Este lunes allanaron su vivienda, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido de La Plata.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó este lunes distintos allanamientos La Plata, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido.

Entre estos últimos estuvo la casa del ex intendente Julio Garro, que quedó imputado por los delitos de “Asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad Ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

La solicitud también pesó sobre otros exfuncionarios de la gestión de Garro y empresarios platenses vinculados a las supuestas maniobras fraudulentas que se investigan. Se habla de un beneficio económico de unos 1.500 millones de dólares. El caso lo lleva adelante Marcela 
Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, que hizo efectivo el pedido del titular de la UFI Nº16 de la ciudad.

En total se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyen el domicilio particular de Garro, los asientos físicos, operativos y administrativos de cuatro empresas privadas y domicilios particulares de empleados municipales y privados.

“En dichos lugares se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia”, según informó El Día.

“De los elementos reunidos en la presente investigación, se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, destaca la resolución judicial.

“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas intervinientes, por un monto aproximado de 1.500.000.000 millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700.000 millones de pesos. En esta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas”, se agrega.

En tanto, en función de la investigación llevada adelante hasta el momento, el fiscal señala tener la “sincera e íntima convicción” de la existencia de “la semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivos bastantes para sospechar que los causantes han participado en su comisión”.

Además, entre los considerandos señala que las peticiones “tienen como fin resguardar la documentación y elemento de interés que pueda existir en poder de las empresas y los causantes en cuestión, así como poder avanzar en los hechos que se investigan, y la interconexión entre si, especialmente entre los sindicados en las presentes como aquellos que devengan de las pruebas que se colecten”.

Además de Garro, quedaron imputados en la causa los ex funcioanarios María José Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones). También se ordenaron allanamientos a las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cia. SRL., Solvial Construcciones y Agrycon S.A.

Finalmente, Concomí Alcorta pide investigar si hubo sobreprecios en una obra pública para el barrio La Cañada de City Bell. La obra encomendada por la Municipalidad de La Plata consistía en “la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos al Barrio Cerrado La Cañada de Chacras, es decir en intersecciones de las calles 467 y 160 de la ciudad de La Plata, la cual particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”.

De los elementos originariamente incorporados surgía que dicha obra tendría un costo de 39.080.657 millones de pesos, debiéndose abonar según convenio del 13 de julio de 2022 (…) (firmado por Cecilia Mayocchi por Agrycon S.A. y por el ex intendente Garro) y que la plusvalía total ascendía de 77.459.684 millones de pesos (no se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto)”.

Comunicado de la Municipalidad de La Plata

 “Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables. 

En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas.

Pero, además, muchas de las urbanizaciones afectadas por estas ordenanzas corresponden a barrios cerrados, los que se encuentran regulados el decreto provincial Nº27, sancionado en 1998, por el que la Provincia se reservó el derecho de aprobar los proyectos de construcción de esos barrios cerrados. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo bonaerense la autoridad competente y responsable de su autorización.

Ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial y, consecuentemente, ninguna de las empresas que los construyen pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas particulares.

El principio de continuidad de la función pública no se encuentra en duda, como tampoco la inaplicabilidad de las ordenanza que no están convalidadas. La situación de irregularidad fue advertida expresa y formalmente por funcionarios del Área de Legal y Técnica municipal en 2017, al reconocer la no aplicabilidad de las ordenanzas relativas al régimen de zonificación urbanística, hasta tanto no se encuentren convalidadas”.

El Municipio de Pellegrini dijo que determinará quién puede o no afrontar los pagos a través de encuestas. La oposición denuncia que es inconstitucional.

Una verdadera polémica se desató en el municipio bonaerense de Pellegrini, ubicado al borde del meridiano V, con la “privatización” del hospital municipal, que es el principal efector de salud del distrito.

A través de una ordenanza, el gobierno de Sofía Gambier (Juntos por el Cambio), le puso cese al “estado de gratuidad” del nosocomio “Dr. Guillermo del Soldato” y hasta cobrarán por el uso de la ambulanncia.

Según consta en la normativa, que fue aprobada con los seis votos del oficialismo a favor y los cuatro de Unión por la Patria en contra, solo se atenderá de manera gratuita a “pacientes con necesidades básicas insatisfechas”, los cuales van a ser “determinados por encuestas efectuadas por el área de Bienestar Social”.

En tanto, para quienes cuenten con mutuales, los cobros se facturarán a las obras sociales, pre-pagas y/o aseguradoras, en tanto que aquellos vecinos que no tengan mutual pero cuenten con capacidad de pago deberán abonar por las prestaciones médicas y sanatoriales.

Sofía Gambier, intendenta de Pellegrini, en el Hospital Municipal

Asimismo, la Ordenanza señala que “cada envase de medicamento entregado se cobrará el valor establecido en el manual farmacéutico” y la dirección del nosocomio quedó facultada a “establecer los valores de las prácticas no incluidas en el listado”, tomando como referencia el Nomenclador de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada ajustado por la división Salud del índice de Precio al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC u organismo equivalente.

