El INDEC dio a conocer este miércoles la evolución de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total.
El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), aumentó en agosto 7,1% por lo que una pareja con dos hijos necesitó percibir $ 52.990 para adquirir la cantidad mínima de comida y no caer en la indigencia, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral por debajo del cual se caer en la pobreza, fue en junio de $119.757 con un aumento del 7,6% mensual.
En los primeros ocho meses del año, el valor de la CBA se incrementó el 60,8 %, mientras que el de la CBT avanzó 57,3 %.
Esta diferencia entre ambas canastas se debe a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos.
Entre agosto de este año e igual mes del 2021, el precio de la CBA se incrementó a 81,4% y el de la CBT a 75,2% .
El Índice de Precios al Consumidor aumentó durante julio 7%, y acumuló un alza del 56,4% para los ocho siete mes, y del 78,5% en los últimos 12 meses.
La suba en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con el 7,1%, resultó la de mayor incidencia en todas las regiones. En lo que va del año ese segmento aumentó 58,8 % y un 80 % en los últimos 12 meses.
El mandatario acusó a los medios de generar un malentendido, tras brindar un discurso en Florencio Varela.
Este miércoles el gobernador bonaerense presentó en la comuna que conduce Andrés Watson el programa Buenos Aires CREA. Habló de la actual situación económica, criticó la gestión de María Eugenia Vidal y posteriormente invitó a la oposición a generar un consenso.
En este marco, les pidió a los dirigentes que se encuentran del otro lado “un poco más de humildad”; “respeto a un pueblo que sufrió sus políticas” y “conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele y coherencia cuando vienen a decir que van a hacer lo contrario a lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad”.
En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo. pic.twitter.com/PUY4ForcHJ
“Nosotros no somos del odio, ni de la agresión ni de la violencia. Vivimos cuatro años de esas desgracias y hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición”, añadió. El discurso fue interpretado literalmente por referentes de la oposición, quienes compartieron en redes valoraciones negativas.
En vista de lo ocurrido, Kicillof publicó tweets donde desmintió haber pedido ayuda. “En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo”, señaló.
“A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia”, añadió.
En el marco de la causa que investiga las municiones anti tumulto enviadas por el macrismo a Bolivia, declaró el por entonces Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales.
El jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019, en el contexto del golpe contra el Gobierno de Evo Morales, declaró ante la justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces “conducción superior de Gendarmería” de la administración de Mauricio Macri.
Martín Hidalgo, que por entonces era Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania.
A lo largo de la declaración, Hidalgo contó cómo fue convocado para desplazarse a Bolivia, detalló que primero se barajó la posibilidad de ir en un vuelo comercial y finalmente lo hicieron en un Hércules de la Fuerza Aérea, aseguró que el traslado de las municiones lo ordenó la cúpula de la Gendarmería del Gobierno de Juntos por el Cambio y refirió que el “comandante Caliba” fue quien recibió las municiones en La Paz.
“La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia”, sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.
El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por “conducción superior de Gendarmería” se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.
La declaración testimonial fue presenciada, entre otros, por el abogado Manuel Barros, quien ejerce la defensa de los tres imputados señalados en la declaración del testigo: Otero, Salas y Caliba.
Los dichos del testigo
En el inicio de su declaración, Hidalgo señaló que no se desempeña actualmente en la Gendarmería Nacional y luego brindó un relato detallado de cómo fueron aquellos días de noviembre de 2019 en los que un avión de la Fuerza Aérea aterrizó en Bolivia con un grupo de gendarmes y miles de municiones anti tumulto.
“El día 10 de noviembre de 2019, un día domingo, fui notificado que íbamos a ir a Bolivia. Recibimos la orden de preparar un equipo, personal y medios para ser desplegado a la ciudad de La Paz, para brindar seguridad y protección a la Embajada y Residencia Argentina y a los funcionarios, por los conflictos de público conocimiento”, relató.
“El día 11 de noviembre de 2019 estuvimos en la Agrupación. Nos decían que nos íbamos, que no nos íbamos. Supuestamente nos íbamos a ir ese día, así que estuvimos en alerta todo el día, preparando el equipo. En horas de la tarde nos fuimos y teníamos que volver al día siguiente. Pensábamos que nos íbamos ese día 11, incluso se hizo una reserva de pasaje. Ese día se hizo una reserva para nosotros y también para la comisión que salía a Chile”, continuó.
