Denuncian que el intendente del PRO ocupa irregularmente la obra arquitectónica del Bosque platense y, como se niega a devolverlo, impide que se realicen las obras necesarias para su reapertura.

A través de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante, el bloque de concejalas y concejales del Frente de Todos repudió la usurpación del Teatro del Lago por parte del Intendente Julio Garro, que “impide que se desarrollen las obras de infraestructura para recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural de las y los platenses y el esplendor de sus instalaciones”

Como es de público conocimiento, hace un año y medio que el Gobierno de la Provincia no puede iniciar los trabajos necesarios para la reapertura del Teatro, porque la Municipalidad de La Plata lo ocupa irregularmente y se niega a devolverlo.

Cabe recordar que el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires emitió un informe en el que confirma que el lugar pertenece al Gobierno bonaerense.

“Necesitamos de manera urgente terminar con esta usurpación por parte del Intendente Julio Garro para revertir los años de abandono a dicho teatro”, expresaron las y los concejales del Frente de Todos.

Además, los ediles denunciaron que “el mandatario se niega a que la Provincia realice obras para recuperar nuestro querido Teatro del Lago, patrimonio de todas las y los platenses, pero también de todas y todos los bonaerenses que visitan nuestra hermosa ciudad” y recordaron que “hace muchísimos años que no se gestiona una obra, y hoy hay posibilidad de hacerlo, ya que la Provincia cuenta con un plan de obras”.

LAS OBRAS

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó un estudio sobre el Teatro del Lago para comenzar obras de restauración y puesta en valor del establecimiento, que comprende fundamentalmente la restauración de la envolvente, reacondicionamiento de locales interiores de planta baja, recuperación de áreas exteriores y rehabilitación de las distintas instalaciones de tal suerte de poder habilitar el Teatro al uso público.

“Las obras que necesita el Teatro del Lago, en esta primera etapa, son de entre 600 y 800 millones de pesos, una cifra que es 10 veces más de la que el Municipio tenía calculada en su momento”, explicaron desde el bloque.

“El intendente dice que no le importa el partido sino la ciudad, pero en este caso se niega a que la Provincia recupere el Teatro del Lago, prohibiendo a las y los platenses poder disfrutar de un Patrimonio cultural de nuestra ciudad”.

Por último, desde el bloque recalcaron que “el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires emitió un informe en el que confirma que el lugar pertenece al Gobierno bonaerense, documento que resultó definitivo en instancias judiciales para rechazar la postura de la comuna”.

El intendente de la capital provincial aseguraba que acusaba a los trabajadores eran parte de una red criminal con fines de explotación laboral.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió “Desestimar la denuncia que dio origen a la presente causa y en consecuencia ARCHIVAR las presentes actuaciones por inexistencia de delito”, luego de transcurridos un año y 7 meses de que la ex Secretaria de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Virginia Pérez Cattaneo, a instancias del Intendente Julio Garro, presentara una  denuncia penal contra la comunidad senegalesa de la ciudad y contra un integrante de nuestro Colectivo de abogades populares La Ciega, en la que los acusaba de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico y trata de senegaleses con fines de explotación laboral.

La denuncia y el inicio de la investigación judicial incluyó la intervención de la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina “quienes vigilaron de forma encubierta a las personas señaladas desde la gestión de Garro, que fue parte de una campaña de persecución política, judicial, mediática y laboral sin precedentes contra les migrantes senegaleses de La Plata y a uno de nuestros trabajadores  de La Ciega”, detalla el comunicado.

A su vez, en el documento se agrega”Este ataque judicial no fue casual, durante estos años -y junto a distintas organizaciones, activistas y vecines-, hemos logrado poner en evidencia el brutal hostigamiento xenófobo y racista ejercido por Control Urbano y la Policía Bonaerense contra migrantes senegaleses, que en el marco de violentos operativos contra la venta ambulante han sido sistemáticamente golpeados, insultados, saqueados y judicializados, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad”.

En conversación con este medio, Damián Brumer, integrante del colectivo ‘La Ciega’, expresó “Se nos acusaba de integrar una red  criminal de caracter transnacional dedicada a la trata de senegaleses con fin de explotación laboral.  La municipalidad de la plata no puedo probar ese conjunto de acusaciones absolutamente insólitas que pretendieron instalar no solamente judicialmente sino a traves de una campaña política, judicial, mediática y de persecución  de todo tipo hacia los senegaleses y a quienes integramos el colectivo de abogados y abogadas populares de La Ciega”.

En este sentido, Brumer se explayó “Pretendian instalar que detrás de los manteros y manteras de la ciudad de La Plata, existía o existe una mafia criminal. Finalmente no lo pudieron comprobar y nosotros venimos afirmando desde un principio que son inventos de parte de la municipalidad y la denunciante Virginia Pérez Cattaneo a instancias de Julio Garro” y agregó “es momento de festejar este triunfo que sin dudas es popular a pesar del tiempo y de como durantes 1 año y 7 meses fuimos perseguidos y ahora van a ser ellos quienes sean investigados por la justicia, por presentar una denuncia falsa. Toca el tiempo de celebrar y dar a conocer a la comunidad platense sobre las mentiras de la municipalidad y como se destinaron fondos del municipio en estas acciones de persecución”.

Al finalizar el comunicado, desde las redes del Colectivo de Abogadxs populares, festejaron el fallo judicial “Es momento ahora de festejar esta victoria, agradecer a todes les que se sumaron a bancar esta pelea (colectivos de migrantes, organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, gremios, medios alternativos, grupos universitarios, activistas), y de seguir luchando no sólo para que les migrantes senegaleses puedan vivir y trabajar sin violencia, sino además para que los responsables de estos discursos del odio ahora respondan ante la justicia.”

