La minera norteamericana Livent admitió una subfacturación de u$s8 millones, correspondientes a derechos de exportación.

La minera norteamericana Livent admitió la subfacturación del litio en Argentina por 8 millones de dólares, correspondientes a derechos de exportación. La maniobra había sido detectada por la Aduana en julio del año pasado y el reconocimiento quedó a la vista en el balance que presentó la empresa al momento de anunciar la fusión con la minera Allkem.

El Ministerio de Economía, por medio de un equipo técnico, advirtió que en el balance presentado ante la bolsa de Nueva York, Livent reconoció la subfacturación de 8 millones de dólares en 413 operaciones de exportación realizadas desde Catamarca a Estados Unidos entre 2018 y 2019, ya que reflejó la multa que le impuso la Aduana Argentina.  Al momento de constatar la evasión, la Aduana le aplicó una multa de 6700 millones de pesos, pero la minera solo pagó a Catamarca una redeterminación por 197 millones de lo que debía abonar en concepto de Regalías y Aportes Adicionales.

En aquella oportunidad, el organismo había constatado que el precio por el kilo de litio que informó Livent era de US$6,41; mientras que en Jujuy se había vendido en US$54,07 por kilo, lo que implica una facturación de un 843% menos. El cálculo para determinar el valor del litio tiene una base doble, que varía entre el monto de facturación estricto o el monto del precio de mercado promedio entre Argentina y Chile, y las Regalías y Aportes Adicionales se ejecutan en relación con el valor más alto entre ambos, de acuerdo a lo que refleja el último contrato entre Catamarca y Livent por el proyecto Fénix.

El Ministerio de Minería consideró que con el crecimiento de la demanda del litio el valor de mercado era mayor, por lo que Livent liquida el porcentaje de los aportes en base al monto de facturación, pero luego se los compara con los precios de mercado y se paga una redeterminación.  

Durante la semana pasada se anunció la fusión entre las empresas Livent y Allkem, principales operadoras del litio en Argentina. Las empresas llegaron a un acuerdo para concretar la fusión de las compañías en una nueva empresa del sector denominada NewCO. El dato es relevante para la Argentina ya que se trata de las dos únicas compañías que producen carbonato de litio y concretan exportaciones del país. El nuevo gigante global estará valuado en 10.600 millones de dólares y la fusión finalizará a fin de año. 

La fusión les permitirá crear una empresa se convertirá en la quinta mayor empresa mundial del sector, detrás de Albemarle Corp, Sociedad Química y Minera de Chile SA, Ganfeng Lithium Group y Tianqi Lithium Corp.

Las acciones se repartirán en un 56% para los socios de Allkem y en un 44% para los de Livent.Con el acuerdo, anunciado este miércoles, la firma Allkem se quedó con el 56% de NewCO, mientras que Livent estará a cargo del 44% de las acciones de la nueva compañía. Hasta que no se sume un nuevo proyecto a la etapa de producción, permanecerá esta fusión como las únicas compañías (ahora NewCO, con operaciones en la Argentina, Estados Unidos, Australia y Canadá) en etapa comercial del país.

Fuente: El destape

Las acciones de fiscalización contaron con la participación de la Patrulla Rural de la Policía de la provincia de Buenos Aires

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continúa luchando contra la evasión impositiva en el sector agropecuario. Durante un operativo en instalaciones de acopio en Coronel Suárez y Cura Malal, funcionarios del organismo detectaron irregularidades en la cadena de comercialización de granos por un monto de 476 millones de pesos.

La evasión fue de más de $258 millones debido a la falta de documentación que acredite la venta o uso de 3.941 toneladas de trigo y 197 toneladas de soja. Además, la AFIP incautó 3589 toneladas de trigo valuadas en 218.000.000 almacenadas en una planta de silos no declarada. Los propietarios no contaban con la habilitación correspondiente en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) ni registraron los granos en el Libro de Movimientos de Existencias de Cereales.

Estos operativos son realizados en colaboración con la Patrulla Rural de la Policía de la provincia de Buenos Aires para desarticular maniobras de evasión impositiva y asegurar la competencia leal para los productores genuinos. La AFIP seguirá trabajando para garantizar que todos los actores de la cadena agropecuaria cumplan con sus obligaciones fiscales.

