ARA San Juan: denunciaron a los camaristas que sobreseyeron a Macri por el espionaje

El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

El letrado pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y “posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con sus cargos y prevaricato”.

Según consta en la denuncia, el abogado reclamó además que, mientras tramita su pedido, “se proceda a suspender a los magistrados denunciados” y se formule “la correspondiente acusación y sumario ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.

Tagliepietra -quien actúa como querellante en la causa penal- formuló la denuncia contra los camaristas que el 15 de julio último revocaron lo decidido en primera instancia y sobreseyeron, entre otros, a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Los procesamientos de Macri, Arribas, Majdalani y subordinados de éstos habían sido dictados el 1 de octubre de 2021 por el juez federal Martín Bava.

En su pedido al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el padre del marino Alejandro Tagliapietra, fallecido en el hundimiento del 15 de noviembre de 2017, sostuvo que los jueces “violaron la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra legislación”.

El denunciante afirmó que las tareas de espionaje “ilegal” fueron “intromisiones gravísimas” en la vida privada de los familiares de los tripulantes del submarino y que los camaristas “no explican en qué modo, tiempo y circunstancias quienes resultamos victimas podríamos realizar” la actividad criminal que, según la ley 25.520, autoriza las actividades de espionaje.

Tagliapietra manifestó que sí se hubiese temido una actividad contra el entonces Presidente de la Nación, se debió “denunciar dicha circunstancia ante el Juez Federal en turno para que este adopte las medidas que entienda necesarias para hacer cesar este peligro”.

Agregó que, para sobreseer a Macri, Arribas y Majdalani como a otros procesados, Llorens, Bertuzzi y Bruglia prescindieron de “cuantiosa prueba” incriminatoria y solo ponderaron testimonios que favorecieron a los imputados.

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Ex presidente de Paraguay, íntimo amigo de Macri, fue declarado por EE.UU como “corrupto”

El gobierno de Biden sancionó a Horacio Cartes y le retiró la visa. Mauricio Macri viajó a visitarlo en plena pandemia en un viaje privado.

Estados Unidos señala al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara por su participación en actos de corrupción significativos. El ex presidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay” sostiene la declaración del gobierno de Estados Unidos.

De esta manera, el Secretario de Estado, Antony Blinken, declaró al íntimo amigo de Mauricio Macri como “significativamente corrupto” y anunció que cancela su visa tanto la de su familia y acusa al exmandatario de obstruir una investigación de crimen trasnacional que involucraba a uno de sus socios.

Una enorme cantidad de hechos emparentan a Cartes con la Argentina. La más notoria y asombrosa es su amistad -¿y sociedad?- con el expresidente Macri.

En julio de 2020, en el peor momento de la pandemia, Macri viajó a Paraguay por un día en un avión privado puesto a disposición por Cartés. No cumplieron ninguno de los protocolos y hubo un verdadero escándalo en Paraguay porque en aquel entonces regían estrictas medidas sanitarias. Su custodio, perteneciente a la Policía Federal, no informó del viaje y nadie explicó nunca a qué fue. Se intentó justificar el vuelo por su cargo en la FIFA, pero el organismo desmintió cualquier vinculación.

La segunda relación reciente de Cartes con la Argentina es que su empresa de cigarrillos utilizó el avión venezolano de Emtrasur para trasladar en mayo un cargamento de cigarrillos a la isla de Aruba, que tiene administración de los Países Bajos. E

l Jumbo estuvo en Ciudad del Este tres días y llegó y partió sin problemas. La cuestión fue usada por el actual presidente Mario Abdo, en guerra contra Cartes, para difundir supuestas informaciones de servicios de inteligencia, por ejemplo, referidas a que un mecánico estuvo en Cuba y se hizo una operación de cambio de cara.

Cartes, quien se desempeñó como presidente de Paraguay entre agosto de 2013 y agosto de 2018, es propietario de un conglomerado de unas 25 empresas, incluyendo uno de los tres conglomerados de medios de comunicación de Paraguay.

El ex presidente ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en su patrimonio multimillonario y ha sido investigado en Brasil por sus vínculos con el líder de una red de lavado de dinero.

