Se trata de un grupo de cooperativistas encargado de la recolección de residuos en la Villa 21-24 Zavaleta. Hubo una gran protesta en el Gobierno de la Ciudad.

Este jueves, los dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillan y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), mantuvieron una “ocupación pacífica” en el edificio del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de una protesta en repudio a los despidos por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia 35 mujeres encargadas de la recolección de residuos en la Villa 21-24 Zavaleta. 

La manifestación se llevó a cabo en la sede del Gobierno porteño, cerca del Parque Lezama, y las agrupaciones brindaron sus palabras a la prensa a partir de las 15hs, tal como estaba previsto. “Seguimos con nuestra protesta con una ocupación pacífica para que reincorporen a las despedidas y si durante la tarde no obtenemos una respuesta favorable, vamos a debatir un acampe por tiempo indeterminado en Espacio Público”, expresaron los dirigentes sociales a la agencia Télam. 

Tanto el frente, como los miembros de la UTEP, denuncian que la gestión de Larreta “quiere dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas” encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta. 

Esta postura, la argumentaron mediante un comunicado de prensa, donde aseguraron que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta,  la ministra de Espacios Públicos porteño, Claudia Muzzio y la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, buscan despedir a las mismas 35 mujeres “desde hace más de ocho años”. 

Por otra parte, los dirigentes sociales denunciaron que Larreta “despide a los trabajadores de la economía popular mientras aumenta los gastos en publicidad para su campaña electoral”.

En esta misma línea, desde el Frente Darío Santillán, también denunciaron que “hace varios meses” son víctimas de “una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza”. 

La referenta de la organización, Flavia Romero, expresó que se reclama por “algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias” y agregó. “Quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente”.

La entidad Hotelera afirmó que “con la sola difusión de este proyecto, lo único que se logra es espantar a aquella persona que con esfuerzo decidió invertir sus ahorros en vacaciones”.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica rechazó en forma contundente el proyecto del concejal Nicolás Lauría (Creciendo Juntos) para cobrarle una tasa a los turistas: la consideró “un disparate”.

“Luego de la pandemia, tanto el sector privado como el público lucharon incansablemente para recuperar el turismo que se había perdido. Con la sola difusión de este proyecto, lo único que se logra es espantar a aquella persona que con esfuerzo decidió invertir sus ahorros en vacaciones”, indicó la entidad.

“Sabemos que la oferta turística es amplia y competitiva, y cualquier paso en falso puede dejarnos sin los resultados esperados para los meses más importantes del año”, agregó la Asociación presidida por Jesús Osorno.

Además, le recordó al concejal que “actualmente ya se abona un Fondo de Promoción Turística”, que “es aportado por los comerciantes del sector”.

El proyecto de la Ecotasa tiene como objetivo implementar un canon por cada noche de pernocte a los turistas que visiten la ciudad, y tiene como finalidad la creación o mejora de infraestructura turística para ofrecer más y mejores opciones en la ciudad.

Al tiempo que expresó su enérgico rechazo, la Asociación Hotelera Gastronómica dio a entender que no se podría implementar de manera ecuánime. “Sabida es la gran cantidad de turistas que llegan a la ciudad alquilando a dueños directos o utilizando páginas web de alquileres. ¿Estos casos quedarán exentos de abonar la Ecotasa o se encargarán de una vez por todas de relevar y registrar a este tipo de competencia desleal?”, disparó.

“¿Dos tasas con el mismo fin?”, agregó. Y apuntó: “Invitamos al concejal a interiorizarse de la realidad del sector y conocer los aportes que efectuamos constantemente para seguir manteniendo a Mar del Plata donde se merece”.

Será en la Convención Nacional que presidirá Gastón Manes, hermano del diputado nacional.

Tras lograr los acuerdos internos para lograr una lista de unidad, más de 300 convencionales de la Unión Cívica Radical (UCR) elegirán esta tarde a Gastón Manes como nuevo titular de la Convención Nacional, que tiene el rol estratégico de establecer la política de alianzas del partido rumbo a 2023.

