Las identidades de los nuevos testigos no fueron reveladas para preservar su seguridad, pero trascendió que se trata de un hombre y una mujer mapuches. Gustavo Lleral escuchó las declaraciones en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde tuvo lugar la represión del 1 de agosto que terminó con la desaparición de Santiago.

El juez federal Gustavo Lleral, quien reemplazó al desplazado Guido Otranto en la investigación del caso Maldonado, estuvo hoy en la comunidad mapuche de Cushamen acompañado sólo por dos secretarios y un escribiente. En una ruca, para poder refugiarse del frío y la lluvia que azotó la zona en horas de la mañana, tomó las declaraciones testimoniales.

Del encuentro también participaron Andrea Millañanco, pareja del lonko detenido Facundo Jones Huala, y Elizabeth Loncopán, entre otros miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Los nuevos testimonios corresponden a una mujer y un hombre de alrededor de 25 años, cuyas identidades no fueron informadas.

Según indicó el diario Página/12, una de las declaraciones ya integra la causa abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se detalla que a Santiago lo apresaron tres gendarmes, lo subieron por la barranca a golpes y que hubo un ruido de un escopetazo, en el marco de la brutal represión del 1° de agosto en la comunidad.

“Dada la escalada represiva de la justicia contra la comunidad, en el paraje ubicado entre Esquel y El Bolsón en tierras compradas por Benetton, comentaban que es un hecho inusual la presencia ya no de un juez sino de cualquier persona ajena a la comunidad. Esto es, Lleral generó la confianza necesaria en una comunidad resentida por los recientes hechos de violencia, como para que le hayan permitido ingresar”, señalaron fuentes mapuches al matutino porteño.

En este maco, agregaron que a simple vista es un hecho auspicioso en el sentido de disponerse a trabajar en el esclarecimiento de la desaparición de Maldonado, aunque prefieren mantener reserva sobre si esto será suficiente dados los dos meses de “encubrimiento” que llevaron adelante Otranto y la fiscal Silvina Ávila.

Tras llegar a Esquel, el nuevo juez a cargo de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado confirmó que ya leyó parte del expediente y que, cuando lo termine, se reunirá con la familia de la víctima.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, arribó anoche a la ciudad de Esquel para dedicarse “a pleno” a la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esta mañana se reunió con su antecesor, Guido Otranto, desplazado por su parcialidad en la investigación, y luego mantuvo un breve contacto con la prensa.

Lleral confirmó que ya pudo leer “parte” de la causa y del expediente por el hábeas corpus, pero pidió “tiempo” para avanzar.

“Muchos trabajadores de los medios estuvieron llamándome. Les pido disculpas, no pude atender porque estaba trabajando para dedicarme a pleno a esto”, manifestó el magistrado y,  al ser consultado sobre si ya pudo leer la causa, respondió: “He comenzado con una parte, pero no todo”.

Ahora Lleral deberá ponerse al tanto del resto del expediente y analizar las llamadas de los gendarmes que, tras los mensajes revelados la semana pasada, incrementaron las sospechas sobre la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago.

“Se trata de un caso importante, muy sensible, se trata de encontrar a un ser humano, una persona que está desaparecida y que exige el compromiso de todos como sociedad”, remarcó el juez, y agregó que “hay una familia que está sufriendo y todo aquel que pueda aportar un dato certero va a ser bienvenido”.

El magistrado, que se contactó con la familia Maldonado el pasado fin de semana, contó que “el diálogo” fue “cálido, de respeto, como se prevé en estos casos”.

“Vamos a tener una audiencia con la familia pero primero tengo que ver todo el expediente”, explicó Lleral.

Mientras tanto, la Corte Suprema autorizó hoy a imputar el gasto por los requerimientos del juez, que incluyen los sueldos de los nuevos empleados: un Secretario de Juzgado, un Prosecretario Administrativo, un Jefe de Despacho, un Oficial Mayor, otro oficial, dos Oficiales Escribientes y un Medio Oficial. Además, incluyó pedidos de recursos materiales de oficina y dos camionetas 4×4.

