La diputada nacional del FpV, Cristina Álvarez Rodríguez, consideró que “los primeros 43 días del gobierno de Mauricio Macri fueron brutales” y señaló que el Partido Justicialista debe conformar "el rol opositor constructivo, propositivo y de defensa de los derechos conquistados a lo largo de los últimos doce años”.

Álvarez Rodríguez manifestó que “los más afectados son los trabajadores. Macri está gobernando con despidos de los empleados públicos y del sector privado, con encarcelamiento y criminalización de la protesta social".

En declaraciones periodísticas, consideró que “está haciendo lo que decíamos que iba a ocurrir, pero lo hace de manera brutal y por decreto. Tenemos que denunciar esto y proponer cómo ser mejores. Eso espera la ciudadanía, un peronismo moderno, activo y comprometido con la gente", agregó.

Consultada sobre la propuesta de Macri para que Sergio Massa sea el próximo titular del PJ, la diputada dijo que “el que te postula te define” y remarcó que “lo importante es no ser funcional a nuestro adversario real que es Macri. El adversario no está dentro sino afuera del FpV”.

Por último, expresó: “Que nos dejen a nosotros organizarnos, que tenemos experiencia y somos un partido con historia democrática y no de asociación con cualquiera para ganar una elección".

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su "repudio y preocupación" por los despidos masivos de trabajadores del Estado y del sector privado que se están llevando a cabo desde la asunción de Mauricio Macri.

"Detrás de cada trabajador despedido hay una familia que entra en crisis, que comienza a vivir en la incertidumbre, y un tejido social que se destruye", enfatizaron.

Desde la asociación que encabeza Estela de Carlotto expresaron su "solidaridad" con los miles de trabajadores despedidos en el último mes y pidieron "a las autoridades la defensa de las fuentes de trabajo y la reincorporación de los hombres y mujeres que fueron despedidos sin causa".

En ese sentido destacaron que "ya son miles los empleados estatales que, sin mediar palabra y sin atender a cada caso particular, se encuentran con la imposibilidad de acceder a su puesto de trabajo, bajo la acusación pública de ser un colectivo de 'ñoquis'”.

"A muchas de las personas despedidas las conocemos, compartimos tareas, apoyaron nuestra causa y trabajaron eficiente y comprometidamente en pos de consolidar un país inclusivo y con justicia social", aseveraron.

De esta manera, a través de un comunicado de prensa, señalaron que "una situación similar están viviendo miles de trabajadores del sector privado, que están siendo suspendidos o cesanteados".

“Las Abuelas de Plaza de Mayo reivindicamos a los trabajadores, expresamos nuestra solidaridad con ellos y pedimos a las autoridades la defensa de las fuentes de trabajo y la reincorporación de los hombres y mujeres que fueron despedidos sin causa”, finalizaron

Mauricio Macri parece dispuesto a tratar de ordenar todo a su antojo en sus primeras semanas de gobierno. Es que, envalentonado, desde Davos trató de alinear a la oposición y eligió a su propio candidato para la interna del PJ que ya empieza a hacer ruido.

El jefe de Estado aprovechó una conferencia con medios extranjeros, en el marco del Foro Económico Mundial, y lanzó al líder del Frente Renovador UNA, aliado suyo en la recorrida Suiza, como candidato a conducir el Partido Justicialista.

Para Macri, Sergio Massa, a quien presentó como "uno de los líderes más importantes de la oposición", "tiene serias posibilidades" de liderar el PJ que viene.

El gesto de Macri funciona como una nueva señal del nivel y grado de acuerdo al que llegaron ambos, en el marco de una alianza estratégica para cogobernar buena parte de esta gestión y disputarse la próxima.

El tema es tan claro que son cada vez más los dirigentes massistas que se suman a cargos de los gobiernos de Cambiemos e incluso son prioridad por sobre los radicales, relegados desde hace un tiempo por el macrismo a un tercer y cuarto plano.

Claro que la idea de Macri de neutralizar al kirchnerismo y otros sectores peronistas con la postulación de Massa chocará con la realidad convulsionada del partido.

Sin perder tiempo, otro de los que evidentemente está en carrera por la conducción pejotista, Daniel Scioli, salió a contestarle hoy mismo. "Macri quiere elegir al presidente del PJ con un DNU", afirmó, picante, en una nota con radio Rivadavia.

