La Policía provincial arremetió con balas de goma, palazos y gases para desalojarlos del corte que realizaban sobre la ruta 34, a la altura del Puente San Pedro, donde exigían el pago de haberes adeudados y la reincorporación de más de 300 despedidos. Hubo heridos y detenidos.

Las fuerzas policiales del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reprimieron hoy a los trabajadores azucareros que desde anoche protestaban con un corte de ruta.

El desmedido accionar de los efectivos, que utilizaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra los manifestantes, dejó varios heridos y detenidos.

Los trabajadores del Ingenio La Esperanza cortaban la ruta 34, a la altura del Puente San Pedro, para exigir el pago de haberes de noviembre, primera quincena de diciembre, aguinaldo y la reincorporación de 338 despedidos.

Las cesantías habían sido avaladas a fines de noviembre por el gobierno de Morales para la venta del ingenio por parte del grupo inversor colombiano Omega Energy Internacional.

El juez Pablo Pullen Llermanos dispuso la domiciliaria de la dirigente social, pero incumpliendo lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Nación. En lugar de cumplir la prisión preventiva en su vivienda del barrio de Cuyaya, Sala volverá a una casa con custodia policial y otras restricciones ilegales.

A horas de que se venciera el plazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Justicia de Jujuy ordenó el traslado de Milagro Sala desde la cárcel de Alto Comedero a la casa de la localidad de El Carmen.

El organismo de la OEA había dictado el 23 de noviembre una medida provisional para que el Estado argentino adopte antes del 15 de diciembre medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

Dos semanas después, la propia Corte de Suprema de Justicia argentina exigió “dar cabal cumplimiento con lo decidido por la Corte IDH”, y aclaró que, en el caso del arresto domiciliario, “deberá llevarse a cabo en su residencia o donde habitualmente vive” la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.

Esto es precisamente lo que incumple el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos al trasladar a Sala a la casa de El Carmen en lugar de llevarla a su domicilio real en el barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy.

Durante el breve periodo en que la dirigente estuvo bajo prisión domiciliaria –del 31 de agosto al 14 de octubre– debió hacerlo en El Carmen con fuerte custodia de Gendarmería y una serie de restricciones violatorias de la Ley de Ejecución Penal. El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, llegó a describir la casa como una “mini Guantánamo” por los alambres de púas, los gendarmes dentro y fuera del lugar, y las restricciones impuestas incluso a los familiares de Milagro.

“El Estado argentino sigue incurso en responsabilidad internacional, no solamente desobedeciendo a la Corte Interamericana, sino también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, subrayó Luis Paz, uno de los abogados defensores de la parlamentaria detenida desde el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador Gerardo Morales.

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El Tribunal Oral Criminal presidido por el juez Antonio Llermanos decidió absolver a la dirigente por el delito de amenazas, por el que había sido acusada por dos policías de la seccional 56 de Alto Comedero. La abogada de Milagro Sala,  Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró: "Esta causa no debería haber llegado nunca a juicio; los tres años que ha tenido sometido a este proceso penal no tuvieron ningún sustento", describió.

Se trata de una más de las causa que la Justicia de Jujuy lleva contra la dirigente de la Tupac Amaru. Desde esa organización denuncian que detrás del armado de investigaciones se encuentra el gobierno del radical Gerardo Morales.

Si bien no se conocen los fundamentos del fallo, el juez Llermanos rechazó el pedido de 4 años de la fiscalía por supuestas amenazas a dos policías. "Quedó demostrado que no existieron esas amenazas, lo han dicho los testigos", insistió Gómez Alcorta en su exposición final.

Más allá de la absolución, Milagro Sala seguirá en prisión sin condena mientras se la investiga por otros supuestos delitos. Ayer, la Corte Suprema exigió que se la detenga en su domicilio, tal como lo pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, la Justicia no hizo lugar a esos reclamos.