“Como habíamos estado el día 10 y 11 esperando para ver si salíamos o no, el día 12 de noviembre nos dieron unas horas por la mañana libres. El día 12 de noviembre teníamos que volver al mediodía a la Agrupación y estar listos para salir. Ese día que volvimos al mediodía a la Agrupación, yo no tenía conocimiento de ese vehículo que me dicen que salió a la Dirección Nacional de Logística. Cuando el vehículo volvió a la Agrupación yo ya estaba allí”, avanzó en el relató.
“Habrá vuelto a las 13 horas, 13:30, pasado el mediodía. Trajo una carga de cartuchos anti tumulto que se descargaron en el gimnasio de la unidad nuestra. Más allá de los que nos íbamos en comisión a Bolivia, siempre hay más gente que cumple funciones en la Agrupación. En la descarga puede que haya participado gente que fue conmigo en comisión a Bolivia, o personal que cumple funciones en la Agrupación. Pero exactamente no puedo decir quienes participaron de la descarga”, detalló.
Las municiones habrían ido a parar a la policía y la fuerza aérea boliviana para reprimir durante el golpe que destituyó al presidente Evo Morales.
El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en “caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento” o directamente por parte de “otro personal que fuera desplegado a Bolivia”.
También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado al caso de que fuera necesario “después de un tiempo apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina”.
“Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no”, explicó.
Para poner en contexto su declaración, Hidalgo recordó que “la residencia de México alojó funcionarios, y quisieron entrar por la fuerza a sacar funcionarios de la administración del Gobierno saliente”
“Uno sabe que en cuestiones de minutos se juntan 500 personas, y que aunque tengamos un equipo de gendarmes especializados y entrenados, ante una multitud de 100 personas que hubiesen querido tomar cualquiera de las dos instalaciones nuestras, no hubiésemos podido hacer mucho. Fueron situaciones que no pasaron, pero quiero aclararlo para contextualizar”, explicó y luego recordó que en la residencia argentina en Bolivia estuvo alojado el exministro de ese país, Carlos Romero Bonifaz.
La investigación
En esta causa se investiga qué pasó con las 70 mil balas de goma y otras municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue imputado también el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
La presidenta del Bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos se refirió al rechazo en comisión al proyecto de Boleta Única de papel.
La presidenta del Bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, Teresa García, sostuvo que el debate en torno al proyecto de Boleta Única de papel es “una discusión de oportunismo político” al tiempo que propuso deliberar sobre “el sistema electoral” y no “la parcialidad y el instrumento”.
En esa línea, la legisladora planteó que “según han demostrado estudios de universidades y ONGs, el número del robo de boletas existente en nuestro país no tiene ninguna incidencia en los resultados” y recordó que de acuerdo al artículo 61 inciso 2 de la Constitución Nacional “todos/as los candidatos/as deben estar exhibidos en la boleta” lo que, ejemplificó, podría extender la boleta única hasta el metro cincuenta.
“Esta es una discusión política, no técnica. Es un debate sobre el sentido de la oportunidad en que se da. Hasta ahora no hay una sola denuncia seria de fraude con el sistema que utilizamos actualmente”, argumentó García sobre el rechazo del bloque oficialista al proyecto que esta tarde obtuvo despacho por minoría en la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral.
“En la resolución del proceso electoral hay una convergencia de distintos sectores de la sociedad. No se puede delegar el hecho del voto en el Estado como si fuera un servicio”, agregó, e insistió: “Aun cuando le digamos ‘instrumento’, la boleta única de papel modifica parte del sistema electoral”.
“¿Cuánto de transparencia y cuánto de consecuencias impone la modificación del instrumento electoral? ¿Por qué estamos discutiendo la modificación del instrumento electoral? ¿Creen que con la modificación de la boleta se resuelve la transparencia en las elecciones?”, se preguntó la legisladora.
Asimismo, la titular del bloque de senadores/as oficialistas recordó que “es obligación de los partidos políticos mayoritarios fortalecer la política para la construcción de un sistema democrático fuerte porque las consecuencias pueden ser graves”.
