“Téngase presente” fue la única forma de responder por parte del máximo tribunal de Justicia, ante la presentación de la vicepresidenta por el espionaje realizado por el macrismo.

Luego que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, denunciará publicamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por dormir las causas judiciales por el espionaje realizado a opositores del gobierno de Mauricio Macri, los integrantes de la CSJ sólo respondieron “Téngase presente” y e excusaron de participar en dichas causas, pero tampoco anuncian quiénés serán los jueces que los reemplacen.

En un artículo publicado este viernes en Página 12, se recuerda que todo comenzó a mediados de noviembre y se extendió hasta finales de diciembre, donde las cuatro máximas autoridades de la CSJ se excusaron de intervenir en la causa de espionaje que inicialmente tramitó en Lomas de Zamora.

En el citado artículo, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, les pidió a los supremos que definieran quién iba a tomar sus lugares para resolver qué pasa con este expediente. Como única respuesta, este jueves los supremos le dedicaron un “ténganse presente”. No hay definiciones de cuándo se sortearán los presidentes de Cámara que podrían actuar como conjueces, aunque algunos cálculos muy optimistas sugerían que podría haber novedades en un plazo de dos semanas. El máximo tribunal es objeto de incesantes críticas, que derivaron en una nutrida concentración que el martes pasado reclamó las renuncias de sus integrantes y la democratización del Poder Judicial.

Solo Carlos Rosenkrantz se apartó diciendo que podría haber sido damnificado por las actividades de inteligencia ilegal. Lo cierto es que en Dolores surgió que la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio espió sus movimientos migratorios y los de su exsocio Gabriel Bouzat. Además, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estuvo detrás de una reunión suya con el operador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el mismo que llevó su nombre para ser nombrado en la Corte y que ahora se encuentra prófugo en Uruguay por una causa en la que se investigan presiones sufridas por los propietarios del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López. Rodríguez Simón fue uno de los integrantes de la mesa judicial macrista y uno de los principales asesores judiciales del entonces presidente Mauricio Macri.

Los otros integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, solo invocaron razones de delicadeza y decoro sin siquiera especificar cuáles serían.

En la Corte deben decir si está bien que la Cámara Federal de Casación Penal le sacara la causa al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. El magistrado investigaba cómo los espías conocidos como Súper Mario Bros espiaron a propios y ajenos y cómo se vigiló desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos.

Cristina Fernández de Kirchner denuncia que dos casadores, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se hicieron con la causa irregularmente para sacársela a Augé. Los dos integran la Sala IV, pero, en realidad, debió intervenir la Sala I del máximo tribunal penal del país. Esa irregularidad fue advertida por Ángela Ledesma, que quedó en minoría cuando Casación le arrebató el expediente a Augé.

Ledesma dijo, además, que, al sacar la causa de Lomas, también se frenaría el curso de la investigación. Fue lo que sucedió porque el juez que recibió la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, debió esperar a que la Cámara Federal de Comodoro Py revisara los 38 procesamientos que había dictado su colega Augé. Recién el 21 de diciembre la Cámara se pronunció y dejó en pie únicamente diez. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, además, dieron crédito a la teoría de que los espías actuaban por su propia cuenta y desresponsabilizaron a los escalones más altos como el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas o el exdirector del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco.

La referente de la Túpac Amaru también criticó a Gerardo Morales. Aseguró que Jujuy es “una provincia dictatorial muy fuerte”.

Desde la prisión domiciliaria, la dirigente social, Milagro Sala, criticó este martes el funcionamiento de la Corte Suprema y las persecuciones en la provincia de Jujuy. “En Jujuy sigue la Gestapo y Lawfare. Los servicios de inteligencia siguen apretando a los opositores”, afirmó Sala, y agregó: “No se puede decir que estamos viviendo en democracia”.

Asimismo, la líder popular cuestionó el funcionamiento del la Corte Suprema tras asegurar que es la que “convierte a la Justicia en un partido político y daña al país”.