Y el excandidato presidencial fue más lejos y disparó: "Entiendo que Macri quiera un opositor funcional pero en el PJ lo eligen los afiliados".

Por su parte Máximo Kirchner salió a bajarle el tono a la interna y a tratar de volver la atención en lo que sucede en el país en materia económica y política . "Lo que me desvela es qué van a hacer con el país, no la interna del PJ", sostuvo hoy el líder de La Cámpora en una entrevista en Radio Del Plata. En la que habló del endeudamiento inminente del país, de la detención de Milagro Sala y de los despidos que impulsó el macrismo desde su llegada a la presidencia.

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, realizó fuertes declaraciones por la falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial respecto de los fondos para la continuidad de las obras en el distrito más populoso del país.

Magario aseguró que “no va a alcanzar con el endeudamiento que se votó en la Legislatura la semana pasada. Nosotros estamos trabajando en obras para terminar con inundaciones, hacer más asfaltos, red cloacal, la finalización de la red de agua potable, limpieza de arroyos y todas las obras grandes tenían financiamiento nacional y va quedando truncado porque no hay giro de dinero y no hay respuesta”.

En ese sentido agregó que en el distrito “vamos a tener que parar los trabajos. Por eso pedimos que pronto María Eugenia Vidal intervenga en esto, hable con Mauricio Macri y los fondos que la provincia se merece sean garantizados”.

También resaltó que la gobernadora es la que se tiene que poner al frente ”del reclamo sobre el aumento de la coparticipación para los bonaerenses” ante el Ejecutivo Nacional ya que “pertenecen al mismo espacio”. “Yo creí que Macri la iba a cuidar más”, señaló al respecto.

Sobre la relación con el gobierno bonaerense, la intendenta de La Matanza destacó: “Estoy esperando reunirme con la gobernadora. Ayer recibí un mail sobre una nota que le presentamos para charlar temas de gestión, y nos respondieron que el pedido había sido cursado al ministro de Gobierno. Esa no es manera de contestarle a la Intendenta del Municipio más numeroso de la Provincia. Me parece que no hay voluntad de trabajar en conjunto”.

“Necesitamos que las obras que se venían realizando sean garantizadas en su continuidad por el gobierno nacional. Le hemos pedido a la gobernadora que se ocupe de esto y pelee frente al nuevo Presidente que las inversiones de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires se sigan haciendo”, enfatizó la jefa comunal.

En referencia a las internas en el PJ, Magario aseguró que “el peronismo va a organizarse y si es necesario salir a la calle, saldremos. Por ahora, vamos a seguir agotando las instancias institucionales, vamos a seguir hablando y pidiendo que nos escuchen y restituyan todas las obras que teníamos en funcionamiento”.

"Es de destacar que no se mencionan en las consideraciones que fundan el decreto razones económicas o sociales que fundamenten bajo ningún punto de vista la necesidad o la urgencia del dictado de este decreto", sostiene el comunicado de los diputados.

A su vez detalla que "tampoco se dice cual será el destino de esos fondos que llevan lo que recibirá la Ciudad en virtud de la coparticipación de $10000 millones a $26000 millones".

"De seguirse el régimen establecido por la Ley 23548, el costo del aumento de la coparticipación de la CABA sería asumido por los fondos que se le asignan a la Nación, es decir que redundaría en menor cantidad de obras y políticas destinadas por el Gobierno Federal a las Provincias", continúa el texto.

Los diputados bonaerenses sostuvieron así que el gobierno de Mauricio Macri lleva adelante "un acto más de ofensa a las instituciones de la democracia, al sistema político argentino y, en esta ocasión, a la constitución argentina. Asimismo barre por completo nuestro sistema federal y republicano".

"El presidente de la nación de manera autoritaria se pone por encima de la Constitución Nacional (art. 75, inc.3) y del Congreso de la Nación, ya que una modificación de la coparticipación conlleva siempre un debate federal en el congreso, donde se debería discutir.

Desde hace muchos años los representantes del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires venimos exigiendo que la comisión Federal de Impuestos ponga en discusión una mejora de la participación de nuestra Provincia dada su cantidad de habitantes y su importante aporte al desarrollo nacional como cabecera de la actividad económica de nuestro país" expresa el comunicado.