De este modo, el radicalismo intentará mostrarse unido ante la sociedad y como una pata previsible de Juntos por el Cambio, en momentos en que el PRO se debate entre las posturas divergentes que expresan el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri.

En ese sentido, los convencionales radicales están citados a partir de las 15 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata para elegir al sucesor del actual titular de la Convención, Jorge Sappia. Asimismo, sus miembros duran cuatro años en funciones y pueden ser reelegidos.

Cabe mencionar que, la Convención Nacional es uno de los dos órganos de conducción partidaria de la UCR además del Comité Nacional, y su conducción consiste en 7 representantes; 5 para el oficialismo radical y 2 para el sector de Evolución Radical

El sector mayoritario del partido, referenciado en Gerardo Morales, sostiene la postulación de Gastón Manes, hermano del diputado nacional Facundo Manes, y también respaldado por el sector de Evolución, que responde al senador nacional Martín Lousteau.

En el encuentro, está previsto que tomen la palabra los titulares de los bloques de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y su correspondiente en el Senado, Luis Naidenoff. En tanto, los discursos finales correrían por cuenta de Morales como titular del partido y del propio Gastón Manes, ya en su rol de titular de la Convención.

Como antecedente, en la Convención Nacional realizada en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú en 2015, la UCR decidió unirse al PRO y a la Coalición Cívica para así conformar Juntos por el Cambio.

Entre sus atribuciones, la Convención Nacional es responsable de actualizar los aspectos “dogmáticos” de la UCR, es decir, elaborar y sancionar el programa del partido para cada período presidencial y las reformas que en cada oportunidad sean necesarias.

Si bien el radicalismo tiene sus diferencias internas, también es cierto que hay un trabajo conjunto entre los distintos sectores que permitieron consensuar una lista de unidad para que Morales esté al frente del partido y ahora para que el hermano del legislador Manes haga lo propio en la Convención Nacional.

En el marco de la interna del PRO, el radicalismo está más cerca de Horacio Rodríguez Larreta y más alejado del expresidente Macri. De hecho, Lousteau compartió un acto con el Jefe de Gobierno de CABA en un acto por el 25 de mayo que contó con un fuerte contenido electoral.

En medio de la feroz interna del macrismo, el intendente de Lanús que acababa de lanzar su carrera electoral para 2023 dio un paso al costado y rompió filas.

El jefe comunal de Lanús y referente del PRO en el sur del conurbano bonaerense, Néstor Grindetti, decidió renunciar a la Mesa Provincial de Juntos, dejando sin intendentes bonaerenses a ese espacio.

A días de presentar el armado de Juntos Hacemos con el intendente de La Plata, Julio Garro, de cara a las Elecciones Ejecutivas 2023, el representante del PRO pegó el portazo en tal espacio donde intersectan distintos sectores.

De acuerdo a lo que comunicaron desde el entorno de Grindetti, “hubo un tema de desinteligencias con el espacio que integra por su representatividad“. Ante esto, comenzaron las dudas acerca de la continuidad dentro de la coalición opositora.

Sin embargo, conforme dijeron, “no habrá ningún cambio más, solo se fue de la Mesa Provincial de Cambiemos y el resto sigue todo igual”. “Lo único que sucede es que en ese lugar él representaba a los intendentes y no estará más”, aclararon.

Más cerca de espacios afines a Grindetti en La Plata, reconocieron que el intendente de Lanús “se cansó del ida y vuelta”.

“Estaba poniendo la cara y pagando costo político de las indefiniciones del espacio para designación de cargos y se corrió para evitar ese desgaste”, ampliaron.

El problema radica en que “Macri no quiere negociar nada con el Gobierno y bajo línea de que el PRO no puede validar cargos con ellos. O sea que, digamos, no quiere seguir la lógica que históricamente tuvo el radicalismo”, ensayaron a modo de explicación.

