Una fiscal federal pidió al juez Ramos investigar al vicejefe de Gabinete porque considera que favoreció a un estudio de abogados ubicado en Nueva York vinculado a su hermano. El millonario negocio de las comisiones de deuda en la mira.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue imputado ayer en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un estudio de abogados vinculado a su hermano, ubicado en Nueva York, que intervino en la colocación de bonos argentinos en el exterior.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal federal Paloma Ochoa requirió abrir la investigación ante el juez Sebastián Ramos en un dictamen en el que solicitó medidas de prueba para saber cómo fue la operatoria dispuesta desde La Rosada.

La denuncia la había presentada la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti en base a artículos periodísticos de su portal, Nuestras Voces y ahora encontró eco en los despachos judiciales.

Según señala la denuncia, el secretario de Coordinación Interministerial de la Nación realizó negociaciones incompatibles con la función publica a raíz de la maniobra en cuestión.

Cerruti denunció que Quintana se encargó de "sugerir y contratar" al estudio Holland, vinculado a su hermano y de esa manera la permitió el acceso a un negocio multimillonario de comisiones.

(por Andrés Fidanza) Hay un tema en particular que saca la versión más ideológica y patronal de Mauricio Macri: los derechos laborales. En su discurso, los derechos de los trabajadores se confunden rápidamente con abusos gremiales (que en algunos pueden existir), a partir de valoraciones personalísimas y estadísticas difusas. Y a su vez se vuelven la causa central de la falta de inversiones y los responsables casi únicos por los millones de pesos que desaparecen en el aire. En ese punto, la ideología se impone en estado de emoción violenta sobre liderazgo pragmático.

Macri no identifica a la fuga, a la evasión, el desempleo, la concentración oligopólica, ni a la falta de protección diferenciada a las Pymes por parte del Estado. Ni siquiera los señala como motivos parciales: al momento de explicar la imperfección del capitalismo argentino, el presidente se concentra únicamente en las herramientas (legales) de la defensa a los trabajadores.

Ayer, el presidente aprovechó un acto que no tenía relación con el asunto, para volver a denunciar la “mafia de los juicios laborales”. Durante la asunción de Jorge Faurie como canciller, reactivó su campaña contra la Justicia del Trabajo. Esta vez, lo hizo con un dato agregado: "un grupo de jueces minoritario, conducido por (Héctor) Recalde".

Hace un par de semanas había acusado directamente a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo. Pero esta vez sumó el elemento de la personalización sobre un diputado kirchnerista, en un interno por sumar fuerza, polarización y un toque de conspiración a la denuncia.

En la Bolsa de Comercio, antes cientos de abogados del conservador Colegio de Montevideo, había pedido que el Consejo de la Magistratura removiera a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo. Una semana después, el macrismo avanzó contra Arias Gibert: pidió en el Consejo que Facebook entregue sus posteos porque el juez “expresaba posiciones contrarias al Poder Ejecutivo, referidas al conflicto de los bancarios”.

Si bien finalmente no se votó en la comisión de Disciplina y Acusación (el juez Luis Cabral pidió una postergación), el planteo lo hizo el representante del gobierno en el Consejo y dirigente cercano a Daniel Angelici, Juan Bautista Mahiques.

Arias Gibert y Marino están en la mira del oficialismo desde febrero pasado, cuando avalaron la paritaria del gremio bancario. A pesar de que el macrismo había sugerido un techo salarial del 18%, los trabajadores acordaron un aumento del 24%. Y en su fallo los jueces advertían que el Ejecutivo no debía interponerse en ese convenio. La decisión les costó un pedido de juicio político por parte del ministro de Trabajo Jorge Triaca.

El caso de los jueces laborales, sumado al intento de destituir al camarista Eduardo Freiler “por corrupto”, muestra que el macrismo está decidido a apurar algunos cambios en el Poder Judicial. Sobre todo antes de las elecciones, cuando podría modificarse la composición del Consejo. A pesar de ser poco visible y tener 13 integrantes de perfil muy bajo, se trata de un organismo clave: se encarga de la postulación y remoción de jueces.

Para avanzar con un jury contra un juez, el macrismo necesita 9 sobre 13 votos en la reunión plenaria. Y por ahora cuenta con 8 propios. Pero en caso de que faltara un consejero o se produjera una mínima alteración (el senador kirchnerista Ruperto Godoy está en la cuerda floja: un fallo recomendó apartarlo por no ser abogado), con 8 votos le alcanzaría. El oficialismo se encuentra a un paso de lograrlo.

