La Infantería de la Policía provincial y Gendarmería avanzaron contra los trabajadores, que realizaban un corte de ruta en el decimoquinto día consecutivo de paro junto a mujeres y niños. La fuerza represiva que responde al gobernador utilizó balas de goma y gases lacrimógenos de manera indiscriminada para desalojar el piquete.

Tras una orden de desalojo del juez jujeño Mariano Wenceslao Cardozo, el gobernador radical-macrista Gerardo Morales le dio vía libre a sus policías para reprimir a los trabajadores azucareros del Ingenio Ledesma, que en el marco de un paro que lleva dos semanas cortaban la ruta 34, en la localidad de Libertador General San Martín.

La Infantería de la fuerza provincial avanzó brutalmente contra los operarios con balas de goma y gases lacrimógenos, así como contra mujeres y niños que acompañaban la protesta en reclamo de mejores condiciones de trabajo y una suba salarial.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), encabezado por Rafael Vargas, ratificó la medida de fuerza en una asamblea realizada el lunes pasado, que se cerró con una masiva movilización por la ciudad.

Las familias de los trabajadores permanecían  frente a la planta de la empresa de los Blaquier con un acampe pidiendo la solidaridad de otros sectores.

“Queremos decirle a la empresa que no le tenemos miedo”, insistió la mujer en diálogo con una radio local, mientras que uno de los trabajadores exclamó: “Si muero es culpa de Ledesma”.

“Que no se olvide Blaquier lo que pasó aquel día del triángulo, cuando hubo tres muertos”, advirtieron en referencia a la represión ocurrida en 2011, durante una protesta anterior sobre terrenos de la empresa Ledesma.

Desde el SOEAIL denunciaron que Morales desplegó unos 400 policías, con el apoyo de la Gendarmería, algunos de los cuales estaban de civil.

La Tupac Amaru denunció que, tras la prisión domiciliaria de Milagro Sala, corre peligro “la integridad física y psíquica” de Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, militantes de la organización que continúan alojadas en el Penal de Alto Comedero.

Mara Brawer y Estela Díaz, integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se reunieron hoy con Miguel Ángel Singh, secretario de Seguridad de Jujuy, y Jorge Martin Llapur, subjefe del Servicio Penitenciario, para denunciar las graves condiciones de detención de las cuatro detenidas de la organización Tupac Amaru en el Penal de Mujeres de Alto Comedero.

“Las consideraciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el hostigamiento que ponía en peligro la integridad física y psíquica de Milagro Sala se ejerce ahora sobre Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, presas políticas de Gerardo Morales y Mauricio Macri en el Penal de Alto Comedero”, remarcó la Tupac en un comunicado.

Brawer y Díaz exigieron que se garantice “la vida y la seguridad de las detenidas”, la renuncia del Jefe de la Unidad Penal, Pedro Vilte, y el desplazamiento de tres penitenciaros a los que responsabilizaron de “dejar zonas liberadas para que se produzcan las agresiones”.

Por otra parte, los abogados de las detenidas, Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras, presentaron ante la jueza Monica Cruz Martínez, del Juzgado de Violencia de Genero un habeas corpus.

Uno de los hechos denunciados ocurrió la semana pasada. En comunicación telefónica desde la cárcel, una de las presas políticas avisó que la tarde anterior, tras haberse retirado las visitas, habían sufrido “una requisa muy violenta”.

Según se informó, Guerrero estaba recién operada de una hernia y fue obligada a permanecer de pie, hasta que no pudo aguantar más el dolor y comenzó a llorar y se descompensó. Recién entonces le permitieron sentarse. Al día siguiente, tras reprochar al jefe de la Unidad el trato recibido, Guerrero pidió salir a la Fiscalía a realizar la denuncia pero se lo negaron.

A López tampoco le permitieron hacer una denuncia sobre una agresión que sufrió el domingo, cuando una interna de apellido Miranda -que ya había agredido a Milagro Sala en un día de visitas cuando se encontraba junto a su familia y que, según la dirigente social había recibido dinero de parte del Gobierno de Morales para hostigarla- la insultó y amenazó.

Desde la salida de Milagro del penal de  Alto Comedero, esa mujer comenzó a hostigar a las compañeras de militancia de la dirigente social,  incluso con amenazas de muerte.

Tras la reunión con Singh y Llapur, las coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala señalaron que “los funcionarios, cuando hablan de Alto Comedero, parecerían estar hablando de la mejor cárcel del mundo”.

“Insisten con una visión respecto a la conflictividad de las presas de la Tupac porque organizan y defienden contra los abusos a las otras internas. Les reafirmamos que tenemos visiones confrontadas, ya que para nosotros son presas políticas y gran parte de los problemas existentes devienen de su negativa en reconocerlas como tales”, explicaron.