El juez federal Marcelo Bretas, encargado de las investigaciones en Río de Janeiro sobre los millonarios desvíos que ocurrieron en la petrolera estatal Petrobras y destaparon una vasta trama de corrupción de dimensión internacional, pidió la captura internacional de cartes en noviembre de 2019.

Hay un tercer vínculo indirecto, pero que exhibe el entramado. Cartes tenía un vínculo muy cercano con Dario Messer, el doleiro -cambista- brasileño a través del cual se cursaban buena parte de las coimas del gigante de la construcción Odebrecht. La empresa brasileña estuvo asociada al grupo Macri, en especial en el soterramiento del Sarmiento.

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Cristina recordó que fue Pepín Rodríguez quien le propuso a Macri nombrar a los jueces de la Corte

La vicepresidenta replicó un video de Mauricio Macri junto a Eduardo Feinmann, donde el líder de la oposición reconoce que “fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón” nombrar a Rosenkrantz y Rosatti.

En una especie de fe de erratas del video que publicó este lunes, Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para remarcar que fue el prófugo macrista Pepín Rodríguez Simón quien le propuso a Mauricio Macri publicar el decreto 83/2015 del 14 de diciembre de 2015, mediante el cual designó a los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti

“Ayer el periodista Víctor Hugo Morales señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: “el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. Tiene razón, me había olvidado de esto”, escribió la vicepresidenta.

Junto al mensaje, Cristina replicó un fragmento de una nota que le hizo el periodista Eduardo Feinmann al propio líder de Juntos por el Cambio en pleno macrismo, donde Macri reconoce que “fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón”.

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ARA San Juan: pedirán juicio político de los jueces que sobreseyeron a Macri

El abogado y padre de una de las víctimas sostuvo que ya se encuentran trabajando en el recurso de Casación contra el tribunal que consideró que las tareas de inteligencia a los familiares de los tripulantes del submarino no fueron ilegales.

Luis Tagliapietra, abogado querellante de familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan y padre de Alejandro, uno de los tripulantes del submarino, ratificó este lunes que irá “hasta las últimas consecuencias” en la lucha por la “verdad y la justicia” y anticipó que se pedirá el juicio político de los jueces que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri, entre otros recursos judiciales.

Vamos a denunciar penalmente a estos jueces y también vamos a pedir su juicio político. Estamos trabajando fuertemente en estas cuestiones, que obviamente algunas requieren que se planteen después de la feria judicial; no nos olvidemos que este fallo nos fue notificado el día viernes a las 14 horas ya en feria”, afirmó el letrado en declaraciones a Télam Radio.

Así se expresó Tagliapietra tras conocer el fallo de la Cámara Federal porteña, que lleva las firmas de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y que sobreseyó al expresidente y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de ese Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, tras considerar que las tareas de inteligencia a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017, no habrían sido ilegales, sino que que se trató de maniobras para proteger la seguridad presidencial.

En ese sentido, el abogado sostuvo que ya se encuentran trabajando en el recurso de Casación que consideró como “lo que inmediatamente corresponde por ley”.

“Esto es porque obviamente la sentencia es de carácter definitivo porque tiende a dar por terminada la investigación y por, obviamente, una errónea interpretación de la ley y de la prueba. Prácticamente este fallo permite todas las posibilidades que exige el recurso de Casación”, puntualizó.

Por otro lado, Tagliapietra anticipó que también van “a hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque es un fallo claramente violatorio al Pacto de San José de Costa Rica”, ya que sostuvo que intenta “legalizar actividades de espionaje interno contra ciudadanos bajo, claramente, una argumentación absolutamente insostenible”.

“Así que para nosotros, como sí somos muy respetuosos de la ley, nos remitiremos a lo que la misma exige”, subrayó.

Y agregó que “por supuesto seguiremos luchando nosotros por la verdad y la justicia, porque algo que tiene que saber el expresidente es que la verdad en un proceso penal se ventila en un juicio oral y público, no a través de chicanas jurídicas y apelaciones insustentadas”.

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Espionaje a familiares del ARA San Juan: “Parece que ni siquiera leyeron la causa, copiaron y pegaron la defensa de Macri”

Así lo señaló Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, ex tripulante del ARA San Juan, y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas.

