Luis Arias: “La gestiÃģn de Julio Garro va a pasar a la historia por su mediocridad”

A unos días de las PASO, el precandidato a concejal del Frente de Todos en La Plata hablÃģ en exclusiva con Primereando Las Noticias.

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La Suprema Corte suspendiÃģ la destituciÃģn de un juez perseguido por Vidal

Se trata de Luis Arias, quien fallÃģ en contra de los tarifazos del macrismo. El MÃĄximo Tribunal obligÃģ al Jurado de Enjuiciamiento a que admita y tramite el Recurso Extraordinario presentado por el magistrado.

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Denuncian que en Bolivia los militares violan mujeres muertas

El escalofriante informe fue difundido por la comitiva argentina que se encuentra acompaÃąando a las víctimas del gobierno de facto

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Un hombre vinculado con la dictadura reemplazarÃĄ a Arias: “Repudiamos esta decisiÃģn””

Se trata de Francisco José Terrier, quien se desempeña como titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata. “Tras la injusta suspensión del juez Arias, su reemplazante será un ex funcionario de la Policía de Buenos Aires del genocida Ramón Camps”, dijo la diputada provincial electa, Florencia Saintout, al repudiar “esta decisión orquestada por el Gobierno”.

El juez en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, suspendido la semana pasada por noventa días en el marco de un juicio político en su contra, será subrogado por Francisco José Terrier, un magistrado ligado a la última dictadura cívico-militar. Así lo resolvió la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la capital provincial.

 Terrier, quien actualmente está al frente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3, es un comisario inspector retirado de la Policía bonaerense. Actuó en la División de Asuntos Jurídicos cuando la fuerza estaba al mando el genocida Ramón Camps, responsable de la red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la provincia de Buenos Aires.

Ese nefasto pasado se refleja hoy en sus fallos judiciales. En marzo de este año, por ejemplo, ordenó al Ministerio de Seguridad que reincorporara a un policía acusado de haber torturado y hecho desaparecer al adolescente Luciano Arruga en 2009.

Entre otras polémicas decisiones, también hizo lugar a un recurso de amparo que limitaba el derecho a huelga de los docentes y los obligaba a volver a clases, sin una resolución del conflicto salarial.

“Tras la injusta suspensión del juez Arias, su reemplazante será un ex funcionario de la Policía de Buenos Aires del genocida Ramón Camps durante la última dictadura cívico militar. Repudiamos esta decisión orquestada por el Gobierno”, afirmó la diputada bonaerense electa por Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, a través de su cuenta de Twitter.

Arias fue suspendido la semana pasada por noventa días en el inicio del juicio en el que se lo acusó en 21 expedientes, mayormente por frenar desalojos en favor de personas carenciadas.

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Increíble: un juez vinculado a la dictadura reemplazarÃĄ al suspendido Luis Arias

Se trata del juez en lo Contencioso Administrativo Nº3, Francisco José Terrier, que reemplazará a Luis Arias, suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Arias denunció una "persecución ideológica" contra su persona tras fallos en contra de diversas políticas del macrismo, como el tarifazo del año pasado.

Durante la suspensión, será reemplazado por Terrier. ¿Quién es? Un comisario inspector retirado de la policía bonaerense en tiempos de Ramón Camps, uno de los hombres fuerte de la represión ilegal durante la última dictadura. Durante la gestión de Camps, ocupó un cargo clave en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía. ¿No supo de las violaciones a los derechos humanos?

Terrier también fue severamente cuestionado por un falló en el que ordenó al Ministerio de Seguridad provincial que reincorpore a un policía que había sido pasado a disponibilidad luego de ser acusado de haber torturado y hecho desaparecer al adolescente Luciano Arruga en 2009. Como se ve, un juez coherente…

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Sigue la presiÃģn del macrismo sobre la Justicia: suspendieron a Arias

Sigue la presión del oficialismo sobre magistrados que el macrismo considera como "kirchneristas". El juez platense Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, fue acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros. Fue suspendido del cargo y será sometido a juicio político por presunto mal desempeño.

El tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad que los fundamentos para que se inicie un proceso en contra de Arias son válidos, y se procedió a su suspensión como  titular del Juzgado Contencioso Administrativo.

El magistrado, considerado como "kirchnerista" por el macrismo, falló en varias causas en contra de lo exigido por Cambiemos, como ocurrió en el conflicto de los docentes o en el caso de los tarifazos. "Esto es una caza de brujas y una persecución ideológica”, aseguró Arias. Diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron un "abrazo solidario" en La Plata para apoyar al juez suspendido.

El cuerpo los senadores que falló por unanimidad contra el juez, Luis Federico Arias, fue integrado por Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D'Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D'Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021. En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).

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“Los servicios pÚblicos no deben ser ponderados desde una lÃģgica de mercado”

El juez en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, Luis Federico Arias, aseguró hoy que más allá de lo que resuelva la Corte Suprema sobre los incrementos en el precio de las tarifas de los servicios públicos “esa no va a ser la última palabra”, y sostuvo que podría llegar a tribunales internacionales ya que se trata de "derechos humanos fundamentales".

