Tiene el número 10 de Lionel Messi en la espalda y fue confeccionada por una familia de Salta.

Una familia oriunda de Salta diseñó y confeccionó la camiseta de la Selección Argentina más grande del mundo. Tiene el número y el nombre de nuestro capitán, Lionel Messi, y mide 225 metros cuadrados, es decir 15×15.

Esta obra de arte está puesta en medio de la calle del pueblo salteño de Hipólito Yrigoyen donde los vecinos se sacan fotos y festejan.

Además del apellido de Messi, también pusieron el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el logo de “Silvia Confecciones”, la responsable de la camiseta más grande del país. Los creadores indicaron que tardaron tres días de trabajo e invirtieron más de $150.000 en materiales.

En medio de la viralización de este gran logro, se supo también que el pueblo no sería la primera vez que logra una hazaña de este tamaño: durante el Mundial de Brasil 2014, la misma familia ideó otra casaca similar, pero bastante más pequeña.

Se trata de un acuerdo entre las petroleras y el gobierno encuadrado dentro del programa Precios Justos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes el acuerdo con las petroleras para que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% hasta marzo del año próximo, con lo que espera “recorrer un sendero de tranquilidad”.

“Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido: 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación que es el principal drama de la Argentina“, señaló el ministro durante un encuentro con directivos de las principales petroleras.

En la reunión celebrada en el Palacio de Hacienda estuvieron presentes Pablo González (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE-Axion), Teófilo Lacroze (Raizen-Shell), entre otros directivos.

Massa, por su parte, estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

“El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro”, dijo el ministro durante el encuentro.

“Es muy importante agradecerles en primer lugar a YPF, Shell, a Trafigura, Axion porque poder incorporarlos al programa de Precios Justos nos permite recorrer un sendero de tranquilidad para la gente”, agregó Massa.

“Entendemos que a la hora de ayudar a darle tranquilidad y certidumbre a los precios para la sociedad argentina son de enorme ayuda”, remarcó.

Sostuvo que “haber arribado a este programa con un sendero de darle tranquilidad a la gente hasta marzo ayuda a tranquilizar a la economía argentina, ayuda al Gobierno a fortalecer el sendero de reducción de inflación que pretendemos recorrer y ayuda a las empresas a darle certidumbre a toda su cadena de valor”.

El ministro detalló que en el acuerdo “el Estado se compromete a poner en garantía el acceso a divisas para las empresas, sobre todo para el abastecimiento de lubricantes, a reducir temporalmente impuestos en la importación de combustibles a los efectos de garantizar abastecimiento para los sectores del agro, sobre todo durante los meses de enero y febrero, son los más importantes”.

Por último, señaló que se trabajará “en una estructura que además va a tener una particularidad que es el compromiso de los trabajadores de las estaciones de servicio de articular con la Secretaría de Comercio a los efectos de garantizar el control y el cumplimiento del programa de Precios Justos”.

Un portavoz del Gobierno adelantó que “las empresas no podrán aumentar más del 4% mensual en los primeros tres meses”.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará este lunes que los combustibles integrarán el programa de Precios Justos durante cuatro meses con aumentos limitados al 4%, en los primeros tres meses y del 3,5% en el último, según consignaron a Télam fuentes oficiales.

Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royon, se reunirán con representantes de las compañías petroleras para definir los términos del acuerdo que contempla un aumento limitado en la venta de los combustibles líquidos.

“Habrá un sendero de incrementos en los próximos cuatro meses con topes de aumentos para reducir la inflación”, expresaron los voceros oficiales.

El jefe del Palacio de Hacienda, Royon y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunirán este lunes con directivos de las compañías YPF, Shell, Axion y Puma para terminar de definir los detalles del acuerdo.

Un portavoz del Gobierno adelantó que “las empresas no podrán aumentar más del 4% mensual en los primeros tres meses y presentan un acuerdo que tiene un cuarto mes con tope en 3,5%”.

