El Papa criticó las leyes que penalizan la homosexualidad. Dijo que los religiosos que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad gay “tienen que pasar por un proceso de conversión”.

El papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”, consideró que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos que apoyen las medidas que acojen a las personas LGBTQ en la Iglesia.

Entrevistado por The Associated Press, el máximo Pontífice aclaró que “ser homosexual no es un delito” y reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ.

De todos modos, Francisco se refirió a la homosexualidad como un “pecado” y atribuyó esas actitudes a contextos culturales. “También el obispo tiene un proceso de conversión”, dijo, añadiendo que debían “mostrar ternura”. “Por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”, expresó.

Actualmente, unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con esas leyes. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ.

En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tiene leyes contra la sodomía en sus leyes, pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. Los defensores de los derechos LGTBQ dicen que esas leyes anticuadas se emplean para acosar a homosexuales y señalan a nuevas normas como la conocida como “No diga gay” en Florida, que prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre jardín de infancia y tercer grado, como una prueba de los esfuerzos continuados por marginalizar a las personas LGBTQ.

Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Francisco declaró esas normas como “injustas” y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. “Tienen que hacerlo”, insistió.

Y citó el catequismo de la Iglesia católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados. “Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, dijo Francisco, que habló con AP en el hotel vaticano donde vive.

En 2008, el Vaticano declinó firmar una declaración de Naciones Unidas que pedía la despenalización de la homosexualidad, quejándose de que el texto iba más allá del borrador original y también incluía fragmentos sobre “orientación sexual” e “identidad de género” que le parecían problemáticos. En un comunicado entonces, el Vaticano instó a los países a evitar la “discriminación injusta” contra los homosexuales y a poner fin a las sanciones en su contra.

El abogado de los padres de Fernando Báez Sosa recalcó que el joven “fue fusilado a golpes” y que “lo que hubo fue un asesinato, no un incidente” en el comienzo de su alegato.

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, adhirió este miércoles por la tarde al pedido de la fiscalía de condenar a prisión perpetua a los ocho acusados del crimen, sostuvo que “todos” los imputados tuvieron la “voluntad de matar” y planearon una “cacería humana”, mientras que la víctima fue “fusilada a golpes y patadas”.

“La imagen de Fernando de rodillas pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados”, afirmó el letrado del particular damnificado en su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Fernando Burlando adhirió “en un todo” al alegato de la fiscalía y señaló que Fernando “fue objeto” de “una cacería humana”.

“Todos, absolutamente todos participaron, todos asesinaron a Fernando. Nuestro reclamo de Justicia ante lo que no dudamos en llamar el suplicio de Fernando, la responsabilidad de quienes fueron sus ocho asesinos, se resume fundamentalmente en dos momentos de salvajismo y de horror”, describió. “Fernando de rodillas, sus manos en el piso y sin siquiera mirar, porque tal vez entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide clemencia. La respuesta fue una patada a la cabeza, una más y otra más”, indicó Burlando, quien describió a la víctima en ese momento de la agresión como “una bolsa de papas”.

Para Fernando Burlando, los acusados “tomaron la decisión y mataron” y remarcó: “Hubo voluntad de matar y por eso mataron. Tendieron esa madrugada sobre Fernando un verdadero cerco humano poder actuar sobre seguro.”

“Los ´azotadores´ estaban ahí cerca, pegados y decidían el momento oportuno para castigar a Fernando a mansalva. Previamente lo marcaron, lo cercaron, esperaron el momento justo en que se retiran los funcionarios policiales así no tenían ningún tipo de valla, nada que los frene”, señaló. Y continuó: “Una vez rodeado, lo atacaron por diferentes flancos. Aunque el ataque clave fue el que impusieron por detrás y todos, absolutamente todos juntos.”

Para Fernando Burlando, los acusados “eran los cazadores y querían su trofeo”. Según el letrado, “los golpes que fueron como disparos, cada golpe era un disparo, cada patada era un tiro”, por lo que Fernando “fue fusilado a golpes y a patadas”.

“Luego se abrazaron y comieron. Se llevaron el trofeo y lo celebraron. Lamiéndose las pruebas, la sangre de sus víctimas, advirtiendo al resto de los verdugos ´de esto no se habla`”, añadió.

Fernando Burlando señaló al acusado Máximo Thomsen como “líder de la manada” y quien fue acompañado por “sus obsecuentes”.