Eso no es todo, sino que también se pasará a cobrar por el uso de la ambulancia. Según el documento, el viaje dentro del partido, planta urbana, suburbana y fuera del Distrito de Pellegrini hasta 30 kilómetros será de 7.700 pesos y se añadirá el monto por litro de nafta según kilómetro recorrido y teniendo en cuenta si va o no un médico en ella.

Del mismo modo, la ordenanza interviene en los aranceles del Hogar de Abuelos “Atilio Scarpetta”, por lo que se determinó que cobrará mensualmente a través de las obras sociales; a los no mutualizados y con capacidad de pago se les facturará por las prestaciones según el valor mensual fijado por P.A.M.I y a quienes no puedan afrontar los costos, podrán acceder a través de “becas” que asignará el Municipio.

Los precios que cobra el municipio de Pellegrini por cada práctica

• Consulta médica $3.080,00
• Consulta médica en guardia $8.990,00
• Aplicación inyección medicamentosa $410,00
• Nebulización $410,00
• Tensión Arterial $410,00
• Curación $2.820,00
• Tratamiento de conducto $6.730,00
• Extracción de piezas dentales $6.730,00
• Sutura $5.130,00
• Yeso $7.960,00
• Electrocardiograma $3.850,00
• Placa RX (la primera) $3.850,00
• Placa RX (subsiguientes) $2.560,00
• Ecografía $11.300,00
• Legrado uterino $77.070,00
• Apendicectomía $ 200.390,00
• Hernioplastía $ 200.390,00
• Histerectomía $ 282.600,00
• Colecistectomía $ 282.600,00
• Parto $ 300.590,00
• Cesárea $ 300.590,00
• Cama observación en guardia (sin medicamentos) $16.950,00
• Cama acompañante $15.410,00

La oposición denuncia la inconstitucionalidad de la medida

En tanto, desde el bloque de concejales de Unión por la Patria, señalaron a Infocielo haber planteado “la inconstitucionalidad de que a través de una ordenanza pasen a tener estos aranceles”, por lo que se pusieron en contacto con las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense que comanda Nicolás Kreplak.

“Otra de las discusiones que planteamos es que las tarifas más altas fueron para prácticas de las mujeres”,lamentaron. “Dicen que van a determinar quién puede acceder o no al pago de las prácticas a través de una encuesta, pero no sabemos cómo se realiza, ni cuáles son los criterios”, añadieron desde el espacio conformado por Bruno Buyatti, Facundo Fernandéz, Evelyn Tomasello y Julieta Ressia.

El problema radica en que el hospital local es el mayor efector de salud, dado que hace algunos meses se abrió un policonsultorio médico privado, pero según UxP, “es más reducido, no brinda los mismos servicios”.

“Nos comunicamos y hablamos con la Región Sanitaria y con el Ministerio porque esto va en lo contrario a lo que es la salud pública. Se pusieron a trabajar de inmediato, pero por lo pronto la ordenanza está vigente. Queremos que se resuelva de la mejor forma posible, que los pacientes sigan siendo pacientes, no meros consumidores”, concluyeron.

Fuente: infocielo

La candidata de Juntos por el Cambio espera “estar mejor” para el próximo domingo, pero consideró que tuvo “argumentos claros”.

Patricia Bullrich expresó este lunes su confianza para el segundo debate que se desarrollará el próximo domingo y dijo que ayer, le fue “difícil llevar adelante” su participación “con una gripe fuertísima” que la tuvo a “mal traer durante varios días”.

Así lo expresó esta mañana al ser consultada sobre cómo se prepara para la segunda instancia del debate de candidatos presidenciales que, de acuerdo con lo establecido por ley, se realizará el domingo próximo, esta vez en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA, en el barrio porteño de Recoleta.

En ese sentido, Bullrich afirmó que espera “estar mejor” porque ayer “estaba con una gripe muy fuerte“.

“Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian”, sostuvo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) a radio Continental.

No obstante, y pese a hacer referencia a un cuadro gripal en un tramo de la entrevista, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio dijo haber se sentido “bien” en el debate y “con argumentos claros”.

Además, se inscribió como un logro el hecho de que los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza, Javier Milei, “intentaron polarizar y no pudieron”.

Por otro lado, Bullrich sostuvo que, aunque Milei “prometió renovación”, no es lo que está sucediendo “con sus aliados”, y señaló que también “prometió dolarización”, pero de eso “no habló salvo al final, tímidamente”, durante el debate.

“Tenemos el coraje y el temperamento que hay que tener para hacer el cambio. Tenemos programa, equipo y poder político propio que va a garantizar el cambio que los argentinos están esperando”, insistió la candidata.

En tanto, aseguró que “nadie le cree a Milei” cuando asegura que ella es “más casta” que el dirigente del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, aliado del libertario.

“Todo el mundo sabe mi carácter luchador, que me enfrenté al sindicalismo y los momentos difíciles y salí airosa de todas las gestiones en las que estuve. Cuando uno dice algo no creíble no hay que darle mucha importancia”, argumentó la exfuncionaria del macrismo.

Bullrich también respondió el cuestionamiento que Massa le hizo ayer respecto de si planificaba echar a su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, tal como pasó cuando éste fue presidente del Banco Central durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.