Luego del polémico fallo que sobreseyó a Mauricio Macri por el presunto espionaje ilegal entre 2017 y 2018, familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan volvieron a repudiar el fallo de la Justicia federal. El expresidente fue beneficiado por la Cámara Federal porteña, que no rechazó el espionaje, sino que lo justificó bajo el polémico argumento de que estaba en riesgo la seguridad del entonces jefe de Estado.

“Parece que ni siquiera leyeron la causa”, “copiaron y pegaron la defensa de Macri”, “es repugnante a nuestra Constitución Nacional y leyes”, “el argumento se cae por su propio peso”, “desde que supimos que los jueces que nos tocaron pensamos en que iban a buscar la manera de ayudar al expresidente”, lanzó Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, extripulante del ARA San Juan, y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas, en declaraciones radiales.

Para los magistrados, las tareas de espionaje que desplegó la AFI desde su base en Mar del Plata se justificaron porque lo que estaba en riesgo era la seguridad del entonces presidente o razones de seguridad interior.

En ese sentido, el abogado querellante reveló que el fallo fue “sorpresivo”, pero no por el resultado final, sino “por los términos que se emplearon”. “La prueba del espionaje que sufrimos fue tan contundente que tuvieron que inventar que estuvo justificada en razón de la seguridad presidencial. Algo que lo que hace es sumar gravedad a la cuestión. Porque nuestra Constitución Nacional es clarísima, la ley de Inteligencia es clarísima, la ley de seguridad interior”, advirtió.

Luego, Tagliapietra añadió: “Desde este punto, legalizar el espionaje a ciudadanos comunes con esta justificación no solo es grotesco, es repugnante a nuestra Constitución y leyes, a los tratados internacionales de Derechos Humanos. Como si fuera poco, estos jueces parece que ni siquiera leyeron la causa, porque desconocen pruebas importantísimas donde está demostrado que las actividades de espionaje que sufrimos nada tuvieron que ver con la seguridad de Macri”.

El especialista explicó que la AFI puede actuar ante un peligro inminente, pero tiene que notificarlo ante un juez. Es decir, puede instrumentar sus acciones, pero en cuanto pueda, tiene que notificar las tareas para que se controlen. “Esto no pasó nunca en todo un año. Se cae por su propio peso ese argumento”, dijo. Y sobre otro punto, cuestionó: “¿Un menor de ocho años que fue seguido y fotografiado qué riesgo puede representar para la seguridad del Presidente?”

Esto abre un nuevo argumento que invalida el fallo de los jueces: “La seguridad de Macri dio cuenta cómo funciona la seguridad del Presidente. Nos dijeron contundentemente que ellos no pidieron en ningún momento a la AFI ninguna tarea de espionaje o vigilancia sobre nosotros. También dicen que nunca recibieron ninguna información de la AFI. Estos jueces dicen esto porque copiaron y pegaron el planteo de la defensa de Macri que está sustentado en el propio relato del expresidente que no está obligado a decir la verdad”.

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La Justicia confirmó que el macrismo compró fiscales electorales con bono clandestino en 2019

El entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.

La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos a los comicios y que debía tener como destino real a desocupados.

La desproporción y el volumen de la maniobra clientelar quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población.

La causa judicial arrancó por una investigación del medio Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González, que a su vez instruye la causa por delegación de la jueza con competencia electoral María Servini.

El expediente investiga la utilización por parte del gobierno anterior de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, que implementó el despliegue en todo el país de 130 mil bonos de $ 5000 cada uno supuestamente orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.

La administración macrista jamás anunció públicamente la puesta en marcha de ese programa pese a su magnitud y alcance nacional, no lo publicó en el Boletín Oficial ni abrió registro alguno para que pudiesen inscribirse posibles beneficiarios. Sica sólo aludió al bono clandestino una vez que este diario publicó varias notas al respecto y cuando la magistrada ordenó suspender los pagos a mediados de octubre de 2019, a falta de diez días para la elección presidencial general, por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista que pudiese violar el código electoral.

Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que en esa provincia más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio habría cobrado el bono. La acusación iba un paso más allá de las sospechas originales según las cuales el beneficio orquestado por el entonces gobierno nacional había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales, para señalar que al menos en la provincia norteña se había utilizado para comprar la voluntad de autoridades de mesa con vistas al proceso electoral.

Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.

El primer dato inquietante del estudio realizado por el órgano judicial señala que más de la mitad de los 2992 fiscales de Juntos por el Cambio inscriptos para los comicios de 2019 presentaron documentos de identidad inválidos. Ese factor obligó a reducir el análisis sobre 1209 autoridades partidarias con su DNI en regla (que participaron en las PASO, las generales o en ambas instancias), lo que a juicio de los investigadores sugiere que “el número de fiscales encontrados entre los beneficiarios del bono podría ser mayor” al expuesto en la pericia.

Al momento de las PASO el bono, de acuerdo a la investigación, todavía estaba en etapa preparatoria y restaban dos meses para su instrumentación formal mediante la resolución 1177. No obstante en los registros de la Justicia electoral relevados por los peritos fueron hallados 140 fiscales como perceptores del bono sobre un total de 590 que actuaron para Juntos por el Cambio.

Mientras que para las generales (27 de octubre), cuando la norma de Empleo ya tenía casi un mes de publicada y a pesar de que el 18 de octubre la jueza Servini había prohibido que continuara su otorgamiento, el informe dejó plasmado el dato más impactante: casi la mitad de los fiscales de la oposición, 243 sobre un total de 503, estaban registrados como perceptores del bono clandestino.

El número es incluso más contundente si se toman en cuenta los fiscales que actuaron en ambas elecciones: de un total de 116, se constató que 74 (63%) cobraron el beneficio que en la provincia tramitaban punteros de la oposición. Para tener una dimensión más clara de la desproporción en el reparto de beneficios entre los fiscales, el entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.

El informe también relevó los datos aportados por el denunciante Caraballo. En su presentación original, el letrado formoseño había suministrado un listado de 756 fiscales que supuestamente habían cobrado el bono, lo que le permitía inferir que más de la mitad de los partícipes de la elección a cargo del monitoreo para JXC estaban entre los beneficiarios. Los peritos judiciales constataron de manera plena ese aporte: el 95,77% de los nombres que figuraban en su denuncia había sido beneficiario del bono clandestino.

Más allá del resultado de la pericia, sus responsables le sugirieron al fiscal Ramiro González que “procure identificar los números de DNI del 59% de los fiscales (cuyos documentos aparecieron como inválidos), debido a que con ese dato será posible efectuar el entrecruzamiento en su totalidad”. Para los expertos, esa constatación podrá incluso elevar el porcentual de beneficiarios entre las autoridades de mesa de JXC. El funcionario judicial deberá para entonces nacionalizar la pericia para constatar si la maniobra de clientelismo se llevó a cabo en otros distritos, como sospechan los apoderados del Frente de Todos que radicaron la denuncia en base a la investigación de este diario.

La causa tiene como imputados a los exministros de Cambiemos Dante Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito); al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al programa de asistencia); al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados, junto a Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.

Durante la tramitación de la causa, que tuvo en sus manos el fiscal federal Jorge Di Lello hasta su muerte, en febrero de 2021, declararon varios intendentes de distritos gobernados en 2019 por el peronismo en los que el bono era ofrecido por sus rivales y candidatos opositores sin conocimiento de las autoridades locales y por fuera de los canales oficiales.

Desde entonces el expediente entró en un proceso de letargo (también murió en julio de 2021 el primer denunciante, el entonces apoderado del PJ Jorge Landau) y el actual responsable de la instrucción, el fiscal González, acotó por el momento la pesquisa al análisis de una posible infracción de índole electoral, es decir de menor gravedad que lo que representaría la utilización de fondos públicos para el montaje de una maniobra de clientelismo a nivel nacional.

Fuente: ambito.com

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Los familiares del ARA San Juan calificaron de “golpe judicial” al sobreseimiento de Macri

“Lo vivimos con decepción” señalaron en un comunicado firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.

La querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del submarino ARA San Juan expresó este viernes su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje, y calificó la decisión como un “golpe judicial”.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.

Y agregan: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.

