La segunda candidata a senadora por la Provincia tiene denuncias en la justicia por administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público entre otros delitos graves.
La protección mediática con la que cuentan los dirigentes del Cambiemos es impactante. Tanto es así que la segunda candidata del macrismo por la Provincia de Buenos Aires, Gladys Gonzalez, sindicata por algunos como "el clon de Vidal", mantiene un extenso prontuario que espantaría a todos de conocerse.
Y lo peor del caso es que las denuncias contra Gonzalez se incrementan a medida que aumenta su paso por cargos públicos.
Según la recopilación, extensísima, que hizo el portal El Disenso, la primera presentación contra la ahora candidata de Cambiemos, fue en 2006. En aquel momento se desempeñó como Directora del Banco Ciudad y fue denunciada por intento de soborno, malversación de fondos públicos e incumplimiento de funcionario público. Fue la Revista 23 la que dio a conocer que Gonzalez "ofreció pautas publicitarias de la entidad bancaria, en ese momento a cargo de Federico Sturzenegger, como canje para que la publicación realizara reportajes y notas que favorecieran a Horacio Rodríguez Larreta".
Entre 2007 a 2009 desembarcó como Subsecretaria de Atención Ciudadana porteña, lugar del que se llevó una denuncia por contrataciones irregulares y sobreprecios. Desde contratar a la propia mujer de Larreta para que decorase los Registro Civiles de los CGP a licitaciones escandalosas con sobreprecios que superaban el 260% (plantines a $353,33 cada uno y tachos de basura de U$s 300 fueron solo algunos de los elementos que le valieron denuncias de parte de la Defensoría del Pueblo).
En 2015 quiso ser intendenta de Avellaneda. Pero las denuncias llegaron de sus propios socios electorales de la UCR que la acusaron de falsear su domicilio para poder presentarse en un distrito en el que no cumplía los requisito.
Más tarde recaló como interventora oficialista del gremio de marineros SOMU. Y ahí vino una avalancha de irregularidades. Confirmada en su cargo por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, cuyo cuñado fue designado como interventor en la Obra Social, Gladys acumuló denuncias penales por: administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos y “otros más dentro de una asociación ilícita”, según señala de manera textual la denuncia presentada por Felipe Brighina y afiliados del SOMU que tramita en el Juzgado Nº 2.
En esta oportunidad Gonzalez fue acusada de utilizar “toda la infraestructura del gremio, sus fondos y sus recursos políticos en una campaña partidaria personal de la interventora por la Provincia de Buenos Aires, solicitando aportes para las fundaciones de su partido“.
"Pero Gonzalez también fue denunciada por su propio partido, el concejal del PRO Daniel García, acusó a la candidata a Senadora por solicitarle a los funcionarios provinciales un 10% de su sueldo para ser donado a una “fundación”. García también denunció a Gonzalez por entender que al ser detenido Omar “el caballo” Suarez, la funcionaria garantizó la continuidad de los negociados existentes", consigna El Disenso.
Como si todo esto no fuera poco, ya como titular de la Acumar, fue denunciada por ONGs por permitir el vertido de sustancias contaminantes prohibidas en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Para finalizar con el extenso prontuario, y casi como frutilla del postre, en agosto de este año fue denunciada, junto a su pareja, el también dirigente macrista Manuel Mosca, por no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires.
