La oposición vino desde el vidalismo, cuando el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de establecer la movilidad del feriado  que conmemora el último Golpe de Estado. Reclamó "mayor diálogo" con los organismos.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, se manifestó en contra del Decreto por el cual deja de ser inamovible el feriado del 24 de marzo correspondiente al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Todo lo que se refiera a cuestiones que son esenciales para los organismos, deben ser trabajadas y consensuadas con ellos previamente”, opinó el funcionario bonaerense, para referirse al aluvión de críticas que recibió la medida, por no haber sido al menos consultada a los organismos de DDHH.

Según consignó DIB, Cantón remarcó que “si ellos consideran que el feriado es inamovible, creo que se debería haber tenido en cuenta esa posición”.

“No estamos hablando de un hecho de hace cien años y que el feriado es por eso. Ocurrió hace poco y hay gente que fue víctima directamente de eso. La gente está muy activa”, fundamentó.

Para terminar, indicó que la decisión se encuentra lejos de ser “la manera más correcta de avanzar en un diálogo positivo”.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se mostró en contra de los decretos que dan carácter móvil al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. También criticó la decisión tomada por el 2 de abril.

La titular de la organización de derechos humanos nominada al premio Nobel de la Paz, Estela de Carlotto, volvió a señalar el destrato que viven de parte del Gobierno Nacional desde la asunción de Mauricio Macri en el poder.

Estela, que aclaró que ya "extrañan" al gobierno de Cristina Kirchner ya que con ella, "siempre dialogaban y nos consultaban"; criticó al gobierno macrista, que "toman una decisión como esta sin avisar, sin consultar, cuando el año pasado nos habían negado que fueran a hacer lo que finalmente hicieron".

Luego remarcó que "esta democracia vino porque se derramó mucha sangre, no fue gratis. No fue la sangre de ellos, fue la sangre de nuestros desaparecidos, de nuestros soldados. Duele mucho, indigna, pero no baja el ánimo de seguir reclamando".

Y agregó en declaraciones radiales: "No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebés, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas".

Claudio Avruj secretario de Derechos Humanos de Cambiemos respaldó los dichos repudiables sobre los inmigrantes del senador Miguel Ángel Pichetto.

En una entrevista con Infobae el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, expreso que: "Nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración".

Además dijo que "en los últimos años, por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que marca la ley de inmigraciones".

Días atrás las lamentables declaraciones del senador Pichetto habían generado polémica, al señalar que "funcionamos como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú: las principales villas del país están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca".

Aunque de manera contradictoria Avruj también manifestó que "no se puede centrar nuestro problema interno de delincuencia en la inmigración, pero creemos que es necesario fortalecer los controles".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que la resolución de la ONU, que pide "liberar de inmediato" a Milagro Sala es "bastante liviana". Además, blanqueando que la justicia le responde, sostuvo que no iba a liberarla.

Pese al informe del Grupo de Trabajo de la ONU que cuestiona la detención de Milagro Sala, la califica de arbitraria y pide su libertad, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, remarcó que no accederá a librar instancias para liberarla.

Sala, referente de la Tupac Amaru, permanece detenida desde enero de este, por una causa armada mientras encabezaba un acampe frente a la gobernación de la provincia del Norte argentino..

"Para mí es bastante liviana la opinión (de la ONU) porque afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron 29 millones de pesos, que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad", expresó ayer Morales a la prensa.

Para el gobernador "hay desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia. Desconocen que ya es cosa juzgada, que no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur y, además, hay dos prisiones preventivas dictadas (contra Sala) en causas, hay una megacausa, así que me parece que no han contado con toda la información".

En consecuencia, agregó Morales, la resolución que adoptó sobre Milagro Sala "desacredita al Grupo de Trabajo porque se sostiene de premisas que son falsas".

El Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron hoy que se concluyó con el “proceso de organización y digitalización” de sus archivos sobre la última dictadura cívico militar y que próximamente se abrirán a la consulta de las “víctimas y familiares directos de los desparecidos”.

Así lo informaron en un comunicado de prensa conjunto entre la Secretaría de Estado vaticano y la CEA, difundido simultáneamente esta mañana en Roma y Buenos Aires, en el que precisaron que se trata de los documentos relacionados con el período de la dictadura conservado en los archivos del Episcopado, el Vaticano y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

“Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado”, según indicó el comunicado.

Se informó además que “de acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos relativos las víctimas y familiares de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores”.

En el comunicado, la Iglesia destaca que el “trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro”.