Por lo que le solicita a la gobernadora que "eleve la demanda de todo el pueblo de la Provincia para que la rediscusión de la asignación de recursos por coparticipación se haga en los ámbitos donde democráticamente corresponde".

"¿Sabía la gobernadora María Eugenia Vidal de esta iniciativa del presidente cuando pidió a la legislatura provincial el endeudamiento?. Estamos frente a un gobierno provincial que termina convirtiéndose en canal financiero para engrosar, a través de la nación, el presupuesto de la Ciudad".

Y continua: "Queremos que la Gobernadora ponga el acento en esta discusión para lograr ingresos genuinos para nuestra provincia. Cómo espacio político consideramos importante pedir la modificación del Artículo 104 inciso b de la ley de impuesto a las ganancias para quitar el tope de 650 millones de pesos del llamado Fondo del Conurbano. Para que la provincia pueda recuperar alrededor de 30 mil millones de pesos y así sanear su déficit".

Finalmente cuestionan que el gobierno nacional hable de federalismo pero "gobierne con un sesgo unitario" por lo que subrayan que seguirán "discutiendo con el oficialismo cuáles son las políticas necesarias para recuperar el rumbo del crecimiento como ya lo hizo este país desde 2003 a 2015".

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se refirió al decreto presidencial que duplicó los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires, le pidió a Macri "que no dé a los bonaerenses lo que nos pertenece" y recordó que en territorio bonaerense "vive más del 38% de la población del país y aporta el 40% de los recursos que recauda la Nación”.

El jefe municipal lomense se refirió a la modificación del monto coparticipable que percibirá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo calificó como "positivo" y se mostró confiado en "que sea un antecedente para reparar la injusta situación de la Provincia".

"Así como se ocupó de la Ciudad, le pido al Presidente que nos dé a los bonaerenses lo que nos corresponde para poder crecer" solicitó Insaurralde, y agregó que "los bonaerenses fuimos, somos y seremos solidarios con un país federal, pero es importante garantizar una mejor calidad de vida para nuestra Provincia".

En este sentido, precisó que "en Buenos Aires vive más del 38% de la población del país y aporta el 40% de lo que recauda la Nación", y que "desde hace 20 años la Provincia viene cediendo muchísimo dinero que debería utilizarse en obras y mejoras en salud, seguridad y educación".

Insaurralde reiteró que desde Lomas de Zamora esperan "una posible actualización del monto que recibe la Provincia en relación a la coparticipación" al recordar que la provincia de Buenos Aires "en los ochenta, durante el gobierno radical de (Alejandro) Armendáriz, cedió del 28 al 22% su participación en los fondos de coparticipación", desfinanciación que en parte, fue paliada en 1992, cuando se estableció por Ley que el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias fuera a Buenos Aires.

"En 1995 se fijó un tope al llamado Fondo del Conurbano, de 650 millones de pesos que jamás se actualizaron", planteó, por lo que también solicitó "el aumento de la coparticipación para la provincia bonaerense".

La Ley de Coparticipación Federal está vigente desde enero de 1998 y fue modificada en múltiples oportunidades para ajustar los montos y añadir nuevas cláusulas.

A fines del pasado año, la Corte Suprema declaró inconstitucional una de las últimas modificaciones requerida por el gobierno de Cristina Fernández que establecía la deducción del 15% de los impuestos coparticipables destinados a financiar a la Anses.

El ministro del Interior, Obras y Servicios, Rogelio Frigerio, reiteró que va a "convocar" a todas las provincias para dialogar sobre el tema de la coparticipación federal de impuestos y "debatir cuál es la mejor forma de tener un país más federal", luego del decreto del presidente Mauricio Macri de aumentar la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los tributos.

En una visita a La Plata, Frigerio destacó que "nos vamos a manejar en todo lo que respecta al federalismo, de una manera completamente opuesta a la del gobierno anterior que ha sido el gobierno más unitario de la historia, que ha concentrado como ningún otro recursos y poder frente a los gobiernos provinciales".

"Vamos a sentarnos a dialogar como socios que somos para resolver cuál es la manera más justa de repartir los recursos y cómo definimos con mayor precisión las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno de la nación, de la provincia y de los municipios", agregó.

El funcionario dijo que "la provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas. Llama la atención que tantos años de haber compartido el gobierno nacional con el provincial el mismo color político no se haya resuelto esta situación sino por el contrario, cada año la provincia de Buenos Aires retrocedía en términos de los recursos nacionales".

"Tenemos que encontrarle una solución a este tema, vamos a convocar a todas las provincias para dialogar y debatir cuál es la mejor forma de tener un país más federal", sentenció.

A partir de las cesantías dispuestas por el Ministerio de Justicia de la Nación en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del conurbano bonaerense, el macrismo apunta a desarticular una política iniciada por el gobierno anterior, que buscaba que cada ciudadano pudiese informarse sobre sus derechos.

En las últimas semanas el gobierno nacional comenzó a repartir telegramas de despidos a los empleados en el marco de la política de ajuste y vaciamiento del Estado que lleva adelante.

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

La antigua gestión del Ministerio de Justicia logró conformar una red federal de centros que alcanzó  30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

En dialogo con Primereando la diputada provincial Lucia Portos manifestó su preocupación por la situación de los empleados y explicó que “por goteo llueven los telegramas de despido a los trabajadores del CAJ de Pilar, Avellaneda, Lanús y del resto del país”.

Sobre el trabajo que realizaban los empleados la legisladora resaltó el compromiso del personal que “no descansaba hasta solucionar los problemas de quienes se acercaban al CAJ buscando respuestas”.

“Nada más lejano a un ñoqui que éstas compañeras y compañeros que no conocen de horarios laborales, sábados, domingos o vacaciones”, enfatizó Portos ante la ola de despidos de los empleados de los CAJ que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación.

“Detrás de la persecución ideológica que hoy los deja sin trabajo se esconde la idea de achicar el Estado y, por lo tanto, de reducir los derechos de los que menos tienen”, agregó la diputada provincial.

En relación a los tramites que la comunidad puede realizar en estos centros, Portos detalló que  “puede asesorarse cualquiera, gratuitamente"  e indicó que "se asiste psicológicamente a personas en situaciones de vulnerabilidad, se les da consejo jurídico, se acompaña a víctimas de violencia entre otras cosas".

Días atrás el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también se manifestó en contra de los despidos en los CAJ: “Son una consecuencia del ajuste que lleva adelante este gobierno. Se está estigmatizando negativamente a los empleados públicos, y en este caso, como en muchos otros, se trata de profesionales que le acercaban a la población más humilde la posibilidad de un acceso a la justicia en el territorio”, dijo el jefe comunal.

Avellaneda cuenta con tres de estos centros, en Gerli, Dock Sud y Wilde, que trabajan articuladamente con las sedes de la Policía Local. Al respecto Ferraresi agregó: “Esa es una diferencia filosófica entre este gobierno nacional y el modelo que nosotros defendemos: un proyecto de país en donde las políticas públicas del Estado tienen que relacionarse con el territorio y su comunidad a través de los trabajadores, para poder llegar efectivamente a todas partes”.

El titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, José Ottavis, se mostró “orgulloso” de no haber acompañado el endeudamiento incluido en el proyecto del presupuesto provincial 2016, enviado por la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y aprobado por la Legislatura bonaerense.

“Orgulloso de no haber acompañado el art. 32 que endeudó la provincia rifando el futuro de los bonaerenses. Seguiremos discutiendo con el oficialismo cuáles son las políticas necesarias para recuperar el rumbo d crecimiento 2003/20015”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje indirecto a sus compañeros de bloque que sí acompañaron dicho artículo.

Asimismo, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara baja bonaerense acusó a la gobernadora: “Mientras Vidal endeuda de manera innecesaria a los bonaerenses, Macri le transfiere dinero a la ciudad más rica del país. La provincia se convirtió en el canal financiero para engrosar a través de la Nación, el presupuesto de la Ciudad”.

Ottavis se manifestó de este modo en el marco del decreto presidencial que aumenta un 100 por ciento la coparticipación de la Capital del país. “Macri aumentó la coparticipación de CABA, la ciudad más rica del país, del 1,4 al 3,75 %. Más para los que más tienen”, sostuvo en sus redes el diputado bonaerense.

