El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró hoy que el presidente Mauricio Macri, mencionado en la investigación conocida como Panamá Papers , "debe dar todas las explicaciones del caso" por "cadena nacional".

"Mauricio deberá dar las explicaciones correspondientes, es decir tiene que explicar lo de sus cuentas en Panamá y esto, creo que debería hacerlo por cadena nacional y ante todos los argentinos", afirmó Massa desde Catamarca, donde participó junto a la gobernadora Lucía Corpacci, el intendente de la capital, Raúl Jalil, y el secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, de la inauguración de la nueva sede de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Luego se refirió a los tarifazos y expresó su preocupación ya que consideró que "cuando la gente pierde su capacidad de compra, la economía toda se perjudica y por ello es muy importante que se cuide la capacidad de compra de todos los trabajadores".

"También, creo que se deberían enfocar las tarifas sociales en los sectores que menos tienen, para no perjudicar a los más pobres", manifestó Massa, y reconoció que "hoy la Argentina tiene problemas y los tenemos que resolver".

Con respecto al presente que atraviesa el país, dijo que "inexorablemente hay que conseguir inversiones, porque la falta de inversiones está generando falta de trabajo e inflación, entonces es muy importante que tengamos la inteligencia para trabajar juntos y conseguir inversiones que nos permitan seguir adelante".

En el marco del escándalo internacional que involucra al actual presidente de la nación, Mauricio Macri, por figurar en el directorio de empresas que participan en paraísos fiscales , su anterior rival política y ahora defensora de la primera hora, Margarita Stolbizer, buscó desviar la atención presentando denuncias contra la familia Kirchner.

La diputada nacional se dirigió a los  Tribunales Federales de Comodoro Py,  y denunció a la  ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, es por la sociedad Los Sauces, constituida en noviembre de 2006 con Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner como socios fundadores.

De esta forma, el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 11 volverá a investigar por presunto lavado de dinero a la familia Kirchner, dado que fue el magistrado que inicialmente estuvo a cargo del expediente de Hotesur, también merced a una denuncia de la diputada nacional del GEN.

En declaraciones que formuló ayer en el programa televisivo La Cornisa, la diputada Stolbizer había anticipado que realizaría la denuncia y cargó duramente contra la familia Kirchner.

"En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. La hipótesis que hemos trabajado a partir de estudiar los negocios inmobiliarios, es que Néstor Kirchner decide buscar un mecanismo para pagar menos comisiones y era tan avaro que armó su propia empresa lavadora", aseguró.

En este sentido, la legisladora afirmó que "el dinero ilegal” supuestamente era obtenido a través de “diferentes negocios que tenían con el Estado”, y sostuvo que “los negocios inmobiliarios se realizan entonces para poder blanquear".

Ahora será el juez Bonadio –que tramita la causa por el dólar futuro, el expediente por el Plan Qunita, entre otros- quien deberá determinar si, a partir de la denuncia de Stolbizer, da impulso o no a la investigación.

En su denuncia, Stolbizer acusa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos a la ex mandataria, al diputado nacional Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner.

La diputada nacional, que se plantó en campaña como la abanderada del progresismo y la lucha contra la corrupción, dejó a las claras que su "lucha" es selectiva, en el peor momento de crisis política de Mauricio Macri, para Stolbizer su principal enemigo sigue siendo el gobierno anterior.

El gobierno provincial de María Eugenia Vidal, se alista para el arreglo de la ruta 6 y para ese emprendimiento seleccionó a la empresa estatal Aubasa, quien se comprometió a los trabajos para sanear dicho trayecto y la ubicación de peajes en diferentes tramos.

Aubasa, es la única empresa superavitaria del Estado bonaerense y además es la que administra Autopista Buenos Aires-La Plata.

La ruta 6 tiene 180 kilómetros y atraviesa el cuarto anillo de circunvalación del Conurbano uniendo 12 distritos: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata, con un tránsito mayoritariamente pesado y se calcula que por allí pasan unos 6.000 vehículos por hora.

Desde el Ejecutivo bonaerense aseguran que “en muchos puntos de la ruta ya se ven roturas, producto de que no se controla el peso de los camiones” y que es necesario la pronta reparación de la ruta 6 con arreglos en los puntos donde ya se observan roturas en la capaasfáltica y colocar balanzas para camiones y peajes.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, afirmó hoy que es "muy alto" el acatamiento al paro nacional docente que los gremios realizan este lunes en todo el país en demanda del cumplimiento de acuerdos paritarios, en contra de que el crimen del maestro Carlos Fuentealba quede impune y en rechazo de la criminalización de la protesta.

