Será la semana que viene, cuando el organismo se reúna en Washington para debatir las metas del tercer trimestre, ya avaladas por el staff técnico.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá y seguramente aprobará las metas del tercer trimestre del año la semana próxima, lo que habilitará al giro de unos USD 6.000 millones al país antes de fin de año.

Así lo indicaron fuentes en Washington, que precisaron que la reunión del directorio que conduce Kristalina Georgieva será el jueves 22 de diciembre. Como es habitual, se realizará en el piso 12 del edificio del organismo multilateral, con la presencia de los directores de los países.

Luego de la bendición del staff del Departamento del Hemisferio Occidental, cuyo liderazgo está vacante tras la elección de Ilan Goldfajn como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no se esperan complicaciones en la aprobación de las metas del tercer trimestre por parte del board.

Cuando se complete este trámite, el organismo girará DEGs por el equivalente a unos USD 6.000 millones, que le permitirán al ministro Sergio Massa cumplir parte de su premisa de terminar el año con reservas netas por USD 7.000 millones, con el aporte también del dólar soja 2 y de créditos del BID, la CAF y el Banco Mundial.

De todos modos, gran parte de este nuevo desembolso por el acuerdo que firmó el presidente Alberto Fernández en marzo pasado por una cifra mayor que la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri, volverá a Washington ya que en el primer trimestre del año el país enfrenta vencimientos por USD 6.200 millones con el Fondo. En marzo, si el staff considera que se aprobaron las metas del cuarto trimestre del 2022, el organismo giraría otros USD 5.800 millones, según las estimaciones del estudio ECO GO. A diferencia de este año, en 2023 el saldo neto entre pagos y desembolsos del FMI favorecerá al organismo en unos USD 4.100 millones, según ECO GO.

Por esta razón, el estudio que dirige Marina Dal Poggetto enfatizó que el organismo mantendrá su actitud de hacer “la vista gorda” frente a algunos deslices del equipo económico, como la venta de los DEGs entre Economía y el BCRA, mientras Massa mantenga el acuerdo on track.

“El FMI está inmerso en acusaciones cruzadas de ambos lados de la grieta. El gobierno lo acusa de haberle prestado USD50.000 millones a Macri para financiar la reelección. La oposición lo acusa de haberle concedido al gobierno actual un acuerdo light que en los números postergó el grueso del ajuste para la próxima gestión”, indicó ECO GO.

“En el medio, el FMI hizo y sigue haciendo todo lo que puede para alcanzar dos objetivos: que el país no entre en atrasos, ya que salir de atrasos requiere devolver antes el capital adeudado y dado los montos del programa involucrado, Argentina no tendría forma de hacerlo por lo que el riesgo cierto es que no importa quien gane en las próximas elecciones, el país se quede mucho tiempo en el ostracismo”.

Además, busca “no ser el culpable de la caída de la Argentina. Esta situación es la que de momento viene explicando la enorme laxitud en el diseño de las metas que originalmente fueron adaptadas a las necesidades del gobierno”.

En este sentido, continuará con “el pragmatismo de ir acomodando trimestralmente las metas a los desvíos que se producen y/o aplicar un waiver a cada anuncio de desdoblamiento cambiario mientras mira de costado el financiamiento indirecto del BCRA al Tesoro en el mercado de bonos”.

Así lo dictó el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía esta noche el adelanto a 2023 de las elecciones generales.

El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá bajo prisión preventiva los próximos 18 meses, según resolvió el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía esta noche el adelanto a 2023 de las elecciones generales, propuesto por el Gobierno, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura, mientras continúan las protestas, que ya suman 10 muertos.

El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros. Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.

En el Congreso, en tanto, Dina Boluarte, que asumió luego de la destitución de Pedro Castillo y recibió el apoyo de los Estados Unidos, anunció un nuevo adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según esta propuesta, las elecciones se realizarían en diciembre de 2023.

Así lo adelantó la organización barrial Túpac Amaru. Será la semana próxima en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

La organización barrial Túpac Amaru anunció que los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de diciembre se realizará un acampe pacífico en Plaza de Mayo “exigéndole al Presidente que firme el indulto antes de fin de año” para habilitar la liberación de Milagro Sala, presa política desde el 16 de enero de 2016.

Así lo confirmó Alejandro “Coco” Garfagnini en la conferencia de prensa, de la que participaron organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales, que pidió por la nulidad de la pena contra la líder política jujeña tras la confirmación de la condena a 13 años de prisión.