“Más fondos para una Ciudad donde su presupuesto no se destina a la salud ni educación, sino a aumentar la pauta publicitaria. Más para publicidad y menos para enfrentar el crecimiento de la mortalidad infantil”, aseveró el líder de La Cámpora.

En tanto, Ottavis aseguró que “la coparticipación conlleva siempre un debate federal y Macri vuelve a los decretazos clausurando el Congreso, donde se debería discutir”.

“¿Este es el federalismo del que tanto habló Macri? Cualquier modificación de la coparticipación tiene que hacerse con el acuerdo de todas las provincias”, añadió el legislador.

El camino de Cambiemos estuvo signado por el temor explícito a la falta de gobernabilidad. La historia de las alternativas no peronistas que derivaron en fracasos estrepitosos y la figura del helicóptero de Fernando De la Rua, sobrevolaron la campaña de una coalición que trataba de evitar de todas formas ser llamada Alianza.

La memoria reciente del "que se vayan todos", las experiencias pasadas no peronistas (siempre con el radicalismo como una de sus patas) y la imagen latente del empuje de los gobernadores pejotistas le daban un marco de verosimilitud a la posibilidad. Por ello el tema se transformó en un eje de campaña que el macrismo tuvo que contestar sistemáticamente.

Consumadas las elecciones y con los amarillos asumiendo la triada de gobiernos (Nación, Ciudad y Provincia) comenzó el operativo de la nueva gestión para demostrar capacidad de liderazgo e iniciativa política. Pero sobre todo lo que intenta poner sobre la mesa en las primeras semanas Cambiemos, es una imagen de autoridad que ahuyente la idea de debilidad instalada sobre su escaso margen para la toma de decisiones.

A pesar de haber llegado a la presidencia con una coalición electoral que incluye tres patas, tener minoría legislativa, y haber obtenido una victoria por menos de tres puntos en un balotaje más que reñido, Macri apuró sus pasos para dar cambios drásticos en una especie de shock de medidas que dejó patas para arriba muchas de las políticas públicas. Nada de gradualismos, ni de consensos, ni de discusión parlamentaria.

Una inusitada serie de decretos nombró jueces, derogó la ley de medios, ordenó revisar el empleo estatal, eliminó dependencias y sacó funcionarios y cambió el orden económico, entre otras cosas, fue la herramienta legal elegida para plantar bandera.

En el intento de Macri por remarcar que no es De la Rua, también avanzó sobre el manejo de la calle y las condiciones laborales. Y no dudó en reprimir protestas de trabajadores para demostrar que no le temblará el pulso para imponer nuevas condiciones (condicionamientos más bien) sobre la protesta social. Además impulsó despidos masivos para obtener un estado más pequeño que se adecue al proyecto económico liberal y propicien una situación más ventajosa para los empleadores para negociar las paritarias que vienen.

La frutilla del postre llegó con la detención de Milagro Sala. Es que la cárcel para una dirigente social en el marco de una protesta parece ser la muestra más palpable de una confusión bastante profunda en el macrismo, desde su asunción, entre autoridad y autoritarismo. El discurso del dialogo y el consenso quedó archivado ni bien terminaron las elecciones. En el afán de mostrar que no tendrá problemas de gobernabilidad el perfil del gobierno amarillo presenta rasgos más bien despóticos.

A pesar del cerco que le da el acompañamiento mediático a las medidas controvertidas, incluso al ajuste y la represión, Macri comienza a quemar un capital político importante en su camino. Sucede que en poco más de un mes cosechó criticas de todo el arco político y gremial por los nombramientos en la Corte, por la derogación de leyes en base a decretos, por los despidos masivos, por la devaluación, por la represión a la protesta social y por la falta de dialogo para tomar medidas de fondo.

En su intento por no ser una presidencia endeble, el macrismo parece comenzar a generar una especie de profecía autocumplida. En lugar de realizar una apuesta a abrir el juego y legitimarse con el resto de las fuerzas políticas para tomar decisiones complejas, se aísla (hasta de sus aliados de Cambiemos que comienzan a diferenciarse), resuelve por Decreto y apuesta a la represión para ganar el control de la calle suplantando política por palos. Todas iniciativas que generan un desgaste muy importante e indicios que pueden serle sumamente contraproducentes en un futuro cercano.