El jefe de Gobierno porteño le bajó el tono a las diferencias internas en su coalición y aseguró que Juntos por el Cambio va “a ganar la elección en 2023”.

Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las internas dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio y aseveró que esa fuerza ganará las elecciones presidenciales del año que viene.

“No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del ’23, a ver si nos hacemos cargo”, dijo Rodríguez Larreta al participar esta mañana en un salón del barrio porteño de Almagro del congreso anual de la agrupación juvenil La Generación.

Rodríguez Larreta se mostró acompañado por la diputada María Eugenia Vidal y el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro.

Con un mensaje descontracturado, destinado a un auditorio joven, Rodríguez Larreta admitió las “diferencias” que existen dentro de JXC pero pidió “no escandalizarse” por esas tensiones y agregó: “Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida”.

En otro tramo de su mensaje, dijo que “se necesitan muchos huevos, y ovarios” para enfrentar la próxima campaña con vistas a las elecciones presidenciales del año que viene y sostuvo: “Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde. Zárpense un poco más, no pidamos permiso”.

Por su parte, Vidal consideró en su discurso “imprescindible sostener la unidad” de Juntos por el Cambio y sostuvo que “mantenerla es nuestra fortaleza y responsabilidad”.

“Se necesita una generación política con espalda, volumen y experiencia de gestión y política, además de un proyecto de país generoso y una narrativa. La unidad no puede ser simplemente oponernos al oficialismo. Tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar”, aseveró la exgobernadora bonaerense.

El primer bloque del encuentro organizado por La Generación -que preside el jefe de Gabinete del ministerio de Educación porteño, Manuel Vidal- comenzó con una exposición del diputado y titular de la CC Maximiliano Ferraro, quien manifestó: “Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza” y convocó a que dentro del espacio se manejen como “aliados”.

“Quiero invitarlos invitarlos a consolidar la amistad política, preservar y cuidar la unidad en la diversidad en Juntos por el Cambio, construir una narrativa y un sistema de ideas que vuelva enamorar a los argentinos”, expresó el representante de la CC.

Luego del mediodía expuso el economista Martín Tetaz: “Tenemos que construir un proyecto político amplio y común. En 2023, tenemos que ser el Gobierno que cambie la tendencia hacia un crecimiento sostenido”.

“Necesitamos estabilidad de la moneda, reforma impositiva, reforma del mercado del trabajo y del sesgo de la importación”, dijo en su disertación.

La Generación nuclea a dirigentes sub 40 de Juntos por el Cambio y tiene entre sus objetivos ser un espacio de debate y de formación de líderes políticos de la principal coalición opositora, con presencia en más de 11 provincias de todo el país.

Entre los invitados al evento, también estuvieron el diputado nacional y potencial candidato a gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además de diputados, senadores, intendentes y dirigentes de todo el país, que debatieron la coyuntura y el futuro de JxC.

Las organizaciones se disponían a abandonar el corte de 9 de julio cuando la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir. Secuestraron un camión con comida y detuvieron a seis personas.

Durante 48 horas, organizaciones sociales de Unidad Piquetera realizaron un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para exigir respuesta por el plan presentado para generar puestos de trabajo en medio de la crisis económica. No fueron recibidos por el ministro Juan Zabaleta y como si fuera poco, el Gobierno de la Ciudad decidió reprimirlos.
 
Mientras se realizaba el sorteo del Mundial, la fuerza porteña golpeó y detuvo a personas que estaban desconcentrando tras el acampe en la Av. 9 de Julio. “Acabamos de tener un gravísimo incidente que produjo (Rodríguez) Larreta y su ministro (de Seguridad) D’Alessandro en momentos que el camión, que estuvo en el acampe se retiraba muchas horas después de terminado y fue secuestrado, fueron golpeados los compañeros del Polo Obrero y el Partido Obrero”, denunció el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
 
En un mensaje grabado, el militante comparó a la Policía de la Ciudad con la de Estados Unidos, quienes ejercieron violencia y cometieron un crimen de odio contra George Floyd: “Fueron torturados ahí en el piso ante el asombro de los compañeros porque le pusieron la rodilla en el cuello como a Floyd”.
 