El máximo organismo de derechos humanos de la OEA dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a sustituir la prisión preventiva de la diputada del Mercosur por el arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva para sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado argentino “garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala”, quien se encuentra en riesgo desde que la Justicia de Jujuy, a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, la privó del arresto domiciliario y la regresó al penal de Alto Comedero.

En este marco, dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a que adopte “de manera inmediata” medidas de protección en favor de la dirigente social y diputada del Mercosur, como la restitución de la domiciliaria o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

No obstante, el máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideró que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”, algo que en el caso de Sala ha sido violado sistemáticamente desde el 16 de enero de 2016.

La medida tiene “un carácter no sólo cautelar”, sino “fundamentalmente tutelar” porque protege derechos humanos y busca evitar daños irreparables a las personas. El artículo 63.2 de la Convención Americana “obliga a los Estados a adoptar las medidas provisionales” que ordene el tribunal. Ahora Macri tiene hasta el 15 de diciembre para informar cómo cumplirá la resolución.

La decisión de la Corte IDH llegó tras una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que las autoridades argentinas no cumplieron con la resolución en la que dispuso que se cumpla al menos el arresto domiciliario de Sala.

La líder de la Tupac Amaru fue trasladada el 31 de agosto al domicilio de La Ciénaga, que no era su vivienda y no se encontraba en condiciones para ser habitada, pero fue el sitio dispuesto por los jueces como el lugar para su arresto domiciliario. Allí permaneció durante un mes y medio: el 29 de septiembre la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó las decisiones de primera instancia que ordenaron la domiciliaria y el 14 de octubre agentes de la policía jujeña volvieron a llevar a Sala a la cárcel.

Milagro Sala escribió una nueva carta desde el penal de Alto Comedero, donde se encuentra detenida arbitrariamente desde enero de 2016.

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, escribió una nueva carta donde marca que “cada paso judicial es decidido" por el gobernador Gerardo Morales, "dejando de lado los principios básicos del derecho". A su vez, vuelve a sostener que se trata de “una presa política": “Hoy quiero escribir lo que todos ustedes ya saben, pero necesito decirlo. Ustedes saben que soy una perseguida política. Aunque ustedes digan públicamente lo contrario, saben que soy una perseguida política. Ustedes saben que mi detención y mi prisión posterior fue decidida por el gobernador Gerardo Morales. Ustedes saben que las causas judiciales contra mí fueron armadas en la gobernación. Saben, además, que ustedes obedecieron y fueron, y son, instrumentos de esa persecución política”, escribió Milagro, quien se encuentra detenida arbitrariamente desde enero 2016.

Más adelante, Sala denuncia al Juez Pullen Llermanos, de proponerle a otros detenidos, “canjearles la libertad por una declaración”. “Al que declara contra Milagro Sala le da la libertad y el sobreseimiento, al que no acepta le espera la prisión indefinida”, escribió Sala, y agregó: “Ustedes, jueces y fiscales, son los que consultan y obedecen, dejando de lado los principios básicos del derecho que estudiaron en la universidad y que juraron defender”. En la misma línea, Milagro sigue apuntando contra los jueces y fiscales: “No solo buscan nuestra prisión por muchos años, buscan destruirnos como personas y buscan desterrar toda obra social y popular que hizo la Tupac Amaru. Ustedes saben, y yo también, que seré condenada, porque esa es la decisión de Morales y ustedes la obedecen. Sepan también que la historia no se detiene y que algún día deberán responder con todas las garantías legales como corresponde por estas persecuciones”, disparó.

Antes de finalizar, fiel a su historia, Milagro Sala dejó en claro que tiene las convicciones intactas, al tiempo que remarcó que “las diferencias políticas no se resuelven con la prisión de los opositores. Quienes así lo hacen terminan siendo mercenarios del poder político autoritario”.

El organismo lo instó a cumplir con la cautelar obligatoria y sacar a la parlamentaria del Mercosur de la cárcel de Alto Comedero, donde se encuentra en riesgo. “La Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la Comisión”, recordó Francisco Eguiguren.