“No le contesté porque me parece una estupidez. Yo soy Patricia Bullrich; Melconian nunca fue ministro de Economía; fue presidente del Banco Nación, y lo que hizo Macri es lo que hizo Macri. Si yo elegí un equipo, es para que ese equipo se quede”, remarcó en la entrevista que concedió esta mañana.

Por otro lado, al referirse a otro de los puntos del debate, Patricia Bullrich aseguró que la dictadura militar en la Argentina “no es un tema de números” y que “matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad”.

De este modo, salió al cruce de las consideraciones del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

“No es un tema de números. La Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura, pero es hora de reconcomer a los muertos por las organizaciones armadas”, insistió.

La exministra de Seguridad de Cambiemos afirmó que “matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad”, al igual que “haber tenido esa tragedia violenta en Argentina”, por lo que consideró “importante el aprendizaje de Nunca Más a la violencia, al uso de la fuerza como forma de acción de organizaciones paramilitares o paraestatales o políticas” antes que “una discusión de números”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) se refirió a la alianza que esta semana sellaron el líder de La Libertad Avanza y el titular del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, continúa con su gira por distintos puntos de la Argentina, prometiendo ahora que si es elegida presidenta ya no negociará con los movimientos piqueteros que, por ejemplo, cortan Puente Pueyrredón (bautizado con el apellido, justamente, de uno de sus antepasados).

En el marco de su caravana proselitista rumbo a las elecciones del 22 de octubre, se dirigió a la localidad bonaerense de Bernal, donde advirtió que no será con “negociación” que impida los piquetes. “Basta de negociación. Se van a evitar con una decisión política de todos los actores que estemos involucrados. Jorge (Macri) va a tener que hacer su parte, (Néstor) Grindetti la suya, y los intendentes, para ayudar que la zona mejore”, dijo.

Patricia Bullrich apuntó contra Milei y Barrionuevo

En otro orden y en declaraciones radiales, la candidata se refirió al acuerdo alcanzado entre Javier Milei y Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), quien por estas horas invita a los afiliados a su gremio para un acto electoral del candidato libertario en Parque Norte.

Dirigiéndose al líder de La Libertad Avanza, Bullrich dijo: “Si tu secretario de Trabajo o el que te maneje las obras sociales va ser Barrionuevo, la casta la tenés adentro”.

Tras señalar “la ingenuidad de alguien que no tiene equipos para gobernar la Argentina”, en referencia a Milei, reiteró su rechazo a la propuesta de dolarización al señalar que “es una obviedad que no se puede dolarizar sin dólares, y por eso nosotros proponemos el bimonetarismo”.

Para Bullrich, el candidato libertario “es una persona que está muy sola, que no tiene la cantidad de personas, ni equipos, ni gobernadores, ni diputados para asentar a un Gobierno. Es puesto en ese lugar de centralidad por el peronismo porque perciben que es algo débil que les permite volver al poder”, completó.

En La Plata se realizaron presentaciones por la destrucción de más de 2.000 pasacalles y otras piezas de cartelería electoral urbana instalada en distintos puntos de la ciudad. El candidato del gobernador, Julio Alak, preocupa al intendente de Juntos por el Cambio Julio Garro.

En medio de una campaña caliente en la capital provincial, el peronismo platense acudió a la Justicia para que se investiguen los hechos que vandalizaron y rompieron cartelería del precandidato a la intendencia de Unión por la Patria, Julio Alak, el pasado fin de semana.

Según señalaron desde el equipo del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, el último hecho ocurrió cuando fue destruido un gran cartel de publicidad que promovía la candidatura a gobernador Axel Kicillof y de Alak. El cartel había sido instalado dos días antes, el viernes 21 de julio, en la intersección de la calle 495 y Camino Centenario.

“Este hecho se suma a la destrucción de más de 2.000 pasacalles y otras piezas de cartelería electoral urbana instalada en distintos puntos de la ciudad”, señalaron desde el alakismo al ser consultados al respecto.

Los hechos fueron denunciados penalmente por los delitos de robo y daños, previstos en el Código Penal, y por violación a la Ley Electoral 19.945, ante el Juzgado Federal N° 1, con Competencia Electoral en la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Ramos Padilla; y ante la Fiscalía General en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Héctor Vogliolo.

Ambas presentaciones fueron realizadas por parte de los apoderados de Unión por la Patria, Lista 2, que proponen a Sergio Massa Presidente, Axel Kicillof gobernador y Julio Alak intendente. Incluyen una larga lista de hechos de vandalización de publicidad electoral de Unión por la Patria, entre pasacalles y cartelería fija, con indicación exacta del lugar donde estaban ubicadas las piezas publicitarias.

La presentación, a la que tuvo acceso Buenos Aires/12, pide que la Justicia “realice una investigación que esclarezca los hechos denunciados y responsabilice a sus responsables”. También pide que “se intime a las autoridades municipales a realizar dentro del ámbito de sus incumbencias las acciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de la campaña electoral y los venideros actos eleccionarios”. 

Para que se constituya la prueba, el texto de Unión por la Patria solicita “el secuestro del material fílmico correspondiente al lugar y horario en el que ocurrieron los hechos denunciados, que se encuentran en poder del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de La Plata, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad”.