Brawer y Díaz agregaron que en “estos días no han querido salir de sus celdas siquiera para buscar comida porque temen ser atacadas por otras presas que cuentan con el aval de algunos oficiales de la Unidad”.

“En menos de un año se produjeron dos asesinatos en el penal de hombres de Gorriti. Es el Estado el responsable de garantizar la vida de quienes están a su disposición en el servicio penitenciario”, concluyeron.

Un video muestra como en Jujuy trasladan a los alumnos de la Escuela 128 de Rinconadillas en camiones frigoríficos. Miralo acá.

La página oficial del Gobierno de Jujuy informa que el pasado 30 de Junio, Hernán Lombardi y Gerardo Morales firmaron el convenio para la llegada de Tecnópolis Federal a San Savador de Jujuy. El texto asegura que la “apuesta Jujeña a la Modernidad”, servirá como “muestra del potencial de sus proyectos innovadores”, que “conforman la nueva matriz energética del futuro”. De acuerdo a Morales, los principios básicos de este conocimiento “llegarán a niños y jóvenes que cursan primaria y secundaria”, quienes podrán “comprender los alcances y el valor de las nuevas tecnologías“.

Lo cierto es que contrastando con toda la “tecnología” que prometen Morales y Lombardi, un vídeo de la Agencia El Vigía muestra a alumnos de la Escuela 128 de Rinconadillas, viajar en camiones frigoríficos más de 150Km hasta llegar a la Capital Jujeña donde se encuentra Tecnópolis. Los docentes denunciaron lo ocurrido, al tiempo que, sorpresivamente, explicaron que los alumnos no iban a tener otra oportunidad de conocer Tecnópolis o San Salvador, por lo cual, aunque no estaban de acuerdo con las medidas de seguridad, viajaron igual.

 

La abogada de la dirigente jujeña, Elizabeth Gómez Alcorta ,denunció que la decisión de dictar la detención domiciliaria en una propiedad donde se produjeron destrozos lo demuestra.

La abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció que la decisión de dictar la detención domiciliaria en una propiedad donde se produjeron destrozos "demuestra que el nivel de hostigamiento sobre Milagro no tiene límites".

La defensora dijo que el juez Gastón Mercau esgrimió argumentos "pueriles" al disponer que se reubicara a la dirigente social en un inmueble ubicado a 40 kilómetros de la capital jujeña, en el Barrio La Ciénaga y no en su domicilio legal.

Según la abogada, "la Justicia de Gerardo Morales armó una pantomima de una inspección en la casa de Cuyaya", el domicilio legal de Sala, para después llevarla a una casa que no había sido inspeccionada por Gendarmería.

"Es una demostración evidente de que lo que quieren hacer es seguir hostigándola, seguir humillándola, decirle te vas del Alto Sufridero para irte a una casa a donde no tenés ni siquiera cómo lavarte las manos", señaló la letrada en declaraciones a AM 750.

Además, advirtió: "Aunque tenga que dormir en una carpa, vamos a cumplir con esa resolución judicial ya que venimos sosteniendo que ahí (en la cárcel de Alto Comedero) corre riesgo su vida y su integridad física. No solo nosotros lo decimos, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. No tendrá luz, no tendrá agua, (pero) sabemos de la madera que está hecha Milagro, no nos van a acobardar ni a nosotros ni a ella".

La militante social y dirigente opositora al gobierno del radical Gerardo Morales en Jujuy podrá acceder a la prisión domiciliaria. Así lo determinó la Justicia ante el reclamo sostenido por un organismo de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez Gastón Mercau finalmente ordenó que Milagro Sala sea trasladada a un inmueble en la localidad de El Carmen, Jujuy.

Además, la defensa de la referente social realizará una presentación judicial para que se concrete durante la jornada de hoy, miércoles 16 de agosto, debido a la vulnerabilidad de las condiciones de seguridad y los riesgos de la integridad física de Milagro en el penal de Alto Comedero. En la resolución previa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había exigido al Estado argentino la liberación de la diputada de Parlasur, tal cual lo había pedido la ONU, o otorgarle la libertad con fiscalización electrónica.

De esta forma, Sala será trasladada a un domicilio que fue construido originariamente como un centro de rehabilitación de adicciones. El lugar no está apto para la vida de una persona, advirtieron desde la defensa de Sala. Sin embargo, para Morales se trata de una "mansión".

El hecho ocurrió en la localidad de San Pedro, de esa provincia del Noroeste. Por la agresión a los alumnos hay una adolescente internada. Los estudiantes quisieron visibilizar las lamentables condiciones edilicias de su establecimiento y fueron salvajemente golpeados por seguidores del Gobernador Morales, quienes se dirigián a un acto de campaña. Mirá el video.

https://www.facebook.com/jogila.mz/videos/1163381527139299/

Los alumnos de la Escuela Normal Gral. José de San Martín, de San Pedro de Jujuy, fueron agredidos y amenazados ayer por militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Jujuy que si dirigían al cierre de campaña que realizaba el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La violencia por parte de los seguidores de Morales empezó cuando el Centro de Estudiantes realizaba un reclamo por  mejoras edilicias y se cruzó con una  caravana de campaña de la Unión Cívica Radical (UCR) que atacó a los alumnos.