Asimismo, recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional”.

“Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos”.

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Esmeralda Mitre: “Me gustaría saber cuánta plata puso Macri en La Nación+”

La hija de Bartolomé Mitre, accionista del diario La Nación, pidió al expresidente que blanquee su aporte económico al grupo mediático.

Esmeralda Mitre, actriz e hija del fallecido accionista del diario La Nación Bartolomé Mitre, pidió que el expresidente Mauricio Macri “diga cuanta plata puso en el canal de televisión La Nación+“, y afirmó que ese grupo mediático “genera la grieta instalando el odio“.

“Me gustaría que La Nación no fuera un diario partidario y además me gustaría saber cuánta plata puso Macri en La Nación+“, dijo Esmeralda Mitre anoche, en una entrevista en el programa Desiguales que emite la TV Pública.

Al realizar una crítica a la programación de ese canal de noticias, sostuvo que el canal “C5N parece de la realeza inglesa al lado de LN+” y añadió: “La Nación instala el odio y genera la grieta“.

Con respecto al litigio por la herencia y su participación en las acciones del diario La Nación, la hija de Bartolomé Mitre aseguró que los actuales dueños del grupo mediático “se han robado todo durante mucho tiempo” y “han humillado a mi padre” porque “el diario está destrozado”, ya que “lo único que les importa es el poder que te da estar en un diario”.

En la disputa por ocupar un cargo dentro de la dirección del grupo mediático, Mitre ratificó: “Ganamos y hoy somos los dueños del 39% de La Nación”.

En ese punto, advirtió que “Macri es parte del grupo que quiere quedarse con La Nación”.

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Evo Morales aseguró que “Macri envió armas para apoyar a Áñez”

Así lo afirmó el ex presidente de Bolivia en declaraciones radiales. “Alberto, en cambio, nos mandó medicamentos en plena pandemia”, sentenció.

Este jueves, el expresidente de Bolivia Evo Morales acusó este jueves al exmandatario Mauricio Macri de “enviar armas contra el pueblo” para apoyar al gobierno de facto de Jeanine Áñez, surgido tras el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019 en la nación andina. En el mismo tono, lamentó que algunos dirigentes de la región defiendan a personas que en la actualidad están condenadas en su país “por cometer delitos de lesa humanidad” duranta aquella asonada.

“Lamentablemente, el expresidente Macri envió armamento contra el pueblo boliviano. Alberto (Fernández), en cambio, nos mandó medicamentos en plena pandemia (de coronavirus)“, planteó. “Todavía hay presidentes y expresidentes de la región que defienden a personas que están presos por delitos de lesa humanidad y provocar dolor”, señaló Morales en diálogo con AM 750.

Respecto a las causas que se siguen en Bolivia por los hechos que en 2019 provocaron 37 muertes, el líder y fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) remarcó que la Justicia de su país determinó que “hubo un golpe de Estado” contra su Gobierno.

“El primero en reconocer al Gobierno de Áñez fue el estadounidense Donald Trump, luego (Jair) Bolsonaro –de Brasil- y Macri. Cuando la derecha no puede ganar acude a un golpe de Estado, con la ayuda de una prensa aliada y sectores del Congreso que son cómplices. Es otra forma de golpe que usa el imperio norteamericano”, observó el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Al analizar la situación de América Latina, el expresidente boliviano cuestionó a Estados Unidos al aseverar que “para el imperialismo norteamericano, los movimientos sociales y los sindicalistas somos terroristas”, y consideró que el Gobierno de Washington lo ve como un “Osama bin Laden andino”.

Evo Morales concluyó que “en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no tienen una embajada de Estados Unidos”.

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Envío de armas a Bolivia: declaró un testigo clave y complicó más al macrismo

En el marco de la causa que investiga las municiones anti tumulto enviadas por el macrismo a Bolivia, declaró el por entonces Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales.

El jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019, en el contexto del golpe contra el Gobierno de Evo Morales, declaró ante la justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces “conducción superior de Gendarmería” de la administración de Mauricio Macri.

Martín Hidalgo, que por entonces era Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania.