“Ante la premura que el caso impone, se solicita que se arbitren los medios necesarios a fin de dar respuesta a los pedidos efectuados por el magistrado Lleral”, ratificó el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, en una nota a la titular del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato.

La familia del joven desaparecido celebró el apartamiento del juez Guido Otranto, aunque manifestó su preocupación a raíz de “los argumentos desechados” por la Cámara Federal, que solo tuvo en cuenta las declaraciones del magistrado al diario La Nación. “Si Otranto hubiera hecho bien su trabajo desde el principio, a Santiago lo tendríamos que tener con nosotros”, completó.

Tras la decisión de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de apartar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, y designar en su lugar a Gustavo Lleral, juez penal de Rawson, Sergio Maldonado dijo que ahora espera “saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición”.

Si bien el hermano de Santiago celebró el desplazamiento de Otranto, al mismo tiempo lamentó que una vez más la familia no sea la primera en ser notificada y criticó que el fallo tenga como principal argumento una declaración periodística al diario La Nación (17 y 18 de septiembre) sin considerar las serias irregularidades que se dieron desde el inicio del proceso de investigación.

“Para la Cámara no hubo ‘parcialidad subjetiva’ contra la comunidad mapuche como así tampoco consideró nuestras denuncias de maltrato. Esta resolución si bien la celebramos nos preocupa los argumentos desechados”, remarcó la familia en un comunicado.

Luego, en declaraciones radiales, Sergio agregó que “el fallo es una medida a favor de la investigación y es la forma en la que se maneja la Justicia. Tuvo que salir a decir Otranto una barbaridad en el diario para que sea considerado por la justicia, cuando planteamos con nuestra abogada todas las barbaridades que hizo en la investigación, pero les preocupa lo que se dice en el diario”.

“Si Otranto hubiera hecho bien su trabajo desde el principio, a Santiago lo tendríamos que tener con nosotros”, completó el familiar.

Por otro lado, Sergio Maldonado se refirió a los pasos a seguir en la investigación, y contó que él y su familia no creen que el juez Lleral viaje en el corto plazo a Esquel. “Nuestra abogada irá a verlo a Rawson y le preguntaremos cómo seguirá la investigación, cuándo irá a Esquel y qué equipo conformará”, precisó.

Finalmente descartó un supuesto encuentro entre la familia Maldonado y representantes del gobierno nacional: "Cómo puedo pedir reunirme con alguien (del Gobierno) cuando la Ministra (de Seguridad Patricia Bullrich) de movida se puso del lado de los que para mi entender, son culpables y se llevaron a Santiago. ¿Cómo voy a hablar con alguien que de movida se puso de un lado?”.

“Diferente hubiera sido si desde el principio, el Gobierno hubiera pedido una reunión con la familia. Pero que al día 52 me vengan a plantear 'por qué no nos reunimos', está a la vista por qué no nos reunimos, ni tengo intención de hacerlo. Que me devuelvan a mi hermano y después charlamos todo lo que quieran, no tengo problemas”, concluyó.

Santiago desapareció el pasado 1° de agosto durante la brutal represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, operativo que fue comandado por Pablo Noceti, mano derecha de Bullrich.

Este viernes se conoció un audio de Whatsapp que forma parte de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, donde dice que “el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”.

El audio fue filtrado por la Justicia al diario La Nación y podría estar editado. Forma parte de las pericias que se realizaron entre más de 70 celulares secuestrados a los gendarmes que participaron de la represión en la Pu Lof de Cushamen.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió el planteo recusatorio con respecto al juez federal de Esquel. Dispuso la inmediata intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

La decisión se refirió al "alegado temor de parcialidad" señalado por la familia de Santiago Maldonado y por el CELS, quienes llevaron adelante la recusación.

Otranto era el responsable de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, el joven que desapareció hace 50 días. Las críticas al juez federal tienen que ver con su desidida para involucrar a la Gendarmería, a pesar de las declaraciones de los testigos y las pruebas en ese sentido.