En cuanto al programa, las autoridades confían en que se termine de instalar la señalética que distinguirá a los productos en las góndolas y se avance con la capacitación de inspectores que estará descentralizada y a cargo de los municipios.

Se trata de Carlos Kambourian ex presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan Garrahan durante la presidencia de Mauricio Macri.

El ex presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan Garrahan durante la presidencia de Mauricio Macri, Carlos Kambourian, fue procesado sin prisión preventiva acusado de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El fallo del juez federal Luis Rodríguez también incluyó al ex Director Administrativo del Garrahan, Alan Norton. El magistrado, también, realizó un pedido de embargo sobre los bienes de ambos imputados por un millón y medio de pesos a cada uno.

La acusación de la fiscal federal María Mángano sostuvo que entre mayo del 2018 y enero de 2020, Kambourian y Norton utilizaron distintas tarjetas corporativas VISA ­emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital con las que realizaron compras y gastos en beneficio propio que luego no fueron justificados.

La causa señaló que ambos imputados no pudieron acreditar que los desembolsos hubieran sido realizados en el marco del rol funcional que cumplían en el hospital. Y agregó que la instrumentación de las mencionadas tarjetas corporativas fue solicitada en forma expresa por el Consejo de Administración dirigido por Kambourian.

Kambourian se presentó a declarar por Zoom el 11 de mayo, señalando que no iba a contestar preguntas. Aunque presentó un escrito donde señaló que por su función tenía una dedicación de tiempo completo, cosa que también requería “reuniones en otros lugares, en otras instituciones, con distintas personas que muchas veces se hacían en algún bar o confitería durante la semana o los sábados y domingos, de noche y de día, muchas con urgencias, viajes constantes por la ciudad, el interior del país y muchos en el extranjero”.

Al respecto, el denominado “doctor muerte” alegó que la utilización de las tarjetas corporativas no fue promovida por el Consejo de Administración que él presidía sino que fue una oferta del Banco Ciudad que, luego de evaluarla, se aprobó. Y señaló: “Yo no era un médico o un enfermero que, con su sagrado deber, deben estar todo el tiempo en el hospital atendiendo pacientes”.

Pero el juez Rodríguez observó que Norton y Kambourian ignoraron las normas establecidas en el Reglamento de contrataciones vigentes del Hospital. Por ejemplo, se adquirió una cafetera de cápsulas y una heladera sin que previamente se hayan desarrollado los procedimientos de aprobación de tales erogaciones. A su vez, se registraron consumos habituales en bares y restaurantes fuera del horario laboral, sin que se haya acreditado relación alguna con las actividades encomendadas en función del cargo que desempeñaban.

El magistrado, además, remarcó que “administrativamente se indicó que el Hospital nunca tuvo una cultura organizacional orientada a pagar almuerzos o cenas de trabajo en lugares ajenos a los despachos públicos y que, por lo tanto, dichas prácticas debían ser consideradas como excepcionales, y analizadas en cada caso concreto.” Sin embargo, explicó el juez Rodríguez, tanto Norton como Kambourian hicieron de los almuerzos y cenas­, como así también del pago de regalos o “agasajos”, una práctica habitual durante el plazo que ocuparon sus respectivos cargos dentro de la institución hospitalaria.

La defensa de Kambourian apeló el procesamiento que está bajo análisis de la Cámara Federal porteña, que deberá decidir si confirma la medida o si por el contrario revoca el fallo dejando desafectado de la causa a Kambourian.

Cecilia Moreau asumió el 2 de agosto en reemplazo del exdiputado nacional Sergio Massa

La primera presidenta en la historia de la Cámara de Diputados trabajó los acuerdos con los distintos bloques para avanzar en proyectos que atiendan a las necesidades sociales. Entre ellos, crear un Registro de Nacional de Deudores Alimentarios, promocionar la Formación y Desarrollo de la Enfermería, reconocer como natural y originaria a la Lengua de Señas Argentina, beneficios impositivos para el personal de Salud, Alcohol Cero al volante, expropiar el edificio de Cromañón para construir un museo de la memoria y agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad.