Al cierre de su 165º periodo de sesiones en Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la medida cautelar en favor de Milagro Sala “es obligatoria” y exhortó al Gobierno de Mauricio Macri a cumplirla.

La medida cautelar dictada el 27 de julio pasado ordenó al Estado a liberar a la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, o bien otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad monitoreada.

La Justicia de Jujuy cumplió con la domiciliaria recién el 31 de agosto, vencido el plazo de la CIDH, pero el 14 de octubre revocó esa decisión y regresó a Sala al penal de Alto Comedero, donde se deterioró gravemente la salud de la dirigente social.

Hoy el organismo interamericano advirtió a la Casa Rosada su responsabilidad en el caso y lo instó a garantizar “que no se realicen actos que puedan ponerla en riesgo”.

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, puntualizó que el Gobierno argentino “es responsable” de la vida y la “salud física, psíquica y moral” de Sala.

“Si bien cuenta con autonomía, la Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la Comisión. Y lo que la Comisión dispone es de cumplimiento obligatorio”, subrayó Eguiguren.

De esta forma, contrastó la posición del Gobierno que intentó eludir su responsabilidad sosteniendo ante la CIDH esta semana que se trataba de “un problema de la provincia de Jujuy”.

Milagro, presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales, se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016. Desde entonces no sólo la CIDH reclamó su liberación inmediata, sino también el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y otros organismos internacionales.

Milagro Sala habló tras la lesión que se autoinfringió en medio de las duras condiciones de detención que padece en el penal de Alto Comedero y la negativa a trasladarla a una clínica por sus problemas de salud.  “Yo así no quiero seguir viviendo”, dijo tremendamente angustiada la presa política de Gerardo Morales.

La dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, sostuvo hoy que “es inhumano” el hostigamiento que sufre desde que volvieron a encarcelarla en el penal de Alto Comedero de Jujuy por orden de Pablo Pullen Llermanos, uno de los jueces funcionales a los dictados del gobernador Gerardo Morales.

Milagro, que fue privada de la prisión domiciliara en violación de lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se autolesionó anoche tras el rechazo del juez Isidoro Cruz al hábeas corpus presentado por la defensa y a su traslado a una clínica por sus problemas de salud.

“No se conforman con tenerme presa”, dijo la dirigente desde el penal, en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales, y agregó con dolor: “Estoy muy mal, vengo pidiendo la internación hace más de veinte días en el Sanatorio Los Lapachos porque me siento mal de salud y el juez no permite mi internación. No me quieren dar ninguna pastilla por el colon irritable, mis compañeras me tuvieron que dar una pastilla para el dolor de cabeza”.

“No hay justicia –continuó-. Me siento muy impotente, cada día esto se pone peor. ¿Qué quieren ahora, ponerme unas cadenas y hacerme pasear por la plaza Belgrano? ¿Qué más quieren de mí?”

Sala, presa política de Morales desde el 16 de enero de 2016, explicó que se lastimó porque “yo así no quiero seguir viviendo” y pidió “que alguien intervenga” por ella y por el resto de las integrantes de la Tupac Amaru detenidas, porque “ningún juez ni ningún fiscal” las escuchan.

“No puede ser que haya dos resoluciones de la CIDH y que no le hagan caso. Se cagan en todo y siguen avanzando. No aguantamos más todo lo que nos están haciendo”, completó angustiada.

Por último, la dirigente también hizo referencia a las próximas elecciones legislativas y denunció que el gobierno de Morales está repartiendo mercadería y electrodomésticos para conseguir votos.

“Si quieren recibir mercadería que reciban, pero cuando estén en el cuarto oscuro sepan muy bien a quién van a votar, porque este gobierno es el que nos está cagando de hambre”, concluyó.

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, brindó una conferencia junto al CELS, donde detallo cómo fue llevada la dirigente de la Tupac al penal de Alto Comedero, hecho que tilda “como un secuestro”.

“Lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta”, así lo aseguro Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, quien además denuncio que Sala, “tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy”. En la misma línea, Gómez Alcorta dijo estar “sumamente preocupada”, e hizo “responsables en primer lugar a Mauricio Macri, luego al contador Morales, y al juez”, Pablo Pullen Llermanos, por el futuro y la salud de Sala. “No solo que la quieren acallar, ponerla de rodillas y silenciarla, sino también muerta”, insistió.

Por otra parte, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, se refirió a la detención, como “una gran perversidad”, y agrego que el Juez Llermanos, “invoca la medida cautelar para incumplirla”, en referencia a la resolución del magistrado, que hace alusión al llamado de la CIDH a cuidar la salud de sala. “Es absolutamente perverso y responde a la odiosidad del contador Morales y el juez Pullen Llermanos”, remató.

La conferencia de prensa se realizó en el CELS. Entre los presentes, se encontraban los miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), la legisladora porteña Paula Penacca, la candidata a legisladora Victoria Montenegro, Eduardo Jozami y Myriam Bregman, entre otros.

Francisco José Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo estar “preocupado” por el nuevo traslado de Milagro Sala al penal de Alto Comedero, y se refirió a la detención ordenada por el Juez Pablo Pullen Llermanos como “un retroceso”.

En la misma línea, Eguiguren Praeli, adhirió que tomaron "conocimiento hace unos días de que se había revocado el arresto domiciliario, pero que la medida no se iba a concretar porque estaban pendientes algunos recursos. Ahora escucho lo que narran y es grave", sostuvo en relación a lo sucedido esta mañana, cuando hombres un operativo policial con despliegue de grupos especiales, se llevaron detenida a Milagro Sala, en un auto sin patente y bajo la orden del Juez Llermanos, quien ya no tiene jurisdicción en el caso, dado que la revocatoria del arresto domiciliario está todavía en manos de la Cámara de Casación de Jujuy.

A su vez, Francisco José Eguiguren Praeli, adhirió que la CIDH "fue clara al dictar la medida cautelar", afirmó que “si no hay voluntad de cumplir”, con las disposiciones del organismo por parte del Gobierno de Mauricio Macri y Gerardo Morales, “debemos ver qué pasos damos”. Al tiempo que no descarta que, “si se considera que no se acata una medida cautelar” la cuestión llegue a un estamento superior. “Cabe la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dado que “la Comisión fue clara al recomendar medidas alternativas de prisión, esto es un retroceso”.

Por otra parte, el diario Pagina12, agrega que antes del dictado de la cautelar, el propio Eguiguren se entrevistó con Gerardo Morales y también con la referente de la Túpac Amaru en la cárcel. Del 23 al 27 de octubre el organismo un de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en dicha materia, deliberará en Montevideo, donde está a previsto de antemano tratar nuevamente allí, tanto el caso de Milagro Sala, como el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de esa provincia, en el marco de la escalada de persecución y hostigamiento contra la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, presa política del gobernador Gerardo Morales desde el 16 de enero de 2016. Sus abogados apelarán la medida.

La Cámara de Apelaciones de Jujuy notificó esta tarde a la defensa de Milagro Sala la revocación de su prisión domiciliaria, dictada el 31 de agosto último por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos para acatar una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resolución de la Cámara también dispone el reingreso de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. Milagro cumple prisión domiciliaria en una casa de la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de su domicilio real, con una fuerte custodia perimetral de la Policía provincial y de la Gendarmería.

La revocación de la domiciliaria ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la CIDH, mientras que la defensa de la dirigente social informó que la medida no se debería hacer efectiva ya que se apelará ante Casación, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal, que prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada.

“Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”, señalaron desde la Tupac Amaru.

La defensa fue notificada recién hoy a las 19 horas y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.

Según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, “los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos”, pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin.

Por último, los abogados de Milagro advirtieron que, en caso de que la parlamentaria sea trasladada al penal de Alto Comedero, “el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país”.