Hoy, se conoció un audio de wasap de un agente de Gendarmería que dice: "Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana". El audio está incluido en la causa y es un hecho más que apunta contra la responsabilidad de la fuerza que conduce Patricia Bullrich.

La definición está ahora en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “Esperamos que en las próximas 48 horas tengamos un nuevo juez”, manifestó la abogada querellante Victoria Heredia, quien representa a la familia del joven desaparecido durante la represión de Gendarmería.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, quedó hoy a un paso de ser apartado de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tras las recusaciones de la familia de la víctima y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y su abogada, Victoria Heredia, expusieron hoy los argumentos de su recusación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y recibieron el respaldo del fiscal Norberto Bellver, quien manifestó “las pruebas son contundentes: el juez ha prejuzgado y hay que apartarlo”.

Bellver detalló que en caso de hacerse efectivo el apartamiento de Otranto, sus posibles reemplazantes serían “Hugo Sastre o Guillermo Lleral”, jueces federales de Rawson.

“Al tratarse de una cuestión que está en el sentimiento de todo el mundo, todos estamos pendientes del caso”, agregó el fiscal.

La Cámara tendrá ahora dos días para resolver el pedido de recusación. “Esperamos que en las próximas 48 horas tengamos un nuevo juez”, manifestó la abogada Heredia.

“El juez Otranto nos decía una cosa a nosotros y otra a los medios, y fue terrible cuando habló de que la hipótesis más firme era que Santiago se ahogó”, aseguró Sergio Maldonado, quien señaló que, de esa manera, el magistrado estaba dando por desestimada la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago.

“Jamás lo había planteado y fue terrible para la familia escuchar del juez decir semejante cosa”, sostuvo el hermano del joven de 28 años visto por última vez el 1 de agosto, durante la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, al noroeste de la provincia de Chubut.

La dirigente mapuche Moira Millán denunció ataques a las viviendas de la comunidad Vuelta del Río en la provincia de Chubut a través de un audio difundido por las redes sociales. Vinculó el hecho con la toma del juzgado federal del juez Guido Otranto, que se desarrolló ayer por la mañana, cuando integrantes de esa comunidad exigieron la renuncia del magistrado que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado.

"En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto, para que renuncie a su cargo", dice Millán al inicio del audio difundido anoche.

La dirigente agregó que "están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales", y agregó: "ellos están llevando adelante estos crímenes".

"Estoy yendo para la comunidad de Vuelta del Río. Me voy a quedar sin señal, les pido por favor que viralicen este mensaje. Es tremendo lo que está pasando en la provincia de Chubut", concluyó el mensaje.

En apoyo a esa comunidad mapuche, las regionales de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron "a los vecinos a unirse hoy en caravana a las 10.30, en el cruce de Maitén rumbo a la comunidad Vuelta del Río".

Ayer, integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, contigua a la Pu Lof Resistencia Cushamen -donde la Gendarmería Nacional realizó el operativo donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado-, tomaron el juzgado federal de Esquel durante la mañana y lo desalojaron a primera hora de la tarde.

La toma de la sede judicial, ubicada en 25 de Mayo y San Martín, se produjo en reclamo de la renuncia del magistrado, a quien la comunidad acusó de "malos tratos" sufridos durante el allanamiento del lunes pasado en esa comunidad y en la de Pu Lof Resistencia Cushamen.

Según los manifestantes, "los policías ingresaron armados rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos".

En tanto, en el marco de la "ocupación pacífica" del juzgado, también fue presentado un hábeas corpus por los "malos tratos" que habrían sufrido durante el operativo, denuncia que, a su vez, fue rechazada por el mismo magistrado durante la tarde.

Se trata de Ariel Garzi, el amigo de Santiago que había declarado en la causa de manera reservada hasta que la ministra Patricia Bullrich reveló públicamente su identidad. La denuncia penal contra Otranto fue presentada ante Fiscalía Federal de Esquel.