Cecilia Moreau asumió el 2 de agosto en reemplazo del exdiputado nacional Sergio Massa, quien tomó las riendas del Ministerio de Economía de la Nación. Es la primera presidenta mujer en los 158 años de historia de la Cámara de Diputados, sobre un total de 78.

Luego de su asunción, Moreau ratificó el buen diálogo que ya tenía con las bancadas opositoras, dado que anteriormente fue vicepresidenta del bloque del Frente de Todos desde el 2019, para avanzar en tratamientos de proyectos y en la definición de temarios para las sesiones.

Así, a lo largo de seis sesiones consiguió que la Cámara baja aprobara diez leyes con fuerte contenido social, tales como la creación de un Registro de Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (REUDAM); la Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería; el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como natural y originaria de nuestro país; la Exención del pago de Ganancias a las remuneraciones a partir de las cuatro guardias mensuales de los profesionales de la Salud; establecer el límite de Alcohol Cero al volante; la creación de un Plan Federal de Capacitación para funcionarios sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la expropiación del edificio de Cromañón para construir un museo de la memoria; establecer procedimientos médico-asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal; agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad; el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana; la ampliación del Programa de Protección Integral De Personas Con Cardiopatía Congénita en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

En otro orden, Cecilia Moreau también tiene en su haber la obtención de los consensos y los votos para aprobar proyectos de vital importancia para el Poder Ejecutivo, tales como el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023 (con 180 votos positivos, el más votado de los últimos 20 años), el Consenso Fiscal y la Prórroga de Impuestos Nacionales. Para el caso del Presupuesto, además, la Cámara baja recibió el reconocimiento por parte de la OPC al tratamiento que se le dio, con un debate durante tres semanas y la exposición de 9 ministros y más de 20 funcionarios nacionales, antes de darle la media sanción.

La Cámara baja, que preside Cecilia Moreau, también aprobó la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal y la ampliación del Programa Nacional De Cardiopatías Congénitas.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una “lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas” en todo el territorio de Argentina.
El proyecto de ley garantiza su inclusión plena y fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

En tanto, con 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones, obtuvo respaldo el proyecto de modificación de la ley 24.449, de tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. La iniciativa reduce de 0.5 milímetros de alcohol en sangre a 0 la tolerancia para conducir en las rutas nacionales y será girada al Senado.

En otro orden, obtuvo media sanción el proyecto de ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal. Fue aprobado por 216 votos positivos, 1 negativo y 0 abstenciones y será girado al Senado.

En tanto, Diputados también aprobó y giró al Senado la ampliación del Programa de Protección integral de personas con cardiopatía congénita por 209 votos positivos, 2 negativos y 0 abstenciones.

La norma amplía el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, entre otras cuestiones, establece que las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital.

Además, obtuvo respaldo la norma que fija la actualización del valor de las sanciones por infracción en el manejo de residuos peligrosos. El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, busca sustituir el artículo 49 de la ley N° 24.051, de Residuos Peligrosos, con el fin de actualizar el valor de las sanciones que allí se establecen.

Durante la sesión, también se aprobó un proyecto para establecer como feriado nacional no trasladable el 17 de agosto de cada año, en homenaje al general José de San Martín. El proyecto busca modificar el artículo 1º de la ley 27.399, sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

Asimismo, fueron aprobados una serie de proyectos sobre transferencias de inmuebles, entre las cuales se destacó la transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba, del dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María.

A pesar de que los precios de la carne no subieron tanto como el resto de los alimentos, su consumo sigue planchado ya que bajó ese porcentaje.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Wiliams señalo: “Es verdad que la carne no ha subido tanto en comparación con otros alimentos, pero así y todo las ventas siguen bajando porque la gente no tiene plata para compra un kilo de nalga o de asado y últimamente tampoco llega al pollo y al cerdo que eran los sustitutos clásicos”, dijo a este medio.