Los detalles del trabajo que viene realizando la Iglesia sobre estos archivos fueron analizados en una reunión que la comisión ejecutiva del Episcopado argentino mantuvo el pasado sábado 15 en el Vaticano con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y otros funcionarios vaticanos para “una valoración de los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo del período de la dictadura militar (1976-1983) conservado en los archivos de la CEA, de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires”.

A 40 años del último golpe militar que vivió la Argentina, Télam había adelantado -en vísperas del pasado 24 de marzo- que el Vaticano estaba “ordenando” sus archivos sobre la última dictadura para desclasificarlos, días antes de que el papa Francisco recibiera a familiares de desaparecidos en la plaza San Pedro.

“El ordenamiento de los archivos lleva su tiempo porque implica la lectura y clasificación de los documentos. Algunos estaban más ordenados y otros necesitan más atención", dijo en ese momento a esta agencia el secretario general de la CEA, Carlos Malfa, tras mantener un encuentro con Francisco en el Vaticano.

"En general se trata de cartas que se recibían y contestaban solicitando conocer el paradero de detenidos desaparecidos o alguna gestión en ese sentido. También hay recortes de periódicos de la época", según explicó en aquel momento el obispo sobre los archivos.

El Episcopado argentino adoptó la decisión de ordenar los archivos en noviembre de 2012, cuando la asamblea plenaria de obispos aprobó el documento “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, en el que la Iglesia manifestó su disposición a comprometerse con el estudio de toda la documentación en su poder y a seguir colaborando con la justicia.

“Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres. Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance”, dijeron los obispos argentinos aquel año.

Cinco meses después de ese documento, Jorge Bergoglio se convirtió en papa Francisco y, desde el lugar de máxima responsabilidad dentro de la Iglesia, comenzó a impulsar en el Vaticano la decisión de la Iglesia argentina de desclasificar los archivos y ponerlos a disposición de los interesados, tal como se anunció oficialmente hoy.

Con la firma de Macri y Bullrich, Francisco José Piñón fue designado hoy, según el Boletín Oficial, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En 1977 era rector de la Universidad del Salvador y como tal le dio un título honoris causa a Emilio Massera.

El ministerio de Educación nombró hoy en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) a Francisco José Piñón, quien como rector de la Universidad del Salvador en 1977 le dio un doctorado honoris causa al represor Emilio Massera.

Con firma del presidente Mauricio Macri y del titular de Educación, Esteban Bullrich, se oficializó el ingreso de Piñón en la CONEAU. En 2013, un grupo de alumnos de la Universidad de Congreso de Mendoza increpó a su rector por el título que le había dado a Massera a más de un año de iniciada la última dictadura militar.

Piñón fue cuestionado durante una jornada de derechos humanos por el título que le otorgó al genocida en 25 de noviembre de 1977 e intentó excusarse diciendo que lo hizo como una maniobra de "protección" para el alumnado.

Según justificó en aquel momento, con la entrega del título a Massera "se salvaron muchas vidas".

"Lo que le dije ante todos los presentes es que eso de que salvó vidas es mentira, que yo estudié el caso y que de ninguna manera podíamos seguir compartiendo un espacio con él ahí sentado. Y nos fuimos", declaró en aquel entonces Silvia Ontiveros, detenida en el centro clandestino de detención D2 de Mendoza.

Dirigentes de organismos de Derechos Humanos afirmaron que las áreas dedicadas a esa tarea en el Ministerio de Justicia sufrirán un recorte de su presupuesto si se aprueba el proyecto con las previsiones de gastos para 2017 impulsado por el Ejecutivo Nacional.

"Conocemos lo que estamos hablando y es muy preocupante lo que ocurrirá si se aprueba un presupuesto de estas características porque confirma el desfinanciamiento de las políticas públicas. Esto es menos derechos, menos información, menos promoción", afirmó Agustín Cetrangolo, integrante de la agrupación Hijos.

Según se publicó un matutino porteño, la Secretaría de Derechos Humanos tendrá un presupuesto 15 por ciento menor en términos nominales al que le fue destinado en 2016.

Así, el recorte en el programa que aseguraba a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios es de casi un 50 por ciento.

"(Claudio) Avruj miente o desconoce cuál fue el presupuesto anterior y el mamarracho que presentaron", denunció Cetrángolo, al cuestionar el recorte presupuestario.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nombró a Dorigon, al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR) en la ciudad de Rosario. Dorigon formó parte como subteniente del regimiento de Infantería 12 y fue denunciado en el 2007 ante la Justicia federal en Río Grande por un grupo de veteranos de Malvinas que lo acusaron de torturas contra soldados en las Islas.