“Estamos dispuestos a discutir todas las modificaciones necesarias a la integralidad de los partidos políticos, no la parcialidad y el instrumento”, añadió.
“La ley Sáenz Peña estableció un sistema electoral con un instrumento en el que plantea mucho cruce de fiscalización y auditoría sobre el sistema. Modificar el instrumento que estableció esa ley no es una cuestión menor”, abundó.
Sobre este punto, García puso como ejemplo la Ley de financiamiento de partidos políticos nacional. “Es una norma tan taxativa, que ante una denuncia penal sobre aportantes truchos y afiliados al PRO, le costó el cargo a la ex contadora de la provincia de Buenos Aires María Fernanda Inza y la inhabilitación para ejercer la función pública a Miguel Del Sel en Santa Fé”.
“Discutir el sistema electoral implica también analizar la Ley de Financiamientos de Partidos y qué pasa, por ejemplo, con los empadronamientos de listas de planes sociales de gente que finalmente terminaron siendo aportantes truchos. Eso está sin resolver todavía”, finalizó.
“Se está cercenando el derecho de los niños y de la comunidad que va allí a hacer distintas actividades”, denunciaron.
Vecinos y vecinas de Floresta realizarán el martes próximo un “abrazo” al Polideportivo Pomar, para exigir al Gobierno de la Ciudad la reapertura de las instalaciones, que permanecen cerradas desde hace un mes por problemas con un caño de agua. Será a las 17 en la sede del Polideportivo, en Mercedes al 1300 donde pedirán que “el Gobierno de la Ciudad abra las puertas y vuelvan las actividades deportivas al barrio”.
Según consignó Télam, las y los vecinos comunicaron que “a mediados de mayo se suspendieron las actividades en el natatorio que funciona en el complejo deportivo y unos días después se cerraron directamente las instalaciones”. “Nos parece que se está cercenando el derechos de los niños y de la comunidad que va allí a hacer distintas actividades”, agregó.
El Polideportivo, situado en el barrio de Floresta, forma parte de la red de sedes del Gobierno de la Ciudad abiertas a la comunidad, con ingreso libre y gratuito, donde se dictan clases de básquet, fútbol, gimnasia para adultos, handball y hockey, entre otras disciplinas.
Además, cuenta con un natatorio a donde concurren los alumnos de cuarto grado de las escuelas públicas primarias de la zona que, de acuerdo a la currícula oficial, deben tener este tipo de clases en el horario previsto para educación física. En tanto, fuentes del Gobierno porteño confirmaron el cierre del Polideportivo a Télam “por falta de suministro de agua a partir de la rotura del caño principal de alimentación del predio” y “cuya reparación ya fue cursada a la empresa a cargo del mantenimiento. “Se estima que el proceso terminará a finales de la semana próxima”, precisaron.
Están afectadas unas 1.300 familias del barrio Carlos Mugica, en Retiro. No tienen agua caliente en medio del frío.
En medio de una ola de frío y a poco del inicio del invierno, unas 1.300 familias del barrio Carlos Mugica, antes conocido como Villa 31, no tienen agua caliente en sus viviendas, construidas por el Gobierno porteño, debido a las fallas que registran los paneles fotovoltaicos y 500 termotanques solares montados sobre los nuevos edificios levantados como parte del plan de urbanización, lo que fue calificado este martes como una “estafa” por los vecinos.
Según aseguraron a Télam dirigentes barriales, la iniciativa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “fue una gran estafa” pese a que fue anunciada, tres años atrás, como el “parque solar más grande” del distrito y “un hito de utilización de energías renovables” que iba a permitir a los residentes del barrio “un ahorro en el pago de los servicios”.
Foto: Eliana Obregón.
La agencia Télam consultó a las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad sobre la demanda de los vecinos, pero no hubo respuesta oficial al respecto.
Las familias afectadas son las que residen en las 26 nuevas edificaciones del sector YPF y que anteriormente vivían en los terrenos situados debajo de la Autopista Illia en condiciones de riesgo, lo que llevó a que fueran reubicadas en el marco del plan de urbanización ejecutado por el Gobierno porteño, que recibió como parte de financiamiento un crédito del Banco Mundial por 170 millones de dólares.