También acompaña a la denuncia con fotos y videos.

La fundamentación del pedido de investigación a la Justicia se basa en que “todos los actores democráticos, pero particularmente quienes detentan cargos públicos, deben garantizar el cumplimiento de lo normado por el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral”. Aclara que esa norma “establece que la campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática”.

La investigación que solicita Unión por la Patria en su denuncia “no solo procura esclrecer los delitos descriptos e identificar a sus rsponsables, sino también garantizar el clima de tolerancia democrática que debe imperar en momentos eleccionarios”.

En cuanto al enfoque jurídico y más allá de los delitos electorales específicos que prevé el Código Nacional Electoral (la ley 19.945) “cabe poner de resalto que estos configuran, cuanto menos, los tipos penales de robo y daños que el Código Penal prevé en sus artículos 164, 183 y concordantes”.

Y agrega la presentación: “Los actos de sustracción y daño sobre la cartelería de campaña electoral violentan derechos políticos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (artículos 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), los que protegen el derecho de toda persona a la libertad de expresión, de ideas y de información, sin restricciones, incluso por medios indirectos, que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. También protege esa legislación “la participaión política en términos de igualdad y libertad”.

En otra parte cita la Constitución Nacional (artículos 37 y 38), que “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, donde el ejercicio de sus actividades de campaña, como la difusión de sus ideas, debe tener especial protección y no ser afectadas de ninguna manera para el normal desenvolvimiento de la actividad democrática”.

En esa misma lógica, la propia Constitución bonaerense “refuerza el derecho a la libertad de expresar pensamientos yopiniones” como una de las bases “para el funcionamiento democrático” que debe garantizarles a los partidos políticos la posibilidad de difundir sus ideas.

Una campaña llena de baches

La campaña de Alak denunció que “estos hechos delictivos no son aislados y se dan en el marco de una abrumadora e invasiva ocupación de la vía pública con publicidad de Juntos por el Cambio”.

“La sustracción y destrucción permanente y sistemática de la publicidad mencionada de Unión por la Patria tiene como marco una campaña oficial que no tiene precedentes por la cantidad de carteles y la masiva ocupación de la vía pública”, denunciaron desde el espacio del actual ministro de Seguridad de la Provincia.

Como ya informó BuenosAires/12, el alakismo viene advirtiendo sobre “la imposibilidad de poder colocar pasacalles y cartelería urbana”. “Permanentemente son arrancados”, se quejan desde la oposición a Julio Garro, que el pasado fin de semana se organizó para llevar adelante una campaña masiva que recorrió “todos los barrios para realizar timbreos, conversar con los vecinos y recopilar reclamos sobre las falencias en obras y servicios que afectan su vida cotidiana”.

En un comunicado que se utilizó para dar cuenta de la actividad y del presente hostil que el alakismo denuncia en la capital provincial, se advierte que “durante los cuatro períodos de gobierno de Julio Alak en La Plata se vivió una época de libertades públicas y tolerancia política, compartida y valorada por todas las fuerzas políticas, que hoy parecen estar siendo borradas de las reglas de convivencia de una ciudad que nació como ‘símbolo de la unión nacional’, como dijo Dardo Rocha al colocar la piedra fundamental, el 19 de noviembre de 1882”. A la inversa, hoy todo el cantero central de la avenida Circunvalación está lleno de carteles de Garro. “Los de otros candidatos, por alguna razón, no duran”, observan desde el alakismo.

La Plata es uno de los territorios con mayor oferta electoral de la provincia, con una primaria que tendrá 31 boletas en el cuarto oscuro. Entre las más importantes habrá dos listas del oficialismo local, que lleva a Julio Garro que busca reelegir desde el larretismo frente al bullrichista Juan Pablo Allan que la semana pasada denunció despidos a trabajadores municipales que manifestaban abiertamente su apoyo a Patricia Bullrich. También los votantes encontrarán cinco boletas de Unión por la Patria. 

La CONAE, el INVAP y VENG, empresas de las que el macrismo siempre renegó y desfinanció, estarían en condiciones operativas para fabricar los componentes que se requieren para que los cinco Super Etendard adquiridos en 2018, puedan finalmente volar y ser utiles.

En medio de una fuerte polémica diplomática, de política interna y presupuestos limitados de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa comenzó a trabajar en un plan especial para poder recuperar los repuestos de cinco aviones cazabombarderos Super Etendard Modernisé comprados a Francia en 2018 que nunca volaron por falta de piezas y una adecuada planificación en la compra.

Estos aviones, similares a los que se usaron con resonante éxito en la guerra de Malvinas de 1982, fueron comprados por el gobierno de Mauricio Macri por 12,5 millones de euros, pero además de llegar sin ningún armamento que les otorgara real capacidad disuasiva, nunca volaron y están varados en un hangar de la Armada.

Lo peor de todo este escándalo es que el Ministerio de Defensa de Francia envió una carta al ministro de Defensa, Jorge Taiana en la que admitió que tienen dificultades de proveer los asientos eyectables y otras piezas clave de los aparatos por las restricciones que impone Gran Bretaña a la Argentina desde la guerra de Malvinas en cuanto a venta de material bélico con componente británico.

