La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) realizó controles en 7 hipermercados que falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, afirmó que los hipermercados, que fueron auditados en el último tiempo por el organismo, falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022 para evadir “más de $6.000 millones”.

El organismo recaudador realiza desde mitad de año fiscalizaciones sobre toda la cadena de alimentos, desde las empresas que elaboran productos de consumo masivo hasta supermercados. Allí detectó una maniobra de evasión en la venta de carne en La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Cencosud, Carrefour y Changomás.

En tanto, el funcionario explicó que los supermercados realizaron una evasión “en concepto de Ingresos Brutos en las operaciones de venta de carne a los consumidores”.

Por tal motivo evalúan iniciar acciones penales contra dichas compañías. En declaraciones a Radio 10, Girard se refirió a esos controles y afirmó: “Se trata de acciones que buscan reparar injusticias en el marco de un contexto inflacionario y de suba de precios de los alimentos”.

Detectamos una maniobra de evasión de los supermercados, que evadieron $1.500 millones”, expuso Girard, y señaló que los técnicos de ARBA presumen que, si se analizan las declaraciones juradas de los supermercados de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022, “ese monto llega a $6.000 millones”.

El titular de la Agencia de Recaudación subrayó que el macrismo “bajó la alícuota a las carnicerías a la mitad: de 5 a 2,5”, y precisó que “los supermercados empezaron a declarar la venta de carnes como si fueran carnicerías minoristas”.

Luego, Girard informó que ARBA concluyó el lunes pasados las notificaciones a las grandes cadenas, por lo que ahora esas compañías cuentan con un plazo de 10 días hábiles para hacer su descargo, momento en que el organismo podrá hacer “la determinación de oficio”.

“Se emite un título ejecutivo y estamos evaluando hacer acciones penales porque claramente hay un ardid, una maniobra para generar un perjuicio al fisco por $6.000 millones. Son recursos que la provincia no tuvo y que queremos recuperar porque es dinero con el que se podrían construir casas, cuadras de pavimentos o invertir escuelas, que son las prioridades del gobierno de Axel Kicillof”, manifestó.

Girard agregó que ARBA no busca afectar la reputación de los supermercados sino “recaudar esos fondos y reparar una injusticia fiscal, porque el comerciante de barrio no puede pagar lo mismo de impuestos que un hipermercado”.

Las fiscalizaciones de ARBA sobre el sector abarcaron doce grandes cadenas de supermercados que tienen actividad en territorio bonaerense, y en cinco de ellas verificaron que no se registraban irregularidades, en tanto que en los siete restantes detectaron la evasión en las operaciones de venta de carne.

Operativos en Buenos Aires.

ARBA, el organismo de recaudación de provincia de Buenos Aires, realizó operativos en diferentes empresas con el fin de detectar evasión impositiva. En el caso de los hipermercados La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Cencosud, Carrefour y Changomás, ARBA aseguró que falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022 para evadir más de $6.000 millones en concepto de Ingresos Brutos.

Desde la llegada de Axel Kicillof a Buenos Aires, un objetivo de la política económica provincial tiene que ver con combatir la evasión impositiva. Así las cosas, se hacen operativos en diferentes ciudades y actividades productivas. La gestión de María Eugenia Vidal había desmantelado todos los equipos de control.

“Detectamos una maniobra de evasión de los supermercados, que evadieron $1.500 millones”, expuso el titular de la Agencia, Cristian Girard, y señaló que los técnicos presumen que, si se analizan las declaraciones juradas de los supermercados de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022, “ese monto llega a $6.000 millones”.

Para que quede claro: menos evasión implica mayores recursos para el Estado y la mejora en las diferentes prestaciones sociales que se brindan, como educación, salud o seguridad. De allí, que el gobierno peronista esté obsesionado en mejorar la recaudación.

En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.

La ley que declara al exsenador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich como Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires fue promulgada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

La iniciativa del senador provincial Juan Pablo Allan (Juntos) destaca la trayectoria política del también exministro de Educación de la Nación y su compromiso y esfuerzo para lograr avances en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece.

En ese sentido, la propuesta destaca que Bullrich “batalló por sus principios e ideales de forma contundente en todos los espacios donde se ha desempeñado; sin embargo, es probable que su mayor batalla sea la que comenzó a librar hace poco tiempo contra una enfermedad muy compleja llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”.

“Nuestro país no cuenta aún con una base abierta, oficial y sólida de pacientes que padecen esta enfermedad y, sin datos, la posibilidad de crear políticas públicas que garanticen el derecho de los pacientes y la posibilidad de que puedan acceder a tratamientos, resulta utópica”, agregó, y subrayó la importancia del trabajo iniciado desde la Fundación Esteban Bullrich.

El proyecto se aprobó en la Cámara de Senadores en mayo pasado y se convirtió en Ley el mes pasado en Diputados.