Y agregó: “Es decir: una política represiva insólita luego de estar tres días en un acampe sin ningún tipo de problemas y solo porque el registro del compañero, del camionero que está acá no lo tenía a mano si sacaba el registro se terminaba el problema”.
 
“Ahora tenemos seis compañeros detenidos, reprimidos. Hay compañeros lastimados, a mí me golpearon la espalda muchísimo porque intentábamos que no detuvieran a los compañeros pero los detuvieron y reprimieron”, detalló.
 
El camión al que hacen referencia llevaba comida que utilizaron para el acampe. Mientras que las personas detenidas son cuatro hombres y dos mujeres. En este momento reclaman por su liberación mientras sientan posición como Belliboni respecto de este accionar: “Larreta colabora con (Alberto) Fernández en el ajuste porque esta movilización la hicimos contra el ajuste. Entonces está claro que Larreta, que el PRO, el Gobierno están de acuerdo en reprimir: uno no atiende a los trabajadores y el otro reprime. Larreta tiene que decirle a su ministro de Seguridad que renuncie”.

Así figura en el escrito presentado por el prófugo ante la Comisión de Refugiados de Uruguay. En su declaración hizo mención a los agentes de la AFI y a dos jueces de la Corte.

El exoperador judicial de Mauricio Macri y hoy prófugo de la Justicia argentina –con pedido de captura de Interpol- Fabián “Pepín” Rodríguez Simón terminó por confesar, por escrito, cuál fue su verdadero rol durante la administración de Cambiemos.

Comodoro Py es como se denomina “un grupo de juzgados y fiscalías penales federales que, desde la última dictadura militar y también durante los gobiernos democráticos, fueron colonizados por agentes o colaboradores de los servicios de inteligencia locales, constituyendo una poderosa corporación extorsiva y al margen del derecho”.

Al no hacer distinción, el imputado incluye a la administración que integró, cuya cúpula de la AFI está bajo investigación en múltiples causas de espionaje ilegal, según reveló ambito.com

“Pepín” contó que se unió a Macri en 2007. Describió cargos y roles –incluido su rol en el Ministerio de Ambiente, donde llegó a ser procesado por la UCEP (esto no lo menciona)- y se autodefinió como “interlocutor y enlace político del PRO con la Coalición Cívica, a nivel local (CABA), nacional y regional”.

También se autodefinió como “interlocutor político del PRO con movimientos sociales de izquierda”, señalando a la CTEP de Juan Grabois, un nexo siempre sospechado, pero ahora confirmado.

“Soy abogado de confianza de Macri y de Rodríguez Larreta”, enunció a continuación, además de “consultor de cuestiones técnicas de derecho internacional”. “Soy íntimo amigo personal de José María Torello desde hace más de cuarenta años”, indicó. Torello es otro de los imputados por la mesa judicial y por su interacción en la presión de jueces.

“Soy amigo personal desde hace más de cuarenta años de Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte desde 2016 y presidente desde 2018”, puntualizó.

Como asesor “diseñé y coordiné la implementación de la estrategia político jurídica de transferencia de la actividad de juego en territorio porteño”. Justamente en ese punto, el entonces funcionario macrista incluyó que, durante su paso por la función, protagonizó “varios episodios de importancia política simbólica que contribuyeron a levantar exageradamente mi perfil y exponerme a rencores personales y políticos”.

Respecto a la designación de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti, por decreto simple, dijo: “Los candidatos habían sido sugeridos por mí a requerimiento de Macri cuando era candidato y la modalidad de designación provisoria había sido también sugerencia mía como una alternativa válida jurídicamente”.

