Durante la pandemia, 137 genocidas pidieron el beneficio del arresto domiciliario o la excarcelaciÃģn. Son 177 solicitudes en total, porque algunos genocidas tienen mÃĄs de una causa.
Plantean desde la prisiÃģn domiciliaria a la excarcelaciÃģn. Al menos 10 ya lograron su cometido
Organizaciones de Derechos Humanos se movilizan al domicilio de Leopoldo Luis Buame, jefe policial que actuÃģ durante la Última dictadura y tuvo a su cargo un Centro Clandestino de DetenciÃģn.
El Tribunal Oral y Federal Nš 2 dictÃģ la sentencia del juicio a genocidas del centro clandestino Virrey Cevallos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Última dictadura cÃvico-militar. Toda la informaciÃģn.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata falló en favor de quien se desempeñó como jefe del centro clandestino de detención El Pozo de Banfield que pasará a cumplir prisión domiciliaria.
Tras haber estado prófugo un año y de haber gozado de la domiciliaria otros dos, con esta medida judicial el represor sólo seguirá cumpliendo la condena en su casa por estar procesado en otra causa.
El pasado 20 de abril TOF 1 de La Plata, con votos de los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, decidió decretar el cese de la prisión preventiva de Juan Miguel Wolk y su excarcelación con prohibición de salida del país.
La medida está condicionada únicamente a la oposición del Ministerio Público Fiscal y no se hace efectiva porque el reo se encuentra con prisión preventiva en la causa por el CCD Brigada de Investigaciones de Lanús o “Infierno”. Seguirá entonces los procesos en su contra desde su casa de Benedetto Crocce 3045 en Mar Del Plata, según comunicó la agrupación HIJOS La Plata.
El excomisario de la Bonaerense, hoy de 84 años, actuó como parte del Terrorismo de Estado por lo menos entre octubre de 1974 y diciembre de 1979. Además de "El nazi" se lo conocía en los centros de detención como "El alemán” y “El Patón".
En los años '80 fue condenado a 25 años de prisión pero escapó al cumplimiento de la pena gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Durante años la justicia lo dio por muerto. Sólo ante la denuncia de una exdetenida que lo reconoció en la calle se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación como profesor de la Escuela Vucetich, se lo pudo imputar en la causa por el Pozo de Banfield. Fue detenido en octubre de 2009.
Ahora el juez Esmoris evaluó que la preventiva le fue prorrogada 9 veces y que “desde hace varios años, el imputado se encuentra en prisión domiciliaria y que pese al menor rigor que importa esa forma de detención, no se ha vuelto a sustraer del accionar de la justicia”.
Sobre el punto es muy significativo que sea uno de los jueces responsables del estiramiento indefinido de las causas contra los genocidas quien destaque “el estado de incertidumbre en orden a la fecha en la cual podrá ver resuelta su situación procesal el nombrado, ante la ley y la sociedad, de un modo definitivo y aúna un nuevo argumento, a efectos de ponderar la razonabilidad del lapso que cumple en detención cautelar, es decir, la posibilidad de que en lo inmediato se materialice el juicio que decida sobre el fondo del asunto”.
Fuente: Infonews
El servicio penitenciario envió a la justicia un listado con más de 1000 condenados entre los cuales más de 90 son represores. El "Tigre" Acosta, el ex fiscal Demarchi y el cura Von Wernich, son algunos de los que figuran en la misma.
Con el supuesto objetivo de liberar las cárceles federales que se encuentran abarrotadas, el gobierno nacional envió a la justicia un listado de 1111 detenidos para que analice si pueden recibir el beneficio de la prisión domiciliaria con pulsera electrónica.
Entre esos nombres, donde hay presos y presas comunes, con hijos, con alguna enfermedad o que integran el colectivo LGBTI, entre otras cuestiones, figuran 96 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Así lo publicó el portal Infobae a partir de un listado que el Servicio Penitenciario Federal envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos.