En aquel momento Allan consideró que “Esteban Bullrich tiene todos los merecimientos para ser declarado con el máximo reconocimiento de la provincia de Buenos Aires”.

Además, enumeró su trayectoria en la vida política y la decisión de crear una fundación para atender a quienes sufren la misma enfermedad.

En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.

En esta segunda edición, se anotaron unos 130.000 alumnos que terminan la secundaria tanto públicas como privadas.

Más de 40 mil estudiantes de 1.115 escuelas ubicadas en 100 municipios bonaerenses ya participaron de la segunda edición de los Viajes de Fin de Curso financiados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En esta segunda edición, se anotaron unos 130.000 estudiantes bonaerenses que terminan la secundaria este año en escuelas del distrito, tanto públicas como privadas.

Los destinos bonaerenses a los que viajan los grupos estudiantiles son partido de La Costa, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, Monte Hermoso, Tornquist, San Pedro, Tandil, Alvarado, Escobar, Cañuelas y Necochea.

Los viajes se realizan entre septiembre y noviembre, es decir, durante la llamada “temporada baja” de la actividad turística. Los grupos disfrutan de 4 días y 3 noches, tienen incluidos todos los gastos de transporte, hotelería y comida y además cuentan con excursiones con enfoque en atractivos naturales, culturales, históricos, deportivos y turísticos, de modo de promover entre los estudiantes la identidad bonaerense e incentivar los vínculos con tradiciones y paisajes de la Provincia.

El programa Viajes de Fin de Curso apunta a impulsar el sector del Turismo en distintos municipios y, al mismo tiempo, a contribuir con la revinculación social y afectiva de las juventudes en la salida de la pandemia, garantizándoles el derecho a viajar en territorio bonaerense.

El gobernador bonaerense envió a la Legislatura la iniciativa que pretende “fortalecer la gestión y llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Ética Pública y Transparencia, en el marco de la apertura del 4° Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública.

Esta iniciativa contiene 38 artículos divididos en ocho capítulos, y tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la ­integridad y la transparencia en el ámbito provincial.

Las herramientas que propone para cumplir con dichos objetivos son instancias de capacitación obligatoria, la implementación de la perspectiva de género de forma transversal, la ­creación de una comisión provincial de ética pública y transparencia y un consejo consultivo de la sociedad civil, y la puesta en marcha de un sistema de integridad basado en mecanismos preventivos.

“En los primeros días de nuestra gestión propusimos que este proyecto no debía ser una iniciativa limitada al Poder Ejecutivo, sino que su gestación tenía que ser el resultado de un proceso participativo y democrático”, dijo el gobernador, además de mostrarse confiado por el acompañamiento del cuerpo legislativo provincial.

En este sentido, expresó: “Esperamos que esta ley se discuta y se apruebe rápidamente, ya que nos va a brindar a todos la tranquilidad de que la sociedad sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué leyes y normas nos guiamos”.

Por otro lado, Kicillof señaló que el proyecto “representa a muchas instituciones, especialistas y universidades, y refleja el debate y la discusión tendientes a resolver problemas y contribuir con todos los poderes del Estado para gobernar mejor y de forma más transparente”. “Es una ley que necesitamos pronto porque viene a fortalecer la gestión y a llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”, añadió.

“Será un gran avance para generar más transparencia, que es nuestra obligación para construir un sistema democrático más pleno”, concluyó.

La iniciativa comenzó a gestarse a partir de la creación de una mesa de trabajo en octubre de 2020. A partir de ese momento, representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales realizaron más de un centenar de reuniones para consensuar el proyecto que ayer partió a la Legislatura.

Las acciones se llevaron adelante en camiones de carga con el objetivo de verificar la documentación necesaria para el traslado de mercadería y el cumplimiento de las leyes laborales.

Como resultado de la fiscalización, el organismo conducido por Carlos Castagneto labró 14 actas de infracción y detectó un 47% de irregularidades en la contratación de choferes. Los procedimientos en puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires se dieron en horario diurno y nocturno en automotores que circulaban sobre las rutas nacionales 3 y 226 y las rutas provinciales 60 y 51. Las tareas consistieron en el pesaje de la carga transportada, y los controles de permisos para conducir y de la documentación requerida por la AFIP como la carta de porte electrónica, el remito electrónico harinero y cárnico, remitos y facturas, entre otros.

Por parte de la AFIP participaron agentes dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). En tanto, también estuvieron presentes la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de parte del gobierno provincial, miembros de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), del Ministerio de Transporte, de la Subsecretaría de Minería y de la Dirección de Vialidad, indicó el sitio Infogei.