Producto de las agresiones desatada contra los adolescentes, una estudiante terminó internada con una crisis nerviosa. Los padres hicieron una denuncia policial.

En declaraciones ofrecidas a Submarino Jujuy, la profesora Lucrecia Tejeda relató que el Centro de Estudiantes venía haciendo medidas de protesta, como sentadas y toma del edificio, para reclamar por los graves problemas edilicios que tiene el establecimiento.

Hay que arreglar los techos, las paredes tienen humedad y están electrificadas, y la cocina no es adecuada para preparar el desayuno y la merienda que se sirve a los alumnos. Además, advierten que la construcción que no es antisísmica y que corre peligro de derrumbe, sobre todo en el sector donde los chicos hacen educación física.

“Antes de las vacaciones nos reunimos con las autoridades, y ellos se comprometieron en un acta que se firmó el 6 de julio a hacer las reparaciones durante el receso de vacaciones”, refirió la profesora. Pero al volver a clases se encontraron con que lo único que se había hecho era pintar las aulas, “cuando la comunidad educativa había dicho que la pintura era lo último que se tenía que hacer”, comentó.

Así es como los alumnos comenzaron a protestar, acompañados por los profesores. “Como docentes no podemos desconocer el problema. Es un reclamo que surge del seno del Centro de Estudiantes, apolítico, entonces no podemos dejar de apoyar a los alumnos en su reclamo justo”, explicó Tejeda, y agregó que se mantuvieron cercanos a los alumnos porque ya habían sufrido amenazas y agresiones. Luego se sumaron los padres.

Los chicos estaban reunidos en la escuela a punto de levantar la medida de protesta, cuando se enteraron de que iba a pasar por allí la caravana de candidatos de la UCR, en el marco de la campaña electoral para las PASO.

“Entonces salieron corriendo para ser escuchados por las autoridades. Fueron con carteles y pancartas, todo en el marco del respeto, y se pusieron en la caravana”, relató la profesora, y aclaró que son varias las escuelas que tienen problemas edilicios similares.

“En ese momento, cuando llegan a la altura de la Calle Miguel Aráoz, fueron agredidos por personal de seguridad de la caravana, un señor bastante grande que ya tienen identificado, con remera rojas y negra”, continuó.

Ese hombre arremetió contra los jóvenes, les rompió las banderas y los afiches, mientras otros les pegaban en el pecho y en la espalda a los chicos. Una alumna terminó internada con una crisis nerviosa.

“Yo quería protegerlos, trataba de traerlos nuevamente a la escuela y lo logré, y ahí hablamos sobre lo que había pasado. Varios padres dijeron que iban a hacer la denuncia”, agregó la profesora Tejeda, quien también fue objeto de amenazas por parte de “un funcionario que iba arriba de la camioneta” que le dijo que iba a perder su trabajo por haber instigado a los alumnos a protestar.

Algunos padres hicieron la denuncia en la Unidad Regional 2. “Ellos están muy enojados y molestos; esperaban otra actitud por parte de las autoridades, que bajaran un minuto y se enteraran de los problemas que estaban viviendo los alumnos”, señaló la profesora, y agregó: “Yo lo que espero es que mínimamente los alumnos agredidos reciban las disculpas del caso, porque sus corazones han quedado lastimados, han quedado nerviosos, empezaron a aprender mal el derecho de peticionar a las autoridades y me preocupa ese mal ejemplo que puede estar dando desde el gobierno”.

Otra profesora, Silvia Cabezas, describió: “Fue un momento muy violento, muy difícil y muy doloroso para la comunidad, porque los chicos estaban acompañados por los papás, y fueron avasallados, atropellados en sus derechos, cuando la ley de educación justamente pregona por la creación de centros de estudiantes y que los alumnos sean críticos, reflexivos, participativos. Pero con esta forma de prepotencia, los chicos se sintieron mal, dolidos, no escuchados”.

Municipales precarizados de Vinalito se movilizaban sobre el puente del Río San Lorenzo cuando fueron atacados por efectivos provinciales y gendarmes. Reclamaban la reincorporación de ocho despedidos, aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Diez trabajadores fueron detenidos.

El gobernador jujeño Gerardo Morales, el mismo que desconoce las resoluciones de la ONU y la CIDH que ordenan liberar a Milagro Sala, ordenó reprimir este jueves a trabajadores municipales que marchaban pacíficamente por la ruta nacional 34, a la altura del puente San Lorenzo.

