El secretario de Derechos Humanos expuso ante el Comité de la ONU. Además pidió respaldo en el impulso de reformas judiciales.

La República Argentina denunció hoy ante las Naciones Unidas la “pérdida de legitimidad del Poder Judicial”, a partir de la práctica del lawfare o guerra jurídica, y pidió el “acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en el país.

Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas.

Más tarde, en diálogo con Télam desde Ginebra, Pietragalla Corti resaltó que la posición argentina recibió “recomendaciones y devoluciones de un total de 107 países” y aseguró que, en ese intercambio, “prevalecieron los elogios a las políticas de derechos humanos del país”.

El funcionario consideró “audaz” que la Argentina haya llevado a la ONU su denuncia contra su propio sistema de justicia y argumentó: “No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales”.

“Argentina debe apelar a las herramientas internacionales para alertar sobre lo que se está viviendo: persiste una mirada persecutoria de la justicia hacia dirigentes del oficialismo y hay un sector político y económico que avala la mafia judicial, con la que comparte intereses”, declaró a esta agencia.

Por esa razón, señaló Pietragalla Corti, “el Poder Judicial argentino y la oposición se defienden corporativamente” y, como ejemplo, mencionó que los principales dirigentes de la oposición “son favorecidos sistemáticamente por los miembros del Corte Suprema”.

En su discurso ante el Consejo, el funcionario expresó: “El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”.

“Esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas, favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos (especialmente de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto”, agregó.

Además, advirtió que “esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la ‘delación premiada’ para iniciar procesos sin sustento”.

Por todo esto, Argentina pidió “el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país”.

También, en una larga exposición sobre todas las políticas públicas en materia de derechos humanos impulsadas en los últimos tres años por el Gobierno, Pietragalla Corti marcó como uno de los “desafíos más importantes” de la Argentina poder hacer frente al “brutal endeudamiento con el FMI” acordado por el anterior Gobierno de Mauricio Macri y la proliferación de los “discursos de odio, agravados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, meses atrás.

Argentina, en la voz de Pietragalla Corti, ratificó una vez más que la defensa de los derechos humanos “es la columna vertebral” de la gestión del Gobierno, enfocada en priorizar a los “grupos más vulnerables”.

La presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -integrada por 47 países pero con algo más de un centenar de participantes- se realiza cada cuatro años y apunta a que los Estados declaren “qué acciones tomaron para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y cumplir con sus obligaciones” en ese aspecto.

De acuerdo con el portal de la ONU, el “objetivo final” de este mecanismo universal (único en su tipo) es “mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran”.

En su disertación, Pietragalla Corti pidió “abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática”.

“Esta problemática se ha visto agravada debido a los terribles sucesos acaecidos en los últimos meses, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, alertó y recordó que se trata de un “fenómeno” que excede las fronteras argentinas.

A modo de ejemplo, mencionó “el asalto a los tres poderes del Estado (de Brasil) por parte de grupos que responden al expresidente (Jair) Bolsonaro” y el “intento de atentado contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de días atrás”.

Todo esto, dijo, “demanda ámbitos de reflexión y líneas de acción de la comunidad internacional, en tanto los discursos de odio y las embestidas destituyentes erosionan acuerdos básicos del sistema democrático y generan contextos complicados para garantizar la vigencia de los derechos humanos”.

Pietragalla Corti reseñó que esta situación ya fue reconocida por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados en el 2019, cuando “advirtió que en el período de Gobierno 2015-2019 se dieron una serie de hechos que pusieron en crisis los preceptos y garantías constitucionales”.

“El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala en la provincia de Jujuy, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó.

Manifestó que, “lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“No es casual que los organismos de derechos humanos de mi país apoyen el pedido de juicio político –mecanismo previsto en la Constitución Nacional– contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en tal sentido, la pérdida de credibilidad actual del Máximo Tribunal de Justicia de Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.