En total, se controlaron 820 camiones, de los cuales un 84% transportaba carga general, y el 16% restante, cereal y ganado. Se labraron 14 actas de infracción y se interdictó la mercadería en los casos que correspondía. En el plano previsional, se controló la situación de 566 choferes de camiones, detectando 265 de ellos (47%) con irregularidades en su situación laboral. Las infracciones detectadas más frecuentes fueron la falta de declaración de los trabajadores y diferencias entre los salarios registrados y los realmente percibidos. Con la información recabada, la AFIP y los organismos intervinientes determinarán si corresponde aplicar sanciones

La Provincia presentó un nuevo reglamento para mejorar las condiciones laborales, sociales y formativas de médicos residentes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la presentación de un nuevo reglamento para regular la actividad de médicos y médicas residentes, saldando una demanda histórica de los y las profesionales con el objeto de mejorar sus condiciones laborales y formativas.

Durante  el acto desarrollado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof destacó que “este nuevo reglamento es el resultado de una construcción colectiva y de una discusión amplia, democrática, que incluyó a sindicatos, directores de hospitales, residentes y representantes de la comunidad”.

“Apuntamos a mejorar las condiciones de formación y trabajo de las y los residentes, en el marco de un proceso de transformación e integración de un sistema de salud que encontramos muy deteriorado”, agregó.

A partir del trabajo conjunto con hospitales, regiones sanitarias, residentes y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP), la iniciativa establece un nuevo régimen de jornada laboral de lunes a viernes, eliminando los sábados, y reduce las horas de guardia de 24 a 12.

Además, brinda la posibilidad a residentes del último año de contar con un día laboral por semana para realizar otras tareas remuneradas.

A nivel salarial, se incorpora un plus por guardia con un valor del 13% del sueldo de un jefe de residentes y un adicional del 7% del ingreso de quien trabaje en una zona de baja cobertura, con el objetivo de incentivar la radicación de profesionales en ámbitos de mayor necesidad.

Asimismo, se agrega una suma de 1.500 pesos por hijo, que se duplica en caso de que el menor tuviera alguna discapacidad, y se incorporan los aportes al IPS (sin pérdida de salario de bolsillo).

La actualización de la regulación que regía desde el año 2001 implica una mejora sustancial para los 5 mil residentes que componen el sistema de salud bonaerense, contribuyendo además con la reducción de asimetrías históricas con las residencias nacionales y de otras jurisdicciones.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “el régimen de residentes había quedado muy desactualizado y necesitaba cambios profundos en aspectos que hacen a las condiciones de trabajo”.

“Además, con la modernización del reglamento apuntamos a que la provincia de Buenos Aires sea más atractiva para quienes tienen que decidir dónde realizar sus periodos de residencia”, indicó.

En tanto, Kreplak resaltó que “hoy se consolida un avance después de muchos años de lucha y de reclamos por parte de todas y todos los que integramos el sistema de salud bonaerense”. “Este nuevo reglamento mejora las condiciones laborales y de aprendizaje, haciendo además que la provincia sea un destino más atractivo para quienes deben elegir dónde llevar adelante sus periodos de especialización”, añadió y afirmó: “Es una nueva demostración de la vocación de un Gobierno provincial que prioriza la educación, la formación pública y la juventud, con quienes contamos para construir el sistema de salud que queremos”.

Por último, Kicillof subrayó: “Estamos dando un paso y marcando un hito en un recorrido que tiene que ver con la reparación y la búsqueda de justicia laboral y, sobre todo, de justicia social”.

Estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Walter Correa; las subsecretarias de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani; y de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, Pamela Gagliardo; el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Nicolás Todesca; el director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud, Mario Rovere; y el presidente de CICOP, Pablo Maciel.

Lo hizo a través de la resolución 2502 publicada en el Boletín Oficial del distrito, donde se indicó que en esas horas adicionales se enseñarán Prácticas del Lenguaje, Matemática y Ciencias.

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó este martes su adhesión al programa para ampliar la jornada educativa en escuelas primarias de gestión estatal creado por el Ministerio de Educación, con lo cual más de 650 colegios de la provincia sumarán una hora de clases diaria y otros 261 pasarán de jornada simple a completa.

Lo hizo a través de la resolución 2502 publicada en el Boletín Oficial del distrito, donde se indicó que en esas horas adicionales se enseñarán Prácticas del Lenguaje, Matemática y Ciencias.

“La transformación de Jornada Simple a Jornada Completa se realizará priorizando a aquellas escuelas con vulnerabilidad socioeducativa”, se indicó en la medida.

En esta primera etapa, la medida alcanza al 25,1% de las escuelas estatales que hasta el momento contaban con jornada simple y al 23% de la matrícula.

De esta forma, impacta en escuelas urbanas y rurales de 120 municipios bonaerenses, tanto del área metropolitana como del interior.

En base a esto, a finales de 2023 se habrán incorporado 40 días más de clases a los 190 previstos en el calendario anual.

