(por Andrés Fidanza) Con el envión amarillo de las legislativas, el gobierno amenaza con incluir a una parte de Comodoro Py en su reformismo permanente. Lo hace veladamente, a través de un lenguaje que jueces y fiscales decodifican a la perfección. Entre los actores judiciales figura a la cabeza el supremo Ricardo Lorenzetti, quien ya prometió una serie de recambios menores, en fidelidad con el renovado clima de época. Así, el manipulite acelerado y de trazo grueso contra el kirchnerismo es, en buena medida, hijo de esa entendimiento mutuo.

Por debajo de la jactancia sobre la independencia de poderes, una ONG trabaja a pedir del gobierno. Se trata de Será Justicia, una asociación tan cercana al macrismo como a los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y al muy conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler fueron empujados por esa ONG. Uno de sus principales dirigentes, Guillermo Lipera, incluso se postula para reemplazar a Gils Carbó en la Procuración. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el enorme estudio Bulló.

Otra de las fundadoras de Será Justicia es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina anti-lavado). Talarico sorteó con éxito los cuestionamientos que le llovieron al momento de su postulación, a raíz de sus anteriores vínculos con el banco HSBC, denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política. Pese a su breve trayectoria, en lo últimos meses demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejará de ser la jefa de los 400 fiscales del país.

A fines del año pasado, presentó una demanda contra el Estado. Reclamaba que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia Germán Garavano lo avaló.

Semanas atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia, Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusó a los jueces Lijo y Daniel Rafecas de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas.

Parado en la montaña de su mejor momento, el macrismo se ve poderoso, seguro de sí mismo, razonado en sus políticas (de ajuste) y plebiscitado socialmente. Prácticamente eterno. Frente a esa auto-percepción, el sainete de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren con sociedades offshore en paraísos fiscales le resultan temas insignificantes. La mega-filtración completa de los Paradise Papers casi no le merece opinión alguna. Casa Rosada da por descontado una resolución similar a la de Mauricio Macri con los Panamá Papers. Hace dos meses, la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa en su contra por lavado de dinero.

Las acusaciones por evasión y explotación laboral contra Luis Miguel Etchevehere, quien saltó fluidamente desde la presidencia de La Sociedad Rural hasta el ministerio de Agroindustria, también le parece una cuestión menor. Una trama destinada a ser diluida, olvidada y archivada judicialmente. Ahora, como otras veces a lo largo de la historia, el gobierno no puede, no quiere ni tiene interés en percibir un desenlace diferente.

La Corte Suprema de Justicia le envió otro mensaje de amistad al Gobierno y absolvió a los mandatarios de Cambiemos por los violentos episodios ocurridos en 2013.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en una causa donde fueron investigados por una represión en el Hospital Borda durante una protesta que ocurrió hace cinco años, cuando los tres ejercían cargos como autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cuando un grupo de médicos, pacientes y empleados estatales se concentró allí para oponerse a la demolición de un taller protegido del centro asistencial. La Policía Metropolitana ingresó al establecimiento y, ante la resistencia a las obras, respondió con balas de goma y gas pimienta.

Según el fallo al que accedió DyN, el máximo declaró inadmisible el recurso que había elevado la querella para que se evaluara la responsabilidad de los hoy jefes de los gobiernos Nacional, bonaerense y porteño, cuando ocupaban altos cargos en la administración local. La decisión fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Todo ocurrió el 26 de abril de 2013, en las inmediaciones de la avenida Amancio Alcorta y Perdriel de esta ciudad, donde funcionaba el Taller Protegido 19, dependiente del Hospital de Salud Mental "José Tiburcio Borda", y operarios contratados por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño ingresaron para vallar y demoler un antiguo taller, custodiados por efectivos de la Metropolitana.

La represión contra periodistas y militantes del gremio ATE, que rechazaron la mudanza y la demolición, fue lo que motivó la denuncia.. Tres empleados del Borda fueron procesados por "atentado y resistencia a la autoridad".

En abril de 2015, la Cámara IV en lo Criminal confirmó los sobreseimientos del entonces jefe de Gobierno porteño Macri, su entonces vicejefa, Vidal; Rodríguez Larreta y otros miembros del gabinete de la Ciudad, y el entonces ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, entre otros.

En agosto de 2016 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió ratificar esos sobreseimientos, aunque anuló los que beneficiaban al jefe y al subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez y Enrique Pedace.

El camarista, suspendido esta semana en el Consejo de la Magistratura, apuntó contra Mauricio Macri, “buscar disciplinar a los jueces”.

El presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Rodolfo Freiler, suspendido por el plazo de 6 meses por supuesto enriquecimiento ilícito, dijo que lo sucedido en la sesión del Consejo de la Magistratura que resolvió su suspensión por seis meses es "muy, muy peligroso para una democracia". El camarista ahora espera que un jury de enjuiciamiento determine su responsabilidad en la acusación por mal desempeño.

En diálogo con Radio Delta, Freiler dijo estar “realmente muy mal”, por lo sucedido en el Consejo de la Magistratura, al tiempo que denunció estar “muy sorprendido de que haya habido un accionar tan coordinado entre el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con alguna mirada constante desde el Poder Ejecutivo”. En otro fragmento de la nota, el camarista agrego que “el oficialismo estaba esperando que quien no votaba como ellos se enfermera o perdiera el avión para poder contar con la mayoría necesaria. Todo el mundo lo sabía, era una maniobra muy clara, evidente”. También apunto contra Ricardo Lorenzetti, "Nos ha dejado perplejos a todos. Retuvo al senador (Pais) para que no cumpla sus funciones de consejero. Esto es muy peligroso para una democracia, independientemente de lo que pueda suceder conmigo. Nadie podía suponer que iban a contar con la ayuda del presidente de la Corte Suprema".

Sobre la denuncia que lo envuelve en un supuesto enriquecimiento ilícito de su patrimonio, Freiler dijo que "Es una mentira total que no he podido probar mis ingresos. He sido sobreseído por una denuncia hecha por personajes impresentables. He podido justificar mi patrimonio en sede judicial y en el Consejo de la Magistratura. Se basan en barbaridades, mentiras atroces…", y concluyo "He demostrado peso por peso”.

Al ser consultado sobre si va a denunciar al presidente de la Corte Suprema, el camarista contestó: "Creo que la posición de Lorenzetti tiene que ser investigada”, ya que considera que “lo que ha hecho en el día de ayer es incompatible con un Estado democrático y con el ejercicio de la alta magistratura que él está ocupando".

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), entre otros organismos de derechos humanos, lanzaron una campaña virtual para que la Corte Suprema de Justicia revierta el fallo que facilitó el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, conocido como "caso Muiña".

"Que la Corte diga no" es el nombre de la campaña que consta de tres etapas, la primera con la difusión de videos de juristas que argumentan acerca de la inaplicabilidad del 2×1 para delitos de lesa humanidad.

Entre quienes brindaron sus testimonios están Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista; María Roqueta, ex jueza federal, y Federico Delgado, fiscal federal.

En la segunda etapa circulará por las redes un spot de los organismos de derechos humanos y en la tercera se viralizarán las fotografías con el cartel de la campaña de todas las personas que apoyan el reclamo y que las envíen a [email protected].

La agrupación Memoria Abierta, organizadora de la campaña, explicó que el objetivo es "visibilizar que este peligro se encuentra latente" y que "no existen razones para que la Corte Suprema dilate el tratamiento d el tema".

El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo pasado que por mayoría dictaminó la aplicación del beneficio del 2×1 al condenado represor Luis Muiña generó una fuerte polémica en torno a su aplicabilidad y tuvo como respuesta un multitudinario rechazo popular expresado en las calles de las principales ciudades del país y una seguidilla de pedidos de los abogados defensores de represores condenados.

A la polémica se sumó la aprobación de la ley 27.362 sancionada por el Congreso que excluye de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad para impedir que se repita un fallo como el del caso Muiña.

Por su parte, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el que señaló que la inaplicabilidad del 2×1 para represores "surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad".

"No existen razones para que la Corte dilate el tratamiento de este tema. Tanto los querellantes como la Procuración General de la Nación sostuvieron en presentaciones ante el máximo tribunal que no corresponde la aplicación del 2×1 para los criminales de la última dictadura, en línea con la ley que aprobó el Congreso el 10 de mayo último y promulgó el Poder Ejecutivo dos días después", finaliza el comunicado de Memoria Abierta.

El Máximo Tribunal dispuso que si un trabajador pierde un juicio “por su culpa”, deberá afrontar los gastos por honorarios profesionales que haya ocasionado el proceso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que cuando un trabajador pierde un juicio laboral por "su culpa" debe pagar todos los gastos por costos profesionales que ese litigió ocasionó. Por ende, se hará cargo de los honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido.

Esta resolución de la CSJ se da en sintonía con el discurso instalado por el Gobierno, acerca de las supuestas “mafias laborales” que atentan contra el crecimiento de las empresas y la economía en el país.

Lo cierto es que la Corte falló a raíz de una denuncia de accidente laboral que había sido promovida por Enrique López contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales SA. El demandante sufrió una invalidez parcial, que no pudo constatarse.

De acuerdo con Ámbito.com, el trabajador había sufrido el accidente mientras concurría a su trabajo, y por eso reclamaba ante la justicia laboral que la ART de su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos de trabajo.