Fuente: La brújula 24

El Juzgado Federal N°1 de Rosario decidió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada por una de las empresas y respaldó la posición oficial.

A partir de análisis y cruces sistémicos de las operaciones de exportación de determinados productos, y ante inconsistencias e irregularidades detectadas y la falta de ingreso de divisas, la Aduana procedió a la apertura de sumarios disciplinarios y suspensión preventiva de 59 exportadores de comercio exterior.

Si bien los plazos para liquidar las divisas van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas.

El problema es que, para aprovechar la brecha, muchos exportadores no liquidan las divisas ante el Banco Central (BCRA) y dejan esos montos en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación.

Irregularidad sistémica

La Aduana comprendió que dicho comportamiento demuestra un comportamiento sistémico de estas exportadoras que, ya vencidos los plazos legales correspondientes, no efectúan el debido ingreso de divisas afectando gravemente las reservas del BCRA. Además, continúan realizando operaciones de exportación por sumas relevantes, lo que también genera competencia desleal en cada uno de los rubros que operan.

“Estamos atravesando la peor sequía desde 1922 a la fecha, la producción de soja se estima en solo 23 millones de TN, y la falta de controles eficientes respecto de las falsas empresas exportadoras llevo a un crecimiento exponencial de ‘carpetas’ que simulan operaciones de exportación para dejar dólares en el exterior sin liquidar. Nuestro objetivo es defender las reservas para la industria nacional y la generación de empleo”, señalo el Director General de Aduana, Guillermo Michel.

Fuente: Ámbito

La AFIP informó que a partir de estos controles en corralones, en los que también se detectó un 15% de trabajadores con irregularidades en su relación laboral, se “intensificarán las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó diferencias en las ventas declaradas de cemento en 178 corralones de materiales por una suma superior a los $ 1.700 millones.

La AFIP pudo determinar esas diferencias a partir del cruzamiento de información entre las bases informáticas en contraste con lo declarado por los contribuyentes relevados en los procedimientos. Asimismo, se determinó que esa suma tendría un impacto cercano a los $295 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y superior a los $595 millones, en Ganancias. Producto de esta investigación, se labraron 53 actas por infracciones formales y 19 actas de clausura.

Los controles se enfocaron en verificar la emisión de comprobantes fiscales, la inscripción de los contribuyentes en el régimen de información de compras y ventas, las diferencias de inventario en las bolsas de cemento y la verificación tanto de la existencia como la legitimidad de los proveedores y clientes de las empresas. Por otra parte, también se relevó a un total de 1.037 trabajadores que se encontraban en los establecimientos y se detectó que el 15% presentaba irregularidades.

A partir de estos resultados, la AFIP intensificará las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento. Se controlará el traslado de la mercadería para evitar la comercialización en el mercado informal al tiempo que se trabajará en conjunto con otros organismos nacionales para detectar y combatir el lavado de dinero.

Estos controles se suman a las medidas ya implementadas por la AFIP en otros sectores de la economía, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario y mejorar la recaudación fiscal y se espera que estos nuevos controles contribuyan a mejorar la transparencia, la legalidad en la comercialización del cemento, y a combatir tanto la evasión fiscal como el comercio ilegal en el sector.

Fuente: con información de TELAM y Ámbito.

Subfacturaban y exportaban cortes prohibidos: el organismo que dirige Guillermo Michel podría aplicarles multas de USD 2,49 millones. Adicionalmente, lleva recaudado más de USD 1 millón en materia de rectificaciones por reclamos presentados ante empresas del sector

Un trabajo de análisis coordinado de la Dirección General de Aduanas ha detectado repetidas irregularidades en las exportaciones realizadas por empresas locales del sector de carne bovina. Dos frigoríficos ya han recibido acciones legales del organismo, que se encuentra preparando tres denuncias más. Por un lado, la Aduana inició un procedimiento contencioso contra una firma local que, entre dinero de 2021 y diciembre de 2022, subfacturó 69 exportaciones en más del 30%. El valor declarado para las maniobras en cuestión —ventas a Chile y Brasil trianguladas vía intermediarios en Uruguay y Estados Unidos— es sensiblemente inferior a los precios promedio del sector en operaciones con los mismos destinos.