Uno de los ocho jóvenes juzgados por el homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 se entrevistó con una profesional del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de 2020 en Villa Gesell, entró en su etapa final. Pasado mañana, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, comenzarán los alegatos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del particular damnificado. En las últimas horas, Máximo Thomsen, uno de los ocho acusados y quien, según las pruebas presentadas en el debate, le pegó patadas en la cabeza a la víctima, se entrevistó con una psicóloga del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Desde que comenzó el juicio, Thomsen, de 23 años, y los otros siete acusados del homicidio, Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, están alojados en la cárcel de Dolores, la Unidad 6 del SPB.

Los ocho están alojados, en celdas de a dos, en el pabellón de aislamiento de la cárcel de Dolores. Como informó, Thomsen comparte calabozo Lucinano Pertossi.

“Thomsen le solicitó al jefe de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad 6 del SPB una entrevista con un profesional psicológico. Tras la solicitud, el imputado tuvo, en las últimas horas, una reunión con una subprefecta licenciada en psicología”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Thomsen fue uno de los cinco imputados que prestó declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, a cargo del juicio por el homicidio de Báez Sosa.

Según datos de un sitio especializado en seguros de viajes con sede en Australia.

Según datos de un sitio especializado en seguros de viajes Australiana, la aerolínea de Bandera fue elegida como la mejor en menor cantidad de quejas durante el 2022.

En el ranking, Aerolíneas Argentinas se ubicó en primer lugar entre las compañías de Sudamérica, debido a que recibió la menor cantidad de quejas por: demoras, pérdida de equipaje y otros inconvenientes.

Por su parte, American Airlines encabezó la lista de quejas con más de 2 mil problemas de vuelo registrados, 157 casos de sobreventa de boletos y más de 1.400 problemas con reembolsos.

En cuanto a las aerolíneas fuera de América, podemos ver que la que mayor cantidad de reclamos recibió, fue la alemana Lufthansa con : 566 informes de problemas con el equipaje y más de 460 problemas con la obtención de reembolsos.

En tanto, Spirit, JetBlue y Frontier, todas las aerolíneas de bajo costo que operan en los Estados Unidos, resultaron ser algunas de las aerolíneas que recibieron mayor cantidad de quejas por parte de los viajeros.

El coeficiente fijado por la Ley de Alquileres alcanzará un porcentaje descabellado. La oferta de propiedades seguirá cayendo.

Anticipan que los alquileres sufrirán en febrero una suba de casi 86 por ciento, un nivel que no registra antecedentes desde la sanción de la ley que regula el mercado.

Al mismo tiempo, el índice de morosidad en el pago de expensas se situaría entre 30 y 40 por ciento, con perspectivas de empeorar.

Según Marta Liotto, titular del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), la suba con la que abrirá febrero será del 85,8 por ciento, un porcentaje inédito y que acelera la dinámica que inauguró el ICL (Índice para Contratos de Locación), el coeficiente establecido por la ley de alquileres.

Las subas que se aplican cada mes son el resultado de un coeficiente que, establecido por el Banco Central (BCRA), combina los números de la inflación justamente mensual (IPC) y los incrementos salariales acordados en las paritarias.

Liotto atribuyó el deterioro del mercado locativo a los efectos distorsivos que trajo le ley de alquileres y señaló que hasta que no se concrete su postergada modificación la situación no mejorará.

“Desafortunadamente, el mercado sigue pasando un momento muy duro. Los aumentos para este primer mes del año se ubicaron por encima del 83% con una estimación para febrero de 85.88 por ciento”, señaló la directiva en diálogo con Diario Popular.

“Estimamos que durante el primer semestre del año la oferta de unidades en alquiler seguirá cayendo”, agregó.

“Desafortunadamente vemos muy pocas chances de que la reforma de la ley pueda ser tratada en Sesiones Extraordinarias. Pero confiamos en que este tema, tan importante para toda la sociedad, esté en la agenda política de cara a las elecciones”, explicó.

“Hasta que eso ocurra, las perspectivas para el sector no son buenas. Estimamos que durante este primer semestre la oferta de unidades en alquiler seguirá cayendo, mientras que los valores de los contratos mantendrán los niveles de aumentos que venimos viendo en los últimos meses”, añadió.

En tanto, las expensas también está mostrando un aumento de sus valores, básicamente por el peso de los rubros salariales tras el convenio colectivo firmado en octubre con la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (Fateryh), la segunda parte del SAC y el superbono acordado a los encargados.