“Esta situación tiene una salida política, que la tiene el Presidente y nuestra fuerza política, que es el indulto” destacó Garfagnini en referencia a Alberto Fernández, quien para él debe “tener caracter y cumplir con el mandato lo que dimos todos lo que resistimos durante cuatro años de macrismo y posibilitamos que el Gobierno llegue al poder”.

¿Cómo dijo?

El expresidente Mauricio Macri volvió a defender a la dictadura de Qatar, a pesar de las críticas por las violaciones a los derechos humanos. “Se puede vivir en absoluta libertad porque no hay conflicto”, aseguró Macri. El modelo con el que sueña la oposición: unos pocos ricos, dictadura, falta de derechos para las mayorías…

“Creo que hubo una campaña poco oportuna (contra Qatar). Si vos no estabas de acuerdo con las denuncias, que no se pudieron comprobar, no hubieses clasificado al Mundial”, sintetizó Macri en Cadena 3 Rosario. Durante la construcción de estadios para el mundial murieron cientos de trabajadores, que no cuentan con ninguna protección laboral ni médica.

Y agregó: “En este lugar se puede vivir con absoluta libertad, no hay ningún tipo de conflicto, esto es una fiesta”, reseñó. Es uno de los países con mayor desigualdad del planeta, donde una minoría disfruta de lujos fenomenales en medio de pobreza extrema.

Después de semanas.

Finalmente, fiscal federal macrista Carlos Stornelli imputó al diputado nacional Gerardo Milman por el delito de dádivas a raíz de que el legislador tenía a su nombre la tarjeta azul del Peugeot 2008 Sport perteneciente a una empresa proveedora del Estado. El vehículo lo conducía, con registro trucho, una de las jóvenes colaboradoras de Milman, cuando fue sorprendida en Palermo, en la madurgada porteña.

“Constituirá objeto de investigación y conforme se denuncia -señala Stornelli-, la presunta admisión de una dádiva -sin prejuicio de toda otra figura que en definitiva resulte aplicable- por parte de Gerardo Fabián Milman. El mencionado Milman habría recibido un rodado marca Peugeot, modelo 2008 de parte de la empresa Metalúrgica Oliva Hermanos dedicada a brindar servicios de seguridad de caudales y proveedor de materiales de blindaje”, aseguró Stornelli. Por fin se avanza sobre Milman, que acumula irregularidades.

Pero la acusación subió un rango fuerte este jueves: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la secretaria de la cartera, Mercedes La Gioiosa, presentaron una denuncia contra Milman y contra Patricia Bullrich, quienes -mientras estuvieron a cargo de la cartera, bajo el macrismo- “habrían contratado a 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones pero que sí habrían cobrado salarios abonados con fondos públicos por una suma millonaria”.

El mismo Milman fue identificado por un testigo que le escuchó decir que “voy a estar de viaje cuando la maten”, dos días antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora se conocen múltiples irregularidades del hombre de extrema confianza de Bullrich. ¿Fin de la impunidad?

Desaceleración.

Ayer, se conoció el dato de inflación de noviembre, que mostró el número más bajo desde marzo. Se ubicó en el 4,9% mensual, lo que mostró una fuerte desaceleración. El rubro alimentos subió 3,5%. En ese sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, se mostró cauto: “El dato de inflación nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación. Pero no nos conformamos”.

“Asumimos hace 4 meses con siete puntos y medio y venimos paulatinamente logrando bajar la inflación. No nos conforma, tenemos que seguir bajando la inflación y eso requiere cumplir las metas del orden fiscal, la acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda y plantear un modelo de desarrollo con inclusión”, recalcó.

Según Massa, se espera que la inflación se ubique en torno al 5% en noviembre y diciembre para bajar al 4% mensual en enero y febrero. Luego, podría descender al 3% en marzo y abril. De confirmarse esa tendencia sería una gran noticia para la economía.

“Estamos convencidos de que nosotros tenemos la responsabilidad de ordenar macroeconómicamente la Argentina. En el mientras tanto tenemos la tarea de construir juntos un sendero a la baja de los precios que le de tranquilidad a la gente y que nos permita recuperar el ingreso”, indicó.

Desacaleración de los precios.

La inflación de noviembre perforó el piso de 5 puntos y quedó en 4,9%, lo que representa el índice más bajo desde febrero, cuando había sido de 4,7%. En octubre la inflación había marcado 6,3%, de manera que en un mes se logró una impactante baja de 1,4%, casi un cuarto del registro anterior. El ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado que se podía dar esa baja que acerca a la inflación a la meta del presupuesto.