En medio de todo ello, hubo acusaciones del macrismo al Gobierno de Alberto Fernández que plantearon la supuesta decisión de Taiana de pasar a retiro esos aviones.

Como parte de las propuestas de recupero de estos aviones, un sector de la Armada alertó sobre la falta de insumos para los aviones y esbozó un plan alternativo para modificar la cabina de los aviones y ponerlos en funcionamiento.

También hubo una alternativa que acercó una empresa de Estado Unidos para proveer el dispositivo faltante que es decisivo para el asiento eyectable del piloto. La compañía norteamericana exigía un millón de dólares sólo para empezar la revisión de las aeronaves y no daba garantías suficientes para lograr el resultado esperado. Así, nada de esto fue viable hasta ahora y se descartaron estas propuestas.

El ingenio y capacidad de las empresas estatales

Sin embargo, según pudo saber El Cronista de fuentes calificadas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa lo último que está en estudio ahora es un plan concreto que analizó el ministro Taiana y la cúpula de la Armada para que los repuestos faltantes sean fabricados en la Argentina por empresas estatales como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el INVAP o la empresa VENG que es una compañía de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado con especialidad en la actividad espacial.

“La solución a los aviones de Francia varados puede llegar de parte de nuestras empresas estatales. Se hizo un estudio de factibilidad y hay importantes avances”, dijo un destacado funcionario que sigue de cerca el tema. Allegados al ministro de Defensa ratificaron este plan: “Se va a dar solución”, expresaron con marcado optimismo.

En el plan de salvataje de los aviones Super Etendard de Francia que plantea ahora que el Ministerio de Defensa, es que el fabricante apruebe la posibilidad de fabricar en Argentina los repuestos faltantes y hacer un seguimiento con los fabricantes originales. Al parecer, los proveedores nacionales como CONAE, INVAP y VENG estarían en “condiciones operativas” para realizar esta tarea.

La empresa estatal VENG ha desarrollado su participación en proyectos espaciales impulsados por su controlante, la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), con la premisa de contribuir al posicionamiento estratégico de la Argentina, como también con herramientas que mejoren la calidad de vida de la población, teniendo como pilares de su gestión la integridad y sustentabilidad económica de la empresa.

Al parecer, el trabajo de esta empresa con control de CONAE y de INVAP sería una solución posible para que finalmente los aviones cazabombardeo puedan volar con todos sus componentes operativos, y sean usados por la Armada para las tareas de patrullaje en el Atlántico Sur.

El permanente bloqueo militar británico

En la carta que envió el 17 de marzo pasado al ministro Taiana el titular de Desarrollo Internacional de la Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa francés, ingeniero Gael Díaz De Tuesta, dice textualmente: “Se nos pidió un esfuerzo para encontrar la solución para que los aviones estén en condiciones de volar. Desafortunadamente y después de haber evaluado todas las posibilidades, lamento informarle que no fue posible cumplir con ese objetivo”.

A la vez, el funcionario francés dijo que las restricciones vigentes por parte del Reino Unido a las exportaciones a la Argentina “nos impiden la compra de repuestos para los asientos eyectables. Además, tal como lo expresaba el Jefe de Estado Mayor de la Armada Francesa en 2016, hemos perdido la mayor parte de la capacidad que se necesita para mantener operativas estas aeronaves”.

De esta manera, Francia reconoció que los Super Etendard Modernisé que son una versión modernizada de los que actuaron en la guerra de Malvinas, directamente no pueden ser utilizados sin que sus pilotos estén en riesgo en caso de necesitar eyectarse.

En la Armada dijeron que las aeronaves son “sometidas a un plan de inspecciones y mantenimiento” por parte del personal del Arsenal Aeronaval Comandante Espora y de la Escuadrilla a la que pertenecen, “con normalidad”.

Y añadieron que se está capacitando a los pilotos, utilizando el simulador de vuelo y que “continúan las gestiones y consultas técnicas con empresas extranjeras y organismos nacionales para analizar las alternativas de desarrollos nacionales que sustituyan los elementos de seguridad de las aeronaves vetados por el gobierno británico”.

Paralelamente a toda esta polémica, el ministro Taiana reunió toda la documentación de la compra y las negociaciones que llevó adelante el entonces ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad para analizar si hubo un caso de corrupción o una decisión premeditada del gobierno anterior.

Así, el tema es investigado por la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción. El gobierno actual alega que la administración de Mauricio Macri compró los aviones sabiendo que no iban a estar disponibles para la cumbre del G20 de 2018 como se pretendía, entre otras cosas porque llevaban mucho tiempo sin volar y no contaban con el dispositivo faltante originario de Gran Bretaña.

Fuente: con información de El Cronista y Agenda Malvinas

El expresidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que Juntos por el Cambio deberá implementar en Argentina “reformas profundas de entrada como no lo hicimos antes” en caso de ganar las elecciones

El expresidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que Juntos por el Cambio deberá implementar en Argentina “reformas profundas de entrada” en caso de ganar las elecciones, al hablar ante el congreso de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar).