Cómo se recordará, la Fateryh firmó un nuevo convenio salarial en octubre de 2022 por el que se establecieron incrementos salariales del 16% para el mes de octubre de 2022, 16% para el mes de noviembre de 2022 y 16% para el mes de enero de 2023.

A estos ajustes hay que sumar un bono retributivo de $134.000 acordado en julio y que se liquida mensualmente en 7 cuotas: dos cuotas de $12.000 (agosto y septiembre), dos de $18.000 (octubre y noviembre), dos de $ 24.000 (diciembre y enero), y una de $26.000, en febrero de 2023.

Esta realidad, que se hizo más acuciante en las liquidaciones de fin de año, está haciendo que el índice de morosidad en el pago de expensas se mantenga en niveles altos, con perspectivas de empeoramiento.

La Presidenta confirmó que no abandonará el cargo. Las manifestaciones se replican en todo el país, ya dejaron un saldo de 50 muertos.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, confirmó que se mantendrá en su cargo y que no presentará ninguna renuncia, luego de lo que fueron el último jueves las masivas protestas en todo el país. Entre los pedidos de los manifestantes, además de su renuncia, también está el de cerrar el Congreso y adelantar las elecciones. Asimismo, mencionó que ella en conjunto con su gobierno actuará bajo el marco de la Constitución y que de esa forma buscarán determinar quiénes fueron los responsables de los violentos actos en las protestas, que ya produjeron la muerte de al menos 50 personas.

“La situación está controlada, porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el Estado de derecho. El gobierno está firme, y su gabinete, más unido que nunca. Ustedes quieren quebrar el Estado de derecho, ustedes quieren generar caos y desorden, y dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la Nación; están equivocados. Desde el gobierno le decimos al pueblo que la situación está controlada y estará controlada”, sostuvo la mandataria.

Al mismo tiempo, dentro de su mensaje, les dedicó algunos pasajes a los manifestantes: “A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia, por qué no están trabajando diariamente, por qué han abandonado a su familia?”. Por último, Boluarte remarcó: “Nuevamente llamo al diálogo, a la calma, a aquellos líderes políticos que están llamando a estas marchas de protesta; tengan una mirada de país más sincera, más objetiva, más hermanada, y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desa­rrollo de la patria”.

“Dina asesina” y “El pueblo te repudia” son solo algunos de los cientos de carteles que se visibilizan en las protestas. Al ser consultados, los manifestantes indican que las movilizaciones continuarán hasta que Boluarte llame a elecciones y deje el cargo.

Por lo pronto, Perú amaneció el día de ayer con los aeropuertos de las regiones del Cusco y Arequipa cerrados y sin servicio de trenes a la ciudadela inca Machu Picchu por las protestas, lo que da cuenta de la grave crisis política y social que atraviesa el territorio desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la cual fue destituido el expresidente Pedro Castillo. Así, hasta nuevo aviso, el servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu seguirá suspendido.

Así lo afirmó el politólogo y miembro del Observatorio del Sur Global al analizar la actualidad política y social en esa nación suramericana.

Federico Montero analizó en el programa radial de la AM530-Somos Radio, Cuanto Cuento, las consecuencias y reclamos de las movilizaciones que sacuden a Perú, su repercusión en la región y brindó un adelanto sobre la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) que se realizará el martes próximo en Buenos Aires.

“Las protestas tienen que ver con el descontento que se inició el 7 de diciembre con el golpe institucional a Pedro Castillo, que en un primer momento fue resistido por la base social y rural de Perú, y que fue tomando mayor protagonismo en la respuesta a la represión ordenada por el Gobierno de Dina Boularte”, describió Montero al inicio de su columna.

Vale destacar, que el mandatario peruano fue destituido por un procedimiento impulsado por el Congreso (unicameral) de esa nación suramericana, gracias al “juicio por vacancia” el cual fue aplicado de forma irregular y que en estos momentos el presidente depuesto se encuentra encarcelado sin la realización de un juicio.

En ese sentido, el analista señaló: “El espiral de violencia que estamos viendo ya se cobró cincuenta muertos, todos ellos fallecieron por armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad, lo que implica una creciente inestabilidad política“.