“Las ventas están cada vez más chatas y calculamos una caída del 30% en los últimos meses”, precisó el dirigente, que consideró que “la situación no afecta solamente al consumo de carne ya que si vemos los que cuesta una caja de ravioles, unos fideos, la verdura y la fruta o los quesos nos damos cuenta que el problema es generalizado”.

Según Williams, un kilo de nalga par milanesas está hoy en 1600/1700 pesos, un kilo de asado ronda los 1350/1500 pesos y el vacío fluctúa entre 1500 y 1700 pesos según la zona y los costos de alquiler y luz que cargue la actividad.

La relativa moderación de los precios de la carne viene registrándose desde hace unos meses e incluso, por el peso que este consumo tiene dentro de la canasta alimentaria de los argentinos, tuvo como efecto suavizar la suba de la inflación en las últimas semanas.

Este fenómeno fue detectado por la consultora LCG, que señaló que la inflación minorista mostró una relativa desaceleración en las últimas semanas. “Gran parte de esa desaceleración responde a una caída de los precios de la carne, lo cual está actuando como contrapeso en la dinámica inflacionaria de los alimentos”, señaló en su último informe de precios.

En los datos de octubre del INDEC, se observa que la carne subió un promedio de 3% mientras que el índice general (IPC) fue del 6,3%.

Según las cifras, el asado fue el corte que más subió de precio, con 4,2% mensual, seguido por cuadril (3,3%), nalga (2,3%), paleta (2,3%), carne picada común (1,2%), hamburguesas congeladas (4,6%). Por su parte, el precio del pollo entero aumentó 4,9% en relación a setiembre.

En tanto, en los últimos 12 meses la carne se incrementó 72% contra un IPC que alcanzó el 98%. En esta perspectiva, el asado (70,8%) fue el corte que más aumentó, seguido por la carne picada (69,0%), paleta (70,6%), cuadril (72,2%) y nalga (70,1%).

Hace un año el Gobierno Nacional intervenía para que el asado no subiera tanto de precio, para lo cual se limitaron las exportaciones y se celebraron nuevos acuerdos de precio para que se exhibieran “cortes cuidados” en 1.000 bocas de expendio de todo el país.

El alcance de la medida se limitó a las grandes cadenas de supermercados y en el resto de los comercios los precios se manejan por “oferta y demanda”.

En este escenario, la demanda de carne vacuna está en su punto más bajo de los últimos casi 20 años, con un consumo promedio de 47kg por persona por año (vs. 63kg en 2005), que supera los 100 kilogramos por habitante si se suman un número similar de pollo y alrededor de 20 kg de cerdo.

Sin embargo, el retroceso del consumo se registra a niveles generales, no solo en carnes. Según la consultora Focus Market, en octubre el consumo general cayó hasta 11,1%, mientras que en los primeros diez meses del año la contracción alcanzó el 3,5%.

Se actualizó el Memorándum de Intercambio de Energía hasta dentro de tres años.

Argentina y Brasil llegaron a un acuerdo para regular el intercambio de energía eléctrica y gas natural entre ambos países. Se trata de la actualización del Memorándum de Intercambio de Energía hasta 2025, un instrumento que estaba a punto de vencer. El acuerdo entre ambos países será renovado automáticamente cada cuatro años. La rúbrica del instrumento fue acordada por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el viceministro de Minas y Energía de Brasil, Hailton Madureira de Almeida.

También fue parte de las negociaciones -y será parte de la firma del entendimiento- el embajador argentino en el país vecino, Daniel Scioli, representantes de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista y la Cancillería argentina.

“Este Memorándum es beneficioso para los dos países y es una muestra más del trabajo conjunto que venimos realizando en materia energética en los mercados regionales, principalmente con Brasil”, afirmó Royon tras la reunión con el presidente Alberto Fernández..