“Soy respetuosa de las instituciones. Son los hombres de la justicia los que se equivocan. En este caso, la Corte Suprema convierte a la Justicia en un partido político y daña al país”, afirmó Milagro en diálogo con AM990.

También, apoyó la movilización convocada para el 1F contra la Corte, y manifestó: “Por el bien de la sociedad deberían cambiar las cosas. La Justicia no puede pertenecer a un partido político, a Macri ni a la embajada de Estados Unidos. Tiene que ser independiente, pero independiente en serio”

En la misma línea, Milagro Sala tildó al gobierno de Gerardo Morales de “antidemocrático”. “Lo escuchaba a Morales hablar de la marcha, y decir que cree en la justicia independiente y me reía. Él arma causas, persigue a opositores que no piensan igual que él, de todos los sectores políticos. Es una provincia dictatorial muy fuerte”, afirmó.

“Jujuy es el bunker de Morales y gobierna con la Justicia en una mano y la policía en otra. Esto lastima a la democracia”, insistió.

Por último, la dirigente de la Tupac Amaru manifestó que no espera que el Presidente, Alberto Fernández, pueda defenderla del gobernador dado que trabajan en coordinación en reiteradas ocasiones. “Cómo puedo esperar que Alberto Fernández me ayude a liberarme si permanentemente está junto con Gerardo Morales en muchos acuerdos políticos”, concluyó Sala.

El juez de la Corte debió ser asistido tras sufrir una descompensación cardíaca mientras almorzaba. Desde el 2002 que forma parte del máximo tribunal.

El juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación, Juan Carlos Maqueda, evoluciona favorablemente tras haber sido internado de urgencia este domingo al mediodía, a raíz de descompensación cardíaca que sufrió mientras almorzaba en un restaurante del barrio de Recoleta.

Según el parte médico, se encuentra evolucionando de forma favorable. Maqueda se realizó diversos estudios en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde confirmaron que el magistrado ingresó con un episodio sincopal, de cual ya se encuentra recuperado.

Actualmente, sigue internado en terapia intensiva en el IADT donde los profesionales médicos evalúan realizarle una resonancia de cerebro y colocarle un holter. Se estima que, si los estudios siguen dando resultados normales, en los próximos días esté recibiendo el alta: “Si todo sigue igual, lo más probable es que haya sufrido un colapso vasovagal”, relataron fuentes médicas.

El juez, fue designado en la CSJ en 2002, está a cargo del Alto Tribunal del 15 al 31 de enero, o sea en la segunda mitad del mes de feria de verano.integra la Corte junto con sus pares Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vice) y Ricardo Lorenzetti.

Desde su asunción como miembro del máximo tribunal el magistrado debió ser asistido varias veces por descompensaciones y fue sometido a angioplastia y colocación de stents, aunque los voceros insistieron en que en esta ocasión, como en las anteriores, la situación está “controlada”.

A través de un comunicado emitido hoy por más de 60 agrupaciones políticas, sociales y estudiantiles de ese distrito del sur del Conurbano, se repudió el polémico fallo emitido por la Corte y se pide el juicio político a los magistrados que votaron por la reducción de penas a los culpables de los delitos de lesa humanidad.

“Este fallo tiene un grave impacto para los procesos judiciales en marcha y las condenas dictadas a lo largo de diez años, conlleva un debilitamiento en la obligación estatal de prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos  de lesa humanidad” expresa la misiva firmada por sesenta organizaciones y agrupaciones .

Para los firmantes del documento, “el retroceso que esto implica a todas las conquistas obtenidas en los últimos años en materia de derechos humanos en el intento de equiparar los delitos de lesa humanidad a la categoría de delitos comunes; tirando por tierra la responsabilidad del estado terrorista que mato, secuestro, torturo, violo, desapareció, y que sostuvo un plan sistemático de robo de bebes, delitos que implican una violación a los derechos humanos y son imprescriptibles”.