Como López nunca pudo presentarse para ser examinado, la Justicia estableció que la culpa por la anulación de la causa fue del trabajador. En consecuencia, el Tribunal estableció que “cuando un trabajador pierde por su culpa un juicio laboral debe pagar todos los gastos ocasionados por ese juicio en concepto de honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido", según informó el sitio oficial Centro de Información Judicial (Cij).

De esta forma, la Corte destacó que si el rechazo de la demanda se debió a la actitud del propio demandante, no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios que ese juicio originó.

En una charla en la UBA sobre el 2×1, la titular de Abuelas cuestionó con dureza al macrismo. "En este gobierno de ladrones, incompetentes y mala gente, esto es lo mínimo que se podía esperar", disparó.

La vicepresidenta del alto tribunal es una de las magistradas que votó a favor de la aplicación del 2X1 a un detenido por delitos de lesa humanidad.

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, pidió una licencia “oficial” y no estará en el acuerdo semanal del tribunal previsto para mañana.

Así lo confirmaron a DyN fuentes de su vocalía, que no precisaron las razones ni tampoco la extensión de la licencia.

Highton de Nolasco es una de las juezas que firmó el fallo que por mayoría aprobó la aplicación del cómputo de la pena conocido como "2 x 1" a condenados por delitos de lesa humanidad.

La decisión de la jueza y dos de sus pares, desató un generalizado repudio popular y motivó la multitudinaria marcha de los pañuelos que conmovió a la sociedad la semana pasada.

Se trata de Norberto Bianco, el médico del centro de detención de Campo de Mayo, acusado de apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina durante la dictadura militar.

Tras al fallo de la corte que declara aplicable el beneficio del 2×1 para las pena de prisión por delitos de lesa humanidad, fue liberado el obstetra de la ESMA, Norberto Bianco, tras cumplir dos tercios de su condena. El pasado 18 de abril recibió por parte de la Cámara de Casación Penal la confirmación de la condena de 13 años dictada a fines de 2014. Sorpresivamente en el día de ayer, en otro atropello al compromiso que adoptaría el estado durante el pasado gobierno de honrar la memoria, verdad y justicia; el poder judicial otorgó la libertad al médico que lideraba el grupo de encargados de participar en los partos, y de entregar los bebes a los apropiadores durante la dictadura.

El Nunca Más, documento clave en la defensa de los derechos humanos y en los juicios contra los responsables de la última dictadura militar, relata que en marzo de 1997 el juez federal de San Isidro, Roberto Markevich, declaró culpable a Norberto Bianco de falsificar los documentos de Carolina Susana (6 de octubre del '76) y Pablo Hernán (27 de septiembre del '77) para luego inscribirlos como hijos legítimos.

En marzo de 1999, tras declarar que no son los padres biológicos de Pablo y Carolina, el juez Markevich señalaba que “las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que Bianco desempeñaba su actividad profesional durante el período en que los menores nacieran, la existencia de un Centro Clandestino de Detención en el destacamento militar de Campo de Mayo, apoyado en la concordancia existente con el resto de elementos probatorios colectados, son indicios suficientes que permiten afirmar en que los menores inscriptos son hijos de mujeres víctimas de otra desaparición forzada durante el último régimen militar".

Se trata de los funcionarios judiciales Pablo Parenti y Ángeles Ramos, quienes en causas distintas pidieron que se declare la "inaplicabilidad" y la "inconstitucionalidad" del beneficio de 2×1. De esta manera, se distanciaron del criterio propuesto por la Corte Suprema en la causa de Luis Muiña.

En el primer caso, el fiscal Parenti, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en casos de apropiación de niños y niñas, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Capital Federal que rechace el pedido de excarcelación elevado por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado en 2014 a ocho años de prisión por la apropiación del nieto recuperado Pablo Javier Gaona Miranda.

Para Parenti, no puede ser aplicado el precedente "Muiña": "La aplicación anacrónica de esta ley alteraría de tal modo la respuesta punitiva que se tuvo como justa y adecuada por los tribunales de justicia, que sería materialmente una conmutación de penas prohibida por el derecho internacional", escribió el funcionario. Agregó que debe discutirse su constitucionalidad.

En la misma línea, se expidió la fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, quien le solicitó a los jueces del TOCF 6 de la Capital Federal que declaren la "inaplicabilidad" y la "inconstitucionalidad" del beneficio del 2×1. Se trata del caso de Víctor Alejandro Gallo, condenado a 25 años de prisión.

Para Ramos, no se puede aplicar el beneficio del 2×1 porque "resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional". "Esto conlleva a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado Argentino porque se traduce en la desnaturalización de la pena", siguió.