El Gobierno bonaerense en una nota firmada por la Dirección de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo Social provincial comunicó a los Consejos Escolares de los distritos que no pagarán el servicio de comedor, aunque el establecimiento se sume o no a la medida de fuerza de los maestros.

La administración de María Eugenia Vidal  informó que no enviará el dinero destinado a los alimentos frescos a las escuelas de la provincia de Buenos Aires que cuenten con comedores los días que se realice la medida de fuerza de los maestros.

Así lo indicaron los Consejos Escolares de los distritos de la Provincia, algunos de los cuales ya anunciaron que no podrán enviar la comida por falta de recursos. Si bien el stock mensual ya llegó, mañana no se enviarán alimentos frescos.

El Consejo Escolar de Chivilcoy informó hoy  que "desde la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires no pagarán el presupuesto económico por alumno los días de paro (hagan o no hagan paro las escuelas)".

"Ante la presente situación, el Consejo se ve en la obligación de no enviar los alimentos correspondientes al servicio", agregaron.

El primero fue presentado ante la Justicia Federal de Río Negro. Se esperan acciones similares en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén. El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, indicó que la decisión del Gobierno de Macri “no es legal”.

La jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, recibió esta mañana un amparo colectivo luego del recorte de 170 mil pensiones no contributivas. El gobierno de Mauricio Macri las eliminó de un plumazo en el último año, aplicando un decreto de Carlos Menem (432/97) que endurece los requisitos para acceder a ese derecho.

El recurso judicial presentado por varios legisladores provinciales y dos ONG, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, fue hecho sobre la base de cuatro casos particulares y plantea que la quita de las pensiones “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”

La Justicia Federal de General Roca había recibido la semana pasada una cautelar por el caso de Miguel Bravo, de 62 años, quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía una pensión desde 2010, hasta que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, decidió dejar de pagarle los 6 mil pesos mensuales que le correspondían.

Sólo en Río Negro hay aproximadamente 400 hombres y mujeres que dejaron de cobrar sin previo aviso las pensiones que percibían hasta ahora, y se suman miles de casos más en Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén, provincias en las que se harán demandas similares, de acuerdo a lo adelantado hoy por el diputado nacional del Frente Para la Victoria (FPV).

De las 170 mil pensiones que eliminó Stanley, 83 mil fueron dadas de baja este año, algo que “no es legal”, según el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia.

“Estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene”, explicó el fiscal.

Vedia agregó que la pensión no contributiva “no es ni un subsidio ni una dádiva ni una limosna ni una caridad, es un derecho”.

“Hay una ley que consagró ese derecho que establece tres requisitos. El decreto nunca puede ser más restrictivo que la ley, con lo cual el decreto que están aplicando ahora no puede prever regulaciones o limitaciones que la ley no imponía”, subrayó.

El Gobierno intentó justificar hoy su recorte criminal a través del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien sostuvo que lo que se hace es “administrar responsablemente y en forma transparente”.

“Este es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga un grado de alta vulnerabilidad social”, dijo y ejemplificó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”.

Mientras tanto, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el kirchnerista Alberto Ciampini, intentó tratar este martes la quita de pensiones no contributivas pero no pudo hacerlo por falta de quórum. Sólo concurrieron los legisladores del FpV y la socialista Graciela Troiano. Deliberadamente, brillaron por su ausencia todos los diputados de Cambiemos y sus aliados con representación en la comisión.

“El Gobierno nacional lanzó un plan de discapacidad y al poco tiempo les quitaron las pensiones”, recordó la diputada Lucila Masín y cuestionó a “las fuerzas políticas que con su ausencia muestran su falta de compromiso con las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad”.

La Primera Dama recorrió ese distrito del oeste de la Provincia junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación y el Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Mientras se acercan las elecciones de medio término, Cambiemos comienza a mostrar algunas de sus cartas.

Juliana Awada salió en esta semana a caminar y timbrear en el barrio de Villa Tesei, del Partido de Hurlingham. La esposa del presidente de la Nación estuvo acompañada por Carolina Stanley (Desarrollo Social) y el subsecretario de Asuntos Municipales, y ex candidato a intendente de esa localidad, Lucas Delfino.

De esta manera, Awada se suma a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires sin anunciar si se encontrará en las lista que presentará el oficialismo en octubre próximo.

Puertas adentro de esta fuerza del oficialismo se reconoce que la Primera Dama cuenta con amplio reconocimiento del electorado y según encuestas que desde Cambiemos se barajan existe “una buena recepción de la gente” con la esposa de Macri.