A lo largo de la declaración, Hidalgo contó cómo fue convocado para desplazarse a Bolivia, detalló que primero se barajó la posibilidad de ir en un vuelo comercial y finalmente lo hicieron en un Hércules de la Fuerza Aérea, aseguró que el traslado de las municiones lo ordenó la cúpula de la Gendarmería del Gobierno de Juntos por el Cambio y refirió que el “comandante Caliba” fue quien recibió las municiones en La Paz.

“La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia”, sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.

El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por “conducción superior de Gendarmería” se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.

La declaración testimonial fue presenciada, entre otros, por el abogado Manuel Barros, quien ejerce la defensa de los tres imputados señalados en la declaración del testigo: Otero, Salas y Caliba.

Los dichos del testigo

En el inicio de su declaración, Hidalgo señaló que no se desempeña actualmente en la Gendarmería Nacional y luego brindó un relato detallado de cómo fueron aquellos días de noviembre de 2019 en los que un avión de la Fuerza Aérea aterrizó en Bolivia con un grupo de gendarmes y miles de municiones anti tumulto.

“El día 10 de noviembre de 2019, un día domingo, fui notificado que íbamos a ir a Bolivia. Recibimos la orden de preparar un equipo, personal y medios para ser desplegado a la ciudad de La Paz, para brindar seguridad y protección a la Embajada y Residencia Argentina y a los funcionarios, por los conflictos de público conocimiento”, relató.

“El día 11 de noviembre de 2019 estuvimos en la Agrupación. Nos decían que nos íbamos, que no nos íbamos. Supuestamente nos íbamos a ir ese día, así que estuvimos en alerta todo el día, preparando el equipo. En horas de la tarde nos fuimos y teníamos que volver al día siguiente. Pensábamos que nos íbamos ese día 11, incluso se hizo una reserva de pasaje. Ese día se hizo una reserva para nosotros y también para la comisión que salía a Chile”, continuó.

“Como habíamos estado el día 10 y 11 esperando para ver si salíamos o no, el día 12 de noviembre nos dieron unas horas por la mañana libres. El día 12 de noviembre teníamos que volver al mediodía a la Agrupación y estar listos para salir. Ese día que volvimos al mediodía a la Agrupación, yo no tenía conocimiento de ese vehículo que me dicen que salió a la Dirección Nacional de Logística. Cuando el vehículo volvió a la Agrupación yo ya estaba allí”, avanzó en el relató.

“Habrá vuelto a las 13 horas, 13:30, pasado el mediodía. Trajo una carga de cartuchos anti tumulto que se descargaron en el gimnasio de la unidad nuestra. Más allá de los que nos íbamos en comisión a Bolivia, siempre hay más gente que cumple funciones en la Agrupación. En la descarga puede que haya participado gente que fue conmigo en comisión a Bolivia, o personal que cumple funciones en la Agrupación. Pero exactamente no puedo decir quienes participaron de la descarga”, detalló.

Las municiones habran ido a parar a la polica y la fuerza area boliviana para reprimir durante el golpe que destituy al presidente Evo Morales
Las municiones habrían ido a parar a la policía y la fuerza aérea boliviana para reprimir durante el golpe que destituyó al presidente Evo Morales.

El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en “caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento” o directamente por parte de “otro personal que fuera desplegado a Bolivia”.

También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado al caso de que fuera necesario “después de un tiempo apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina”.

“Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no”, explicó.

Para poner en contexto su declaración, Hidalgo recordó que “la residencia de México alojó funcionarios, y quisieron entrar por la fuerza a sacar funcionarios de la administración del Gobierno saliente”

“Uno sabe que en cuestiones de minutos se juntan 500 personas, y que aunque tengamos un equipo de gendarmes especializados y entrenados, ante una multitud de 100 personas que hubiesen querido tomar cualquiera de las dos instalaciones nuestras, no hubiésemos podido hacer mucho. Fueron situaciones que no pasaron, pero quiero aclararlo para contextualizar”, explicó y luego recordó que en la residencia argentina en Bolivia estuvo alojado el exministro de ese país, Carlos Romero Bonifaz.

La investigación

En esta causa se investiga qué pasó con las 70 mil balas de goma y otras municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue imputado también el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.

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