“Nos cazaron como a ratas”, dijo Santiago Seiliant, dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), quien detalló que diez trabajadores fueron detenidos de manera arbitraria, entre ellos “cinco compañeras” que quedaron alojadas en la Alcaldía de Mujeres del Ingenio Ledesma.

Todos son empleados de la comuna de Vinalito, ubicada a 55 kilómetros de Libertador General San Martín, que exigían la reincorporación de ocho despedidos, un aumento salarial –actualmente cobran entre 1.500 y 3.000 pesos mensuales- y mejores condiciones de trabajo.

“Venimos reclamando a Gerardo Morales que cambie la situación de precarización en la Provincia. Tenemos cerca de dos mil compañeros que están cobrando 1.500 pesos en negro, sin obra social ni jubilación, tareas a destajo de lunes a lunes, sin feriados ni vacaciones, lo cual constituye un hecho criminal”, señaló Seiliant, y explicó que los despidos fueron ejecutados por el comisionado José Acuña, que responde al vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador.

El SEOM llamó para mañana a un paro provincial de municipales en demanda de la liberación de todos los detenidos y para que el Gobierno atienda los reclamos laborales de los municipales de Jujuy.

La represión sobre el puente San Lorenzo fue la segunda en menos de una semana. Días atrás´, la Policía provincial arremetió con balas de goma y gases lacrimógenos en contra de los docentes de CeDEMS mientras realizaban una asamblea en la sede del gremio en el marco del conflicto paritario.

"Seguirá siendo presa política" aun en prisión domiciliaria opinó el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sobre la situación de Milagro Sala, por quien la CIDH intercedió, recomendando que cambien su lugar de detención.

El premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió este martes que aunque reciba el beneficio de la

prisión domiciliaria, Milagro Sala seguirá siendo una "presa política" y volvió a reclamar su liberación.

"La prisión domiciliaria no resuelve el problema de fondo porque Milagro Sala está condenada antes de ser juzgada, es una presa política", señaló Pérez Esquivel.

En declaraciones a Radio, el dirigente consideró que en Jujuy "está en riesgo la continuidad de la democracia" porque, según evaluó, "se está violando el estado de derecho".

"Gerardo Morales se está vengando de Sala", advirtió Pérez Esquivel, al cuestionar al gobernador jujeño.

Por otra parte, el dirigente indicó que "este gobierno llegó a través de elecciones libres pero está aplicando una política de exclusión de dos tercios de la población".

"La única forma de que este modelo cierre es con represión, por eso compran armas peligrosísimas", dijo.

La medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Milagro Sala es contundente: pide que el Estado argentino ordene la "liberación inmediata" de la dirigente social encarcelada hace casi dos años. Sin embargo, el ministro de Justicia, Gustavo Garavano, desconoció al prestigioso tribunal. "Respetamos las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy", afirmó.

Por su parte, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, fue más allá. Señaló que "Sala se robó todo" (sic). De esa manera justificó el arresto de una opositora en Alto Comedero. Hasta el momento, la propia justicia provincial, que muchos vinculan al gobernador, no pudo demostrar esos cargos que Morales describió.

La dirigente de la Tupac está presa hace un año y siete meses. Una comisión de la ONU y ahora la CIDH exigieron su liberación. El Estado argentino sigue desoyendo esos pedidos y la Corte Suprema se ha negado a intervenir.

Mientras tanto, Sala es expuesta a un encierro arbitario que pone en riesgo su salud. “El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad", reconoció Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH en diálogo con el diario Página 12.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, junto al Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, desoyen la orden inmediata de la ONU de liberar a Milagro Sala.

Con declaraciones similares, tanto German Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, cuestionan la resolución del organismo defensor de los DDHH y dependiente de la ONU. Mientras Gerardo Morales, en un comunicado publicado el viernes por la noche, sostienen que "Milagro Sala se ha robado todo", Garavano, en diálogo con La Red, dijo ser "respetuosos de la CIDH pero también de los jueces de Jujuy". Lo cierto, es que en nuestro sistema constitucional, las resoluciones planteadas por la CIDH son de carácter obligatorio y se encuentran en la punta de nuestra pirámide constitucional, junto a la Constitución Argentina, ley fundamental del Estado.

Por su parte, el ministro sostiene que el caso de Milagro Sala “no tiene que ser analizado políticamente. Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción" y explico que "Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria. La morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala", al tiempo que enfatizo en que "se están cumpliendo" con todas las medidas para "asegurar la integridad" de la líder de la Tupac.

En un comunicado, el Gobernador de Jujuy reafirma el compromiso de la provincia de Jujuy de preservar "las garantías individuales" de la jefa de la Tupac Amaru, al tiempo que entiende que la resolución de la Comisión hace hincapié en "adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES". Además, Morales sostiene que "en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención son satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos, entre otros, lo que da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala".