El norte argentino será escenario este domingo de la jornada democrática para para elegir gobernador, legisladores e intendentes.
Las provincias de Jujuy, La Rioja y Misiones irán a las urnas este domingo para elegir gobernador, legisladores provinciales e intendentes, distritos que han convocado a comicios separados del cronograma electoral nacional, cuando se realizarán las PASO el 13 de agosto y el 22 de octubre las generales.
JUJUY
Más de medio millón de jujeños están habilitados para votar entre los seis frentes electorales se postulan para suceder a Gerardo Morales -lanzado a la Presidencia de la Nación-, en comicios que elegirán también 24 diputados provinciales, 28 intendentes, concejales, vocales de comisiones municipales y 48 constituyentes.
El actual gobernador y presidente de la UCR competirá en la interna de JxC como precandidato a Presidente en las PASO del 13 de agosto y en esta elección provincial encabezará la lista de convencionales constituyentes por el Frente Cambia Jujuy.
Para sucederlo en la gobernación impulsa a su ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, que estará acompañado en la boleta como vicegobernador por el jefe del bloque radical provincial Alberto Bernis, mientras que el intendente capitalino, Raúl Jorge, irá por su reelección.
Por un lado, el Frente Justicialista buscará la gobernación con el diputado provincial y presidente del PJ local, Rubén Rivarola, junto a la diputada nacional Carolina Moisés.
En tanto, el Frente Unidad por Jujuy postula para gobernador al diputado provincial Juan Cardozo Traillou y, al igual que el Frente Justicialista, este espacio se referencia con el FdT a nivel nacional.
MISIONES
Casi un millón de habitantes de Misiones podrán votar un nuevo gobernador, vice, 73 intendentes y 20 diputados provinciales, en una compulsa que tendrá 457 centros de votación.
En cuanto a los postulantes en las distintas categorías a elegir, el oficialista Frente Renovador de la Concordia aspira a conservar la Gobernación con la fórmula integrada por el exmandatario Hugo Passalacqua y el diputado provincial Lucas Romero Spinelli. El gobernador Oscar Herrera Ahuad estará al frente de la lista de diputados provinciales de la fuerza que administra la provincia hace algo más de dos décadas.
Por JxC, en lo que refiere a la Gobernación, competirán el radical Martín Arjol y Natalia Döpler, del PRO, y la nómina legislativa será encabezada por Pedro Puerta (de la fuerza Activar).
El Frente la Fuerza de Todos, en la que confluyen el kirchnerismo misionero y el Partido Agrario y Social, la pelea por la Gobernación estará en las figuras de Isaac Lenguaza y Santiago Mansilla (vice) y la lista para cargos legislativos estará liderada por Cristian Castro.
LA RIOJA
Más de 300.000 riojanos elegirán este domingo 7 de mayo gobernador, once diputados provinciales, intendentes y concejales en sus 18 departamentos, además de 36 convencionales constituyentes que tendrán que analizar la posibilidad de reformar la Carta Magna local en unos comicios a los que los candidatos llegaron sin actos partidarios o campañas políticas tradicionales.
En La Rioja, el oficialismo del peronista Frente de Todos (FdT) buscará retener la gobernación en manos de Ricardo Quintela y tratará de quedarse con el municipio más importante, la Capital, hoy a cargo de la radical Inés Brizuela y Doria.
Como principales contrincantes del gobernador Quintela figuran el diputado nacional Felipe Álvarez por Juntos por el Cambio (JxC), quien va en fórmula con el viceintendente capitalino Guillermo Galván, y el representante de La Libertad Avanza, el legislador provincial Martín Menem.
El neurocientífico confirmó que quiere ser candidato en la interna en Juntos por el Cambio y le disputa el lugar al gobernador jujeño. “Nunca me citaron para discutir esto en la cúpula del partido” dijo y reavivó la interna en el radicalismo.
“Yo voy para adelante, voy a ser candidato. No tengo un plan B. Yo estoy acá hasta el final”, sostuvo Manes para sumarse a la lista de precandidatos de la alianza de centroderecha, aunque dijo que aún no está pensando “en fórmulas”.
El diputado, en una entrevista con La Nación, intentó evitar el choque directo con Morales –“es el presidente del Comité Nacional y candidato a presidente y lo respeto como tal”–, pero criticó al partido porque no hubo en los últimos dos años “una vocación para que el radicalismo llegue al poder”.
“Un partido con tres gobernadores y 500 intendentes me parece que debió haber tenido una reunión específica para ver cómo hacemos, con la mitad del capital político que en el 21 nos permitió ganarle al kirchnerismo, para llegar al poder”, apuntó.
El neurocientífico, que consiguió que se sienta sobre el capital político que le dio la buena performance en las legislativas bonaerenses de 2021 y, también criticó a los precandidatos de ambos lados por no estar debatiendo políticas de Estado o programas de gobierno –como propuso ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner–.
El precandidato presidencial aseguró que “Cambiemos no tuvo un plan programático en 2015” y mantuvo una idea que viene sosteniendo respecto de que su candidatura buscará alcanzar una “mayoría social” que trasciende el electorado que ya tiene la alianza de centroderecha.
El gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Una investigación que surgió a partir de una causa judicial provincial, reveló que el gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Según especificó el periodista Franco Mizrahi para el portal El Destape, entre las víctimas figuran concejalas con fueros que fueron vulnerados, dirigentes gremiales y militantes sociales. Las tareas de inteligencia las realizó la policía local a pedido de un fiscal provincial. ¿El objetivo? “Individualizar a los referentes de cada organización” que se manifestó contra el gobernador el 1 de abril pasado durante el acto de apertura del año legislativo de la Cámara de Diputados de Jujuy, cuando Morales dio un discurso.
“Siendo las 8:00 horas se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”, se lee en el acta que da inicio a las actuaciones sumarias. La orden de infiltrarse la dio el día previo el fiscal Diego Funes, quien encomendó la tarea a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, es decir, al propio gobierno de Morales.
El objetivo fue “proceder a la individualización e identificación de los dirigentes y de las personas que tomen asistencia a los miembros pertenecientes a los distintos movimientos y se recepcione denuncia a los individuos que resulten víctimas de los diferentes inconvenientes que susciten”. Es decir, ya había una presuposición de que habría “inconvenientes”. Para realizar este procedimiento se “conformaron diversas comisiones” en la policía local.
En el marco de esta causa, el 6 de julio se realizaron 16 allanamientos en casas de los referentes y sedes de los movimientos sociales espiados. Una de las allanadas es la concejala de Calilegua, Fani Martínez, de la Tupac Amaru, a quien le vulneraron los fueros. “A ella le allanaron la casa. El allanamiento para los legisladores establece que primero se los debe imputar, luego indagar y finalmente se les puede hacer un allanamiento, por única vez. Nada de eso se respetó”, explicó la abogada de Martínez, Alejandra Cejas.
Martínez no fue la única concejala a la que le violentaron los fueros. Lo mismo sucedió con la concejala Lorena Alfaro del bloque FORJA, quien integra el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En su caso, le hicieron inteligencia, le sacaron fotos y hay un expediente con sus datos particulares. Pero no actuó ningún juez de control en el proceso contra ella.
La causa judicial iniciada por el fiscal Funes continúa abierta. Este martes, por ejemplo, la Justicia inició el análisis de los equipos secuestrados por la policía de Morales durante esos 16 operativos. Parece una “excursión de pesca” en pos de ver qué se encuentra ya que la investigación se inició sin una denuncia concreta.
¿Qué se investiga? Según un comunicado que emitió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño el 6 de julio, el día de los 16 allanamientos, se investigan “hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias”. Es decir, se investiga una supuesta extorsión y una asociación ilícita por la presunta denuncia de damnificados. Pero la forma en que se inicia la pesquisa fue falseada por el MPA en su comunicado.
El propio Funes mintió al día siguiente, el 7 de julio, cuando ante la prensa sostuvo que el caso se inició “a raíz de diversas denuncias que pusieron en conocimiento de la autoridad policial y de la Fiscalía que en algunos casos personas vulnerables social y económicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso que no asistieran a marchas o no pagaran una suma de dinero para las organizaciones”.
El expediente da cuenta de que las actuaciones se iniciaron de oficio por voluntad del fiscal Diego Funes el 31 de marzo pasado cuando ordenó la infiltración de las organizaciones y no por denuncias de supuestos damnificados. Los presuntos “damnificados” se fueron a buscar a la manifestación con la infiltración de las organizaciones. “Las denuncias las armaron posteriormente”, explica Cejas.
Es tal la desprolijidad de la justicia jujeña que los abogados defensores de las personas que fueron espiadas recién pudieron acceder el expediente el pasado 15 de julio. Es decir, tres meses y medio después de iniciado el caso. Allí se toparon con las órdenes de infiltración y las fichas de los dirigentes políticos, sociales y sindicales.
“Desde fines de marzo hasta los allanamientos no sabíamos que existía este expediente”, afirmó a este medio el abogado Luis Paz, quien defiende a tres integrantes de la Tupac Amaru, a un integrante del Movimiento Evita y a otro militante del Frente de Organizaciones por la Liberación, que son solo algunos de las decenas de espiados. “Lo que revela esta causa es que en Jujuy, las libertades de reunión, expresión y de protesta están seriamente comprometidas por el avance grotesco de Morales y su Poder Judicial”, añadió el letrado.
Dado la gravedad de este expediente, en el que se vulneraron los derechos más elementales, se analiza el pedido de nulidad de todo lo actuado, realizar una denuncia contra el fiscal Funes y otra contra Morales en la justicia federal por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
La infiltración
En la causa quedó registro de una cronología casi minuto a minuto de la manifestación de las organizaciones. Por ejemplo, se informa qué agrupaciones llegan primero a la evento del 1 de abril, cuántos militantes son y demás detalles. A la vez, tal como consta en el expediente, se anexaron “informes con fotografías” de los asistentes a la manifestación.
Por eso, a lo largo del expediente pueden verse fotografías e identificación de los referentes de las diversas organizaciones que participaron de la marcha del 1 de abril. Entre los espiados aparecen concejales con fueros, dirigentes de ATE y del SEOM (el gremio que nuclea a los Empleados y Obreros Municipales), la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), exdiputados provinciales del FIT, militantes del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de UTEP, del Polo Obrero, de la CCC y la lista continúa.
En diversos casos, a la imagen se acompaña DNI, dirección y hasta el Facebook de los “objetivos”. También hay un anexo fotográfico con imágenes de los locales partidarios y hasta de las viviendas de los “investigados”.
Personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, que estaba a cargo del comisario general Marcelo Rodríguez, llevó adelante la “identificación” de los manifestantes.
“Es todo ilegal. No hay delito. No hay un denunciante”, explica la abogada la abogada Alejandra Cejas. “El fiscal ordena que la policía se infiltre en las organizaciones y vea qué saca. Así aparecen en el expediente estas fotos de casi toda la dirigencia opositora a Morales. Y la policía dice que, en el marco de la infiltración, habló con personas que no se animan a denunciar pero que dicen que sufrieron delitos. Esa sería la base de la supuesta extorsión”, añade la letrada en diálogo con este medio.
A esto se suma que el 13 de abril pasado el abogado Luis Paz presentó un habeas corpus colectivo porque las organizaciones estaban denunciando la presencia policial en las puertas de sus sedes y en las casas de sus referentes. “Ante esa presentación, la Justicia respondió que no había una investigación en proceso. Entonces ¿qué están haciendo? Inteligencia”, grafica Cejas.
“La revelación de este expediente y el uso de prácticas de infiltración de las fuerzas de seguridad provinciales develan la alta complicidad y las relaciones espurias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación”, señala Luis Paz. Y aclara: “Digo esto porque el expediente se inicia de oficio a través de una agencia policial, que depended exclusivamente del ministerio de Seguridad, o sea de Gerardo Morales, y que fue creada en 2016 y puesta en funcionamiento en 2018 con la finalidad de perseguir delitos de narcomenudeo. Tenía como una de sus herramientas la infiltración pero a organizaciones mafiosas de narcotráfico”.
Esto implica que hubo una manipulación de una agencia creada para otra cosa para infiltrar a organizaciones políticas, sociales y sindicales.
“Han violado preceptos constitucionales muy claros”, afirma Cejas. Y advierte: “Jujuy es un laboratorio donde la derecha ve qué puede hacer para luego llevarlo a todo el país”.
Por tal motivo, la abogada adelantó que están “trabajando en una defensa técnica y política”. “Acá no solo discutimos el Código de Procedimiento de Jujuy. Se violaron normas nacionales e internacionales de primer nivel, que son la esencia de nuestra democracia”, sentenció.
“Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, afirmó el expresidente, acusado por sectores del radicalismo de generar un quiebre en JxC.
La polémica dentro de Juntos por el Cambio (JxC) generada luego de que Mauricio Macri calificara de “populista” al expresidente Hipólito Yrigoyen continuó este lunes. Si bien el exmandatario lamentó sus dichos, consideró también que la respuesta que recibió de parte del titular del partido, Gerardo Morales, fue “desmesurada”.
Durante toda la mañana del lunes, al igual que el domingo, diferentesreferentes del radicalismo, como el jefe del partido, Gerardo Morales, o el titular de la Convención, Gastón Manes, habían cuestionado a Macri por sus palabras, y calificó sus expresiones como “irresponsables” e “incomprensibles”.
Macri salió a responder a través de Twitter y, si bien lamentó sus palabras, dijo al mismo tiempo que la respuesta del radicalismo, plasmada a través de una carta emitida por el Comité Nacional, había sido “desmesurada”.
Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante.
“Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante”, dijo Macri sobre la consideración que había hecho del expresidente radical.
Asimismo, el exmandatario compartió por la misma red social un video para demostrar que, dijo, “siempre” valoró “las ideas del radicalismo en sus distintos matices”.
De todos modos, aprovechó su descargo para seguir la polémica con el radicalismo, al considerar que la respuesta a sus dichos fue “desmesurada”.
“Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, afirmó.
El gobernador de Jujuy desconoció, una vez más, a Macri como jefe político y anunció: “Pelearé por la presidencia en 2023”.
El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y mandatario de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, insistió en diferenciar a su partido del otro gran socio que tiene la coalición opositora Juntos por el Cambio, al afirmar que Mauricio Macri no es el líder del espacio y que va a procurar que un dirigente radical llegue a la Casa Rosada en 2023.
“Mauricio no es mi jefe“, sostuvo Morales, quien planteó: “El exmandatario es el jefe del PRO y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un presidente radical“.
Consultado por los posibles candidatos a presidente en Juntos por el Cambio, Morales reconoció que no serán muchos porque “el espacio llegará ordenado”.
Con respecto a su propia candidatura para el año próximo, el gobernador de Jujuy sostuvo que le gusta. “Amo la política, amo los desafíos y la voy a pelear. Vamos a ver cómo llegamos”, señaló Morales, quien sostiene que “todos los días aparece” un postulante nuevo.
Además, Morales se pronunció enfáticamente en contra de la incorporación del diputado de derecha Javier Milei a Juntos por el Cambio, algo que proponía Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y que el propio legislador, autotitulado libertario, descartó.
El gobernador jujeño confirmó que el expresidente volverá a postularse para el cargo pero aseguró que “un radical tiene que ser presidente en 2023”.
Horas atrás, Mauricio Macri saludaba a miembros del PRO a través de un breve video -lleno de equivocaciones sintácticas- que tomó estado público a través de las redes sociales, en el que aseguraba que en su espacio están “más juntos que nunca”.
Sin embargo, no pasó un solo día para que desde Juntos por el Cambio salieran a desmentirlo; específicamente en eso de “más juntos que nunca…” Y fue el referente del radicalismo, Gerardo Morales.
Como se sospechaba, el gobernador de Jujuy confirmó las intenciones de Macri de lanzarse como precandidato presidencial para 2023, lo que al parecer no es de mayor agrado. “Creo que va a ser candidato, es el jefe del PRO”, dijo.
Pero aclaró que existen profundas diferencias dentro de la alianza opositora: “Macri no es el jefe de Juntos por el Cambio, es el jefe del PRO. No es el jefe del radicalismo, no es mi jefe”, enfatizó.
Tras afirmar que “un radical tiene que ser presidente en 2023”, Morales señaló que “es el momento de que el radicalismo, que forma parte de la coalición, que tiene más musculatura, que es un partido de gestión, que gobierna 412 municipios y tres provincias y lo hace bien, pueda gobernar la República Argentina de manera responsable”.
El jujeño señaló también que desde el año próximo “se necesita un país que no solo tenga la cabeza en el Área Metropolitana y que cuente con economistas que no sean ortodoxos, que se encierran en las diez manzanas de la City porteña de espaldas al interior del país”.
La referente de la Túpac Amaru también criticó a Gerardo Morales. Aseguró que Jujuy es “una provincia dictatorial muy fuerte”.
Desde la prisión domiciliaria, la dirigente social, Milagro Sala, criticó este martes el funcionamiento de la Corte Suprema y las persecuciones en la provincia de Jujuy. “En Jujuy sigue la Gestapo y Lawfare. Los servicios de inteligencia siguen apretando a los opositores”, afirmó Sala, y agregó: “No se puede decir que estamos viviendo en democracia”.
Asimismo, la líder popular cuestionó el funcionamiento del la Corte Suprema tras asegurar que es la que “convierte a la Justicia en un partido político y daña al país”.
“Soy respetuosa de las instituciones. Son los hombres de la justicia los que se equivocan. En este caso, la Corte Suprema convierte a la Justicia en un partido político y daña al país”, afirmó Milagro en diálogo con AM990.
También, apoyó la movilización convocada para el 1F contra la Corte, y manifestó: “Por el bien de la sociedad deberían cambiar las cosas. La Justicia no puede pertenecer a un partido político, a Macri ni a la embajada de Estados Unidos. Tiene que ser independiente, pero independiente en serio”
En la misma línea, Milagro Sala tildó al gobierno de Gerardo Morales de “antidemocrático”. “Lo escuchaba a Morales hablar de la marcha, y decir que cree en la justicia independiente y me reía. Él arma causas, persigue a opositores que no piensan igual que él, de todos los sectores políticos. Es una provincia dictatorial muy fuerte”, afirmó.
“Jujuy es el bunker de Morales y gobierna con la Justicia en una mano y la policía en otra. Esto lastima a la democracia”, insistió.
Por último, la dirigente de la Tupac Amaru manifestó que no espera que el Presidente, Alberto Fernández, pueda defenderla del gobernador dado que trabajan en coordinación en reiteradas ocasiones. “Cómo puedo esperar que Alberto Fernández me ayude a liberarme si permanentemente está junto con Gerardo Morales en muchos acuerdos políticos”, concluyó Sala.
La dirigente de la Tupac Amaru afirmó que el gobernador jujeño “busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo”.
Tras cumplirse seis años de su arbitraria e ilegal detención, la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala denunció que en Jujuy “sigue vigente la Gestapo” y señaló que “mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño”, el gobernador Gerardo Morales “continúa con sus grandes negocios”.
En declaraciones formuladas a AM 750, la dirigente social aseguró que “la Gestapo sigue vigente en Jujuy porque siguen avanzando contra los compañeros, pero no se puede permitir y que nadie haga nada”.
“Morales va por todo. Mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño, continúa con sus grandes negocios de litio, de marihuana, de la cámara de construcción, y sigue endeudando a la provincia”, subrayó Sala, quien añadió que el gobernador “maneja la Justicia”.
“Ahora quiere ser presidente cuando todos estamos viendo lo que se vive en Jujuy”, afirmó la detenida líder de la Tupac Amaru y agregó que si Gerardo Morales llegase a la Casa Rosada, “Argentina sería un país nazi”.
En ese marco, sostuvo que “pareciera que estamos viviendo en un gobierno de derecha donde nadie puede decirle nada a él y donde tiene el manto de la embajada de Estados Unidos para seguir avanzando contra todos nosotros”.
Por otra parte, Sala agradeció la solicitada en la que organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron su libertad.
En tanto, afirmó que “es una injustica muy grande” que el exasesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón este prófugo en Uruguay y que el expresidente Mauricio Macri “siga libre después de embargar el país con la deuda externa y los negociados” y después del “desastre que hicieron en Argentina”.
Finalmente, la dirigente sostuvo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no se tiene que pagar porque ningún argentino ha pedido ese préstamo o ha participado cuando dieron esa plata para la relección de Macri”.
“Considero que los argentinos deberíamos ir a una consulta popular para determinar si deberíamos pagar o no esa deuda”, completó.
La detención de la dirigente popular Milagro Sala empezó a días de que Gerardo Morales asumira como gobernador de la provincia de Jujuy. “Si no la detenían, el gobierno no duraba dos meses”, reconoció el propio Morales en una entrevista con Clarín. Un acto de honestidad brutal. La detención respondió a intereses políticos y la imputación llegó luego de que Sala fuera apresada.
Pero las escandalosos irregularidades no terminan ahí. Luego, Morales reformó la Suprema Corte provincial y qué hizo: puso como jueces a ex candidatos de su propio partido. Desde allí fue todo martirio para Sala, a quien le renuevan las causas o aparecen algunas prescriptas. Por ejemplo, se la condenó por hechos en los que ella no estuvo (ni siquiera en la ciudad en cuestión).
La situación ilegal le valió al Estado argentino una denuncia del CELS y de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una solicitada publicada este domingo en Pagina/12 referentes de derechos humanos, gobernadores, miembros del gabinete nacional, dirigentes sindicales y sociales, periodistas y artistas, repudiaron la “detención ilegal” de la dirigente y expresaron que “con presos políticos no hay democracia plena”. Asimismo, el Comité por la libertad de Milagro Sala realizará a las 18 un encuentro virtual para exigir que se termine su persecución política.
Desde 2020, la Corte Suprema tiene en su poder un reclamo pero el máximo tribunal, que parece responder al macrismo, no quiere responder. Así se hace “justicia” con Sala, quien fue condenada por ejemplo porque unas personas le tiraron huevos a Morales hace más de 15 años. La causa debería haber proscripto pero no. El hecho ocurrió en Capital Federal y Sala no participó. Pero la Justicia inventó su rol de “instigadora” y la condenó. Es la misma Justicia que por ahora considera que el espionaje ilegal, que se desplegó desde el Estado e involucró a cientos de personas perseguidas, fue hecho por “cuentapropistas”.
