Fue intendente del PRO: imputaron a Garro por “asociación Ilícita” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”
Este lunes allanaron su vivienda, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido de La Plata.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó este lunes distintos allanamientos La Plata, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido.
Entre estos últimos estuvo la casa del ex intendente Julio Garro, que quedó imputado por los delitos de “Asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad Ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.
La solicitud también pesó sobre otros exfuncionarios de la gestión de Garro y empresarios platenses vinculados a las supuestas maniobras fraudulentas que se investigan. Se habla de un beneficio económico de unos 1.500 millones de dólares. El caso lo lleva adelante Marcela
Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, que hizo efectivo el pedido del titular de la UFI Nº16 de la ciudad.
En total se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyen el domicilio particular de Garro, los asientos físicos, operativos y administrativos de cuatro empresas privadas y domicilios particulares de empleados municipales y privados.
“En dichos lugares se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia”, según informó El Día.
“De los elementos reunidos en la presente investigación, se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, destaca la resolución judicial.
“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas intervinientes, por un monto aproximado de 1.500.000.000 millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700.000 millones de pesos. En esta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas”, se agrega.
En tanto, en función de la investigación llevada adelante hasta el momento, el fiscal señala tener la “sincera e íntima convicción” de la existencia de “la semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivos bastantes para sospechar que los causantes han participado en su comisión”.
Además, entre los considerandos señala que las peticiones “tienen como fin resguardar la documentación y elemento de interés que pueda existir en poder de las empresas y los causantes en cuestión, así como poder avanzar en los hechos que se investigan, y la interconexión entre si, especialmente entre los sindicados en las presentes como aquellos que devengan de las pruebas que se colecten”.
Además de Garro, quedaron imputados en la causa los ex funcioanarios María José Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones). También se ordenaron allanamientos a las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cia. SRL., Solvial Construcciones y Agrycon S.A.
Finalmente, Concomí Alcorta pide investigar si hubo sobreprecios en una obra pública para el barrio La Cañada de City Bell. La obra encomendada por la Municipalidad de La Plata consistía en “la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos al Barrio Cerrado La Cañada de Chacras, es decir en intersecciones de las calles 467 y 160 de la ciudad de La Plata, la cual particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”.
De los elementos originariamente incorporados surgía que dicha obra tendría un costo de 39.080.657 millones de pesos, debiéndose abonar según convenio del 13 de julio de 2022 (…) (firmado por Cecilia Mayocchi por Agrycon S.A. y por el ex intendente Garro) y que la plusvalía total ascendía de 77.459.684 millones de pesos (no se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto)”.
Comunicado de la Municipalidad de La Plata
“Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables.
En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas.
Pero, además, muchas de las urbanizaciones afectadas por estas ordenanzas corresponden a barrios cerrados, los que se encuentran regulados el decreto provincial Nº27, sancionado en 1998, por el que la Provincia se reservó el derecho de aprobar los proyectos de construcción de esos barrios cerrados. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo bonaerense la autoridad competente y responsable de su autorización.
Ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial y, consecuentemente, ninguna de las empresas que los construyen pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas particulares.
El principio de continuidad de la función pública no se encuentra en duda, como tampoco la inaplicabilidad de las ordenanza que no están convalidadas. La situación de irregularidad fue advertida expresa y formalmente por funcionarios del Área de Legal y Técnica municipal en 2017, al reconocer la no aplicabilidad de las ordenanzas relativas al régimen de zonificación urbanística, hasta tanto no se encuentren convalidadas”.