Por otra parte, Montero relató los posibles escenarios que se abren en Perú y cómo se podría resolver la crisis política en la hermana nación. Para ello, planteó que Boularte puede finalizar los años de gobierno que le quedaban a Castillo o llamar a elecciones, lo cual debe ser ratificado por el Congreso.

“La agenda del movimiento social consta de cuatro puntos: Primero, la liberación de Castillo; segundo, el llamado inmediato a elecciones; tercero, una renovación del Congreso y la Presidencia y cuarto, una reforma constituyente“, explicó el politólogo en Cuanto Cuento.

Acerca del impacto de la crisis peruana en América Latina, Montero explicó que “existieron pronunciamientos diferenciados” por distintos mandatarios de la región. “Lula antes de asumir la presidencia de Brasil realizó un saludo a la continuidad institucional luego de la destitución de Castillo, pero no volvió a posicionarse”.

Siguiendo esa lógica argumentativa, el analista señaló que “México tuvo una posición más consecuente porque siempre mantuvo una condena a lo que estaba sucediendo y fue el país que ofreció la salida para la familia de Castillo”.

Más tarde, el politólogo adelantó que “habrá varios representantes de quienes fueron funcionarios del gobierno de Castillo en Argentina de cara a la Cumbre de la Celac” y luego expresó: “Hay que ver cómo evoluciona la posición regional y si es posible tener un acuerdo para aportar en la resolción de está situación”.

Luego, Montero explicó que las movilizaciones y la salida represiva del Gobierno “ayudan” a que un sector mayoritario de la población entienda la necesidad de un cambio más profundo. “En la agenda parlamentaria es un elemento que está en juego, luego de votar en el Congreso el acortamiento del mandato de Boularte y una convocatoria a elecciones para abril de 2024“, contó.

“Ahora el Congreso debería ratificar esa convocatoria“, explicó el politólogo para luego describir: “La izquierda está condicionando el apoyo a la ratificación de ese adelanto de las elecciones, correrlas para este año, y que vaya acompañado de una convocatoria de una Asamblea Constituyente“.

Al cierre de su columna, Montero habló sobre la realización de la VII Cumbre de los presidentes de la Celac que se realizará el martes en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

En ese sentido el analista contó que confirmaron su presencia a la Cumbre varios mandatarios de América Latina como Lula de Brasil; Gustavo Petro de Colombia y el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric.

“Hay que ver qué matriz de discusión atraviesa la Cumbre en un contexto donde América Latina se juega mucho, en un mundo en crisis y por la necesidad de unificar posiciones, donde paradojicamente nunca antes hubo tantos gobiernos autoconsiderados populares y de izquierda, pero con menos capacidad de articulación entre sí frente a un mundo en crisis”, señaló el politólogo para finalizar su columna.

Así lo informó el Indec en su habitual informe. Superó a la balanza de 2021 que quedó en 14.751 millones.

La balanza comercial cerró el año pasado con un superávit de US$. 6.923 millones, frente a los US$ 14.751 millones de todo 2021, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior dejará una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes del 2021.

En diciembre de 2022, las exportaciones alcanzaron US$ 6.119 millones y las importaciones, US$ 5.017 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 13,0% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 11.136 millones.

De esta forma, la balanza comercial registró un superávit interanual de US$ 1.102 millones.

Las exportaciones cayeron 7,1% respecto a igual mes de 2021 (-US$468 millones) debido a una baja de 13,1% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 6,8%. En términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 8,6% y la tendencia-ciclo, 1,8% con relación a noviembre de 2022.

Los productos primarios (PP) disminuyeron 26,4% y las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,4%; mientras que los combustibles y energía (CyE) aumentaron 7,5% y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,4%.

Las importaciones disminuyeron 19,3% respecto a diciembre de 2021 (-US$1.199 millones) debido a un descenso de 21,8% en las cantidades, puesto que los precios crecieron 3,3%.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 2,0% y la tendencia-ciclo, 3,0% con relación a noviembre de 2022. Todos los usos económicos registraron variaciones negativas.

