El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires brindó su postura sobre el debate de la administración de los programas sociales.

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, habló sobre el manejo de los programas sociales tras el debate abierto por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con sus declaraciones vertidas el lunes en el plenario de la CTA que se realizó en Avellaneda.   

En relación al planteo de Cristina, que pidió que el control de la administración de los planes vuelvan al Estado, el ex intendente de Lomas de Zamora sostuvo: “Cristina habla de frente cuando hay que hablar de frente. Dice lo que piensa con la espalda de una responsabilidad colectiva y la trayectoria de dos mandatos donde defendió al pueblo”, sostuvo el funcionario.

“Bienvenido el debate de cara a la sociedad, no hay que tenerle miedo. Es muy positivo poder discutir sobre el presente y el futuro de nuestro país”, postuló Insaurralde, quien, sobre este punto, resaltó que “hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el Salario Universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate”.

En ese sentido, puso como ejemplo el programa Argentina Trabaja, que “fue muy exitoso” cuando lo lanzó Néstor Kirchner y continuó en la administración de Cristina. “Nuestra convicción es que los programas sociales tienen que tener una contraprestación y control del Estado, eso es lo que estamos discutiendo”, sostuvo.

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof, de buena relación con los intendentes propios y también opositores, propuso que los programas dependan de los municipios. “Es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los Municipios. Hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente”, sostuvo.

En ese sentido, Insaurralde marcó que el país y la Provincia de Buenos Aires “deben crecer vinculando al sector privado con el público, e incluso a los emergentes de la economía popular, con un rol preponderante de los Municipios, como la principal puerta de atención hacia los vecinos y vecinas, y sus demandas”.

En esa línea, especificó que “los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina”.

“Las políticas sociales no pueden ser discrecionales. El mayor éxito de la Asignación Universal por Hijo es justamente la universalidad”, cerró.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad cuestionó a un sector de las organizaciones sociales por acordar en conjunto con el ministro de Economía para pasar del Ingreso Familiar de Emergencia al programa Potenciar Trabajo.

En diálogo con Radio 10, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, habló de un “pacto” entre el ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, y el movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, para “bancar el ajuste”.

En su línea argumentativa, el funcionario provincial recordó que el año pasado “El IFE desapareció mágicamente y aumentaron los Potenciar Trabajo, entonces acá si hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector de las organizaciones que se benefició claramente aumentando los Potenciar Trabajo, y en su administración”.

En esa línea, Larroque completó: “Privamos a la sociedad de una política de ingreso que fue muy exitosa como el IFE, cambiándola por una política que tiene una dosis de discrecionalidad  a la hora de asignar el derecho que es cuestionable”.

Para el dirigente territorial, el programa Potenciar Trabajo “es muy discrecional y arbitrario porque hay una persona que percibe ese derecho y otra que no. Hay gente que vive al lado de una casa que tiene la misma situación de pobreza y hay una persona de una organización X que define quien percibe el ingreso y quién no”.

A partir de ese diagnóstico, el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial propuesto “transparentar” este mecanismo, y explicó que “hay varias propuestas dando vueltas, y la que entendamos que sea la mejor va a terminar de saldar un debate que además tiene consecuencias políticas muy gruesas para el gobierno”.

Por último, el ministro señaló que “la clave es que el Estado gobierne la economía y genere oportunidades para el conjunto de la sociedad. Resignarnos a que hay una economía paralela es un error. Defendemos la economía popular y social en términos de autoorganizarse. Puedo entender eso de un gobierno neoliberal como el macrista. Pero nosotros no podemos dejar a la deriva a inmensos sectores de la sociedad”.

El acuerdo no incluye ajuste fuerte ni reformas previsional o laboral.

Dirigentes de las principales organizaciones sociales y sindicales del país se manifestaron a favor del acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Respaldo a Alberto Fernández por sostener con “firmeza” las políticas sociales y laborales. Apoyo de la CGT.

La central sindical peronista, la principal del país, celebró el acuerdo y le agradeció al gobierno por evitar las reformas previsional y laboral, que hubieran implicado severos ajustes sobre trabajadores y jubilados. “Otra vez el peronismo resolviendo un problema de deuda generado por gobiernos liberales”, aseguraron. “Que sea el inicio de una etapa de justicia social para los argentinos”, pidieron.

En el mismo sentido, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, consideró “auspicioso” el anuncio del gobierno nacional. “El presidente no se dejó apretar”, celebraron.

En diálogo con El Destape, el dirigente popular siguió: “En general, en la política hay una visión muy asociada al concepto de crecimiento como solución de todos los problemas, y hay que ser muy cuidadosos con eso. No es cierto que cuando hay crecimiento todo el mundo es feliz, por eso ponemos un eje muy fuerte en el desarrollo de la economía popular”.

“Confío en la organización popular y en nuestros pueblos. Hay que aprender mucho. No se termina de percibir el grado de organización que tienen los sectores populares en la Argentina, se los conoce poco y se habla mucho por arriba”, agregó Castro.

Desde el Movimiento Evita, por su parte, el dirigente Emilio Pérsico respaldó el acuerdo. “Yo hablé con el presidente y creo que es el primer acuerdo con el Fondo donde no habrá ajuste para mantener el crecimiento”, destacó.

Pérsico, también funcionario a cargo de la secretaría de Economía Social, ponderó que “no hay ninguna restricción a ninguna de las políticas sociales ni las políticas sanitarias en el acuerdo. No hay reforma laboral ni reforma del sistema jubilatorio y tampoco hay una restricción del crecimiento porque se mantienen las mismas pautas del presupuesto”.

El Frente Patria Grande, que tiene a Juan Grabois entre sus referentes, marcó en su posicionamiento sobre el acuerdo que “la deuda sigue siendo con el pueblo”, y que ante un “plan de garantías para el FMI, debe haber un plan de garantías para nuestro pueblo que incluya salario básico universal y políticas concretas que garanticen tierra, techo y trabajo para todos”. En el comunicado, el espacio político que integra el Frente de Todos, advierte que esa “deuda interna es la más importante y no podemos dejar de discutir quién va a pagarla”. 

“Que no lo hagan los laburantes ni el pueblo pobre, que tampoco lo haga la clase media, sino que principalmente lo hagan quienes se enriquecieron con el endeudamiento de Macri accediendo a ganancias financieras extraordinarias y dólares baratos que fueron fugados”, exigen desde Patria Grande, al tiempo que pide avanzar con la investigación de la fuga de capitales que “permanece planchada en la Comisión Bicameral del Congreso”. Por su parte, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, destacó la “firmeza de este Gobierno para lograr un acuerdo con el FMI que no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo y así dar continuidad a la recuperación de la Argentina”.

La CGT destacó que el acuerdo “prioriza el desarrollo económico” de Argentina y que el “Gobierno mantuvo con firmeza el compromiso de defender las políticas sociales, laborales y de seguridad social de nuestro país, y por ello expresamos nuestro apoyo al acuerdo”.