Así, el frigorífico en cuestión liquidó menos divisas de las que le habrían correspondido y ahuecó en forma sustantiva la base imponible de las exportaciones, generando un perjuicio fiscal de USD 119.260,76.

En ese marco, el organismo que dirige Guillermo Michel, que inicialmente advirtió la irregularidad por los intercambios de información que realiza en forma constante con aduanas de todo el mundo, pretende aplicar una multa mínima de USD 1.444.381,66.

Por otro lado, controles que la Aduana realizó en dos depósitos fiscales del AMBA desbarataron exportaciones de carne valuadas en USD 277.427,80 por irregularidades. Aquéllas fueron registradas por cuatro firmas que, declarando posiciones arancelarias diferentes de las que correspondían, buscaban exportar cortes prohibidos por la normativa vigente. En total eran más de 7 contenedores completos.

Cabe señalar, el Decreto 911/2021 (complementado por la Resolución 2/2022 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca) prohíbe la exportación de determinados cortes preferidos por el mercado argentino, de consumo masivo en nuestro país. La medida busca asegurar el abastecimiento de los mencionados productos cárnicos en nuestro país y evitar que los precios de referencia sean determinados por la demanda de mercados extranjeros de alto poder adquisitivo, lo cual los volvería inaccesibles para gran parte de la población local.

En efecto, las empresas mencionadas apelaron a declaraciones inexactas para intentar exportar asado, vacío, matambre y falda. Por ejemplo, en dos casos registraron la posición arancelaria correspondiente a recortes de troceo (trimmings), nomenclatura que corresponde a sobras del proceso de troceado, de bajo valor y demasiado pequeñas para ser vendidas individualmente. Asimismo, también se constataron transgresiones varias a la Declaración Jurada de Exportación de Carne.

Específicamente, el valor en Aduana de las exportaciones de carne prohibida referidas asciende a USD 208.587,24, por lo cual, en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, el organismo que dirige Guillermo Michel podría aplicar multas superiores a USD 1 millón.

En ese marco, uno de los frigoríficos ya ha recibido acciones legales de la Dirección General de Aduanas, que se encuentra preparando denuncias contra los tres restantes.

A su vez, el organismo ya lleva recaudados USD 1.156.179,50 en materia de rectificaciones realizadas por empresas del sector. Aquéllas responden a reclamos presentados por la Aduana, correspondientes a exportaciones realizadas entre enero de 2022 y la actualidad. En tanto, otras denuncias en curso involucran multas de más de USD 298 millones.

Fuente: baenegocios

El organismo detectó irregularidades en la documentación de la mercadería. Los granos incautados fueron valuados en $13,2 millones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó 270 toneladas de maíz valuadas en $13,2 millones tras detectar irregularidades en un centro de acopio de cereales del sur de la provincia de Buenos Aires.

A través de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo comprobó que el establecimiento carecía de la documentación que respalde la propiedad de la mercadería, informó hoy en un comunicado. Agentes de la DGI llevaron adelante el operativo en una planta ubicada en Espartillar, en el partido bonaerense de Saavedra. Las tareas de fiscalización y control consistieron en operaciones de cubicaje en los silos utilizados para el almacenamiento. De esta manera, el personal del organismo constató inconsistencias en la declaración de los granos -que equivale a la carga de nueve camiones-. Se comprobó que el contribuyente no había efectuado el registro en el Libro de Movimientos de Existencias de Cereales, ni tampoco contaba con la correspondiente documentación que respalde su tenencia, precisó la AFIP.

Fuente: infonews

La Agencia realizó un operativo en la ciudad de Bahía Blanca, por satélite y de manera presencial. Estima una evasión de 10 millones de pesos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) detectó una importante cantidad de construcciones sin declarar en barrios cerrados de la ciudad de Bahía Blanca, en el sudoeste bonaerense.

Fue en el marco de un megaoperativo de la agencia que contó con la presencia de su titular, Cristian Girard, quien recorrió el country La Reserva.

Varias viviendas de ese lugar continúan figurando como terrenos baldíos y fueron detectadas inicialmente a través de imágenes satelitales.