Combustibles y lubricantes (CyL) cayó 38,6%; resto, 35,4%; mayormente debido a la disminución de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de capital (BK), 23,9%; bienes intermedios (BI), 19,3%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 10,5%; bienes de consumo (BC), 8,4%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 5,2%.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 1.102 millones, US$731 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 371 millones.

Los asesinados por las fuerzas de seguridad ascienden a cincuenta, desde que se iniciaron las protestas contra la presidenta Dina Boularte. En la “toma de Lima” se registraron serios incidentes.

Manifestantes de todo Perú llegaron a Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Boluarte y que este viernes dejaron otros dos fallecidos en el interior de la hermana nación.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas seguridad marcan un pico de violencia solo superado en la década de los noventa del siglo pasado, bajo la sangrienta presidencia de Alberto Fujimori.

Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre; jornada que fue denominada como “La toma de Lima”.

En horas de la noche de este jueves, Boluarte dio un mensaje al país, en el cual intentó mostrarse fortalecida a pesar de la crisis, y dijo que su gobierno “está firme”, y su gabinete “más unido que nunca”.

La embajada de Estados Unidos en Lima, actor central en la destitución del presidente Pedro Castillo, emitió un comunicado, en el cual sigue “con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta, y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica”.

Desde el golpe parlamentario realizado en Perú, se desataron protestas por todo el país exiguiendo la renuncia de Boluarte, elecciones rápidas, cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno de Fujimori, quien está preso por vioaciones a los derechos humanos.

Las gestiones se pueden realizar en una de las oficinas de ese organismo.

Los beneficiarios de ANSES pueden obtener un 55 % de descuento en viajes en el transporte público a través de la tarjeta SUBE, según informó la Administración Nacional de Seguridad Social.

Las personas interesadas en tener este beneficio deberán ingresar a www.anses.gob.ar, sección mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego, en el menú, debe elegir Programas y beneficios, opción Generar PIN SUBE. En ese momento, el sistema genera un código que se debe registrar con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar.

Seguidamente para activar el beneficio en una terminal automática o con la app Carga SUBE si el teléfono está habilitado para hacerlo.

Esta gestión también se puede realizar en una oficina de ANSES, sin turno, o en un Centro de Atención SUBE.

El organismo explicó que las personas a las que les corresponde la tarifa social SUBE son Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Jubilaciones y pensiones, y Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También titulares de Personal de casas particulares, Monotributo Social, Prestación por Desempleo, Pensión Universal para el Adulto Mayor y Pensiones no contributivas por invalidez.

Además a los que perciben Pensiones no contributivas madre de 7 hijos, Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades y Potenciar Trabajo.

En el día que se cumplen tres años del crimen de Fernando Báez Sosa, Blas Cinalli sintió estar apenado porque “murió un chico de nuestra edad” y aseguró que “no hubo un plan” criminal.

Blas Cinalli, uno de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020a la salida del boliche Le Brique de la localidad balnearia de Villa Gesell, aseguró que “no hubo ningún plan” y que “en ningún momento” le pegó a la víctima.

“Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, manifestó ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Luego de esto, Cinalli dijo que iba a responder las preguntas de la fiscalía pero no del “particular damnificado”, los abogados de la familia de Báez Sosa, y se justificó con un video, que se pasó en la sala, donde se ve a Fernando Burlando insultándolos en un entrevista.

Al igual que Thomsen, Ciro y Lucas Pertossi, Cinalli dio a entender que la “pelea” comenzó dentro del local bailable y que los que atacaron primero fueron Fernando y sus amigos.

En ese momento, le pasaron los videos de la golpiza y los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García le consultan: “quiénes son las personas que aparecen en las imágenes”, a lo que Cinalli señala: “No respondo de otras personas”, siguiendo el lineamiento de los abogados defensores de no acusarse entre ellos.

En cuanto al mensaje que se enviaron luego del crimen y su chat dónde él afirmaba: “creo que matamos a uno”, el joven expresó: “Eran las 7 de la mañana estaba totalmente borracho. No sabía que estaba diciendo”. En este contexto, confirmó que esa mañana se cambió solo la camisa y fue a comer.

“Ahora que se que estuve en esa pelea, estoy mal, me lastimó demasiado todo lo que pasó”, proclamó Cinalli, al cuestionamiento de los fiscales.