"Más allá de lo que diga la Corte Suprema, esa no va a ser la última palabra. Muchos usuarios podrán ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a otros tribunales internacionales porque esto no solamente está vinculado a la economía, sino a la satisfacción de derechos humanos fundamentales", aseguro hoy el magistrado en declaraciones a radio La Once Diez.

Ademas Arias remarcó que "Los servicios públicos no deben ser ponderados desde una lógica de mercado" porque afectan derechos fundamentales como el derecho a la vivienda.

El juez platense aseguró que si el costo de la energía supone la afectación de una parte importante del salario, "para no afectar derechos, no queda otro remedio que subsidiar esa actividad, como se hace en muchas partes del mundo".

“Hoy por hoy, las resoluciones que dieron lugar a los aumentos de tarifas están anuladas, por lo que las que se emitieron con aumento, carecen de sustento legal. Por eso, están vigentes los cuadros tarifarios anteriores a los aumentos", y agregó: "Lo que recomiendo es que por el momento no se pague ninguna factura, porque esto está en pleno debate”.

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La justicia ordenÃģ reabrir las paritarias bonaerenses

A partir de una medida cautelar, el juez de La Plata, Luis Federico Arias, dictaminó ayer que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrá tres días hábiles para convocar a paritaria a todos los gremios comprendidos en la Ley Nº 10.430, para continuar con las negociaciones salariales de acuerdo a la ley de paritaria.

Se trata del tercer fallo en el mismo sentido. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo había ratificado una primera medida precautelar dictada por el juez Arias estableciendo la “prohibición de innovar” al Ejecutivo provincial “en su pretensión de dar por concluida la negociación paritaria con los trabajadores estatales”.

El fallo Arias había hecho lugar a un recurso presentado por ATE y los gremios de la CTA Autónoma que no aceptaron la última oferta salarial elevada por el gobierno bonaerense que consistió en una suba del 15 por ciento en dos cuotas hasta julio. La propuesta fue aceptada por UPCN y Fegeppba, aunque Soeme la rechazó y decidió romper con la Federación.

Días atrás, durante una conferencia de prensa, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, confirmó que el Poder Ejecutivo bonaerense acatará lo dictaminado por la justicia.

“Están convocados, estemos o no de acuerdo con los fallos judiciales lo que no vamos a hacer es no cumplir”, aseguró Vidal que luego aseguró que los gremios que no acordaron en paritarias representan sólo al 8 por ciento de los trabajadores.

Sin embargo, desde ATE sostienen que cuentan con 47 mil afiliados y son el gremio mayoritario, aún por sobre UPCN. La falta de una compulsa de padrón impide una real valoración sobre la representatividad de cada sindicato.

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Nuevo round entre el gobierno y los sindicatos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló ayer el fallo que ordenaba “la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa”.

Vidal había dado por cerrada la paritaria tras arreglar con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) un aumento del 15,6% y el compromiso de seguir negociando a partir de julio próximo. Sin embargo, tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) rechazaron la oferta y se presentaron ante la Justicia.

En el fallo, Arias requirió al Ministerio de Trabajo bonaerense que en el plazo de dos días le remita las actuaciones vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso.

Los principales argumentos que se elaboraron desde la administración provincial para respaldar la decisión apelatoria se basa en un texto que asegura: "El procedimiento de negociación colectiva desempeñado, ha sido llevado a cabo atendiendo a la normativa vigente desenvolviéndose con total normalidad. Se realizaron una serie de gestiones y negociaciones preliminares por ante el Ministerio de Trabajo, que resultan un antecedente inmediato de las mesas paritarias y que evidencian la predisposición y apertura del Estado Provincial respecto a la más amplia discusión y búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas por todas las organizaciones gremiales".

"Teniendo en consideración la absoluta regularidad del procedimiento empleado, se decidió dar por aprobada formalmente, y por mayoría, la propuesta salarial para el primer semestre del año 2016 (del 1/1/2016 al 30/6/2016) presentada por el Estado Provincial", asegura dicho informe.

Además, la batería de argumentos legales cuenta con el planteo de "falta de legitimación de la central de trabajadores (CTA). Ya que no dispone de personería gremial para formar parte de las mismas” y a continuación informa que no se suspenderán los pagos correspondientes.

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Juez platense ordenÃģ al Ejecutivo nacional “abstenerse” de modificar la AFSCA

El juez Luis Arias ordenó ayer a la administración política nacional que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)”.

Arias aceptó hoy un pedido del delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de la Región La Plata, Guillermo Luis Guerín, en la que solicitaba la “nulidad absoluta” del Decreto N°236/15, que resolvió la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, Arias dictó una medida precautelar en la que ordenó “la prohibición de innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

Al mismo tiempo, el magistrado declaró “la incompetencia de la justicia provincial para dirimir la contienda de autos” y remitió las actuaciones “al juzgado federal competente para su intervención”.

Arias dijo que la resolución “afecta todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante (fecha de la presentación del pedido de nulidad)” y señaló que la acción se realizó “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”, al tiempo que explicó que “es una medida preventiva para que no hay nuevo actos que agraven la situación”.

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