Unos 1.300 vecinos sin agua caliente en el Barrio 31
“Salimos de abajo de la Autopista, que era un lugar donde teníamos agua caliente, para mejorar nuestra calidad de vida y tener una vivienda mejor supuestamente, pero eso no está ocurriendo, sino que pasa al revés. La gente la está pasando mal con el frío y tiene que calentar agua en una olla para bañarse“, contó a Télam Mirta Rodríguez, una de las vecinas que viene denunciando desde hace meses la compleja situación.
La mujer señaló que “no es cierto lo que dice Larreta que nos dieron viviendas dignas porque no estaban ni están en buenas condiciones”, y precisó que “nosotros estamos pagando nuestras casas, pero desde el primer momento que pusieron los paneles y los termotanques en las terrazas funcionaron mal y ahora se están llenando de agujeros y de óxido”.
Foto: Eliana Obregón.
De acuerdo a la información oficial de 2019, sobre cada uno de los núcleos de viviendas se colocaron 26 paneles, los cuales tenían por destino proveer del alumbrado a los espacios comunes de los departamentos, así como también se instalaron unos 119 sistemas de bombeo solares para el suministro de agua; en tanto, la generación de agua caliente fue diseñada a través de los termotanques, los cuales debían acumular la luz solar para alimentar de energía para unos 20 días aproximadamente.
Sin embargo, los vecinos aseguraron que el equipamiento, adquirido en el exterior por la administración porteña, tiene un sistema de abastecimiento que no es compatible con el de las viviendas, lo que hizo que colapsaran las conexiones y bajara drásticamente el rendimiento.
“Llevamos el reclamo al Consejo de Gestión Participativo y ahí nos dijeron que teníamos razón”, dijo la vecina y agregó que “ahora anunciaron que iban a reemplazarlos por termotanques eléctricos que van a ser individuales en cada uno de los departamentos, pero ya entramos en los días de frío y solo arrancaron con la entrega en dos de los 26 edificios”.
La demanda vecinal fue planteada ante la Unidad de Proyectos Especiales del Barrio Carlos Mugica, que preside Tomás Galmarini, un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y encargado de la coordinación de las políticas vinculadas a la urbanización.
Foto: Eliana Obregón.
Además de las quejas por las placas fotovoltaicas y los termotanques solares, organizaciones sociales denunciaron el año pasado una sucesión de “deficiencias constructivas funcionales serias” en las nuevas viviendas, entre las que señalaron filtraciones de agua en los techos y paredes, la falta de matafuegos y de elementos de seguridad.
El diagnóstico quedó documentado en un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad que advirtió, por entonces, que los daños relevados podrían “llevar a la destrucción de la estructura resistente”, en tanto que indicó que “la falta de agua en los sistema de distribución es un limitante a la hora de, por ejemplo, poder extinguir un incendio”.
Foto: Eliana Obregón.
Milcíades Peña, exlegislador porteño y director del Canal Urbana TeVe que transmite a diario desde el barrio de Retiro, evaluó que “la urbanización de la villa es una gran estafa porque se destinaron más de 400 millones de dólares y esto debería ser Suiza, pero no lo es y lamentablemente las viviendas tienen serios problemas de infraestructura”.
En ese sentido, contó que “cuando se instalaron los termotanques, se les advirtió al Gobierno de la Ciudad que el sistema no iba a funcionar y fue lo que pasó, no andan y la gente no tiene agua caliente y está padeciendo el frío”.
“Las obras se hacen de manera arbitraria y sin participación vecinal”, afirmó respecto de los trabajados realizados en el marco de la urbanización y repudió, en ese marco, la “dilapidación de recursos” de parte de la gestión de Rodríguez Larreta.
Foto: Eliana Obregón.
El arquitecto Gustavo Cañaveral, por su parte, consideró que la adquisición de los paneles y los termotanques “fue un mal asesoramiento de parte del ingeniero Nicolás Brown, quien aún al día de hoy sigue siendo funcionario del Gobierno de la Ciudad pese a que falló”.
“Lo de energía solar quedó solo en una cuestión de marketing”, sostuvo y destacó que “el contexto del futuro de energías alternativas, ésta era una posibilidad de aplicarlas en las barriadas populares, pero Larreta se perdió esa oportunidad y privilegió el negocio”.
El experto en temas habitacionales sostuvo que “fue una estafa que mostró el desprecio por las familias que tiene el Gobierno de la Ciudad y es indignante porque la gente paga las viviendas y los impuestos”.
