Se trata de cinco uniformados de la Bonaerense, quienes fueron indagados por el fiscal de Azul a cargo de la causa.
Los acusados son Vanesa Soledad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, quienes se desempeñaban en la Estación de Policía Comunal de Laprida al momento del hecho y fueron trasladados esta mañana a los tribunales de Azul, situados en Colón 931.
Los cinco acusados fueron aprehendidos la noche del pasado domingo por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que actuaron por orden de la jueza de Garantías 1 de Olavarría, Fabiana San Román, a pedido del fiscal especializado en Violencia Institucional de Azul, José Ignacio Calonje.
Los efectivos fueron interrogados desde las 10 de la mañana en el marco de la causa caratulada “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”, añadieron las fuentes.
Los arrestos se produjeron tras un giro que dio la pesquisa con el resultado de la segunda autopsia al cuerpo de Abregú, realizada en La Plata, exigida desde el inicio por la familia de la joven, representada por el abogado Sergio Roldán, y por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene en la causa como particular damnificada.
En esa reautopsia, los forenses establecieron que en el cuerpo de la joven “se constataron hallazgos compatibles con un síndrome general asfíctico”, sin que se advirtiera surco de ahorcadura, lesiones en partes blandas (músculos del cuello) ni alteraciones en laringe ni del hueso hioide, lo que descarta de plano que se haya colgado con su campera, tal como indicaba la versión policial y avalara la primera autopsia.
En el escrito en el que el fiscal pidió las detenciones, al que tuvo acceso Télam, se destaca: “Adviértase lo trascendente del resultado de la pericia realizada en segunda instancia sobre el cuerpo de quien en vida fuera Daiana Soledad Abregú, en discordancia con consideraciones emitidas en el primer acto de operación de autopsia (…) reconduce el panorama y sustenta la plataforma fáctica del hecho que nos ocupa, siendo contundente en cuanto a la causal de muerte ‘síndrome general asfíctico'”.
Además, Calonje tuvo en cuenta los dichos de la madre de Abregú y demás testigos que aseguraron que la joven no había evidenciado conductas suicidas ni depresivas, por el contrario, planeaba mudarse en esos días a la ciudad de La Plata con su hijo para estudiar.
Al describir el hecho, el fiscal afirmó en su pedido de detención que “para efectivizar la muerte de Daiana Soledad Abregu, los aquí imputados, actuaron de manera conjunta, mediante distribución de roles (abusando de la potestad que le asiste por su calidad de funcionarios policiales)”.
También sostuvo que aprovecharon “el estado de indefensión de la damnificada, por encontrarse privada de su libertad, sin posibilidad de ser asistida por terceras personas o pedir auxilio, posiblemente esposada; realizando los encartados maniobras de asfixia sobre la víctima, ocasionándole la muerte al provocarle un edema hemorrágico pulmonar con motivo de un síndrome general asfíctico”.
En la causa, la familia de Daiana está representada por el abogado Sergio Roldán, mientras que en las últimas horas se sumó como particular damnificado el Gobierno bonaerense a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Matías Moreno.
Daiana fue hallada muerta la tarde el 5 de junio último en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tras ser aprehendida cerca de las 7 de la mañana porque se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en la vía pública.