El polémico juez Guido Otranto, recusado por la familia de Santiago Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por su parcialidad en la causa por la desaparición forzada del joven, ahora fue denunciado penalmente por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos. La presentación la hizo el testigo clave Ariel Garzi ante la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila.

Garzi declaró con identidad reservada el 7 de agosto en el Juzgado de Otranto. En esa oportunidad relató al magistrado que el 2 de agosto se enteró de la desaparición de su amigo Santiago y que inmediatamente llamó a su teléfono, donde lo atendieron en silencio durante 22 segundos y luego cortaron. Aportó además una captura de pantalla de esa llamada.

Según denuncia el testigo, en ese momento ningún funcionario judicial procuró tomar ese hecho como un dato clave para la búsqueda de Santiago. “(Otranto) omitió gravemente cumplir con un deber ordenado por las reglas procesales que rigen la materia”, señaló y agregó que el juez ni siquiera secuestró su teléfono.

Garzi también sostiene que al ver cómo Patricia Bullrich reveló su identidad en una interpelación ante el Senado de la Nación, procedió a deshacerse del aparato, “por temor a que por represalia me sucediera algo”. En esa oportunidad la ministra de Seguridad de la Nación hasta dio públicamente la dirección del testigo.

A su vez el joven en su denuncia un grave hecho ocurrido con anterioridad a la desaparición de Maldonado, que el juez tampoco tuvo en cuenta: “La noche del 15 de julio de 2017 (…) mientras caminaba hacia mi barrio, soy interceptado por una camioneta Ford Ranger del comando policial de Río Negro, me cruzan el móvil y se bajan dos agentes que me dicen que me suba”.

Garzi acató aquella orden y comenzó un “paseo” que llegó “hasta la ruta 40 en dirección a Bariloche, donde ya no hay casas ni luces de alumbrado público”. Fueron más de 20 minutos, recuerda el joven, donde lo interrogaron “con golpes en las costillas para que cuente quiénes son los mapuches de la RAM”.

En ese momento, describe el joven, uno de los oficiales extrajo un arma “no reglamentaria” de entre sus piernas, apunta a su cabeza y le dice “vas a confesar o no pendejo hijo de puta”, “quiénes son los mapuches de la RAM hijo de puta”. Y le gatilló cuatro veces a la sien izquierda.

A pesar de todo esto, Otranto “en ningún momento me puso me puso a disposición del programa de protección de testigos ni tomó ninguna medida que garantice mi seguridad personal. Quedé a la intemperie absoluta, regresando a mi casa por mis propios medios y sin acompañamiento”, indica Garzi en su denuncia.

El prestigioso organismo de Derechos Humanos se sumó al planteo de la familia de Santiago Maldonado y pidió separar de la causa a Guido Otranto, juez federal de Esquel. "Es indiscutible que ya ha formado opinión al respecto, y que la está diciendo a viva voz: Le creo a la Gendarmería, por lo que la desaparición de Santiago Maldonado no está vinculada a ninguna detención ni acción que pueda implicar la responsabilidad de esa fuerza", describió el CELS en el pedido a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

"Para el juez, los problemas del operativo del 1 de agosto fueron excesos que no explican de ninguna manera la desparición de Santiago. Hay una pérdida muy clara de imparcialidad en la presente causa", siguió señalando el CELS en su presentación judicial.

En el mismo sentido se explayó Sergio, hermano de Santiago Maldonado: "Otranto está más preocupado en defender a la Gendarmería que en encontrar a mi hermano", declaró. También pidieron el desplazamiento del cuestionado magistrado.

Otranto es defendido por el Gobierno de Mauricio Macri, que está interesado en quitar del medio cualquier posible responsabilidad de la Gendarmería y de los funcionarios de la cartera de Seguridad. Otanto necesita de ese apoyo oficial ya que al mismo tiempo está concursando para un puesto en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro, que requiere del voto macrista en el Consejo de la Magistratura.