En diálogo con Radio 10, la dirigente sindical habló de un "acatamiento muy alto" a la medida, tomando como referencia su distrito, la provincia de Buenos Aires.

Consultada por los motivos del paro, a poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo, Torre sostuvo que "no se cumplieron los acuerdos paritarios a nivel nacional".

"Parte de las provincias no terminaron de cerrar sus acuerdos porque Nación no ha girado los fondos", agregó, y citó también entre las razones de la huelga "los despidos masivos en programas nacionales", entre ellos, "el más emblemático, el de Conectar Igualdad", que dijo fue "desmantelado".

Por estos reclamos, los educadores nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se concentrarán hoy a las 12 frente a la Casa de Mendoza, ubicada en Callao y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, para luego marchar al Ministerio de Educación de la Nación en el pasaje Pizzurno 935.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) resolvió impugnar el 15 por ciento de aumento salarial propuesto por el gobierno bonaerense. Además comunicaron que se realizarán dos paros de actividades; uno de 48 horas desde este jueves 7 de abril, y el otro de 72 horas para la semana siguiente, que incluirá una movilización, a partir del 12 de abril próximo.

Con estos dos nuevos paros, la Cicop llega a la séptima y octava medida de fuerza realizada desde que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal. La Cicop integra junto a su gremio nacional, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

En la complicada relación entre los gremios de los médicos y la mandataria provincial, la primera propuesta de aumento salarial realizada por el gobierno de Vidal fue el miércoles 30 de marzo pasado, en el marco de la segunda reunión paritaria, ya que en la primera, realizada el lunes 21 de marzo, no realizaron una propuesta de incremento salarial. La oferta fue un aumento "de bolsillo" promedio del 5% para enero y febrero, y un 15% para marzo, abril, mayo y junio, para luego abrir una nueva paritaria en julio. Esa propuesta generó hoy el "rechazo absoluto" del gremio.

Las nuevas medidas de fuerza serán la continuidad y profundización del Plan de Lucha de Cicop que comenzó el 17 de febrero pasado con una jornada de protesta, que siguió con la adhesión al paro nacional de estatales realizado el 24 de febrero último, luego con el paro bonaerense de estatales del 29 de febrero, que prosiguió con un paro el 9 de marzo, y otro de 48 horas los días 15 y 16 de marzo pasados, un paro de 24 horas el pasado 22/03 y uno de 48 horas los días 29 y 30 de marzo, que sumaron un total seis paros que la Cicop le realizó al gobierno bonaerense

Los principales reclamos desde los sindicatos a Vidal son: aumento salarial del 40 por ciento de piso, que incluya incremento proporcional a residentes, en un solo pago y retroactivo a enero de 2016, cláusula de actualización según evolución de la inflación, aumento del monto de los reemplazos de guardia a 5100 pesos para los días de semana y  5800 para los fines de semana y feriados.

También exigen la plena vigencia del decreto 598/15 de desgaste profesional sin cargo deudor abusivo e ilegal, dotación de personal suficiente para pleno funcionamiento de servicios, guardias y plantas hospitalarias prosecución de las designaciones en curso cuyo trámite fue interrumpido; ampliación de nuevos cargos y cobertura de vacantes y ampliación del cupo de residencias;

La participación efectiva de Cicop en la asignación de los recursos humanos; funcionamiento de las comisiones de recursos humanos en cada establecimiento; convocatoria inmediata a concursos también forman parte del pliego de reclamos

Y parea finalizar los médicos reclaman un plan de refacción de las estructuras edilicias deterioradas y prosecución de obras paralizadas; plena vigencia del protocolo de prevención de situaciones de violencia en servicios de salud; reinicio de las discusiones para completar medidas por el desgaste laboral; guardias de 12 horas; pase de Guardia a Planta a los 15 años de tareas en guardia; aumento del monto que se paga por jardines parentales; devolución a cargo de la provincia del monto descontado por el Impuesto a las Ganancias; aumento presupuestario de emergencia para Salud; reinicio de las reuniones bilaterales formales con el Ministerio de Salud, tanto las centrales (técnicas) como las específicas para tratar las particularidades de cada establecimiento.

La presidenta de bloque de Senadores provinciales del FPV, Magdalena Sierra,​ aseguró a Radio Universidad que con la aprobación de la Ley de Emergencia en Infraestructura la gobernadora María Eugenia Vidal logró un “cheque en blanco” para poder contratar obra pública “sin ningún tipo de controles”.

Sierra consideró que la Ley de Emergencia aprobada el jueves por la legislatura bonaerense por Cambiemos y el Frente Renovador “lamentablemente es otro cheque en blanco que logran sacar”.

“Es una de las leyes de emergencia más preocupantes que obtuvieron porque van a tener por dos años el control de la obra pública, en viviendas, puentes, escuelas. Es decir, de lo más pequeño a lo más grande sin ningún tipo de control”, cuestionó la Senadora.

“Esto ha sido aprobado muy a la ligera y otra vez pidiendo un cheque en blanco. Pareciera que tienen​ amigos en empresas​, y​ que necesitan rápidamente ​ponerlos a trabajar. Es una ley a medida de ellos”, indicó Sierra en relación a las millonarias contrataciones que en la ​Ciudad de Buenos Aires y desde el Gobierno Nacional se les están otorgando al primo y al mejor amigo del presidente Mauricio Macri, los empresarios Ángelo Calcaterra y Nicolás Caputo, respectivamente.

Por otra parte, señaló “las irregularidades se profundizan al ver que lo único que piden es la inscripción a un registro que no es provincial, sino nacional. ¿Si no hay organismos de control después​ a​ quien le van​ ir a rendir cuentas?”, se preguntó.

Finalmente, Sierra remarcó las irregularidades que podrían darse en la contratación de obras y servicios públicos,​ ya que los organismos de control “solo tendrán unos pocos días para hacer los dictámenes y si no logran hacerlo​s se consideran automáticamente aprobados”.​

La mandataria de la provincia de Buenos Aires brindó anoche una entrevista a Animales Sueltos, el programa que conduce Alejandro Fantino, donde abordó sobre los principales temas de la actualidad bonaerense.

A pesar de haber transcurridos más de cien días de gestión, la gobernadora se refirió al anterior gobierno provincial como trabas para realizar la gestión, y “que cuando termine este mandato la Provincia va a estar mejor, no voy a resolver todos los problemas, pero voy a empezar a resolverlos”.

En referencia a los dichos efectuados por el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quien dijo el jueves pasado que la gestión de Vidal, “es lenta” y “le hace acordar a una tortuga”, comento que “Hoy (por ayer) me llamó Espinoza y me pidió disculpas. Tuvo un buen gesto. El sabe que mientras mejor le vaya a la provincia, mejor le irá a La Matanza".

Acerca del tarifazo aplicado a nivel nacional por el gobierno nacional, la gobernadora dijo que es una decisión difícil de tomar, pero no había otra manera. Además remarcó que “aun existe un atraso tarifario y que debería ser mayor.

Sobre la reforma en la Policía Bonaerense, Vidal señaló que es un proceso que tiene diferentes etapas y “que todo aquel que tiene una responsabilidad en la Provincia tiene que presentar una declaración jurada, incluyendo la policía”.

Respecto al tema del juego en la provincia de Buenos Aires, Vidal indicó: "Es una decisión política que el juego no crezca en la provincia" y luego afirmó: "Yo tengo una decision tomada, en todo nuestro equipo. Más allá de que pueda generar ingresos, que son necesarios, entiendo que a la provincia no le hace falta más juego", añadió.

Sobre esta decisión política, la gobernadora expresó "no tener ningún compromiso" con ningún factor de poder, al tiempo que manifestó que su único compromiso "es con la gente que me votó".

"Que el juego no crezca, que se pueda reformar la policía y el servicio penitenciario y que se avance en la lucha contra el narcotráfico, son mis objetivos, pare eso la gente me brindó su confianza", agregó.

"Para cambiar el estado en el que está el juego, hay que cambiar la ley. Que no crezca depende de mi gestión. Para regularlo, hay que ir por una ley nueva. A la provincia no le hace falta más juego".

En referencia a las últimas declaraciones de diputada nacional de Cambiamos, Elisa Carrió, que denunció diferentes casos de corrupción y de abiertas diferencias con e presidente Mauricio Macri, Vidal indicó: "me parece una persona muy valiente que se animó a decir cosas que no eran políticamente correctas. Está bueno que dentro de Cambiemos haya alguien como ella, más allá que haya algunas cosas en las que no coincida".

El diputado del Frente Renovador y ex precandidato presidencial Sergio Massa cuestionó hoy las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri, al sostener que “entraron a un quirófano con un serrucho, con una motosierra en lugar de entrar con un bisturí” y advirtió que “sacándole el poder de compra a la gente no se va a poder llegar a la pobreza cero” que impulsó el gobierno nacional en la campaña electoral.

Massa dijo además que “la gente tiene esperanza y por eso tiene paciencia. Pero me parece que el Gobierno se está abusando de la esperanza y la paciencia de la gente”.

“Creo que entraron a un quirófano con un serrucho, con una motosierra en lugar de entrar con un bisturí”, advirtió Massa en declaraciones a Radio Mitre, donde consideró que, por el contrario, el gobierno podría haber construído “un esquema de cuadro de balance tarifario amortiguado en cuatro años”.