En la campaña presidencial de 2015, Awada fue  una de las caras visibles y había acompañado a su esposo en las recorridas mediáticas; mientras que durante el año pasado la Primera Dama participo de forma muy espaciada en algunas recorridas en la Provincia de Buenos Aires. En la mayoría de los casos se trató de visitas de corte protocolar, y en el marco de la gestión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a hospitales, jardines de infante, y comedores infantiles, entre otros.

La jefa de los fiscales aseguró que no seguirá las operaciones mediáticas y políticas por parte de Cambiemos que le reclama que dimita de su cargo. La alta funcionaria está trabajando con el acceso de los fiscales a los documentos del caso Odebrecht

La procuradora Alejandra Gils Carbó respondió este martes  a las intenciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri de abandonar su cargo.

“No voy a renunciar ni planeo jubilarme. Una excesiva concentración de poder no es buena para la República. A nadie debería gustarle una excesiva concentración de poder”, dijo la jefa de los fiscales de la Nación.

En declaraciones radiales Gils Carbó relató que se encuentra trabajando para que los fiscales argentinos puedan tener acceso a la documentación del caso Odebrecht, y el jueves que viene se reunirá con el fiscal general brasileño Rodrigo Janot para “ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación”.

En ese sentido manifestó: “Voy a tratar de destrabar el bloqueo de la información y avanzar en la formación del equipo binacional de fiscales argentinos y brasileños”.

El objetivo es que la justicia argentina pueda acceder a información a pesar de los convenios (de inmunidad). “Lo único que puedo hacer es poner a disposición todos los mecanismos institucionales para lograr la colaboración del ministerio público brasileño”, dijo la funcionaria.

En el caso de las causas que es investigada por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, explicó: “Yo pedí ir a la bicameral a responder todas las preguntas que tuvieran y suspendieron la audiencia a pedido de legisladores de Cambiemos. No volvieron a citarme”.

Según trascendió en las últimas horas, el PRO, dueño de la lapicera del espacio, ya prepara una lista de unidad para las PASO en la provincia. Sólo irían a internas en distritos donde no gobiernan.

Todos los frentes políticos ya diseñan su estrategia electoral y en la mayoría las PASO se convierten en un arma de doble filo. Pueden captar una gama algo más amplia de votantes, pero pueden debilitar al candidato que sea ungido por esa estrategia.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, informó hoy que Cambiemos "tendrá una lista de unidad" de cara las próximas elecciones de las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) del mes de agosto en esa ciudad bonaerense.

"El viernes participé como integrante de la mesa provincial del PRO de la confirmación de la política de alianzas, creo que mañana se firma el acuerdo con el radicalismo, con Fe, la Coalición Cívica y otras agrupaciones", agregó.

El jefe comunal dijo que "en la provincia y en Bahía Blanca no va a haber internas y puede ser que haya PASO en algunos distritos donde no gobierna Cambiemos".

La duda está puesta en la capacidad del PRO de calmar las aguas con los radicales. Los Boina Blanca expresan sucesivamente su descontento con el rol más que secundario al que son subsumidos y quieren algo más de protagonismo.

La justicia lo dejó libre de culpa y cargo en la causa en la que se lo investigaba por las irregularidades en los millonarios contratos entre su productora, sin empleados, y el gobierno porteño. La buena noticia para el periodista militante del PRO llegó a la par de su regreso a los medios.

El periodista deportivo y ex precandidato a diputado nacional por Cambiemos, Fernando Niembro, fue sobreseído en la causa en la que se investigaban sus millonarios contratos con el gobierno porteño, motivo que en 2015 lo obligó a declinar sus intenciones legislativas.

Casualmente, la buena noticia para el periodista militante del macrismo llegó a la par de su regreso a los medios, más específicamente a la radio luego de casi dos años de silencio.

El escándalo de su productora "Usina" empujó a Niembro a retirarse de la escena pública. Pero ahora, al mismo tiempo que el fallo a su favor, volvió a conducir un programa de radio por AM Belgrano. En declaraciones a radio Rivadavia, disparó: "Fue una canallada lo que me hicieron, sin ninguna duda, pero no tengo rencor, hay que seguir".

Niembro tenía una productora, “Usina Producciones”, la cual poseía varios contratos con el gobierno, hasta que se descubrieron irregularidades que llevaron al periodista a alejarse de la cadena Fox Sports y a ser relegado dentro del PRO.

La productora no tenía empleados, y los contratos que obtenía se realizaban sin el mecanismo de licitaciones públicas requerido. El periodista deportiva ofrecía en su productora el servicio de auditorías y encuestas, y llegó a obtener 164 vínculos laborales con el gobierno por más de dos millones de dólares.