El año pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó la captura nacional e internacional de Rodríguez Simón. En esa causa está imputado por extorsión y amenazas a los dueños del Grupo Indalo: Cristóbal López y Fabián de Souza, quienes fueron encarcelados -durante el gobierno de Macri- sin pruebas.

El referente de Juntos y diputado de la oposición había sido citado para declarara “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados” en la causa sobre espionaje durante el macrismo.

La causa por espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo se reactivará la semana próxima con el inicio de las declaraciones testimoniales ordenadas por el juzgado, entre ellas la del diputado nacional Diego Santilli, quien pidió responder por escrito.

Santilli está citado este lunes para expedirse “acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”, según resolvió el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Sin embargo, el diputado nacional, querellante como víctima del espionaje ilegal, hizo uso de su derecho a declarar por escrito y ante ello el juzgado le enviará un pliego de preguntas luego de consultar a las partes.

Para el martes 15 a las 10 hs sí está previsto que concurra a Comodoro Py 2002 otro testigo convocado, el exfuncionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.

Un detenido en una causa por narcotráfico declaró luego que habría sido contactado por un abogado que trabajaba para la AFI para dejar la caja en la casa de Vila.

El próximo testigo convocado para el 21 de marzo es Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri y un día después, el 22, se espera a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aunque en su caso también podría optar responder por escrito.

A Caamaño, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario Tiempo Argentino el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que “deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520”.

Otro testigo será el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo “a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa. Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.
Martínez De Giorgi ordenó las citaciones entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación iniciada en la justicia federal de Lomas de Zamora por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la causa estuvieron procesados los ex responsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes. Pero cuando el caso pasó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito. La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

Distintas querellas apelaron el fallo del 21 de diciembre pasado para llegar a la Cámara Federal de Casación, pero los recursos fueron rechazados y sólo resta ir en queja directa ante el máximo tribunal penal federal del país.

La acción judicial se realizó luego de conocerse el pedido de la ex vicepresidenta a la ex titular de la Oficina Anticorrupción para que desvincule a un amigo de una causa de estafas al ANSES.

La exvicepresidenta Gabriela Michetti y la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso fueron denunciadas este miércoles por supuesto “tráfico de influencias” en los tribunales federales de Retiro, a raíz de los mensajes en los que se aludió a la situación de un denunciado por ese organismo.

La denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten fue sorteada y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

En su presentación se alude a un posible delito cometido en el marco del artículo 256 BIS del Código Penal, segundo párrafo, que dispone pena para quien “por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones“.

En su segundo párrafo prevé que “si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años“.

Así lo ordenó el titular de la Oficina Anticorrupción, quien además señaló que no es la primera vez que la ex vicepresidenta recurre a las favores políticos y los encubrimientos.

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, confirmó este martes que le solicitó a los funcionarios a su cargo que releven información sobre los audios en los cuales la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide a Laura Alonso, titular del organismo durante el gobierno de Cambiemos, que interceda para desvincular de una investigación a Gabriel Pino, quien era un allegado de la entonces titular del Senado.

“Le solicité a los funcionarios que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Laura Alonso“, señaló Crous en declaraciones radiales.

Crous consideró que las grabaciones aluden “a una actividad propia de la Oficina” que encabeza, y confirmó que ya tiene “alguna documentación en estudio”, mientras se analizan otras informaciones sobre los hechos aludidos en esos registros que ayer fueron difundidos por varios medios periodísticos.

Para Crous, lo difundido en esa grabación “es una situación anormal y las características de esa situación dependerá de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa“.

“Quiero ser muy cauteloso porque no quiero hacer consideraciones en abstracto y si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información que además vincule inequívocamente esas situaciones que allí se aluden informaciones”, subrayó Crous.

No es la primera vez que se conoce este tipo de manejos por parte de Michetti, ya que en 2020 le había comunicado al quien era el titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, Mario Cimadevilla, su malestar por la forma en la cual se había indagado al exfiscal José Barbaccia por parte de la querella del Estado.