“Anunció el desenlace con un gesto por demás elocuente, el dedo pasándoselo por la garganta”, recordó Fernando Burlando sobre la seña de Máximo Thomsen. “Sabían que habían matado a un joven, y entre alegría y emoción, en algún momento tuvieron la idea de volver a buscar a los amigos de Fernando. Tras semejante acto salvaje, no solamente huyeron de la escena del crimen, sino que además trataron de disfrazar lo ocurrido con una serie de actitudes”, explicó. Y en ese sentido destacó que acusaron “a una persona inocente que estaba a cientos kilómetros del lugar”, en referencia al remero Pablo Ventura, quien se hallaba en Zárate.

“Fernando tenía una vida por delante, sueños por cumplir, que los acusados le arrebataron por la simple decisión de matar. Mataron por matar, por ganar, por un empujón, por llevarse un trofeo en la vida. No les importó a quién, evidentemente desde el primer cruce que tuvieron con Fernando su plan fue matar”, añadió.

Respecto del móvil del crimen, Fernando Burlando sostuvo que la prueba acredita que se debió a un incidente previo dentro de “Le Brique” que se produjo por “la excesiva cantidad asistentes” en el boliche. Precisó que una serie de golpes cruzados entre ambos grupos, “motivó que Fernando intercediera para separarlos y se enfrentara” a Thomsen, quien realizó “una amenaza concreta de muerte” mientras era expulsado, al “apuntar y pasarse la mano por el cuello de izquierda a derecha”.

Da acuerdo al letrado, aproximadamente a las 4.37, los acusados llevaron adelante el ataque contra Fernando, que era su “objetivo desde que tuvo el incidente con Thomsen.

“Una vez reunidos llevaron adelante el plan, acordando consciente y libremente entre todos matar a Fernando con perversidad reflexiva, contando con el factor sorpresa, producto de la desatención de la víctima”, manifestó.

A partir de las 14 horas se podrá seguir la reunión de la Comisión.

En un encuentro legislativo, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debatirá el Proyecto de ley en revisión por el cual se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional, para la creación del Parque nacional y Reserva nacional Laguna El Palmar.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

La petrolera estatal informó que sus 1.600 centros de expendio en todo el país “permiten que los operadores reciban la acreditación de los pagos con crédito en un plazo de 48 horas hábiles y con un arancel de transacción bonificado del 1,3%”.

La petrolera YPF informó este martes que su red, integrada por más de 1.600 estaciones de servicios en todo el país, continuará aceptando el pago con tarjetas de crédito ya que hasta la fecha no se registraron inconvenientes con esta modalidad de pago.

De esta manera, “la totalidad de la red de estaciones de servicio de YPF cuenta con el beneficio de acreditación anticipada de las operaciones efectuadas con las tarjetas Visa y Mastercard”, señaló el comunicado oficial de la compañía.

Esta situación permite que los operadores reciban la acreditación en un plazo de 48 horas hábiles, y además, disponen de un arancel de transacción bonificado del 1,3% en el marco de un acuerdo de YPF y la empresa de procesamiento de datos.

En este sentido, la compañía “asegura la rentabilidad de los operadores de las estaciones de servicios y les facilita a sus clientes la compra de combustible a través de la aceptación de todas las modalidades de pago, entre otros beneficios”.

Este anuncio se enmarca en el reclamo reciente realizado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), por los plazos de acreditación y comisiones fijadas por las emisoras de tarjetas de crédito.

A través de una carta, la titular de la Cámara Baja aseguró que la iniciativa “genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños.

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le envió una nota al Presidente de la Nación Alberto Fernández para incorporar al temario de sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto de creación del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescente”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, aprobada por unanimidad.

Al respecto, Moreau indicó en la misiva que esta iniciativa “genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo, la titular de la Cámara de Diputados señaló que “entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”.

El proyecto, que fue aprobado en la Cámara baja por unanimidad con 228 votos afirmativos en noviembre pasado, está inspirado en el caso Lucio Dupuy, el niño que murió debido a los golpes sufridos en la provincia de La Pampa, en el que fueron acusados su madre y pareja y en el que el próximo 2 de febrero se conocería su sentencia.

La Cámara baja ingresa en el período extraordinario y legisladores del oficialismo y de la oposición anticipan cuáles son las iniciativas que proyectan debatir, tanto en comisiones como en el recinto.