Los diputados nacionales del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires rechazaron los aumentos en las tarifas de luz impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal, que contemplan subas que promedian un 58 por ciento.

Tras el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que hizo lugara a la apelación de la fiscalía de Estado provincial, revirtiendo un fallo en primera instancia que había frenado el tarifazo, las distribuidoras Edelap, EDEN, EDEA y EDES y las casi 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia quedaron habilitadas a aplicar el nuevo cuadro tarifario.

"Este nuevo tarifazo que se propone realizar la gobernadora Vidal es de un 60 por ciento en promedio y va golpear directamente al bolsillo de todos los usuarios residenciales y también va a encarecer los costos de comercios e industrias que ya están afectados gravemente por la crisis económica”, cuestionó la diputada nacional Fernanda Raverta, al tiempo que señaló que estas medidas "profundizan la inflación y castigan constantemente a todos los bonaerenses. Aumenta todo, menos los sueldos".

Asimismo, su compañero de bancada Rodrigo Rodríguez consideró que "el aumento autorizado por el gobierno no guarda razonabilidad ni coherencia respecto a los ingresos de los bonaerenses", y agregó: "La decisión de la Cámara no nos sorprende. Evidentemente, a un sector de la Justicia le interesa acompañar la política de ajuste del gobierno de la provincia, garantizando ingresos a las empresas prestatarias, por sobre los derechos de los usuarios".

"Vamos a seguir acompañando a los vecinos y a las asociaciones de consumidores en los reclamos y las denuncias para frenar este tarifazo", completó Rodríguez.

Por su parte, "Wado" de Pedro sostuvo que "este nuevo tarifazo de los gobiernos de Macri y Vidal es un manotazo a la economía de todas las familias bonaerenses. Para los trabajadores, los comerciantes y los pequeños industriales y productores las tarifas son impagables. La gente ya no llega a fin de mes, Macri y Vidal son los responsables de esta situación".

También la diputada bonaerense Mayra Mendoza se expresó en este sentido y señaló que "la situación económica actual no resiste que sigan tomando medidas que ahoguen el bolsillo de los argentinos en general y particularmente en este caso de los bonaerenses, como vienen haciendo desde hace un año y medio desde los gobiernos nacional y provincial".

Para la legisladora quilmeña, el incremento de la tarifa de luz "no será una decisión que se agote en sí misma, por lo que es necesario que los ciudadanos sigan defendiendo sus derechos y le pongan un freno al ajuste y tarifazos de Macri".

En tanto que la diputada Luana Volnovich subrayó que los aumentos "son confiscatorios y no guardan relación con la realidad de los argentinos que hoy no llegan a fin de mes a causa de la inflacion sin control".

"La gobernadora debería usar el poder del Estado provincial para proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las empresas de energía y no para promocionar, proteger y hasta participar de los negocios de las empresas de energía", completó la legisladora.

A días de presentarse y conocerse las fuerzas políticas que participarán en las elecciones de medio término próximas, desde el Gobierno alientan y festeja la candidatura de Randazzo y la falta de unidad del peronismo para polarizar con el kirchnerismo.

En la Casa Rosada festejan que el peronismo no logré presentar en las elecciones Primaria Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) una lista única y que vaya dividido en dos o más opciones.

Para el oficialismo el escenario perfecto en los sufragios próximos sería que Florencio Randazzo y la ex mandataria nacional Cristina Fernández de Kirchner vayan por carriles separados, para de esa manera partir en dos opciones el voto del peronismo.

En el caso especifico de la candidatura o uno de la ex jefa de Estado, las posiciones puertas adentro en la Casa Rosada no son iguales, ya que unos sostienen que CFK se presentará y otros no.

Según publicó hoy el diario perfil, desde Cambiemos se sostiene: “Si juega CFK, nos ayuda a polarizar aunque se volverá más violenta la campaña” y los enemigos internos del “gurú” ecuatoriano indicaron que el mismismo Duran Barba se lo planteó a Randazzo cuando se reunió con él hace poco más de dos meses.

“Los votos del kirchnerismo nunca van a ir al Gobierno, son al menos un 25% del electorado que los va a acompañar”, explicó a Perfil un funcionario de alto rango.

En las filas del macrismo ven al tercero en discordia, Sergio Massa con poco intensidad de votos y que apenas superará el 20 por ciento de los sufragios en la provincia de Buenos Aires.

La falta de una definición sobre los nombres de los potenciales candidatos permite estirar una decisión sobre los postulantes del oficialismo, por eso el macrismo esperará hasta último momento para definir sus candidatos.