cuando estas iniciativas que impulsa el Ejecutivo se traten en el Congreso.

“¿Van a estar del lado de los laburantes o de esta ley que les va a sacar los derechos? Eso es lo que los trabajadores les tienen que preguntar. Estamos ante un Gobierno que tomó medidas contra la gente y para desviar las ganancias hacia las corporaciones”, remarcó Moyano.

En ese sentido, el referente del sindicato camionero afirmó que el DNU viene a aniquilar los derechos de los trabajadores.

“Hay que estar en estado de debate, alerta y movilización permanente porque se vienen tiempos jodidos. Es por eso que los diputados y senadores se tiene que poner de cara al pueblo. El DNU esta judicializado, pero no es definitivo, es importante rechazarlo, sobre todo desde el peronismo. Es una norma que no solo destruye las condiciones laborales sino que también entrega la soberanía nacional, fundamentó.

Por otro lado, Moyano descartó que el excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) en las últimas elecciones, Sergio Massa, haya estado en contra de la decisión de la CGT realizar un paro general con movilización.

“Puede haber charlas de mostrador, pero estamos llevando adelante una reconstrucción política de Unión por la Patria. Había trascendido que Sergio Massa estaba en contra del paro, pero no es así. Nos estamos reuniendo con distintos bloques del Congreso que tienen cuestionamientos al DNU y al proyecto de ley. Encima, con esta locura de que hay que festejar la inflación, todo se va a complicar día a día, concluyó.

En agosto de 2023, el entonces candidato a presidente Daniel Noboa se refería al avance del narcotráfico en Ecuador. Unos meses después sería elegido como primer mandatario. El dirigente explicaba en diálogo con TN: “El narcotráfico es uno de los elementos que favorece al narcoterrorismo, porque no tienen que cambiar billetes, entran dólares y salen dólares, no queda rastro cambiario”.

Además, Noboa habló de la falta de controlores fronterizos y también en el puerto de Guayaquil. “Son todos elementos que favorecen a las organizaciones narcoterroristas”. Vale destacar que la dolarización de Ecuador es uno de los modelos “exitosos” que suele nombrar Javier Milei para defender su propuesta económica.

La declaración se vuelve muy pertinente hoy cuando ese país vive una crisis institucional luego de que bandas armadas paralizaran diferentes puntos del país, entre ellos, un canal de televisión en Guayaquil. El gobierno de Noboa, con respaldo de la oposición, declaró el “conflicto armado interno” y movilizó a las fuerzas armadas.

La ausencia de controles se dio a partir, sobre todo, de la salida del gobierno de Rafael Correa, lo que disparó la violencia en el país sudamericano. Durante los dos mandatos de la “Revolución Ciudadana”, la tasa de homicidios estuvo en torno a 15 sobre 100 mil personas. El año pasado se disparó por encima de 30, a pesar de que los gobiernos que sucedieron a Correa hicieron énfasis en “la mano dura” y la “seguridad”.

Milei, desorientado.

Siempre, el economista Javier Milei explicaba que los problemas económicos se derivaban de la emisión monetaria que, “siempre y en todo lugar”, era la responsable de la inflación y los desajustes económicos. Ahora, ya presidente, Milei parece cambiar de teoría para explicar el crecimiento del dólar blue y la brecha cambiaria. “Es culpa del Congreso por dilatar la aprobación de la ley Ómnibus”, aseguraron desde el oficialismo.

Ayer, el llamado dólar libre subió 70 pesos y cerró a $ 1120, lo que colocó a la brecha con el dólar oficial en torno al 45%. El mercado descuenta que habrá otra devaluación. Mientras, el Gobierno pretende un tarifazo que vuelva a disparar la inflación lo que seguirá atrasando al dólar oficial. El desgobierno en materia económica es muy evidente.

En ese contexto, sorprendió que Milei celebrara que la inflación fuera en diciembre del 30%. “Sería un numerazo, hay que llevarlo en andas a Caputo (ministro de Economía)”, dijo. La declaración sorprende y mucho porque contradice toda su teoría económica. Para Milei la inflación tiene que ver “siempre” con la emisión monetaria y funciona con un “rezago de 18 meses”. Si eso es así: qué responsabilidad le cabe a Caputo por la inflación de diciembre. ¿No tendría que ver con las políticas monetarias de Massa? Aturdido por la realidad, Milei empieza a dudar de sus ideas.

Milei suele elogiar al “modelo ecuatoriano”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que declara al país en estado de “conflicto armado interno” y ordena a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares para neutralizar” el accionar de una veintena de bandas criminales vinculadas al narcotrático, en medio de una nueva ola de violencia en las principales ciudades del país. Ecuador es para Javier Milei un ejemplo “exitoso” de país periférico donde la dolarización “funcionó”.

La decisión de Noboa se dio poco después de que hombres con fusiles y granadas incursionaron en los estudios de TC Televisión, el canal público de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. El narcotráfico creció notablemente en los últimos años gracias a la dolarización y las desregulaciones económicas que permiten el lavado de dinero.

Hasta el gobierno de Rafael Correa, Ecuador era un país que tenía estadísticas de violencia por debajo de la media sudamericana, en torno a 15 homicidios cada 100 mil habitantes. Todo cambió con la llegada de la derecha y el “final del populismo”. En 2022, la tasa fue de 22 asesinatos cada 100 mil habitantes. El desmanejo de la gestión de Guillermo Lasso, otro ejemplo “destacado” por la derecha sudamericana es muy evidente a pesar de su discurso de “orden” y “seguridad”.