Desde esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación, que conduce Cecilia Moreau, inicia el período de sesiones extraordinarias establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. Por tal motivo, legisladores oficialistas y opositores analizan cuáles son los proyectos del temario, también propuesto por el Gobierno Nacional, que buscan debatir y aprobar.

Sobre la iniciativa de Moratoria Previsional, en diálogo con el canal Diputados TV, Luis Di Giácomo (Juntos Somos Rio Negro) sostuvo: “Nosotros queremos discutirlo porque tenemos un proyecto para poder compatibilizar, en el que hablamos de que exista la posibilidad de jubilarse proporcionalmente con el aporte que cada uno tuvo a lo largo de sus años de aportes reales”.

“No es justo que quien aportó durante 15 años no se pueda jubilar, como tampoco lo es que la persona que haya aportado ese tiempo se jubile en las mismas condiciones que quien lo hizo por 30 años. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se jubile con una jubilación proporcional a los años de aporte que ha tenido”, finalizó.

En otro orden, el diputado oficialista Daniel Arroyo, quien se sumó al pedido por tratar la Moratoria Previsional, propuso además debatir los proyectos  de Blanqueo y Monotributo Tech, que consideró necesario al afirmar: “Queremos ir al Siglo XXI. Tenemos muchos jóvenes que en la práctica se están vinculando con el mundo y que están facturando en dólares. Creo que las leyes económicas son una gran oportunidad”.

Desde el bloque UCR, el diputado Fernando Carbajal señaló en relación al proyecto que propone la producción de Hidrógeno Verde que “es uno de los grandes atractivos que tiene el país como inversiones a futuro. Todo lo que tiene que ver con generación de energías alternativas es algo sobre lo que la Argentina tiene un enorme potencial. Creo que deberíamos estar discutiendo estas cuestiones”.

En el marco del debate de los proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación recibió esta tarde a la vicepresidenta de Parques Nacionales, Natalia Gabriela Jauri, y otras autoridades del organismo ambiental.

El motivo del encuentro fue dialogar acerca del proyecto de ley por el cual se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional “Laguna El Palmar”.

El lugar, ubicado a 54 kilómetros de Resistencia, tiene 5.600 hectáreas de tierras y humedales que incluyen a la Laguna El Palmar. Cuenta con una gran diversidad biológica y representa uno de los ecosistemas identitarios del Chaco, razón por la cual se busca su preservación como área protegida.

La iniciativa que cuenta con media sanción del Senado fue incluida por el Poder Ejecutivo para la convocatoria a extraordinarias, período que se extenderá entre el 23 de enero y el 28 de febrero. En Diputados, será debatida este miércoles desde las 14 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

El secretario de Derechos Humanos expuso ante el Comité de la ONU. Además pidió respaldo en el impulso de reformas judiciales.

La República Argentina denunció hoy ante las Naciones Unidas la “pérdida de legitimidad del Poder Judicial”, a partir de la práctica del lawfare o guerra jurídica, y pidió el “acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en el país.

Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas.

Más tarde, en diálogo con Télam desde Ginebra, Pietragalla Corti resaltó que la posición argentina recibió “recomendaciones y devoluciones de un total de 107 países” y aseguró que, en ese intercambio, “prevalecieron los elogios a las políticas de derechos humanos del país”.

El funcionario consideró “audaz” que la Argentina haya llevado a la ONU su denuncia contra su propio sistema de justicia y argumentó: “No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales”.

“Argentina debe apelar a las herramientas internacionales para alertar sobre lo que se está viviendo: persiste una mirada persecutoria de la justicia hacia dirigentes del oficialismo y hay un sector político y económico que avala la mafia judicial, con la que comparte intereses”, declaró a esta agencia.

Por esa razón, señaló Pietragalla Corti, “el Poder Judicial argentino y la oposición se defienden corporativamente” y, como ejemplo, mencionó que los principales dirigentes de la oposición “son favorecidos sistemáticamente por los miembros del Corte Suprema”.

En su discurso ante el Consejo, el funcionario expresó: “El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”.

“Esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas, favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos (especialmente de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto”, agregó.

Además, advirtió que “esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la ‘delación premiada’ para iniciar procesos sin sustento”.

Por todo esto, Argentina pidió “el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país”.