La funcionaria detalló además que “este invierno que pasó el aporte de Brasil en materia de importación de energía eléctrica a Argentina fue clave para posibilitar ahorros y para que la Argentina pueda sostener su demanda energética a un precio competitivo”.

Por su parte, el embajador Daniel Scioli explicó que el objetivo de este acuerdo “es dar certidumbre, previsibilidad, garantías en cuanto a la provisión de energía en una economía que demanda en los hogares, en las industrias, en la actividad económica, mayores niveles de provisión de energía en toda su diversidad”.

Por otro lado, la secretaria y el embajador le informaron al mandatario sobre el avance en la negociación para concretar el financiamiento de las próximas etapas del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Con la extensión del acuerdo, la Argentina continuará abasteciendo de energía eléctrica y gas a Brasil. En 2021 las exportaciones argentinas de energía eléctrica representaron más de US$ 1.000 millones y en lo que va de 2022 se exportaron casi US$ 350 millones de gas natural. Por su parte, este año Brasil “garantizó el máximo de capacidad de provisión de energía eléctrica a nuestro país a precios competitivos, lo que permitió un importante ahorro en términos de compra de GNL importado a través de barcos para generación de energía en nuestra red eléctrica”, señaló en un comunicado la Embajada Argentina en Brasil.

El acuerdo permite la utilización del Sistema Bilateral de Pagos en Monedas Locales, implementado por medio del “Convenio del Sistema de Pagos en Moneda Local” entre ambos países, firmado en septiembre de 2008.

Asimismo, luego de la firma, se prevé que Brasil modernice la estaciones conversoras de Garabí, la infraestructura que asegura la interconexión eléctrica, por más de 2.200 MW, localizada al final de la línea de alta tensión que une ambos países entre la provincia Corrientes y el estado de Río Grande do Sul. “De este modo, se garantiza la operación adecuada de las conversoras por la próxima década”, afirmó la embajada argentina.

La Argentina actualmente provee gas a Brasil a través de la conexión entre Paso de los Libres y la Central Térmica ubicada en Uruguaiana. Luego de este acuerdo también se garantizará que la red argentina estará disponible para canalizar gas hacia la central térmica “siempre que al mismo tiempo se asegure el suministro total del mercado interno argentino”.

Es por el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Jubilados y pensionados de Nación que cobren la mínima (actualmente en $50.124) recibirán un pago extra durante los meses de diciembre, enero y febrero, como consecuencia del incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) acordado este martes y por el que ese haber básico pasará de $57.900 a $69.500 en marzo. Según un cálculo inicial, cerca de 1.200.000 personas son las que estarán percibiendo ese beneficio junto al bono de $10.000 que también estarán recibiendo durante esos meses.

Esto es porque según la Ley Nº27.426, sancionada en diciembre de 2017, aquellos jubilados y pensionados con 30 años o más de servicios con aportes efectivos cobrarán “un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del SMVM.

A partir del aumento definido ayer por el Consejo, en diciembre el SMVM subirá hasta $61.953. El 82% de ese monto son $50.801, por encima de la jubilación mínima en $677. Esa será la mejora que percibirán en el mes de diciembre.

En enero, el SMVM ascenderá a $65.427, por lo que el 82% se ubicará en $53.650, de manera que el primer mes de 2023 el beneficio extra que estarán percibiendo será de $3.526 (la diferencia respecto de la mínima), en tanto que en febrero el SMVM llegará a $67.743. En ese caso, el 82% será de $55.549, lo que significa $5.425 por encima de la jubilación mínima, en definitiva el bonus que cobrarán ese mes.

De todos modos esos extras de $677 en diciembre, $3.526 en enero y $5.425 en febrero se cortarían en marzo, mes en el que por la movilidad previsional corresponde un incremento de haberes para todos los jubilados y pensionados de Nación.

La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)

En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. “El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”, indica el expediente.

Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Información Financiera destacó la “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.

Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.

En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.

Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.

Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. “Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo”, aseveró.

Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.

“Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”, añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.

Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”

“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.

Participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.