“No se trata solo de una resolución injusta, que no nos gusta o que nos enoja, sino se trata de una sentencia Ilegal, y de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad”, manifestaron.

Siguiendo esa línea, se exige: “Juicio político contra los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz por sus votos en el fallo ´Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario´, aplicando el 2×1 a favor del genocida Luis Muiña”, para luego denunciar “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.

En el documento también se insta a que “los legisladores nacionales, provinciales y locales, a expedirse como bloques y/o cámaras repudiando el fallo dictado por la CSJN”.

“Recordando que en 2010 y 2015 todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación firmaron declaraciones por unanimidad en las que reafirmaron el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de estado de carácter irrenunciable”, señalaron.

El texto llama a reafirmar “la obligación del Estado de continuar con los juicios de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares” y en ese sentido asegura y reconoce que “los juicios de Lesa Humanidad que se han desarrollado en la Argentina, obtuvieron el reconocimiento mundial por el compromiso de nuestro país por la verdad histórica y la justicia”.

Para finalizar, el docuemnto expresa: “Entendemos que este fallo se debe  a la devolución de favores obtenidos en los años 1976 a 1983, que el Gobierno de Mauricio Macri le hace a los Genocidas de la última dictadura cívico militar de la que muchos CEOS que fueron parte y hoy pertenecen a este gobierno se han visto favorecidos como por ejemplo siendo los más emblemáticos, el CEO de Clarín Héctor Magnetto y el mismísimo Mauricio Macri y familia”.

Gentileza: Foto Sur

A través de un comunicado, los legisladores de esa fuerza política pidieron el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia  por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". Además señalaron que el fallo "va en línea con las políticas del gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio".

El bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, presentó hoy sendos proyectos para evitar la aplicación del “dos por uno” a delitos de lesa humanidad y para pedir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fallaron en favor de represores.

El pedido de juicio político es encabezado por Juan Cabandié y apunta a los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

El otro proyecto, encabezado por Recalde, es una ley aclaratoria para interpretar la aplicación de la Ley 24.390, estableciendo que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna.

“Consideramos que lo resuelto por la mayoría de la Corte es una decisión política que va en línea con las políticas del Gobierno de Mauricio Macri de negación del genocidio (al que ha calificado como “guerra sucia”), de descalificación de la lucha popular por la vigencia de los derechos humanos, de sus organismos y aun de paralización de las políticas de reparación (referidas como “curros”)”, sostienen los legisladores en los fundamentos de esta iniciativa.

Y agregan que “no cabe separar este fallo de las designaciones de los dos nuevos jueces en la Corte Suprema que ingresaron para modificar una doctrina y práctica que fue definida como política de Estado. Alguien los eligió y los designó. Respetuosamente: háganse cargo”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan dio curso a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. A cargo de la causa está el juez Daniel Rafecas.

Los tres jueces de la Corte Suprema que habilitaron el 2×1 a los criminales de lesa humanidad, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, quedaron hoy imputados por el presunto delito de prevaricato.

La decisión la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan, al considerar que “la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura”.

El dictamen fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por el abogado de derechos humanos y ex legislador porteño, Marcelo Parrilli.

En su presentación, el letrado sostiene que los tres cortesanos “tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, sobre todo Rosatti y Rosenkrantz, a quienes Macri “pretendió nombrar obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.

Mientras tanto, en el caso de Highton de Nolasco recordó que obtuvo un fallo favorable para permanecer en su cargo pese a superar la edad de 75 años que se fija como límite del mismo.

Marijuan requirió copia del fallo de la Corte con los votos de los cortesanos que redujeron la pena al represor Luis Muiña, así como de los pronunciamientos previos del caso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó a trece años de prisión por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas. Además, solicitó que el juez Rafecas adopte “toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa”.

Si se comprueba que Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco incurrieron en prevaricato, es decir, una sentencia contraria a la ley, podrían ser inhabilitados para ejercer como jueces y cualquier otro cargo público.