El intendente anunció que desde el próximo lunes será optativo el uso del barbijo en La Plata y el Gobierno bonaerense salió a repudiar la medida, por falta de sustento científico.

Una nueva polémica enfrenta al municipio de La Plata encabezado por el intendente macrista Julio Garro y al Gobierno bonaerense presidido por Axel Kicillof. Esta vez, los cruces se dieron por las nuevas medidas implementadas por jefe comunal amarillo respecto al uso optativo de barbijos.

Desde el ministerio de Salud provincial, que conduce Nicolás kreplak, consideraron hoy que la decisión Garro, quien dispuso que desde el próximo lunes “pase a ser optativo el uso del barbijo”, es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario“.

La medida, dada a conocer esta mañana por el municipio de la ciudad de La Plata, establece “el uso optativo” de mascarilla/protector facial o tapa boca-nariz para la circulación, prestación de servicios y toda actividad pública o privada que se desarrolle en el partido.

Esta medida impacta de manera directa en el desarrollo y la salud de los niños. Por eso, pedimos a la Provincia que evalúe esta situación de manera urgente. No podemos seguir exponiendo a los chicos a los efectos nocivos del uso prolongado de la mascarilla.

— Julio Garro (@JulioGarro) March 18, 2022

“Hemos decidido, por decreto, que a partir del día lunes la utilización de tapabocas en el espacio público, dependencias municipales y medios de transporte en La Plata pasará a ser optativo. También en comercios, siendo sus titulares los que dispongan su implementación”, informó el jefe comunal.

En concreto, el uso de barbijo será optativo en La Plata en colectivos, comercios, bares y restaurantes, gimnasios, dependencias municipales, oficinas y dependencias públicas, y empresas privadas, de acuerdo a lo anunciado por Garro.

“Estas definiciones unilaterales y sin argumentos lo único que hacen es atentar contra la salud. Estamos en la previa de la temporada de invierno y con circulación en China y algunos países de Europa de una nueva variante que se desprende de la Ómicron“, argumentaron desde el Ministerio.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que todavía es difícil prever “cómo podría llegar a repercutir en nuestra zona” la nueva cepa Covid, por lo que consideraron que el uso optativo de barbijos en La Plata es una medida apresurada.

A la vez, Garro focalizo en un reclamo que su espacio político sostiene desde el inicio de las clases 2022 y la vuelta a la presencialidad plena en el territorio bonaerense, que es el uso de barbijos en las escuelas.

Con la vuelta a la presencialidad, el Gobierno bonaerense estableció un nuevo protocolo de Aulas seguras, que dicta el uso obligatorio del barbijo en las aulas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El intendente macrista, que desde enero comenzó su armado político para pelear por la Gobernación en 2023, consideró que es necesario “revisar la obligatoriedad de su uso en los establecimientos educativos”.

Además, Garro le solicitó a la provincia de Buenos Aires que “adopte disposición en todas las dependencias provinciales que tengan asiento en esta ciudad, y en todas las actividades que bajo su jurisdicción se desarrollan en el partido de La Plata”.

En ese sentido, el Ministerio de Salud bonaerense expresó mediante un comunicado oficial, que la medida tomada por el municipio de la capital de la provincia  es “irresponsable y tomada sin ningún tipo de conocimiento científico y sanitario”.

Se trata de Martín de Vargas, quien se presentó en el edificio municipal para hacer un trámite pero le prohibieron el ingreso.

Ocurrió el lunes último, cuando el abogado Martín De Vargas fue a realizar una diligencia a la Municipalidad de La Plata, donde se presentó con el pase sanitario, pero no lo dejaron ingresar al edificio ubicado en las intersecciones de las calles 12 y 54.

“Van a averiguar y salen, y me dicen: tenés la entrada prohibida. ¿Cómo que la tengo prohibida? ¿Por qué los denuncié a Garro y a Vidal?”, comentó el profesional en declaraciones ofrecidas a diferentes medios platenses.

Él mismo relató que, ese día, había bastante gente en la fila para ingresar al municipio. De Vargas, entonces, comenzó a hablar con algunas de esas personas, dos de los cuales eran empleados de dos dependencias de la Municipalidad, quienes después tuvieron problemas por haber hablado con él.

Lo llamativo de la situación es que se trata de un edificio público, por lo que no se le puede prohibir el ingreso a ninguna persona.

De Vargas había denunciado, hace unos días, a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; a su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro, y a los demás integrantes de la reunión en la que se los ve planeando una “Gestapo” y el armado de causas a sindicalistas.

En el marco de esa investigación, ayer la fiscal Ana Russo imputó a los 15 acusados y le pidió al juez federal que ordene peritar los teléfonos encriptados de Vidal, quien también está siendo investigada.

Fue uno de los protagonistas del video de la reunión junto a funcionarios de la ex gobernadora, integrantes de jerarquía de la AFI y empresarios para el armado de causas contra dirigentes gremiales.

Con mayoría en el Concejo Deliberante, los ediles que responden a Julio Garro aprobaron la normativa que persigue a los trabajadores populares.

En el tramo final de la campaña, el candidato a diputado provincial del Frente de Todos dialogó con este medio sobre las problemáticas de La Plata y los desafíos en la construcción de una alternativa a la gestión de Julio Garro.

A unos días de las PASO, el precandidato a concejal del Frente de Todos en La Plata habló en exclusiva con Primereando Las Noticias.

La Subsecretaría a cargo de la deserción escolar se encuentra sin conducción desde hace siete meses y no hay interlocutores para las demandas por las condiciones laborales y el mal estado de las instituciones.

“Las medidas llegaron tres semanas tarde”, confirmó Manuel De Batista, médico sanitarista de la Región Sanitaria XI.