“Vamos a tener que hacer muchas más cosas de entrada que lo que hicimos entre 2015 y 2019“, afirmó Macri en su exposición, y sostuvo que “una enorme mayoría se da cuenta que Argentina necesita una reforma muy profunda, salir de un esquema corporativo, mafioso, que nos ha trabado”.

El exmandatario agregó que “una mayoría de argentinos está lista para acompañar estas reformas profundas, que arrancan en la necesidad de saber que si ingresan diez tiene que salir menos, y que hay que hacerlo además luego de bajar muchos impuestos ridículos”.

Macri aludió en este sentido a “tasas municipales, ingresos brutos que se habían empezado a bajar (durante su gestión), las retenciones, que es un impuesto ridículo, que no existe”.

En ese sentido, señaló que “para los que quieran confrontar estas reformas deberá haber un Estado que tendrá que hacer prevalecer la ley” y aseguró que Argentina no debe temerle “al ejército de orcos que van a intentar que Argentina no se ponga de pie”. En este punto, Macri insistió en que estas reformas tienen que ser “rápidas” e implementadas con “el coraje necesario”.

“Antes de fin de año (en alusión al 2023) tiene que haber un presupuesto aprobado, con un solo dólar, y marcar reglas claras”, indicó.

Por otro lado, calificó al sector agropecuario como “el gran motor de nuestro país” y dijo que es necesario “restablecer la confianza con el resto del mundo que quedó dañada”, ya que “venimos de desandar en tres años las cosas buenas y no corregir ninguna de las que no pudimos corregir entre el 2015 y el 2019”.

“Volver a aquel agosto del 2019 (cuando se realizaron las PASO) llevará varios años. En ese momento teníamos una inflación del 1 por ciento (mensual), el país crecía al 1 y pico por ciento y había un solo dólar”, recordó Macri.

Por último, concluyó que para recibir más inversiones Argentina necesita “ser un país creíble, que tiene moneda, estabilidad macroeconómica y la ley la respetan todos, y que no tenemos gobernadores que se quieren quedar 70 períodos en el poder”.

Fuente: Política Argentina

También criticó que el jefe de Gobierno “dividió y digitó las elecciones porteñas al servicio de su interna en Juntos por el Cambio”.

La diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Myriam Bregman presentó un amparo por supuestas irregularidades en el sistema informático de la Boleta Única Electrónica (BUE). Denuncia que el jefe de Gobierno porteño “puso a auditar a un aportante del PRO”.

Se refiere a Jorge Ariel González, uno de los encargados de la auditoría del sistema de votación electrónica que comienza este lunes y quien encabeza la Gerencia Operativa de Información y Tecnología.

El amparo, con acompañamiento de la legisladora porteña Alejandrina Barry y el exlegislador Patricio del Corro, afirma que “no solo dividió y digitó las elecciones porteñas al servicio de su interna en Juntos por el Cambio sino que puso por decreto al presidente (Ezio Emiliozzi) del Instituto de Gestión Electoral (IGE); además, la persona encargada de la aprobación del sistema electrónico es un aportante del PRO (Jorge Ariel González)”.

Del Corro además planteó que el Instituto de Gestión Electoral “está a cargo de la elección y por ley debe ser un órgano imparcial” pero “su director es nombrado por decreto desde el 2018, mientras el PRO frena su nombramiento en la Legislatura”.

Sumó: “Otro de los encargados de auditar el sistema de votación electrónica es la Gerencia Operativa de Información y Tecnología a cargo de Jorge Ariel González. Descubrimos que él fue aportante de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas. ¿Eso es imparcialidad?”.

Fuente: Pura Ciudad

Un informe señaló que se trata de “una zona de riesgo”, anticipan olas de calor infernal, falta de agua potable, enfermedades, e incluso la probabilidad que a futuro parte de la ciudad quede bajo el agua, piden tomar medidas urgentes y frenar la especulación inmobiliaria.

Las olas de calor intensas, prolongadas y repetitivas; los brotes de enfermedades como el dengue, que no son endémicas, y las sequías, no son los únicos riesgos y amenazas que la crisis climática ha instalado en la Ciudad de Buenos Aires. La suba del nivel del Río de la Plata aparece también como un potencial efecto del devenir térmico que debe ser tenido en cuenta en el diseño de las políticas públicas locales y recomiendan reevaluar y detener las construcciones en la costa.

Así lo advirtió en un documento el grupo de expertos que conforman el Consejo Asesor Externo de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad: “Las proyecciones de su ascenso en los dos escenarios extremos para el año 2100 están en el rango de 0,55 a 1,25 metros, dependiendo del nivel de las emisiones de gases de invernadero futuras. Es muy probable que el aumento del nivel medio del mar durante el siglo XXI sea más rápido que el observado durante los últimos 40 o 50 años en cualquiera de los escenarios posibles. El estuario del Plata fue llamado ‘río’ por razones geopolíticas estratégicas, pero su dinámica está determinada por la onda de marea oceánica, incluyendo el nivel medio del mar, porque en realidad es un estuario”, indica.