Así lo afirmó la abogada de la familia, Verónica Heredia, al cruzar al juez por el operativo realizado en tierra mapuche. Consideró que el magistrado “es parte del problema” para poder saber qué pasó con Santiago. El CELS también pidió su apartamiento de la causa.

A 50 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, se niega a investigar la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su mano derecha, Pablo Noceti, señalado como quien comandó la represión donde el joven fue visto por última vez.

Tras el megaoperativo realizado ayer en la comunidad mapuche de Cushamen sin la presencia de la familia Maldonado, su abogada Verónica Heredia indicó que “nosotros pedimos intervenciones telefónicas, entrecruzamiento de llamadas” de los días 31 de julio y 1 de agosto.

“Es una de las razones por la que estamos recusando al juez porque dice que no tiene nada que ver”, sostuvo y denunció que Otranto “no quiere hacer entrecruzamiento de llamadas del celular de Noceti porque tiene llamadas con él”.

“Nosotros tenemos que informar porqué decimos que tiene que ser apartado y él tiene que decir porque está en condiciones de continuar en la causa donde él no cree en la única hipótesis que está comprobada que es la desaparición forzada”, agregó Heredia.

Este martes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también pidió el apartamiento de Otranto ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá resolverá el planteo similar presentado por la familia Maldonado.

La recusación del CELS se basa en que “las declaraciones del juez Otranto en los medios de comunicación afectan la garantía constitucional de imparcialidad y suponen el adelantamiento de opinión respecto de los hechos investigados y la enemistad manifiesta hacia la parte querellante”.

El planteo se conoció en simultáneo a la comunicación oficial emanada por el juzgado de Otranto, donde se informa el resultado del allanamiento y rastrillaje realizado de manera sorpresiva en el día de ayer con la intervención de 367 efectivos de diversas fuerzas federales y que redundó en un rotundo fracaso.

Según detalló el Centro de Información Judicial, en el megaoperativo se secuestraron dos mochilas, varias camperas de color negro y teléfonos celulares que “serán objeto de análisis científico para determinar si efectivamente pertenecen” al joven desaparecido el 1 de agosto pasado, durante el operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen.

Se trata de Elizabeth Loncopan, detenida durante el polémico allanamiento que ordenó el juez federal de Esquel en el marco de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. “Lo único que pretenden es identificar a las personas que vivimos allí y generar causas para asustarnos, amedrentarnos y perseguir a nuestras familias”, denunció la mujer.

Elizabeth Loncopan fue liberada esta tarde de la dependencia que tiene la Policía Federal en la ciudad de Esquel. Había sido detenida en el marco del tercer allanamiento que ordenó el juez federal Guido Otranto en territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen y que la propia familia de Santiago Maldonado calificó como “una payasada mediática”.

Según la mujer, los uniforomados llegaron a la comunidad en busca de “una mochila, una campera celeste y los teléfonos celulares que podía llegar a usar Santiago Maldonado”, pero en realidad “nadie buscó nada”.

“Fue una requisa más en la comunidad (…) Lo único que pretenden es identificar a las personas que vivimos allí y generar causas para asustarnos, amedrentarnos y perseguir a nuestras familias”, denunció en diálogo con el canal C5N.

Loncopan contó que “cuatro policías con armas largas” ingresaron a las 7.30 a la casa donde se encontraba y, como ella se negó a identificarse, la precintaron y más tarde se la llevaron detenida en “una camioneta Ranger” sin distintivo de ninguna fuerza de seguridad.

“Cuando lo ven a Otranto, detienen la camioneta, se acerca el juez y me dice que iba a quedar detenida por resistencia a la autoridad. Pidió que me leyeran mis derechos y luego me llevaron a toda velocidad”, relató.

Mostrando las marcas que le quedaron en las muñecas, Loncopan comentó que estuvo “más de diez horas precintada, sin darme ningún tipo de explicación”, y que recién cerca de “las 6 de la tarde” pudo recuperar su libertad.

“El objetivo de Otranto no fue jamás buscar a Maldonado, cuando él es el responsable de su desaparición porque dio la orden de desalojo del 1 de agosto”, insistió .