Con este número, la inflación acumulada en 2022 llega a 85,3% y a 92,4% en los últimos 12 meses. Es la más alta en 40 años. Por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en noviembre un 3,5% y fue el rubro que menos creció en el mes y contribuyó a desacelerar el nivel general de los precios. El gobierno se adjudica su propio gol: el amplio acuerdo de precios que logró con el sector por tres meses.

Por otra parte, el sector de mayor aumento fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 8,7%, dentro de la que se destacó el incremento de los servicios de electricidad y gas a raíz del aumento de tarifas que habilitó Massa para bajar los subsidios energéticos, que en diciembre alcanzaron un 20% en los sectores de mayores ingresos. Esta es una “buena noticia”: porque el gobierno necesita bajar subsidios a los servicios y eso impactará en las tarifas. Es una novedad que esos incrementos no golpearan sobre la meta de desaceleración de precios.

Así las cosas, en el equipo de Massa son optimistas con llegar a marzo/abril con una inflación del 3% mensual. Para el gobierno y el peronismo serían una gran noticia: con crecimiento del 5% anual y una inflación a la baja, el oficialismo vuelve a tener muchas posibilidades electorales.

El ministro de Economía aseguró que “con la incorporación de los medicamentos al programa estamos en casi 40 mil productos”.

El gobierno formalizó este jueves con las cámaras farmacéuticas un acuerdo de precios del un 3,8 por ciento mensual para los medicamentos hasta marzo próximo, informó el Palacio de Hacienda.

El acuerdo quedó firmado tras una reunión con empresarios del sector que presidieron el ministro de Economía, Sergio Massa y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

El convenio firmado establece aumentos del 3,8% mensual desde diciembre hasta el 31 de marzo para los medicamentos recetados y no alcanza a los de venta libre.

Los aumentos tendrán como base los precios de venta al público vigentes en noviembre y se estableció una cláusula gatillo por la cual, en caso de que la inflación supere el 5%, al mes siguiente las empresas podrán aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del INDEC.

Tras el encuentro realizado en el Palacio de Hacienda, Massa señaló que la desaceleración del costo de vida de noviembre “nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación”.

“Asumimos hace cuatro meses con siete puntos y medio y venimos paulatinamente logrando bajar la inflación. No nos conforma, tenemos que seguir bajando y eso requiere cumplir las metas del orden fiscal, la acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda y plantear un modelo de desarrollo con inclusión”, agregó el ministro.

Dijo que “los medicamentos en la vida cotidiana de la gente son súper importantes” y agradeció el apoyo de los empresarios que participaron del acuerdo.

“Estamos convencidos de que nosotros tenemos la responsabilidad de ordenar macroeconómicamente la Argentina y en el mientras tanto tenemos la tarea de construir juntos un sendero a la baja de los precios que le de tranquilidad a la gente y que nos permita recuperar el ingreso”, indicó el ministro.

Tombolini, destacó que el acuerdo “es muy importante porque es una señal que construye previsibilidad para las empresas, pero por sobre todas las cosas, para quien compra los remedios todos los meses”.

“Esta semana cerramos acuerdos con distintos sectores de la economía argentina como celulares, insumos difundidos, calzado deportivo y ahora logramos cerrar este que para nosotros también es fundamental”, señaló el secretario de Comercio.

Respaldaron el acuerdo la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos COOPERALA y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME).

El máximo tribunal ratificó el fallo de la justicia de Jujuy en la causa conocida como “Pibes Villeros”, que condenó a la líder social a 13 años de prisión. La Tupac Amaru repudió la decisión judicial y convocó a una conferencia de prensa.

La Corte Suprema confirmó una condena contra la líder social Milagro Sala a 13años de prisión, que había sido dictada por la justicia provincial de Jujuy en 2019 en una causa conocida como “Pibes Villeros”. En ese juicio se la acusó de liderar una asociación ilícita y de defraudar al Estado con la construcción de viviendas.

El fallo del máximo tribunal lleva las firmas de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los cortesanos se pronunciaron en sintonía al procurador Eduardo Casal, que meses atrás había pedido desestimar los planteos de la defensa de la dirigente de la Tupac Amaru.

“Se advierte que la defensa no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios de la parte referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia, falencia que obsta de modo decisivo a la procedencia de su impugnación en orden a dichas cuestiones”, escribieron los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

La defensa de Milagro Sala denunció que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a sus derechos constitucionales, entre los que enumeró:  

– El tribunal no permitió testigos que explicaran cómo funcionaba la Tupac y que desarmaran la idea del rol preponderante de Sala en la supuesta asociación ilícita;

– El tribunal rechazó un peritaje con ingenieros para ver qué obras se habían completado y cuáles no, lo que es la base de la acusación;

– A Milagro Sala la expulsaron durante 60 días de la sala de audiencias. No pudo controlar cuatro testimonios claves en los que se sustentó su acusación;

– No se aseguró el libre ingreso al juicio oral y público. Sólo se permitió el ingreso de 16 personas por audiencia;

– Los periodistas que ingresaron debieron firmar un convenio de confidencialidad para no difundir lo que sucedía. Ni notas podían tomar.

Luego de que se conociera la decisión de la CSJN, la Tupac Amaru emitió un comunicado para informar que este viernes a las 16 horas realizará una conferencia de prensa en su sede porteña ubicada en San José y México.

“La decisión es un escándalo en términos políticos. Sepulta los antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de DDHH y del comité contra la tortura de la ONU. Desconoce el carácter político de la persecución, la condena y la prisión que purga Milagro Sala y que purgaran decenas de Tupaqueros y Tupaqueras en Jujuy”, señala el comunicado.

El texto también remarca que la decisión judicial implica un retroceso de treinta años “en la doctrina de la propia Corte Suprema, asignándole un margen de arbitrariedad a las jurisdicciones provinciales que le permite a cualquier Tribunal Superior enterrar las garantías procesales de la provincia por el simple hecho de su existencia”.

Asimismo, desde la Tupac apuntan que la prisión de Milagro es “una mancha imborrable en el proyecto político que llegó al gobierno” en diciembre de 2019 con discursos que promovían la “necesaria libertad” de la referente jujeña “y después de tres años de gobierno, apenas llenó de gestualidades la dinámica inexorable de la persecusión política que sigue sufriendo la flaca”.

“También, la condena ratificada por la Corte es una pistola en la cabeza de la militancia popular, de todo compatriota que decida abrazar la organización popular y la convicción política, para enfrentarse con la dinámica del sistema que pretende convalidar una realidad de mierda”, expresa la organización.

Docentes y alumnos de la Facultad de Derecho impulsan el juicio académico contra el juez de Comodoro Py por su viaje a la mansión de Joe Lewis financiado por el grupo Clarín.

Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires buscan iniciar juicio académico contra Julián Ercolini y para ello ya lograron juntar 14.000 firmas en solo cuatro días de difusión.

El pedido lo respaldan una decena de profesores y profesoras de esa Casa de Altos Estudios. El proceso que se le quiere impulsar al juez federal de Comodoro Py está relacionado con su participación en el vuelo del lawfare, luego de que se filtró el chat de los participantes que presionaron y mintieron para esconder el encuentro.

Julián Ercolini fue quien elevó a juicio la causa Vialidad y que en los últimos días apareció involucrado en la filtración de chats por el viaje a Lago Escondido. “En la UBA hay un Código Académico que regula el juicio académico para que un profesor sea sacado de ese cargo”, explicó en una entrevista radiofónica la Doctora en Derecho Marisa Herrera al contó que Ercolini es profesor y Director de la especialización en Administración de Justicia y señaló que eso constituye una “contradicción”.

Además, Herrera denunció que la Facultad, como institución, todavía no sacó ningún comunicado. Herrera sostuvo además que “todo esto lo acarreamos desde el fallo de la Corte del Consejo de la Magistratura” y concluyó que “es el Consejo de la Magistratura el que debería sancionar a los jueces”.

Como la Facultad de Derecho no tuvo ninguna declaración sobre los hechos que se conocieron los últimos días, un grupo de profesores de esa casa de estudios firmó una misiva destinada al decano Leandro Vergara a fin de solicitarle que “se expida al respecto”.

Lo que podría encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del propio Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dichas disposiciones”, sostuvo la carta que lleva la firma de más de diez profesores, entre ellos Raul Zaffaroni y Eduardo Barcesat.

“Si bien el reglamento que regula el proceso de juicio de juicio académico recepta una legitimación activa amplia para la apertura de este proceso, lo cierto es que en atención a la repercusión social -en especial, en el ámbito académico y judicial- que ha tenido el hecho que aquí se denuncia, es que se ha decidido habilitar un formulario de Google para que personas pertenecientes, principalmente, a la comunidad académica se pueda expresar al respecto a partir de la adhesión a una nota/comunicado en el que se han recibido más de catorce mil (14.000) adhesiones en tan solo 4 días de difusión”, indica el escrito.