“El cambio climático representa una amenaza, particularmente, para las ciudades costeras. El nivel del mar está ascendiendo en forma acelerada: duplicó su tasa de ascenso en la última década en comparación con la última década del siglo XX. Las proyecciones indican que esto no se detendrá en lo que resta de este siglo. La recomendación del consejo asesor es la planificación del uso de la zona costera, teniendo en cuenta los cambios ya observados y la amenaza del ascenso del nivel del mar, que es determinante para el nivel del Río de la Plata. La costa es una zona de riesgo y en ese contexto debe hacerse un plan para el ordenamiento del territorio que asegure la protección de personas, infraestructura y no comprometa el acceso al agua del que depende de Buenos Aires”, explicó a Infobae Inés Camilloni.

El documento de los expertos desarrolla una serie de recomendaciones para este y los futuros gobiernos porteños:

● Desarrollar un plan integral para la evaluación ambiental estratégica y el ordenamiento ambiental del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la participación ciudadana y tomando como base el conocimiento científico disponible.

● Detener y revisar propuestas de desarrollos inmobiliarios costeros hasta tanto se cuente con un plan integral de ordenamiento ambiental del contorno ribereño.

● Incorporar grandes parques en el contorno ribereño. En el marco de un plan integral, dar respuesta a la demanda insatisfecha de espacios verdes públicos recreativos con infraestructura mínima y liviana, preservando humedales e incorporando espacios verdes flexibles que puedan actuar como áreas de retención y ralentización de agua de lluvia.

● Enlazar reservas y parques con un amplio Corredor Verde, que supere los límites de un camino de sirga, incorporando medios de acceso públicos, recorridos y sistemas de movilidad sostenibles.

En el análisis también se señala la importancia de preservar humedales ribereños como primera barrera de protección frente a tormentas e inundación. “Los continuos rellenos costeros complejizan el escurrimiento del agua de lluvia hacia el Río de la Plata y alejan las desembocaduras de arroyos, reduciendo aún más sus pendientes, afectando no solo el borde costero sino todo el territorio de la ciudad y el área metropolitana”, se señaló.

“El tema es sumamente urgente. Porque aunque hiciéramos cosas para mitigar el cambio climático, la inercia de sus consecuencias ya está entre nosotros. Entre ellos, el aumento del mar, que es imparable. La Ciudad no tiene reglamentada aún la evaluación ambiental estratégica, es por eso que advertimos que los diseños de políticas públicas tienen que tener en cuenta estos factores”, dijo Mora Arauz, de la Fundación Ciudad, que también es miembro del Consejo.

Entre las advertencias, los expertos señalan: “Futuros rellenos aproximarán más la franja de agua contaminada a la toma de agua que abastece a la ciudad y parte del Conurbano. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una reserva de agua potable de muy pocas horas”.

“Si resulta necesario densificar la construcción para una demanda de vivienda insatisfecha, no debe hacerse sobre la costa. La costa es un área de riesgo, aunque no aparezca como tal en el Mapa de Riesgo Hídrico de la Ciudad”, advirtieron.

En APRA indicaron mediante un comunicado que “la Gerencia Operativa del Cambio Climático se encuentra evaluando las recomendaciones incluidas en el documento, que fue entregado el 12/4 en la primera reunión con el Consejo del año en curso, y a partir de esta evaluación las mismas serán compartidas con las distintas áreas de Gobierno involucradas con el borde costero y tomadas en consideración para la futura actualización del Plan de Acción Climática de la Ciudad, que de acuerdo a la legislación vigente se realizará en el 2025”.

Fuente: con información de Infobae

Tras ocho años, la administración de Horacio Rodríguez Larreta dejará al sector con un recorte de más de diez puntos en el presupuesto. Pésimas condiciones de infraestructura, más de 35 mil docentes precarizados y 56 mil chicos sin vacantes como saldo.

Cuando Carmen escuchaba que a los estudiantes porteños se les caían los techos o se inundaban las escuelas, se negaba a creerlo. Pensaba, con plena convicción, que los chicos mentían o eran inducidos a decir esas cosas. En 2018 Carmen ya no pudo seguir pagando el colegio privado donde iba Nahuel, su hijo mayor. A Vera, su beba de un año, también la anotó en el sistema de inscripción online para comenzar el jardín maternal. Hoy Vera tiene seis y cursa primer grado en una escuela de Colegiales. Recién a los cinco consiguió vacante en la escuela pública, es decir, hasta el año pasado estuvo desescolarizada. Nahuel terminó la primaria en 2020 y actualmente está en tercer año en una escuela comercial. «Siempre descreí que los chicos estudiaban con ratas en las escuelas, o que no tenían calefacción en pleno invierno, o que tomaban los colegios por problemas de infraestructura, creía en lo que decían Larreta (Horacio Rodríguez) y Acuña (Soledad), hasta que mi hijo lo vivió en carne propia», confiesa Carmen.

Tarde o temprano, la realidad silenciada choca contra miles de familias cuando sus hijos tienen que cursar en escuelas porteñas. Tras ocho años de gobierno PRO, la administración de Horacio Rodríguez Larreta dejará al sector educativo con un recorte de más de diez puntos en el presupuesto. En detalle: institutos de formación docente vaciados; quita de edificios y ajuste en escuelas para estudiantes con discapacidad; más de 35 mil docentes precarizados y 56 mil chicos sin vacantes; escuelas en pésimas condiciones de infraestructura escolar y cientos de edificios escolares en emergencia sanitaria por invasión de ratas. Por si no fuera suficiente, la actual gestión allanó el terreno para que estudiantes trabajen gratis al servicio de empresas privadas y para una reforma inconsulta en la educación primaria con quita de contenidos pedagógicos. Pero, ¿qué se esconde detrás de estos ataques a la educación pública? ¿Es sólo ajuste o lineamientos estratégicos que responden a un mandato superior?