En la resolución, se recalcó que “la extensión de la jornada a 25 horas de clases semanales se realizará en todas las escuelas de gestión estatal de jornada simple en condiciones de implementar dicha extensión”.

Además, indicó que la Dirección Provincial de Educación Primaria y la Subsecretaría de Planeamiento dispondrán la nómina de establecimientos educativos que ampliarán su jornada a 25 horas semanales y se detalló que esa nómina “será incremental, incorporándose escuelas a la misma en diferentes momentos”.

“Las 5 horas semanales adicionales serán destinadas prioritariamente al fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la práctica matemática y científica”, se recalcó.

En los fundamentos se recordó que “un mayor tiempo de clases contribuye positivamente en la probabilidad de promover de año de estudio y en la adquisición de aprendizajes, fortaleciendo las trayectorias educativas de las y los estudiantes en el nivel primario”.

En la provincia de Buenos Aires, las escuelas de Jornada Completa del Nivel Primario tienen una duración de 8 horas diarias; en una organización de 8 módulos de 60 minutos cada uno.

En las escuelas primarias con ampliación a 25 horas semanales, la incorporación de las 5 horas adicionales de clases por semana estará destinada a la enseñanza de Prácticas del Lenguaje, Matemática y Ciencias.

Buenos Aires firmó el convenio con Nación el 26 de septiembre pasado, y ya son 17 las provincias que adhirieron a la medida impulsada por el Ministerio de Educación de garantizar un piso mínimo de 25 horas semanales en las escuelas primarias lo que implica 38 días más de clase por año.

Las otras 16 jurisdicciones que comenzaron a implementar una hora más de clase por día en las escuelas primarias son Tucumán, Santa Cruz, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Salta, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, y Córdoba.

El martes 18 de octubre de 2022 se realizará la presentación del libro “Economía como ideología disfrazada de ciencia”, con las exposiciones de Rafael Correa Delgado, ex presidente de Ecuador, y Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad será en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y estará presentada por el rector de la UNQ, Alfredo Alfonso y moderada por la Directora de IDEAL, Gabriela Rivadeneira.

El encuentro se da luego de que varios líderes latinoamericanos se unieron para crear Ideal, el lnstituto de Pensamiento para la Democracia Eloy Alfaro, el nuevo centro de pensamiento político y de formación de liderazgos en la región, que estará dedicado a la investigación y generación de conocimiento e intercambio de prácticas de gobernanza. Su presidente honorario es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Ideal dictará cursos, conferencias y talleres y “brindará herramientas teóricas y prácticas para ejercer el liderazgo desde la democracia, la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los pueblos latinoamericanos”, según indican en un comunicado.

En el documento anunciaron que la iniciativa reúne a figuras de la política y el activismo en América Latina como Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional; Álvaro García Linera, exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Álex Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires; Manuela D’Ávila, política y activista brasileña; Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia; y Verónika Mendoza, excandidata a la Presidencia de Perú en estas últimas elecciones, y también exministros y exlegisladores de otros países.

El hecho ocurrió en 1994, en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes.

El juicio oral y público por la denominada “Masacre de Wilde”, un emblemático caso de “gatillo fácil” ocurrido en 1994, en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos que los confundieron con delincuentes en esa localidad bonaerense, comenzará el próximo lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora

El debate dará inicio a las 9 en dicha sede ubicada en Presidente Perón 2463 -ex Camino Negro- y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, conformado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.

Luego de los alegatos de apertura de las partes, se dará paso a los primeros testigos, que serán Raquel Gazzanego y Patricia Corbo, viudas de Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, respectivamente; Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre; y los policías que realizaron las actuaciones iniciales en la escena.

El juicio comenzará casi un año después de la audiencia preliminar, en la cual la fiscal que estuvo a cargo de la acusación, Viviana Simón; los abogados de las cuatro víctimas y los defensores particulares y oficiales de los nueve imputados detallaron el procedimiento de presentación de pruebas.

Los procesados que llegan a juicio son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez, todos en libertad.

Por otro lado, también se encuentra imputado el exsubteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace poco más de un año y aún resta que se entregue una pericia médica que indique si está en condiciones o no de afrontar el juicio, informaron a Télam fuentes judiciales.

En tanto, el excabo Rodríguez permaneció prófugo 20 años y luego de ser detenido en 2014 en la provincia de Córdoba tras una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), estuvo bajo arresto domiciliario y fue excarcelado en marzo pasado.

En el debate, que fue pospuesto por la pandemia del coronavirus, los acusados deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas (Díaz) sobrevivió.

Fuentes judiciales informaron que el TOC 3 fijó dos semanas de audiencias, a realizarse de lunes a viernes, en un debate en el cual se prevé que declaren alrededor de 200 testigos.