Realizamos un operativo de #fiscalización en barrios cerrados, countries y urbanizaciones abiertas en #BahíaBlanca y encontramos 350.000 m2 sin declarar entre edificios, galpones, casas, piletas y reformas.
ℹ️ Ya detectamos 10 MILLONES de m2 desde el comienzo de nuestra gestión. pic.twitter.com/B3GTP5FE6k

— Cristian Girard (@cristiangirard) November 24, 2022

Según informó el funcionario, encontraron en Bahía Blanca al menos 350 mil m2 sin declarar, de los cuales 100 mil son en desarrollos privados. Y puntualmente en La Reserva, 9.050 en 42 partidas.

Además, hallaron un edificio de oficinas de 10 mil sin registrar.Según cálculos, el monto de la evasión es de aproximadamente de 10 millones de pesos.

Agentes de Arba notificaron a los propietarios para que regularicen la situación en un plazo de 15 días hábiles, y en caso de no hacerlo, serán infraccionados con multas de hasta 600 mil pesos.

“Desde que asumimos la gestión encontramos unos 10 millones de metros sin declarar y la verdad es que la tasa de respuesta es muy alta. Más de la mitad rectifican sus declaraciones”, destacó el funcionario.

Según informó, Arba tiene el 99 por ciento de los cascos urbanos digitalizados con un margen de error menor a 1 metro y en el caso de los barrios cerrados, el 100 por ciento.

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) realizó controles en 7 hipermercados que falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, afirmó que los hipermercados, que fueron auditados en el último tiempo por el organismo, falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022 para evadir “más de $6.000 millones”.

El organismo recaudador realiza desde mitad de año fiscalizaciones sobre toda la cadena de alimentos, desde las empresas que elaboran productos de consumo masivo hasta supermercados. Allí detectó una maniobra de evasión en la venta de carne en La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Cencosud, Carrefour y Changomás.

En tanto, el funcionario explicó que los supermercados realizaron una evasión “en concepto de Ingresos Brutos en las operaciones de venta de carne a los consumidores”.

Por tal motivo evalúan iniciar acciones penales contra dichas compañías. En declaraciones a Radio 10, Girard se refirió a esos controles y afirmó: “Se trata de acciones que buscan reparar injusticias en el marco de un contexto inflacionario y de suba de precios de los alimentos”.

Detectamos una maniobra de evasión de los supermercados, que evadieron $1.500 millones”, expuso Girard, y señaló que los técnicos de ARBA presumen que, si se analizan las declaraciones juradas de los supermercados de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022, “ese monto llega a $6.000 millones”.

El titular de la Agencia de Recaudación subrayó que el macrismo “bajó la alícuota a las carnicerías a la mitad: de 5 a 2,5”, y precisó que “los supermercados empezaron a declarar la venta de carnes como si fueran carnicerías minoristas”.

Luego, Girard informó que ARBA concluyó el lunes pasados las notificaciones a las grandes cadenas, por lo que ahora esas compañías cuentan con un plazo de 10 días hábiles para hacer su descargo, momento en que el organismo podrá hacer “la determinación de oficio”.

“Se emite un título ejecutivo y estamos evaluando hacer acciones penales porque claramente hay un ardid, una maniobra para generar un perjuicio al fisco por $6.000 millones. Son recursos que la provincia no tuvo y que queremos recuperar porque es dinero con el que se podrían construir casas, cuadras de pavimentos o invertir escuelas, que son las prioridades del gobierno de Axel Kicillof”, manifestó.

Girard agregó que ARBA no busca afectar la reputación de los supermercados sino “recaudar esos fondos y reparar una injusticia fiscal, porque el comerciante de barrio no puede pagar lo mismo de impuestos que un hipermercado”.

Las fiscalizaciones de ARBA sobre el sector abarcaron doce grandes cadenas de supermercados que tienen actividad en territorio bonaerense, y en cinco de ellas verificaron que no se registraban irregularidades, en tanto que en los siete restantes detectaron la evasión en las operaciones de venta de carne.

A partir de este miércoles, empieza a funcionar la carta de porte electrónica para el transporte de granos. Se busca mejorar la capacidad de fiscalización estatal para eliminar el contrabando en la actividad agrícola.

En el marco de los operativos que realizó en distintos puntos de las rutas bonaerenses, la Agencia detectó 205 millones de pesos de mercadería sin declarar.