Sostuvo que “en un esquema de renegociación de los contratos no podés aumentar la luz y seguir cortando la luz, aumentar el gas y seguir teniendo en el Gran Buenos Aires 30 por ciento de viviendas no cubiertas por la red de gas, sino lo que termina pasando es que la agenda la ocupan los empresarios y la gente termina afuera”.

“Acá hay que poner en la balanza aumento de tarifas, inflación, que son precios nuevos, con salarios que son precios viejos”, aseguró Massa.

En ese sentido, el diputado reveló que le propuso al Gobierno un esquema en el tema precios para que “con el mismo sistema que AFIP usa de registradora en el tema facturación se utilice un código de barras y controlemos en cada supermercado stock de Precios Cuidados y precios de Precios Cuidados”.

Finalmente, Massa confirmó que presentó esta mañana un pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para que funcione un plenario de comisiones “por 90 días” con un temario de emergencia “que van desde estabilidad del empleo, jubilaciones, pasando por el sistema de asignaciones familiares, el impuesto a las ganancias. Todo lo que sentimos es la agenda de la gente”.

Los principales gremios docentes bonaerenses paralizarán sus actividades el lunes próximo y se sumarán a la huelga nacional convocada por los sindicatos nacionales.

Tanto Suteba como la FEB confirmaron que se plegarán a la media del lunes. Se tratará de la primera medida de fuerza que los principales socios del Frente Gremial Docente realizarán en las escuelas bonaerenses en lo que va de la gestión de María Eugenia Vidal, luego de que acordaran una suba salarial del 34,6 por ciento que permitió el normal inicio de las clases el 29 de febrero último.

La huelga tendrá un impacto casi total ya que, además de estos dos sindicatos, también se plegarán, entre otros, los docentes privados de Sadop, gremio convocante de la medida del lunes junto a Ctera.

La Cámara alta de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura, Vivienda, Hábitat y Servicios públicos que le permitirá a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, apurar los tiempos de licitación para avanzar en diferentes obras públicas. Desde el bloque del Frente para la Victoria (FPV), señalaron como “preocupante” la nueva sanción, ya que se otorga “un cheque en blanco para contratar servicios y obras sin ningún tipo de control”, mientras que el oficialismo y el Frente renovador celebraron la aprobación de la Ley.

Para que esta nueva legislación provincial se concretará los senadores de Cambiemos, con las bancadas del Frente Renovador y bloques minoritarios, llegaron a los 28 votos afirmativos, mientras que el FPV-PJ, se opusieron con 18 escaños.

En el proyecto enviado por el poder Ejecutivo, la declaración de la emergencia "buscará paliar el déficit existente y permitir la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general de los bonaerenses".

La ley autoriza a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación, a la vez que incluye los convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.

Con ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.

Los ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar las ejecuciones y contrataciones en el Boletín Oficial, pero las difundirán en el sitio web u otros órganos de publicidad que determine la reglamentación de la ley.

Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.

Para el senador de Cambiemos Gabriel Monzó la norma “es una herramienta útil, necesaria e indispensable para lograr la puesta en marcha de hospitales, caminos y escuelas”, y consideró que los plazos previstos en las leyes de contratación vigente “son para períodos de normalidad por lo que no se puede pretender aplicarlos en situaciones de emergencia”.

A través de un comunicado publicado por el FPV se denuncia “que el proyecto de ley aprobado hoy, permita a la gobernadora saltearse la publicidad de todos los actos de gobierno, vértice fundamental de la transparencia de la gestión que tanto prometió en sus discursos de campaña y que a tan solo tres meses de iniciado su mandato ha decidido echar por tierra”.

“Preocupa también que la emergencia aprobada atente contra la seguridad jurídica de la provincia al permitirle al Estado provincial desconocer los compromisos contractuales previos. Lo cual, al desconocer la bilateralidad de contratos y cláusulas de rescisión, abre la posibilidad a una catarata de demandas contra el Estado que en definitiva terminarán pagando todos los vecinos de nuestra provincia”, aseguran los legisladores de la oposición.

Para finalizar indican que “desde el bloque del Frente Para la Victoria no dudamos que la provincia requiera agilizar y mejorar la calidad de los procedimientos de gestión, consideramos que de ninguna manera esto se podrá lograr aumentando la falta de transparencia y control”.

El proyecto pasó por la Cámara de diputados hace quince días y fue votada la media sanción, con el respaldo de Cambiemos, el Frente Renovador y Justicialismo Bonaerense, mientras que el FPV y el Bloque Justicialista se opusieron.