Tras el categórico respaldo del Secretario de Derechos Humanos de la Nación a la decisión de la CSJ de aplicar el 2X1 a los sentenciados por cometer delitos de lesa humanidad, ahora el alto funcionario se desdice y asegura que no se puede aplicar ese tipo de beneficios a los represores de la última Dictadura Cívico-Militar.

A través de una nota oficial la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se opuso hoy a que un condenado por lesa humanidad se le aplique el 2X1, recientemente revivido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Secretaría, que dirige Claudio Avruj y que actúa como querellante, pidió que se declare "inadmisible" el planteo de violación de garantías constitucionales que hizo la defensa de Carlos Eduardo Trucco, condenado en diciembre de 2013 a 14 años de prisión en el marco de la causa "Arsenales II–Jefatura II", dos centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en Tucumán.

Agregó que "no se puede pretender la aplicación de la Ley penal más benigna (en este caso el 2×1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad".

Trucco se desempeñó durante la última dictadura como jefe de la Compañía "A" y de Personal del Regimiento 19 de Infantería en Tucumán.

El pedido de la defensa de Trucco es uno de los tantos que se presentaron ante los distintos tribunales luego que, el miércoles último, la Corte Suprema de la Nación, por mayoría, dispusiera que la ley 24.390 (conocida como del "dos por uno") es aplicable a los casos de delitos de lesa humanidad.

Mientras la escandalosa decisión de la CSJ de recortar las penas a los culpables de cometer  delitos de lesa humanida recorre todo el orbe y desde la propia ONU le recuerdan a nuestro país que debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, el descontento popular crece cada vez más. El 88% de los argentinos repudia la decisión del máximo tribunal de Justicia.

“Furia en Argentina por sentencia que podría dejar a represores libres”. Así tituló el diario británico The Guardian tras conocerse la semana pasada el fallo de la Corte Suprema que beneficia a criminales de lesa humanidad con la derogada ley del 2×1 (24.390), permitiéndoles reducir sus penas.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó hoy al máximo tribunal y al Estado argentino a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos.

Amerigo Incalcaterra, representante de ACNUDH para la región, recordó que “deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

“Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, insistió el funcionario de la ONU.

Hoy, el reconocido abogado de derechos humanos, Marcelo Parrilli, presentó una denuncia contra los jueces que habilitaron el 2×1 a los genocidas, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, a quienes acusó del delito de prevaricato.

El letrado solicitó declaración indagatoria a los denunciados y que “oportunamente se aplique el máximo de las sanciones penales previstas” e “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”. La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

“Los tres ministros denunciados tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, remarcó Parrilli y apuntó, especialmente, a los ministros Rosatti y Rosenkrantz, a quienes presidente Mauricio Macri “pretendió nombrarlos ministros de la Corte Suprema por decreto obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.

Mientras tanto, un centenar de abogados querellantes en causa por delitos de lesa humanidad analizan un pedido de juicio político contra los tres miembros de la Corte, los fiscales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ya solicitaron que se declare la “inconstitucionalidad” del fallo y se suman al menos tres acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una de ellas impulsada por una diputada de Cambiemos, Anabella Hers.

El rechazo de los argentinos está más que claro. Una reciente encuesta de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) revela que el 88% está en desacuerdo con el fallo de la Corte que le otorgó el beneficio del 2×1 a los genocidas. El estudio agrega que, del total de los consultados, el 64% cree que el máximo tribunal no tomó la decisión de manera independiente y que “el Gobierno intentó desligarse” de la decisión.

Precisamente, el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien la semana pasada dijo acordar con el fallo, en las últimas horas sostuvo que “es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno” porque “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”.

Este miércoles, a las 18, todos los organismos de derechos humanos, con el acompañamiento de partidos políticos, así como organizaciones gremiales y sociales, marcharán a la Plaza de Mayo para repudiar a los jueces que reducen penas a los represores y aMacri por sus políticas en contra de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Que la “furia” del pueblo salga a las calles para echar y juzgar a los PROgenocidas de la Corte.