También, en una larga exposición sobre todas las políticas públicas en materia de derechos humanos impulsadas en los últimos tres años por el Gobierno, Pietragalla Corti marcó como uno de los “desafíos más importantes” de la Argentina poder hacer frente al “brutal endeudamiento con el FMI” acordado por el anterior Gobierno de Mauricio Macri y la proliferación de los “discursos de odio, agravados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, meses atrás.

Argentina, en la voz de Pietragalla Corti, ratificó una vez más que la defensa de los derechos humanos “es la columna vertebral” de la gestión del Gobierno, enfocada en priorizar a los “grupos más vulnerables”.

La presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -integrada por 47 países pero con algo más de un centenar de participantes- se realiza cada cuatro años y apunta a que los Estados declaren “qué acciones tomaron para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y cumplir con sus obligaciones” en ese aspecto.

De acuerdo con el portal de la ONU, el “objetivo final” de este mecanismo universal (único en su tipo) es “mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran”.

En su disertación, Pietragalla Corti pidió “abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática”.

“Esta problemática se ha visto agravada debido a los terribles sucesos acaecidos en los últimos meses, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, alertó y recordó que se trata de un “fenómeno” que excede las fronteras argentinas.

A modo de ejemplo, mencionó “el asalto a los tres poderes del Estado (de Brasil) por parte de grupos que responden al expresidente (Jair) Bolsonaro” y el “intento de atentado contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de días atrás”.

Todo esto, dijo, “demanda ámbitos de reflexión y líneas de acción de la comunidad internacional, en tanto los discursos de odio y las embestidas destituyentes erosionan acuerdos básicos del sistema democrático y generan contextos complicados para garantizar la vigencia de los derechos humanos”.

Pietragalla Corti reseñó que esta situación ya fue reconocida por el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados en el 2019, cuando “advirtió que en el período de Gobierno 2015-2019 se dieron una serie de hechos que pusieron en crisis los preceptos y garantías constitucionales”.

“El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala en la provincia de Jujuy, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó.

Manifestó que, “lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“No es casual que los organismos de derechos humanos de mi país apoyen el pedido de juicio político –mecanismo previsto en la Constitución Nacional– contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en tal sentido, la pérdida de credibilidad actual del Máximo Tribunal de Justicia de Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.

Uno de los ocho jóvenes juzgados por el homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 se entrevistó con una profesional del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de 2020 en Villa Gesell, entró en su etapa final. Pasado mañana, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, comenzarán los alegatos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del particular damnificado. En las últimas horas, Máximo Thomsen, uno de los ocho acusados y quien, según las pruebas presentadas en el debate, le pegó patadas en la cabeza a la víctima, se entrevistó con una psicóloga del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Desde que comenzó el juicio, Thomsen, de 23 años, y los otros siete acusados del homicidio, Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, están alojados en la cárcel de Dolores, la Unidad 6 del SPB.

Los ocho están alojados, en celdas de a dos, en el pabellón de aislamiento de la cárcel de Dolores. Como informó, Thomsen comparte calabozo Lucinano Pertossi.

“Thomsen le solicitó al jefe de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad 6 del SPB una entrevista con un profesional psicológico. Tras la solicitud, el imputado tuvo, en las últimas horas, una reunión con una subprefecta licenciada en psicología”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Thomsen fue uno de los cinco imputados que prestó declaración indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, a cargo del juicio por el homicidio de Báez Sosa.

Según datos de un sitio especializado en seguros de viajes con sede en Australia.

Según datos de un sitio especializado en seguros de viajes Australiana, la aerolínea de Bandera fue elegida como la mejor en menor cantidad de quejas durante el 2022.

En el ranking, Aerolíneas Argentinas se ubicó en primer lugar entre las compañías de Sudamérica, debido a que recibió la menor cantidad de quejas por: demoras, pérdida de equipaje y otros inconvenientes.

Por su parte, American Airlines encabezó la lista de quejas con más de 2 mil problemas de vuelo registrados, 157 casos de sobreventa de boletos y más de 1.400 problemas con reembolsos.

En cuanto a las aerolíneas fuera de América, podemos ver que la que mayor cantidad de reclamos recibió, fue la alemana Lufthansa con : 566 informes de problemas con el equipaje y más de 460 problemas con la obtención de reembolsos.

En tanto, Spirit, JetBlue y Frontier, todas las aerolíneas de bajo costo que operan en los Estados Unidos, resultaron ser algunas de las aerolíneas que recibieron mayor cantidad de quejas por parte de los viajeros.