Para un sector de la comunidad educativa esto responde a una bajada de línea internacional del poder hegemónico. «El Banco Mundial viene teniendo una participación protagónica hace más de 30 años en las reformas educativas de América Latina. No solamente financian, sino que fundamentalmente asesoran», explica a Tiempo Jorge Adaro, secretario gremial de la asociación docente Ademys. Para el maestro de primaria y referente sindical, entre las políticas de mejoras sugeridas desde la década de los ’90 hasta la actualidad, se encuentran, por ejemplo: la descentralización de las decisiones y del financiamiento del sistema educativo; la formación superior y profesional que debe ser arancelada; la toma de evaluaciones estandarizadas de los sistemas, de las instituciones, de docentes y estudiantes; y una reforma de la formación docente, centrada en la selección previa, la evaluación por desempeño, y la formación centrada en lo técnico.

«Pero también aconsejan sobre la necesidad de formar a estudiantes en habilidades digitales y no en desarrollo de pensamiento y conocimientos, es decir, no formar ciudadanos sino consumidores y personas que se desempeñen con soltura en mundos digitales», agrega Adaro y termina: «Un poco la propuesta pasa por no mejorar la inversión, sino que, con lo que hay, optimizar los recursos, o sea: docentes cada vez más precarizados realizando mayores funciones. Estas son todas situaciones que cumple al pie de la letra la gestión de Rodríguez Larreta».

Emergencia sanitaria

En la semana Tiempo publicó que ya son más de 100 las escuelas con ratas. Esta situación pone al descubierto que en la Ciudad de Buenos Aires no sólo hay emergencia educativa, sino también sanitaria dentro de las instituciones. La falta de controles a las empresas tercerizadas que realizan la fumigación de escuelas y la poca inversión en mantenimiento e infraestructura escolar son determinantes a la hora de solucionar las plagas en las instituciones.

Por esta razón, la legisladora porteña del Frente de Todos, Maru Bielli, presentó un proyecto de ley de mejoramiento integral de las escuelas de la Ciudad porque «sin inversión educativa no podemos hablar de mejorar la calidad educativa, entre infraestructura y mantenimiento escolar, en 2022, quedaron sin ejecución $ 1200 millones», advierte la diputada y explica que «el proyecto propone un piso mínimo de inversión en infraestructura y mantenimiento escolar, la creación de un registro público para que toda persona pueda conocer el estado de las obras edilicias de las escuelas, saber cuánto tiempo se demora en dar curso a una solicitud de arreglo, cuál es el presupuesto que se asigna, con qué plazos».

De ser aprobada la ley en la Legislatura, además crearía una comisión de seguimiento y monitoreo de las obras de infraestructura y mantenimiento con integrantes de la comunidad educativa, ampliación de las cuadrillas de mantenimiento del Ministerio de Educación en cada escuela y un plan de mejoras edilicias (Ver recuadro).

«La ampliación presupuestaria para Infraestructura escolar en 2022 fue del 37% respecto a lo sancionado. Cuando se aprobó el presupuesto 2022 se consideró una inflación del 33%. Sin embargo, el año terminó con una inflación del 95%. Eso implica que por lo menos todas las partidas presupuestarias deberían haberse incrementado en un 62% para compensar los efectos de la inflación», suma y concluye: «En infraestructura escolar el primer trimestre de este año solo ejecutó el 10,8%. Y recortó $ 280 millones. En la ejecución de mantenimiento escolar, sector encargado de la desratización de las escuelas, fue sólo del 6,4%».

Sin control

A la baja inversión presupuestaria en infraestructura escolar se le suma la falta de controles. Un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Plan SIGMA (Mantenimiento Escolar) publicado en 2021, advirtió que en las escuelas porteñas no se cumple con los controles de plagas, instalaciones eléctricas, desagües pluviales ni cerramientos. En el mismo documento subrayó que, además, existe una falta de control a las empresas que brindan el servicio y que acumulan multas e irregularidades en la prestación del mismo.

«Todos estos años pudimos observar las políticas de vaciamiento educativo de Larreta. Durante la pandemia, cuando creíamos que iba a realizarse mayor cantidad de obras en las escuelas por el deterioro de los edificios, hubo un fuerte recorte del 70% en el sector», destaca Pablo Francisco, titular de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la UTE. El docente y referente sindical asegura que «es tan preocupante la baja del presupuesto educativo como la subejecución del mismo. Podemos apreciar que en los últimos años el promedio de ejecución del presupuesto en infraestructura llega al 50%. En el año 2022 quedaron más de 130 mil millones de pesos sin ejecutar en la Ciudad de Buenos Aires y esos montos podrían haber ido a áreas sensibles como educación o salud».

Fuente: Tiempo Argentino