Dorigón está imputado bajo la acusación de haber enviado a torturar a un soldado combatiente de Malvinas, donde fue destinado en 1982, con el grado de subteniente. En 2007 un grupo de excombatientes conscriptos presentó en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, una denuncia contra sus superiores por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en las Islas. El expediente, con testimonios de más de 100 excombatientes, llegó a la Cámara de Casación Penal, que rechazó el planteo y declaró los crímenes de Malvinas prescriptos. En marzo de 2012, el Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que desde entonces espera una resolución.

Ernesto Alonso, del Centro de Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, dio detalles de las acusaciones contra el funcionario designado por el macrismo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

"El año pasado se desclasificaron los archivos secretos de Malvinas. Muchos compañeros que con valentía denunciaron” señaló el dirigente de los ex combatientes que invitó a “cualquier fiscal de la Nación a ver esos archivos y a seguir denunciando estos casos".

Ernesto Alonso dijo que “estas cosas se saldan con un proceso de memoria, verdad y justicia" y para eso pidió que “que se realicen políticas de estado".

Después de dejar el Ejército, Dorigón incursionó rápidamente en las áreas de Recursos Humanos de empresas privadas, como otros ex represores. Fue gerente en supermercados Coto y tuvo a cargo 750 personas en la empresa Centinela de Seguridad Privada, donde inicialmente se abocó a “la reorganización del área de Operaciones”, para recalar finalmente en la gerencia de Recursos Humanos de Liliana.

En febrero y marzo del año 2014, la empresa de electrodomésticos despidió a una docena de trabajadores, quienes lanzaron una serie de medidas de fuerza en respuesta al ataque de la patronal, claramente antisindical. Realizaron asambleas en la entrada de la fábrica que, de hecho, paralizaron la producción de la empresa por más de tres semanas. Los trabajadores denunciaron que fueron echados por cumplir la función de “delegados de hecho” durante casi un año, ya que en sus 65 años de historia, la empresa Liliana impidió la organización sindical y los sometió a máximas condiciones de precariedad.

Los trabajadores, en ese entonces, denunciaron que “la gerencia de Recursos Humanos de Liliana encabezada por un ex militar de la dictadura, junto con personal de seguridad y psicólogos montaron un operativo sobre la ruta para parar a todos los trabajadores y obligarlos a conducirse hacia otra planta donde no realizan sus tareas”. El objetivo era impedir una asamblea donde los trabajadores iban a discutir los pasos a seguir para la reincorporación de los despedidos. A la cabeza de estas medidas estaba Marcelo Dorigón.

Hoy, con este prontuario en el portafolio, Dorigón es funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación, y desempeña sus funciones más precisamente en el Anmac (ex Renar).

Organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país. Para disimular, ayer la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”.

“Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”. Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”, subrayó ayer Página 12, en una nota destacada sobre el tema.

El 19 de agosto pasado, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.

Así detalla Página 12, medio que consultó a Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS. Este explicó que la ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.

Amnistía Internacional afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. El organismo expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Álvaro García Linera, de visita esta semana en el país, donde recibió el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

“Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos”, advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.

Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. “De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, alertaron.

El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, dependiente de Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”. Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar.

Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.

En la lectura de sentencia, que comenzó hoy a las 11.47, el presidente del tribunal de enjuiciamiento, Jaime Díaz Gavier, declaró a Menéndez penalmente responsable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravado por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia (dos hechos), por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (297 hechos)".

También por los delitos de ‘imposición de tormentos (656 hechos); imposición de tormentos seguido de muerte (1); homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes (52); homicidio calificado por alevosía, ensañamiento con tormentos agravados (1)’.

La pena perpetua también alcanza a su responsabilidad por los delitos de "desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima (281); desaparición forzada de un menor (1); allanamiento ilegal (2), usurpación por turbación del dominio (1)".

La sentencia también le impone a Menéndez la "inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas", asimismo el tribunal lo absolvió en 23 casos de tormentos agravados, un hecho de homicidio, seis hechos de allanamiento ilegal y 9 de robos.

La audiencia se desarrolla en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba, y entre los presentes en la sala están el gobernador Juan Schiaretti; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto y la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), María Cecilia Pando, reconocida militante en defensa de los procesados y condenados por crímenes de Lesa Humanidad.

También ocupan la Sala de Audiencias dirigentes de los organismos de Derechos Humanos de la provincia, funcionarios y legisladores, mientras que en los alrededores del complejo tribunalicio distintas agrupaciones siguen la lectura de la sentencia mediante monitores instalados en ese lugar.

La lectura de la sentencia se extenderá hasta alrededor de las 14, según las estimaciones del Tribunal de enjuiciamiento, y que son 43 los imputados en este proceso y más de 20 causas acumuladas.