En el día del periodista el gobernador habló con la prensa. Se refirió a los puntos de coparticipación y señaló al ex mandatario del PRO. También sostuvo que la “grieta es un invento porteño”.
En el marco del Día del Periodista, Axel Kicillof realizó un acto en el Salón Dorado de la Gobernación, donde habló sobre la coparticipación de Nación, el “porteñocentrismo”, y adelantó lo que se vendrá con el aumento de las tarifas.
Sobre la coparticipación, Kicillof la definió como “un adicional que proviene del Gobierno nacional, con lo cual a las provincias no nos afecta si tiene más o tiene menos”. A su vez, recordó que “Cuando llegó Macri, como una especie de rey mago de la Ciudad de Buenos Aires, le empezó a regalar obras, terrenos, plata, y la Lotería Nacional a Larreta”.
También apunto a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al opinar que como forma parte del mismo grupo político, “se cayó la boca observando esa enorme injusticia”. Sin embargo, Kicillof remarcó la decisión de los demás gobernadores que sí se manifestaron en contra. Por ese motivo, “decidieron bajar ese 3.75% a 3,50% y decir que eso tenía que ver con la transferencia de la Policía”.
“Cambio el Gobierno, y estaba sujeto a revisión. El Gobierno actual fue al Congreso, sacó una ley para otorgar recursos asociados al costo de la Policía, que hoy está en vigencia, y se le retiró esa coparticipación indebida”, destacó el mandatario bonaerense.
“Si la Corte falla hoy a favor de ese atropello, ya lo hablamos con los gobernadores y gobernadoras, más porteñista no se consigue”, cerró.
Por último, explicó la situación de las tarifas: “Nosotros venimos acompañando lo que el Gobierno nacional regula a escala federal, como todas las provincias. Cambia el costo de la energía en una proporción que está por debajo de la inflación, nosotros no tenemos la capacidad de segmentar así que será el impacto que tenga a nivel tarifario y hay que hacerlo a través de audiencia pública”.
La grieta es un invento porteño
Respecto de la relación que el mandatario posee con los medios de comunicación nacionales radicados en Capital Federal, el dirigente fue directo: “La grieta es un invento porteño”.
“Deberíamos – se dirigió a los periodistas – lograr no sucumbir en esa situación. En el interior de la provincia de Buenos Aires, junto con los intendentes de la oposición encuentro problemas comunes y coincidencias muy grandes. No ocurre eso que dicen los medios porteños”, enfatizó.
No prosperó la recusación planteada por el gobierno porteño para separar al magistrado que investiga el presunto uso irregular del sistema de reconocimiento facial de prófugos, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA. Entre los “espiados” figuran Alberto Fernández, Cristina Fernández y Estela de Carlotto.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes al juez Roberto Gallardo al frente de la causa en la que se investiga la supuesta utilización irregular de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales.
La sala primera del tribunal de apelaciones rechazó la recusación formulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –la parte demandada- en la que se sostenía que el magistrado había incurrido en falta de imparcialidad e, incluso, había tomado decisiones llevado por una situación de enemistad.
“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras, en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.
“La sola circunstancia de que el juez haya ordenado las medidas que consideró conducentes para cumplir con su obligación de instruir el proceso y, luego, haya decidido las cuestiones sometidas a su consideración, no resulta suficiente para justificar la alegada afectación de la imparcialidad exigible a los magistrados y, consecuentemente, su separación del proceso”, señalaron los jueces en el fallo al que accedió Télam.
La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, el 11 de abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”.
El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
El Gobierno porteño, entonces, había señalado que el juez había tomado decisiones que excedían sus funciones, le reprochaban que hubiera dispuesto medidas que ninguna de las partes le había solicitado e incluso le habían criticado la decisión de suspender el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de Seguridad porteña, a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA).
Para los jueces de la Cámara, el Gobierno porteño no pudo justificar en su planteo “que las medidas para mejor proveer adoptadas por el a quo –el juez- se hallaban palmariamente desconectadas del objeto de este pleito”.
“La demostración de tal extremo era una condición necesaria para justificar su afirmación de que tales determinaciones constituían un mecanismo utilizado por el juez para ampliar el objeto del proceso o para suplir las falencias defensivas de la contraria”, señalaron los jueces.