Son ocho listados con distintas categorías de detenidos, explica la nota: "Internos de lesa humanidad mayores de 70 años", "internos comunes mayores de 70 años", "nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)", "discapacitados", "internas alojadas con hijos de hasta 10 años", "alojadas con hijos", "internas embarazadas" e "internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional".
Jorge "El Tigre" Acosta, que figura entre los 96 condenados por delitos de lesa humanidad, fue jefe de la patota del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
Entre los represores que el gobierno pretende beneficiar se encuentran también el médico Carlos Capdevilla, condenado por apropiaciones en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA.
También integran la lista los miembros del Grupo de Tareas de la ESMA Antonio Pernías y Adolfo Donda, quién llegó a ser uno de los jefes de la patota de la marina y fue condenado entre otros delitos por la apropiación de la diputada nacional Victoria Donda.
El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y Julio "El Turco Julián" Simón, ex agente de la Policía Federal, son propuestos para volver a su casa.
También se encuentran dos civiles: el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, condenado a perpetua por su rol en la organización de ultraderecha CNU en Mar del Plata, y el cura Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, quién fue condenado en octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Fuente: Tiempo Argentino, Infobae
Lo rechazó la Sala II de la Cámara Federal de Casación. Los abogados defensores habían pretendido aplicar el cómputo de pena del artículo 7 de la ley Nº 24.390.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la aplicación del beneficio del dos por uno para el represor Alfredo Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la causa ESMA.
Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, por mayoría, resolvieron desestimar los recursos de casación de las defensas de Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Octavio Capdevila y Juan Antonio Azic.
Los abogados defensores habían pretenido aplicar el cómputo de pena privilegiado del artículo 7 de la ley Nº 24.390, más conocida como la regla del "2×1".
Como se recuerda, en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, extendió el 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad, en un fallo que provocó un extendido rechazo, multitudinarias manifestaciones de protesta y pocos días después la sanción en el Congreso Nacional de la ley 27362, según la cual el 2×1 es inaplicable para delitos de lesa humanidad.
En cuanto al fallo de la Cámara de Casación, divulgado este mediodía, el voto del juez Slokar, quien lideró el acuerdo de la Sala II de la Casación, subrayó el irrenunciable compromiso asumido por el Estado argentino de sancionar adecuadamente las graves violaciones a los derechos humanos.
Argumentó que, "del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años" con la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos "al bloque de constitucionalidad" y con "la reapertura de estos procesos", tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Tras desarrollar otras fundamentaciones en el mismo sentido, Slokar sostuvo que admitir el planteo de las defensas "conduciría al favorecimiento de la libertad de los condenados a prisión perpetua" (Pernías, Astiz, Donda, Rádice y Weber) y aun a dar por cumplida o vencida la pena de los otros dos sentenciados (Capdevila y Azic)-, "lo que deviene tan inverosímil como inaceptable".
También el juez Mahiques votó por el rechazo de los recursos y recordó que, "mientras mantuvo su vigencia la ley 24.390, los imputados no sólo no fueron privados de su libertad, sino que tampoco estuvieron sometidos a proceso", al hallarse "eximidos de persecución penal por su inclusión en las denominadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final", luego declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema y nulas por la ley 25.779.
Por su parte, la jueza Ledesma votó por la remisión de las actuaciones al tribunal de origen "a fin de garantizar también el derecho al recurso", ya que la sanción de la ley 27362, interpretativa del alcance del 2×1, modificó los presupuestos sobre los que se basaron los recurrentes para impugnar la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, que rechazó aplicar el beneficio en favor de Astiz y otros represores de la Armada.
La mayoría de los represores alcanzados por el fallo de la Cámara de Casación, que ratificó la inaplicabilidad del 2×1 para causas de lesa humanidad, recibieron sus primeras condenas en el juicio a represores de grupos de tareas de la Escuela de Mécánica de la Armada (ESMA) concluido en octubre de 2011.
Ya en ese primer juicio de la megacausa ESMA, 12 represores fueron condenados a prisión perpetua y otros cuatro a penas de entre 18 y 25 años de prisión.
Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los secuestros y homicidios de los integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco -tres de las primeras Madres de Plaza de Mayo- y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
Astiz fue actor principal de esa emblemática operación del terrorismo de Estado, ya que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo con identidad falsa y como supuesto hermano de un desaparecido y brindó la información que utilizó la patota de la ESMA en los secuestros realizados en la Iglesia de la Santa Cruz, donde se reunían.
Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.
Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. Según reveló el Diario Perfil en las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.
El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios que representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.
Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia.
Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.
“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.
Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación del denominado 2×1 para la reducción de penas en el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad "fue preparado y pensado desde el Gobierno".
“Esto no fue la Corte, fue preparado y pensado desde el Gobierno. Prueban y luego retroceden," aseveró hoy Carlotto en declaraciones a Radio Con Vos.
Para la titular de Abuelas, “hay una consigna desde el Gobierno de desactivar todo lo relacionado a los derechos humanos. Nos acostamos y nos levantamos con malas noticias todos los días, no es una visión personal.”
“Nos vamos a manifestar porque no estamos de acuerdo y estamos alarmados”, explicó al referirse a la convocatoria realizada por los organismos de derechos humanos para este miércoles a las 18 en la Plaza de Mayo para repudiar el fallo del máximo tribunal de justicia que modificó el cómputo del cumplimiento de las penas para represores.
Al fundamentar su rechazo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo puso como ejemplo que “el presidente actual dijo que éramos un curro”, en alusión a los dichos de Mauricio Macri cuando en diciembre de 2014 señaló en una entrevista a un matutino que si llegaba a la primera magistratura se acabarían "los curros en derechos humanos".
“La realidad nos muestra qué tipo de gobierno estamos teniendo”, sentenció Carlotto.
“Un taxista decía que si esto sigue así, un día voy a llevar en el asiento de atrás a (Alfredo) Astiz,” comentó hoy como muestra del rechazo general al fallo judicial.
Acerca de los reclamos de reconciliación con los represores, Carlotto expresó duramente su oposición al señalar que “no colaboran, no han ayudado a encontrar a los desaparecidos y dicen que volverían hacer lo mismo"
“Hay un temor de que si esto no se juzga ni condena se va a repetir”, adujo, a la vez que anticipó que los organismos de derechos humanos ya están “programando actividades para revertir esta decisión.”
Finalmente, la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo fundamentó su indignación en que su lucha “es un dolor después de 40 años”.
El fallo dictado el miércoles pasado por mayoría de los jueces de la Corte Suprema benefició con el cómputo de 2×1 a Luis Muiña, de 61 años, quien había sido condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.
Se trata de los funcionarios judiciales Pablo Parenti y Ángeles Ramos, quienes en causas distintas pidieron que se declare la "inaplicabilidad" y la "inconstitucionalidad" del beneficio de 2×1. De esta manera, se distanciaron del criterio propuesto por la Corte Suprema en la causa de Luis Muiña.
En el primer caso, el fiscal Parenti, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en casos de apropiación de niños y niñas, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Capital Federal que rechace el pedido de excarcelación elevado por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado en 2014 a ocho años de prisión por la apropiación del nieto recuperado Pablo Javier Gaona Miranda.
Para Parenti, no puede ser aplicado el precedente "Muiña": "La aplicación anacrónica de esta ley alteraría de tal modo la respuesta punitiva que se tuvo como justa y adecuada por los tribunales de justicia, que sería materialmente una conmutación de penas prohibida por el derecho internacional", escribió el funcionario. Agregó que debe discutirse su constitucionalidad.
En la misma línea, se expidió la fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, quien le solicitó a los jueces del TOCF 6 de la Capital Federal que declaren la "inaplicabilidad" y la "inconstitucionalidad" del beneficio del 2×1. Se trata del caso de Víctor Alejandro Gallo, condenado a 25 años de prisión.
Para Ramos, no se puede aplicar el beneficio del 2×1 porque "resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional". "Esto conlleva a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado Argentino porque se traduce en la desnaturalización de la pena", siguió.