Encabezadas por Hebe de Bonafini, el organismo que ella dirige repudió hoy en una conferencia de prensa realizada frente a Casa Rosada la decisión de aplicar la ley 2X1 para crímenes de lesa humanidad y reclamaron el juicio político contra los jueces de la CSJ que votaron el polémico fallo. Antes de la tradicional ronda realizaron una sentada frente a la sede del Episcopado, donde colgaron una bandera con la consigna "Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: 1000 años de prisión".

"Las cuestiones jurídicas se las voy a dejar a los abogados, que se van a explicar mejor que yo. Yo quiero hablar de nuestros hijos, de los que van a pasar a la historia", comenzó diciendo Hebe de Bonafini, presidenta del organismo.

"Nuestros hijos van a quedar en la historia, pero estos nos van a dar asco. Pero el pueblo no es tonto, tenemos que mostrar quiénes son cada uno", sostuvo Bonafini.

"Estos trabajaron para la dictadura, pusieron los galpones donde torturaban a nuestros hijos" y agregó: "Los jueces también son cómplices".

Durante el acto en la emblemática Plaza estuvieron además Carlos Rosanski, exjuez federal, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, quienes pidieron el juicio político contra los miembros del máximo tribunal de Justicia que votaron el fallo que habilita aplicar el 2×1 en los casos contra los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Horas antes de su tradicional vuelta a la Pirámide de Mayo, las Madres realizaron una sentada frente a la sede del Episcopado, donde colgaron una bandera con la consigna "Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: 1000 años de prisión".

"Estamos aquí en silencio, pero con un reclamo muy duro", sostuvo Bonafini, en rechazo a la iniciativa de los obispos reunidos en asamblea plenaria en la localidad bonaerense de Pilar. "Cuántos judas hay acá, por qué tenemos que perdonarlos nosotros. La Iglesia es la que aportó obispos a la dictadura", cuestionó Hebe.

El máximo tribunal de Justicia declaró aplicable el cómputo del 2×1 en un caso de delito de lesa humanidad. Es la ley 24.390, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, y actualmente está derogada. “Se trata de un fallo en sintonía con la política de Mauricio Macri y de Cambiemos”, dijo el abogado Marcelo Parrilli y advirtió: “éste puede ser un camino a la amnistía”.

En un claro retroceso en materia de Derechos Humanos, este miércoles la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable la ley 24.390 –conocida como 2×1–, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, y que hoy se encuentra derogada, y que reduce el cómputo de la prisión por tratarse de la ley más benigna.

“Se trata de un fallo en sintonía con la política de Mauricio Macri y de Cambiemos”, dijo al respecto el abogado Marcelo Parrilli, de extensa trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, advirtió que éste “puede ser un camino a la amnistía” para los represores.

El letrado, también subrayó en declaraciones a C5N que se trata de un fallo “contrario a los pactos internacionales y por consiguiente inconstitucional”.

El fallo coincide con el pedido de “reconciliación” entre víctimas y victimarios de la dictadura formulado ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo y rechazado de plano por los organismos de Derechos Humanos.

“¿Ahora vienen a pedir reconciliación? Deberían decirles a los militares genocidas que vayan a los tribunales a declarar toda la verdad sobre nuestros hijos”, expresó Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora a Página12. Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo opinó en la misma línea: “No tenemos que reconciliarnos con nadie; yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto”, remarcó. Abuelas aún busca a más de 300 bebés apropiados durante el terrorismo de Estado”, señala la crónica publicada este miércoles por el diario Página 12.

La causa

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), la sentencia del Máximo Tribunal fue dictada en el caso de Luis Muiña –Expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario” y los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti votaron por la afirmativa.

En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal).

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados.

Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado., consignó Infobae

A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016.

Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso. Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.