“Por otro lado, el accionado tampoco logró fundar adecuadamente su argumento referido a que las diligencias dispuestas por el magistrado para resguardar la información (para luego poder realizar una pericia informática) podía considerarse una actuación carente de imparcialidad. En este sentido, el demandado no presentó ninguna constancia que evidenciara que la reserva ordenada por el magistrado constituía un obrar inequitativo respecto de su parte”, señalaron.
“No puede afirmarse –en términos razonables– que el magistrado hubiera ordenado medidas que tuvieran un fin distinto al de alcanzar la verdad material. En otras palabras, no puede aseverarse que las medidas adoptadas por el tuvieran por objetivo menoscabar intencionalmente los derechos de la demandada”, remarcaron los jueces.
El referente fue reelecto como secretario general del Suteba. Revalidó su cargo y va a estar al frente del sindicato docente por los próximos cuatro años.
Roberto Baradel fue reelecto este miércoles como secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba) de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, va a estar al frente del gremio hasta 2025. Se trata de la tercera vez consecutiva que triunfa en las elecciones sindicales del Suteba.
Según los datos del escrutinio provisorio, la lista “Celeste-Violeta” encabezada por Baradel obtuvo el 81,3% de los votos y se impuso sobre la lista “Multicolor” referenciada en Romina del Pla (13,7%) y la lista “Azul y Blanca” liderada por Marta Gómez (4,3%).
Desde su cuenta de Twitter, Baradel agradeció la “masiva participación” de las docentes bonaerenses en la elección sindical y celebró que en las seccionales de La Matanza, Ensenada, Escobar, Quilmes y General Madariaga triunfó el Suteba, luego haber perdido las elecciones anteriores en manos de la lista “Multicolor”.
“Esto es un reconocimiento por haber defendido la Escuela Pública y los derechos de lxs trabajadorxs de la educación, a pesar de los ataques de los Gobiernos de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal”, aseguró el dirigente gremial una vez finalizada la jornada de votación y con los primeros datos que confirmaban su triunfo.
Del mismo modo, Baradel señaló que el amplio apoyo obtenido de los afiliados al sindicato docente representa la valoración de las políticas que el gremio llevó adelante durante la pandemia y el acompañamiento ofrecido a todos y todas las docentes.
Según reportaron desde el Suteba, la lista “Celeste-Violeta” se impuso en el 97 % de los 133 distritos en los que el sindicato tiene presencia, mientras que la lista “Multicolor” obtuvo un 2,25 % y la lista “Azul y Blanca” un 0,75%.
La paritaria salarial para los docentes bonaerenses va a alcanzar en diciembre de 2022 el 60,4%, según lo anunciado por el gobernador Axel Kicillof este martes. Además, se mantiene vigente la cláusula de revisión y monitoreo para poder reabrir la discusión en el caso de una disparada inflacionaria.
En 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevó el caso hasta la Corte Suprema. Ahora, el Gobierno de la Cuidad deberá acatar la orden la judicial y destruir la pared.
Desde el gobierno de la Ciudad informaron que el sábado comenzarán las obras para demoler el muro que el Grupo Clarín levantó de forma ilegal en la intersección de las calles Ascasubi y Luna. La medida será dispuesta por La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del gobierno porteño.
Cabe recordar que en 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevó el caso hasta la Corte Suprema. La misma desestimó un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteño y dejó firme la decisión de primera instancia.
De acuerdo al comunicado del Ejecutivo porteño a la Justicia, se lee: “Pongo en conocimiento de Vuestra Señoría que la DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIA ha informado mediante comunicación oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demolición de muro en la intersección de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta área operativa será el SABADO 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la mañana”.
En este marco, el senador Mariano Recalde expresó: “¿Sabías que Clarín bloqueó una calle de Barracas y construyó un muro de 4 metros de alto para cercar su planta de impresión? ¿Sabías que desde hace 7 años la Justicia le ordena a Larreta que lo derribe y la Ciudad siempre se niega a hacerlo?”.
¿Cuántas veces escuchamos al jefe de Gobierno hablar del derecho a la libre circulación?
¿Cuántas veces lo escuchamos decir que hay que acatar los fallos de la Justicia? pic.twitter.com/ONwPJAH6kZ
